Sin derecho a la salud

Su abogada advierte que Henry Vivas padece de 18 patologías y algunas pudieran convertirse en cáncer. Piden medidas humanitarias frente a lo que consideran una "condena a muerte" y una "tortura". La defensa del comisario exige que jueza defienda la Constitución.

El comisario Henry Vivas, detenido en el Sebin desde 2004, y su defensa continúan a la espera de que la jueza Lorena Moreno se pronuncie acerca de la solicitud de una medida humanitaria, pues el reo padece de 18 patologías.

"El proceso ha sido diferente que el resto de los casos porque, como no tiene cáncer, la jueza ha tenido dudas para darle la medida humanitaria. El viernes pasado fijó una audiencia con la Fiscalía y el médico forense, quien explicó todas las patologías y dijo que hay que intervenir cinco de ellas. La fiscal no dijo que se opone o no, sino que solicitó que se fije un lapso a los funcionarios de la policía para que lleven al comisario a que se practique las operaciones, vigilen el postoperatorio, lo saquen todos los días al aire libre, le den comida sana y garanticen que haga actividades físicas", relata la abogada Theresly Malavé.

La defensora de Vivas asegura que lo que propuso el Ministerio Público "no se puede realizar en ninguna cárcel del país porque la dinámica del sistema penitenciario no lo permite. Menos lo van a hacer en la Disip porque sólo los sacan 24 horas al año a tomar sol, por eso tienen la piel amarilla".

A pesar de que la opinión de la Fiscalía "no es vinculante", dice Malavé, la juez no ha opinado; se está reservando tres días hábiles para emitir el pronunciamiento que será el miércoles.

"La juez como juez constitucional ante todo tiene que hacer respetar la Constitución y sabe que el MP no está garantizando verdaderamente el derecho a la salud. Como defensores le pedimos que se separe de la opinión fiscal. Si no accede a otorgarle la medida humanitaria, interpondremos una acción de amparo. Si la declaran sin lugar, porque es la misma Corte de Apelaciones que siempre niega lo que pedimos, lo estarían condenando a muerte. También tendremos que denunciar el caso ante la Comisión del Delito de Tortura porque constituye tortura", sostiene.

PODRÍA COLAPSAR 

Seis condiciones médicas destacan en el complicado diagnóstico médico del comisario Vivas. Padece de glaucoma en ambos ojos, que lo puede conducir a perder por completo la vista si no se trata constantemente. También, sufre de tinnitus, padecimiento en un oído que le produce un ruido fuerte, por lo que ha perdido parte de la audición.

En su colon se encontraron pólipos premalignos, por los cuales necesita ser operado porque puede convertirse en cáncer. Similar condición tiene en el esófago, donde el Síndrome de Barrett antecede a un cáncer. Por si fuera poco, el ex policía presenta un tumor en la garganta y sufre de rinitis.

Tal Cual Digital

En cuatro años se han registrado 1.193 homicidios en Barinas

Precandidato a gobernador de Barinas, considera que la entidad que durante una década le ha confiado el mandato al padre y hermano del Presidente Chávez, "ha contribuido enormemente para que Venezuela, sea uno de los países con mayor índice de homicidios en Latinoamérica".

Barinas - Desde el mes de diciembre del año 2008 cuando Adán Chávez recibió de manos de su padre la Gobernación de Barinas, hasta la semana pasada del mes de octubre de 2011, en esta región se han registrado la muerte de forma violenta de 1.193 ciudadanos. 

Andrés Eloy Camejo, precandidato a gobernador de Barinas por el partido Acción Democrática, presentó este domingo un informe relacionado con la inseguridad donde refleja las cifras que colocan a esta región, como una de las más violentas de Venezuela. 

Dijo que Adán Chávez se estrenó como gobernador con una cifra de 58 homicidios ocurridos en diciembre del año 2008, y en el año siguiente, durante los doce meses el total de asesinatos estuvo en 457, tomando en cuenta únicamente los casos que fueron reflejados en la prensa regional. 

"En lo que va de año 2011, tenemos los números trágicos en 298 muertes violentas, pero aparte de estas cifras también es preocupante la forma cómo los ciudadanos están perdiendo la vida en manos del hampa", agregó. 

Camejo recordó que la semana pasada, la estudiantes de la Unellez, Andreína Rangel, falleció tras saltar de una unidad de transporte público, atemorizada, para evitar ser atracada. 

El precandidato a gobernador de Barinas, considera que la entidad que durante una década le ha confiado el mandato al padre y hermano del Presidente Chávez, "ha contribuido enormemente para que Venezuela, sea uno de los países con mayor índice de homicidios en Latinoamérica". 

Destacó que un equipo multidisciplinario de AD en Barinas, elaboró un estudio relacionado con el problema de la inseguridad para determinar las causas que conllevan a que en esta entidad la calle le pertenezca al hampa, y encontraron que desde febrero de 2009 a diciembre de 2010, el secuestro en Venezuela ha aumentado un 470% y los homicidios un 280%. 

"Esto ha pasado en el país, a pesar de que el Gobierno del Presidente Chávez, ha implementado 17 planes de seguridad durante 13 años", añadió. 

Cuando hay omisión 

Para el abogado Rafael Mítilo la situación de inseguridad en Barinas, obedece más a un problema por falta de voluntad en combatir la delincuencia, que por un caso de orden técnico, por lo que, toda la responsabilidad recae en el gobernador Adán Chávez. 

El penalista Omar Gatrif, asegura que el mandatario barinés ha dejado como letra muerta la Constitución en los artículos 43, 55 y 164 numeral 6, porque "se ha violado el derecho civil a la vida, porque el Estado no le ha garantizado al ciudadano la protección y en la entidad es una atribución del gobernador organizar la policía para un servicio efectivo". 

El jurista aclaró que la presentación de un informe y las cifras en materia de inseguridad en Barinas, "no corresponde a que estamos atacando al gobernador, sino que el estamos reclamando para que cumpla con sus funciones". 

Hace tres días el presidente del Consejo Legislativo de Barinas, Miguel Ángel León, justificó que el gobernador Adán Chávez se encontraba en Cuba con permisos ajustados a la ley, pero para el buró adeco "él fue elegido para que trabaje por el beneficio de quienes lo eligieron".

El Universal

Cualquier juez puede correr la misma suerte de Afiuni

Hoy Venezuela se someterá por primera vez al Exámen Periódico Universal de la ONU. Evaluarán la situación de los derechos humanos

El 11 de diciembre de 2009, cuando el presidente Hugo Chávez instó a las autoridades judiciales a aplicar la pena máxima de 30 años a la jueza María Lourdes Afiuni, también enviaba un mensaje al resto de los jueces. "Miren lo que le puede pasar al que se atreva a contrariar los intereses del Gobierno", podría resumirse la advertencia.

La jueza Afiuni liberó al empresario Eligio Cedeño y desató la furia del jefe del Estado. En menos de 24 horas estaba presa y sin verdaderas garantías de defensa.

La injerencia indebida del Poder Ejecutivo en el Judicial había sido verificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de agosto de 2008, cuando dictó sentencia en el caso de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que fueron defenestrados de sus cargos por tomar decisiones que incomodaron al Gobierno, entre ellas la exigencia de credenciales a los médicos cubanos de la Misión Barrio Adentro.

En dos fallos posteriores, el máximo tribunal hemisférico volvió a condenar a Venezuela por la destitución arbitraria de dos jueces: María Cristina Reverón y Mercedes Chocrón. En ambos casos se ratificó que la mayor debilidad del Poder Judicial venezolano consiste en la falta de estabilidad y de autonomía de los jueces, pues más de 60%, según reconocen las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, ejercen sus cargos de manera provisional. En pocas palabras, pueden ser removidos de un plumazo.

En el acto de apertura del año judicial 2011, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, reveló que en 2010 "se dejaron sin efecto 67 nombramientos de jueces provisorios o temporales, y se suspendieron cautelarmente 40 jueces titulares".

Dos formas de remover jueces sin mayor trámite. Morales también informó que el año pasado fueron designados 206 jueces provisorios, 858 jueces temporales y 315 jueces accidentales. Todos de libre nombramiento y remoción.

Más grave que la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es la adhesión de las autoridades del sistema de administración de justicia al proyecto político que lidera el presidente Chávez.

El discurso de orden del acto de apertura del año judicial 2011 estuvo a cargo del magistrado Fernando Vegas Torrealba, quien se refirió al jefe del Estado como "comandante presidente".

Vegas Torrealba fue claro al dar instrucciones a la mayoría de los 1.910 jueces del país que estaban concentrados en la sede del máximo juzgado del país: "Este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano".

La falta de independencia judicial no sólo afecta a los operadores del aparato jurídico del Estado, sino a todos los ciudadanos que no cuentan con suficientes garantías de imparcialidad en la tramitación de sus causas.

Para mayor desamparo, la posibilidad de obtener justicia fuera del país se aleja con el repetido desacato a las sentencias de los tribunales internacionales, como acaba de ocurrir con el fallo a favor del ex alcalde Leopoldo López.

A propósito del Examen Periódico Universal nadie podría asegurar que el Estado venezolano va a cumplir los compromisos que adquiera en la ONU.

Derechos y reveses

El Poder Judicial ha realizado procesos de reestructuración, evaluación y capacitación que le han permitido contar en la actualidad con 1.910 jueces, 6,6 por cada 100.000 habitantes.

El TSJ inició desde 2007 el Programa de Tribunales Móviles. En 2010, el programa totalizaba 10.773 asesorías.

Se han creado nuevas competencias: la de niños y adolescentes, para un total de 164 tribunales; la de protección a la mujer para una vida libre de violencia, con 38 tribunales; la agraria, con 21 tribunales, y se incrementó la laboral, que en la actualidad totaliza 335 tribunales.

ONG

En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces titulares. Más de 60% actualmente son provisorios, es decir, no tienen estabilidad en sus cargos y son susceptibles de presiones extrajurídicas indebidas.

En 2009 ingresaron en la Defensa Pública 139.271 causas penales y fueron concluidas 25.965.

En los casos de ejecución extrajudicial existe una situación de impunidad debido a que las investigaciones quedan a cargo de compañeros de trabajo de los victimarios.

De 9.224 denuncias de presunta violación de derechos humanos en 2009, la Fiscalía sólo acusó en 315 (3,28%).

Las agresiones permanecen impunes

Alejandro Álvarez no quisiera recordar el 13 de agosto de 2009 cuando él y otros 12 periodistas de la Cadena Capriles fueron brutalmente golpeados por protestar contra del cierre de 32 emisoras de radio.

"Por los golpes y la indignación estuve intranquilo durante los días siguientes. Todavía no entiendo por qué la intolerancia llega a tales extremos", dice el reportero.

Tampoco entiende por qué la agresión que sufrieron permanece impune. Del ataque a los comunicadores sociales sobraban pruebas documentales, por lo que fue relativamente sencillo identificar a los agresores. La Fiscalía imputó por el delito de lesiones graves a Gabriel Jess Uzcátegui Beaumont, quien sólo estuvo detenido una semana.

El Ministerio Público solicitó la captura de José Enrique Vásquez y Luis Santana, pero nunca fueron apresados.

Las organizaciones no gubernamentales presentes en Ginebra para el Examen Periódico Universal registraron 221 ataques y agresiones a periodistas y medios durante 2010, mayoritariamente a manos de presuntos simpatizantes del Gobierno. "El patrón generalizado de esos hechos es la ausencia de investigaciones y la impunidad", se indica en el informe de la coalición Conapro.

El Nacional

Corte IDH sigue debatiendo hoy caso de inhabilitaciones

Uno de los magistrados dijo que "la discusión va avanzando" y aseguró que entre hoy o mañana debe haber un pronunciamiento, descartando de plano la posibilidad de que este asunto sea diferido hasta el próximo período de sesiones del tribunal que se celebra en octubre. Sobre la fecha en la que se dará a conocer no hay precisión.

Bogotá.- Una mañana y una tarde no fueron suficientes para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está sesionando en esta ciudad colombiana, decidiera si la inhabilitación que la Contraloría General de la República le impuso al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, violó o no su derecho fundamental a elegir y a ser elegido, y por ello los magistrados del tribunal continental volverán a reunirse hoy para despejar la incógnita. 

"Este es un tema muy entretenido", bromeó uno de los miembros del organismo, quien acto seguido, y en tono más ceremonial, explicó que "este es un asunto complicado, que tiene muchas aristas e implicaciones en la región y, por ende, requiere de un estudio cuidadoso". 

Entretanto, otro de los magistrados se limitó a decir que "la discusión va avanzando" y aseguró que entre hoy o mañana debe haber un pronunciamiento, descartando de plano la posibilidad de que este asunto sea diferido hasta el próximo período de sesiones del tribunal que se celebra en octubre. 

A eso de las 9:00 de la mañana de ayer, los jueces Diego García-Sayán (presidente), Manuel Ventura, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu, Alberto Pérez y Eduardo Vio Grossi se encerraron en el salón El Cedro del hotel Embassy Suites, de Bogotá, ciudad en la que la Corte se encuentra reunida estos días, para analizar el proyecto de fallo. 

Sobre el contenido del mismo nada ha trascendido. 

No obstante, expertos en materia de Derechos Humanos, como el catedrático Héctor Faúndez, dan por descartado que el juzgado dará la razón a Leopoldo López, pues la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que solamente a través de una decisión judicial se le puede impedir a un ciudadano la posibilidad de votar y de postularse a una elección.  Al exalcalde López lo sancionó el fallecido contralor Clodosbaldo Russián y no ha sido enjuiciado. 

A tener paciencia 

Sobre la fecha en la que se dará a conocer el pronunciamiento de la Corte Interamericana, fuentes de la misma indicaron que ello podría producirse en aproximadamente 15 días o máximo un mes. 

"Una vez que decidamos, pues hay que dar un tiempo para que se hagan las correcciones que formuladas por los magistrados y dar tiempo para que quienes disientan de parte o toda la decisión entreguen sus votos concurrentes o salvados. Luego hay que notificar a las partes (Estado, Comisión Interamericana y víctima) antes de difundirla", se explicó. 

Ayer, el hotel Embassy Suites, ubicado en el sector Chapinero, donde se han reunido los magistrados del tribunal continental, se encontraba fuerte mente custodiado por agentes de la Policía Nacional de Colombia. 

El Universal

Human Rights Watch pide protección para Humberto Prado

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Prado recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda.

Caracas.- Human Rights Watch (HRW) solicitó al presidente de la República, Hugo Chávez, que ofrezca protección a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que exige a las autoridades venezolanas que protejan a Prado de posibles ataques.

Prado, quien ha denunciado la situación precaria de muchas de las cárceles venezolanas ha recibido numerosas amenazas en los últimos meses.

Recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda, por lo cual recibió las amenazas. "El gobierno venezolano debería adoptar pronto medidas concretas para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", reiteró el comunicado de HRW.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le había dicho a Venezuela en 2009 que protegiera a Prado" destacó la agencia AP.

"José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, criticó enérgicamente a las autoridades por condenar a Prado por hacer una evaluación negativa a los esfuerzos del gobierno para tranquilizar los penales mediante el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para retomar el control de las prisiones, un movimiento que desató tiroteos mortales contra los presos amotinados", apuntó la información de AP.

"La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable", dijo Vivanco en un comunicado. Se agrega que "en lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias".

El Universal

Ligia Bolívar: Venezuela no tiene meritos para cargo en la ONU

La directora de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, asegura que María Lourdes Afiuni está siendo víctima de trato cruel por parte del juez Alí Paredes y del Poder Judicial. "Le han negado su derecho a la salud y le prohíbe tomar sol y ejercitarse. Eso es tortura y trato cruel", dijo.

La socióloga y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Ligia Bolívar, es tajante al decir que el Poder Judicial no necesita de un exhorto presidencial para otorgar medidas humanitarias que están contempladas en las leyes. "Esto no es un juego o una medida de gracia que debe esperar a que un personaje dé una orden en cadena de radio y televisión. Esta es una obligación del Estado para los presos comunes y políticos que están en un riesgo inminente por su estado de salud".

Cuando se trata del tema de María Lourdes Afiuni, la especialista en Derechos Humanos, no duda en calificar de "atroz y aberrante" todo lo que ha sucedido. "La situación de la jueza es insostenible en un país con un Gobierno violador de los derechos humanos y que aspira a sentarse en una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en igualdad de condiciones con otros países".

Asegura que su equipo de colegas junto a la defensa de la juez se mantiene en pie de lucha para lograr su libertad y el respeto no sólo a los derechos humanos de Afiuni y todos los presos políticos del país, sino a los convenios y reglamentos internacionales que han sido suscritos por Venezuela.

-El Poder Judicial asegura que a la jueza Afiuni no le corresponde medida humanitaria porque ya ella está en su domicilio y se le garantizó su tratamiento, luego de la operación por una afección de útero. ¿Por qué solicitar la libertad condicional?

-Las medidas humanitarias no las declara el Presidente de la República por televisión, eso está contemplado en el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y eso ha debido hacerlo el Poder Judicial con todos los presos comunes y no comunes de este país desde hace muchísimo tiempo. El problema está en que Afiuni tiene una serie de restricciones diferentes a una persona común y corriente para acceder a los servicios médicos y ella necesita con urgencia hacerse los exámenes necesarios para determinar si tiene cáncer o no. Lo que dicen las normas de Naciones Unida con respecto a las personas en prisión es que la única sanción que tienen es la de estar privado de libertad, no de la salud, no de la educación, no del ejercicio, no de la exposición al sol, no de ninguno de los otros derechos.

Es una irresponsabilidad que una persona que asistió al Oncológico Padre Machado para algunos controles, nadie le haya hecho un examen para determinar qué es lo que tiene en el seno. Es cierto que lo del útero se resolvió, vía cirugía porque la mujer estaba en una situación muy grave por una hemorragia permanente que puso en riesgo su vida pero no se le ha permitido una biopsia, una mamografía. Además, en la actualidad necesita un tratamiento que depende del capricho de un juez que decide en qué momento la autoriza o no para salir y que ha llegado al extremo de no permitirle cumplir una obligación que él mismo le impuso, la presentación cada 15 días ante los tribunales.

-La defensa ha agotado recursos y documentos en las instancias nacionales y en el ámbito internacional, hasta el filósofo norteamericano y seguidor de la revolución, Noam Chomsky se ha pronunciado a favor de Afiuni ¿Qué recursos quedan para lograr la libertad de la jueza, tomando en cuenta la actitud del Gobierno de no ceder a ningún argumento?

-Afiuni es el único caso en el mundo de privación de libertad de un juez por tomar una decisión autónoma en cumplimiento de una resolución de un órgano de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y eso a la institución internacional le ha generado conflicto e indignación porque no pueden permitir que este tipo de situaciones sean ejemplo para otros países. Esa es la razón principal por la cual se ha logrado la movilización y el repudio de toda la comunidad, algo que el Estado venezolano pareciera no entender.

Además, en este momento Venezuela aspira a una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la pregunta que la comunidad internacional tiene que hacerse es si el Estado venezolano tiene los méritos para sentarse en igualdad de condiciones con otros países, cuando tiene un record en violación a los derechos humanos y el ejemplo más palpable es el de Afiuni y de otros presos políticos.

Por parte de la defensa y de las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela, seguiremos trabajando y agotando hasta lograr la libertad de la jueza y el respeto a las normas y reglas establecidas por organismos internacionales y suscritos por nuestro país.

-¿Cuáles son los elementos para considerar que Afiuni está siendo víctima de tortura, de acuerdo a la Convención Mundial Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes?

- La Convención Mundial se refiere a tres categorías: tortura, trato cruel, inhumano y degradante y penas crueles, inhumanas y degradantes. La tortura es cuando ocasionas un sufrimiento mediante el dolor físico y psicológico a una persona con una intención determinada para obtener información. Hay que dejar claro que la jurisprudencia internacional para separar lo que es tortura de tratos crueles no es muy clara. No existe la definición propiamente de ambas categorías, lo que existe es la doctrina que establece que aunque hay ciertas situaciones que no constituyen tortura, de todas maneras ocasionan un sufrimiento mental o físico que puede generar secuelas en la salud de las personas. Las penas son sanciones que por su grado de acción se consideran crueles.

En el caso de la jueza Afiuni, estamos hablando de la categoría de trato cruel, porque ha sido y es sometida a unas condiciones de detención que son distintas a las normales. En la cárcel donde estaba la jueza todas las presas tenían acceso al sol y ejercicio, ella no. Nunca tuvo ni tiene contacto directo con la luz solar. Eso trae como consecuencias un deterioro en el organismo, infringido por la autoridad que le está impidiendo un desarrollo similar al del resto de las personas.

Otros elementos que se consideran dentro de la categoría de tortura y trato cruel es la denegación de atención médica y el acceso a los resultados de exámenes médicos. Afiuni en reiteradas oportunidades ha sido víctima de ambas situaciones. Se le ha negado su derecho a la salud, se le ha retardado el tratamiento por todas las afecciones que presenta y por si fuera poco el juez Paredes, haciendo uso abusivo de su poder, le niega los resultados de las pruebas médicas tanto a la defensa como a su familia. Eso es tortura y trato cruel que le ha traído como consecuencia problemas físicos y psicológicos a la magistrada.

-Dice el Gobierno que la jueza Afiuni no es una presa política ¿Qué le responde?

-Le respondería con otra pregunta: ¿Por qué hay sólo dos personas en este momento que están silenciada por orden judicial y son precisamente Lázaro Forero y María Lourdes Afiuni? Todos los demás presos del país pueden hablar ¿Por qué ellos no pueden hacerlo? ¿A qué le temen?

-Por todos los acontecimientos que se han suscitado en el año y 7 meses que lleva Afiuni privada de su libertad, donde Alí Fabricio Paredes a jugado el rol de "verdugo" ¿No corresponde denunciarlo ante las instancias internacionales y nacionales?

- La defensa ha presentado quejas no sólo del trato de Paredes hacia Afiuni, sino de Venecci Blanco y de la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Isabel González. Esas denuncias están en Fiscalía el problema es que la institución no las ha procesado ni lo hará porque toca intereses gubernamentales.

-¿Qué delito cometió Afiuni para ser condenada por el Presidente de la República en cadena de radio y televisión?

-Meterse con un trofeo de Hugo Chávez: El ex banquero Eligio Cedeño.

El Universal

Fiscal aclara que libertad solo se otorgará a enfermos graves

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió no crear "falsas expectativas" entre los privados de libertad que no cumplen con las condiciones para otorgar el beneficio de casa por cárcel.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló con respecto al beneficio de casa pór cárcel que se ha anunciado para los privados de libertad con problemas de salud que se están creando falsas expectativas entre quienes no cumplen con las condiciones previstas para otorgar el beneficio.

Reiteró que si el tema se maneja de manera irregular "todos creen que van a salir". Aclaró que las medidas solo son para los condenados y aquellos que tengan enfermedades graves o en fase terminal, solo el detenido que cumpla con estas características podrá estar en las listas de evaluación de los casos. "No queremos crear falsas expectativas", insistió.

Explicó que se debe actuar de acuerdo a un protocolo porque los internos deben ser evaluados por médicos forenses asignados por el Ministerio de Interior y de Justicia para determinar su condición física real.

Detalló que los pasos a cumplir son en un primer orden la evaluación del médico forense asignado por el ministerio posteriormente la revisión de un médico especialista y finalmente se lleva el expediente médico al juez para que decida la medida que va se va a tomar.

Informó que hasta ayer le habían llegado 9 listas de presos para su evaluación al tiempo que aseguró que no se darán tratos preferenciales en la consideración de los casos y en el otorgamiento del beneficio. "Aquí no hay distinción, todos serán tratados por igual".

Han acordado con la ministra de Salud, Eugenia Sader, para los reclusos que sí presentan un cuadro delicado de salud y no cuentan con los recusos para su tratamiento el Estado pueda garantizárselo.

El Universal

Vivir como en un campo de guerra

En septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Tierras entregó cartas agrarias sobre un antiguo terreno de prácticas militares. Hoy las balas llueven sobre la zona

No tienen electricidad, tampoco agua, gas, ni mucho menos transporte. Viven en medio de la nada y sobreviven a la buena voluntad de Dios. De esta forma describe la población de las comunidades El Moga, El Mogú, Los Negritos y Colinas de Zamora, todas reunidas en el parcelamiento Colinas de Zamora, parroquia La Sierrita del municipio Mara en el estado Zulia, las condiciones en que habitan.

José Pineda, fundador del parcelamiento, cuenta que fue el primero en llegar a la zona y que proviene de la Alta Guajira.

"La Guajira es nuestra tierra, nuestra casa, pero el problema es que allá no llueve y la tierra no sirve para sembrar, así que no hay de qué vivir. Quedarse allá es esperar a que llegue la muerte", afirma.

Explica que fue aproximadamente en 2002 cuando llegó a La Sierrita en Mara en búsqueda de un nuevo lugar para vivir, y se sintió atraído por esas tierras porque, además de parecerse a su Guajira, la zona contaba con el beneficio de las lluvias y de las tierras fértiles.

"Aquí podemos sembrar yuca, maíz, criar chivos y también se da la mata de mangle.

Con ella hacemos carbón vegetal que vendemos por sacos. La técnica y el horno para hacerlo es aprendido en nuestras tradiciones y cultura", comenta.

Animado por la esperanza de una oportunidad de vida mejor, Pineda invitó a paisanos y congéneres a mudarse a esa región, y poco a poco se fueron instalando. En su momento, nacieron las comunidades de El Mogú, El Moga y Los Negritos y, en consecuencia, el número de habitantes se incrementó.

En principio, no eran más de 30 las familias que ocupaban el área. Hoy día son, al menos, cerca de 300 y en cada una hay como mínimo 2 niños, así que tienen con ellos 600 menores aproximadamente.

Mireya Atencio, vocera del consejo comunal El Mogú, asegura que en su comunidad hay 120 familias y que las de El Moga, Los Negritos y Colinas de Zamora tienen casi 60 familias cada una.

Carta agraria. En septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Tierras, representado por su presidente, Juan Carlos Loyo, otorgó el lote de tierras a los lugareños mediante una carta agraria.

El documento que los autoriza a habitar la zona versa lo siguiente: "... El Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en reunión N° 22-06, de fecha 7 de septiembre de 2006, decidió otorgar la presente Carta Agraria dirigida a un Desarrollo Agrícola Socialista, a favor del ciudadano José Pineda, titular de la cédula de identidad N° V-5.040.824, sobre un lote de terreno denominado La Loma, ubicado en el sector Colinas de Zamora, parroquia La Sierrita, municipio Mara del estado Zulia (...), constante de una superficie de seis hectáreas con nueve mil novecientos treinta y seis metros cuadrados".

La concesión fue aprobada por Juan Carlos Loyo, presidente del INTI, y se registró en la Notaría Tercera del municipio Chacao.

El documento buscaba asegurar a sus habitantes una región para vivir y producir, y al mismo tiempo que estos no invadieran los terrenos de Fuerte Mara, los cuales abarcan 4.000 hectáreas. El único elemento que no tomaron en consideración es que el lote de tierras entregadas está al fondo del polígono de tiro del Fuerte, a casi 2 kilómetros y la zona era utilizada anteriormente por la Guardia Nacional para realizar prácticas militares.

El domingo 10 de julio, un niño de 8 años de edad quedó herido y su hermano menor, de 3 años de edad, resultó muerto por una munición de mortero antitanque de 81 milímetros, abandonada y enterrada en el área y que estalló por el calor que produjo una fogata que hacían los menores.

Desde ese entonces se encontraron alrededor de seis u ocho explosivos más del mismo tamaño, inclusive, algunas de mayores dimensiones.

María Machado, habitante de Campo Mogú, recordó que hace ocho años una prima embarazada perdió un brazo por las esquirlas de una munición que detonó dentro de la vivienda de su abuela, en Campo Mogú, durante una práctica de tiro.

De esto comen. Los moradores del parcelamiento Colinas de Zamora viven de la siembra de yuca, maíz, la cría de chivos y la producción de carbón vegetal. Señalan que el exceso de lluvias de diciembre de 2010 inundó sus cosechas.

Al hacer el carbón también se exponen a un gran peligro: el de encontrarse con una bomba enterrada no detonada y que no haya sido descubierta por los militares cuando revisaron la zona luego del accidente delos dos niños.

"Todo aquí es muy rudimentario. De alguna forma nos las arreglamos. El sendero para llegar hasta acá lo hicieron apto para vehículos luego de que la bomba mató a mi sobrino y dejó ciego al otro, pues para acá no se podía llegar en carro", explicó José Pineda.

No obstante, llevar alimentos y agua hasta sus viviendas es toda una odisea, pues son casi ocho kilómetros de caminata a pleno sol los que deben atravesar. "Los que tenemos tanque de agua lo dejamos destapado para que cuando llueva le caiga agua", relató Pineda.

En la actualidad, esperan respuesta de una contratista que levantará unos galpones en Fuerte Mara para que los tome en cuenta como mano de obra en la construcción.

El Nacional

CIDH condena muertes en El Rodeo I

El organismo exigió al Estado que se reduzca la sobrepoblación y el hacinamiento, se decomise y controle el ingreso de armas y drogas, se separen los reos procesados de los condenados, se asigne suficiente custodia a las cárceles y se investiguen los hechos de violencia en los penales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó este jueves los asesinatos en el penal El Rodeo I y urgió al Estado a tomar acciones para proteger la vida de los reos.

Esta comisión recordó que la Corte Interamericana dictó medidas provisionales sobre este penal en el año 2008, ratificadas en 2009, en las que se ordenaba al Estado la adopción de medidas para proteger a los reclusos.

La CIDH indicó en un comunicado que se han realizado en su sede cinco audiencias relativas a la "preocupante situación" que viven los reos en las cárceles venezolanas.

En estas citas, se han reportado las altas cifras de violencia en los penales. Al respecto, la CIDH destacó que estos lugares son "controlados por organizaciones criminales y no por el Estado".

Igualmente, se dejó constancia de la colaboración de la Guardia Nacional para facilitar armas de fuego a los reclusos, la extorsión a los reos por parte de las bandas que controlan los penales, el hacinamiento, la falta de atención médica y el retardo procesal.

Anteriormente, la CIDH se ha dirigido al Estado respecto a este tema en seis comunicados de prensa emitidos entre 2009 y 2010, y se le dedicó un capítulo en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.

El ente exige que se reduzca la sobrepoblación y el hacinamiento, se decomise y controle el ingreso de armas y drogas, se separen los reos procesados de los condenados, se asigne suficiente custodia a las cárceles y se investiguen los hechos de violencia en los penales.

El Nacional

"TSJ irrespetó a electores al negar recurso de Mazuco"

La coordinadora de la comisión de DDHH de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, definió como un nuevo golpe del TSJ a la soberanía popular y a los electores de José Sánchez, la decisión de negar el recurso de casación solicitado por la defensa.

La diputada al Parlamento Latinoamericano y coordinadora de la comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, calificó como un irrespeto a la soberanía popular la decisión de Tribunal Supremo de Justicia de negar el recurso de casación solicitado por los abogados del diputado José Sánchez.

La diputada considera que con esta decisión, el TSJ se coloca al margen de la Constitución y del país, al sentenciar de acuerdo a los intereses políticos del gobierno que finaliza en enero de 2013 y no de acuerdo a las leyes y a la imparcialidad de la justicia, que es lo que el país espera y exige.

"La Unidad rechaza esta decisión que vulnera la justicia e irrespeta, de nuevo, a los electores que votaron por José Sánchez" dijo en nota de prensa.

"Mientras el país contempla con sorpresa e indignación cómo a los responsables de la violencia en Guayana -que ya suma varios obreros fallecidos- se les otorgan medidas que no significan privación de libertad, el TSJ vuelve a irrespetar a la soberanía popular al negar el recurso de casación solicitado por los abogados del diputado José Sánchez, quién ha sido condenado en un juicio viciado; con tecnicismos jurídicos, el TSJ oculta que no es un tribunal imparcial y que obedece a los dictados de Miraflores" afirmó Solórzano.

Solórzano explicó que el Tribunal Supremo de Justicia ignoró que los testigos presentados por la Fiscalía para sentenciar a Sánchez, fueron testigos encapuchados, técnica que emplean los gobiernos autoritarios, así como obvió que Sánchez fue traído a Caracas y secuestrado en Fuerte Tiuna, con visitas restringidas.

Asimismo, la diputada expresó su solidaridad con el comisario Lázaro Forero, y demandó de la Fiscal General, que emita de inmediato el traslado de este a un centro asistencial, a fin de que sea atendido ante el delicado cuadro de salud que presenta.

"Ratificamos nuestra solidaridad con los presos políticos y sus familiares. Ratificamos nuestro trabajo y nuestra voluntad para cambiar las cosas, y para producir en diciembre de 2012 un nuevo gobierno que cumpla con el anhelo de toda la sociedad: que cumpla con las leyes, que no amenace ni abuse del poder, y que sea capaz de impartir justicia, que es lo que el TSJ no es capaz de hacer, subordinado a Miraflores como está en la actualidad" finalizó la dirigente de Un Nuevo Tiempo.

El Universal

Piden libertad condicional para Peña Esclusa por salud

Médicos aseguran que hay 80% de probabilidad de un nuevo cáncer

Incertidumbre y preocupación. Así define Indira Ramírez de Peña la situación que vive su esposo, el ingeniero Alejandro Peña Esclusa, quien no sólo vive el calvario de estar privado de su libertad desde hace 10 meses, acusado por los supuestos delitos de tráfico de armas de guerra y asociación a delinquir sino también la amenaza de un cáncer que no ha podido superar porque no ha recibido el tratamiento requerido para pacientes que han sido sometidos a una intervención de próstata (Prostatectomía).

Ramírez, recibió el pasado lunes el informe del equipo de médicos del Hospital Oncológico Padre Machado donde le advierten que "hay 80% de probabilidades de que el cáncer que presenta Peña Esclusa se extienda porque no ha recibido la radioterapia".

"Al momento de la detención de mi esposo (12 de julio de 2010) apenas tenía un mes de haber sido sometido a una intervención quirúrgica para extraerle la próstata y tres días de habérsele retirado la sonda uretral. Según su médico tratante en el Hospital de Clínicas Caracas, el próximo paso que se debía seguir para erradicar la enfermedad era someterlo al tratamiento de radioterapia y eso no fue posible por su situación jurídica", explicó.

Recientemente a Peña Esclusa se le realizó un examen de antígenos prostáticos que arrojó una alteración de los valores, por lo que Ramírez solicitó al tribunal 22 de Control, a cargo de la juez Dorothy Avilés, el traslado para que el médico tratante de su esposo iniciara las pruebas médicas y descartara una posible metástasis.

"Se le envió el informe de medicina forense que dice que Alejandro debía ser trasladado al Hospital de Clínicas Caracas, pero ella (la juez) desconfió y decidió enviarlo al Padre Machado para confirmar el diagnóstico. Allí el médico encargado nos advirtió que obviar la fase de radiación lo deja vulnerable y actualmente (Peña Esclusa) tiene 80% de probabilidades de presentar un nuevo cáncer", precisó.

Libertad para luchar

Ramírez aseguró que la condición de salud de Peña Esclusa es un argumento de peso para que la juez decida a favor de una medida cautelar de juicio en libertad. "Están esperando el informe final del Oncológico Padre Machado que sale este jueves (hoy) pero con todo lo que ha sucedido con los presos políticos, temo que el Tribunal se niegue a darle la medida".

"Alejandro es un paciente que afortunadamente no tiene una metástasis pero el Estado está obligado a garantizarle su derecho a la salud. Si no le otorgan una medida sustitutiva de libertad se estaría cometiendo un delito de lesa humanidad", advirtió.

Además, "un tratamiento de radioterapia tiene efectos secundarios que pueden desmejorar su estado físico y por esa razón es necesario que se faciliten los traslados y se le garantice los cuidados que requerirá luego del tratamiento y el Sebin no tiene las condiciones adecuadas para atenderlo.

Peña Esclusa será trasladado nuevamente al Oncológico este jueves para otras pruebas médicas y entregar el informe final que define el tratamiento que seguirá.

El Nacional

Procuraduría de Brasil alerta ante caso de jueza Afiuni

Juristas de Brasil aseguran que el TSJ venezolano perdió su objetivo

Una vez más las organizaciones internacionales claman por la libertad de María Lourdes Afiuni. En esta oportunidad, la Procuraduría Federal de Derechos Ciudadanos de Brasil se pronunció y emitió un informe a los defensores del Pueblo de Iberoamérica y Colegios de Abogados de la región, donde denuncian las "amenazas y graves ofensas a los derechos e integridad física" contra la jueza durante los 14 meses que permaneció recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

La procuradora Gilda Carvalho, presentó el informe en el Tercer Seminario sobre la Ley María da Penha o Ley 11340/2006, que establece mecanismos para frenar la violencia contra las mujeres en Brasil y donde se reunió a más de 430 participantes en dos días de actividades.

"En la prisión, la vida de la jueza se encontraba en alto riesgo, pasando por amenazas y graves ofensas a los derechos a la integridad física y privacidad", destacó la procuradora, quien solicitó a las defensorías y juristas de Brasil pronunciarse por "el atropello" contra Afiuni. Además, precisó que el Gobierno venezolano ha ignorado las recomendaciones hechas por la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a favor de la jueza.

Visita de juristas de Brasil

Una comisión de la Asociación Internacional de Abogados de Brasil, encabezados por el abogado Belisario Dos Santos, visitó a María Lourdes Afiuni en su residencia para conocer su estado de salud y el estatus del caso.

Para Dos Santos, lo sucedido con la jueza es un ejemplo "flagrante" del proceso de "desinstitucionalización" progresiva por la que pasa Venezuela. "Las instituciones son formalmente mantenidas, pero ya no sirven a su objetivo. Hoy, en ese país, el Estado se llama Chávez".

A través de un informe, también alerta que las decisiones de los jueces en Venezuela, "son proclamadas bajo el riesgo de una destitución o bajo el terror de la prisión ", lo que denomina la Defensa como "el efecto Afiuni".

"No es exageración suponer que la prisión de Afiuni haya sido practicada como una especie de pena de muerte velada. Las prisiones venezolanas están entre las más violentas del mundo, con más de 450 muertes por año. La jueza fue obligada a convivir con presas que ella había condenado. Fue sometida a humillaciones y maltratos y le fue denegada la atención médica en varias oportunidades", destaca Dos Santos.

El Universal

Trasladada a tribunales

Desde tempranas horas hoy, la jueza María Lourdes permanece en los calabozos del Palacio de Justicia para dar cumplimiento a la orden de presentación semanal

A tempranas horas de este jueves, la jueza María Lourdes Afiuni fue trasladada para dar cumplimiento a la orden de presentación semanal y desde antes de las seis de la mañana se encuentra en los calabozos del Palacio de Justicia.

Afiuni, que fue detenida en diciembre de 2009, acusada primero por el presidente Hugo Chávez y luego por el Ministerio Público de liberar y facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, preso a su vez en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales y fraude al Estado.

Alí José Fabricio Paredes, el juez a cargo del juicio, ha sido vetado por Afiuni que lo acusa de no ser imparcial y de manifestar su lealtad al presidente venezolano, Hugo Chávez, y a su proceso revolucionario.

Chávez denunció en diciembre de 2009 que la liberación de Cedeño fue planificada por abogados del empresario, la jueza Afiuni, secretarias y alguaciles del tribunal con una citación a una audiencia sin la presencia del fiscal del caso, en la cual se le liberó para que saliera por una puerta secundaria del tribunal.

"Habrá que meterle la pena máxima a esta jueza y a los que hagan lo mismo. ¡30 años de prisión pido yo!", dijo Chávez durante un acto en el cual la llamó "bandida", lo que sus opositores interpretan como una indebida interferencia del Ejecutivo en el Judicial.

El caso concitó por ello la atención de varias instancias internacionales, entre ellas el Senado español, que en marzo pasado instó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que gestione que diplomáticos españoles y de la Unión Europea visiten a la jueza y actúen como observadores en el juicio en su contra.

Tras poco más de un año en prisión, el juez concedió a su colega el beneficio de la prisión domiciliaria a partir del pasado 8 de febrero, aunque adicionalmente le prohibió dar declaraciones a los medios y le ordenó presentarse en su despacho una vez a la semana.

El pasado miércoles, la jueza Afiuni renovó su veto al juez que debe juzgarla. "Todo sigue igual, por lo que la magistrada María Lourdes Afiuni se presentará mañana en acatamiento a la decisión de que así debe hacerlo cada semana, pero no concurrirá al inicio del juicio que ahora comenzará el 14 de abril y no mañana como se dijo inicialmente", declaró a Efe Nelson Afiuni, hermano de la jueza.

Tal Cual Digital

Crecieron quejas contra jueces y fiscales por violar derechos

En 2010 Defensoría recibió 64% más casos por violación al debido proceso

La obligación constitucional del Estado de garantizarle a todos los ciudadanos su derecho a ser asistido por un abogado, a presumirse su inocencia, a ser notificado previamente sobre los cargos por los cuales se les investiga y a ser oído en todas las partes de los procesos judiciales y administrativos no es acatada plenamente.

Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al revisar el contenido del informe anual de la Defensoría del Pueblo correspondiente a 2010, en el cual se da cuenta que el número de venezolanos que acudieron ante esa instancia para denunciar la violación a su derecho al debido proceso se incrementó en 64%, al pasar de 730 en 2009 a 1.139 en los últimos doce meses.

Este número representa el 18,8% del total de quejas relacionadas con vulneraciones a los derechos civiles que recibió el despacho encabezado por Gabriela Ramírez el año pasado.

Asimismo en el reporte también figura que la cantidad de denuncias sobre violaciones al derecho a la justicia crecieron en 14%, la pasar de 137 en 2009 a 157 en 2010. Lo mismo ocurrió con los señalamientos de irrespeto al principio de igualdad ante la ley, las cuales llegaron hasta 64, frente a 37 en el período previo, lo cual equivale a un aumento de 73%.

En el informe que hace dos semanas entregó la defensora Ramírez a la Asamblea Nacional figura que el principal señalado de atentar contra el debido proceso es el Gobierno, a través de los ministerios, contra los cuales se presentaron 1.500 denuncias (23,9%). En segundo lugar se ubicaron las policías estadales con 818 quejas y en tercero se ubicaron los tribunales y los fiscales, los cuales recibieron juntos 659 señalamientos.

En 2009 el número de denuncias contra tribunales y el Ministerio Público llegó hasta 516; lo cual equivale a una variación de 27%.

Pero no todo son criticas para los integrantes del Poder Judicial, Ramírez en su reporte resaltó que el año pasado se crearon tres nuevos juzgados especializados para conocer los casos de violencia contra la mujer en el estado Táchira y que el número de fiscalías que se dedicarán a investigar estos asuntos ya llega a los 58.

No obstante, la responsable de velar por los derechos humanos de todos los venezolanos indicó que el caso del boxeador Edwin Valero, quien se suicidó tras asesinar a su pareja, a la que había maltratado en reiteradas ocasiones, demuestra que las instancias creadas para combatir la violencia de género requieren fortalecerse.

Saluda política alimentaria

Pese al escándalo de los alimentos que se pudrieron en distintos puertos del país, la defensora del Pueblo saludó la política alimentaria impulsada por el Gobierno, por cuanto la misma ha permitido entre otras cosas reducir el déficit nutricional de los niños desde el 7,7%, en el que se encontraba en 1990, hasta 3,7% en 2008.

Asimismo anunció que en 2010 cada venezolano consumió en promedio 2.783 kilocalorías, por encima de lo que fijan los estándares internacionales.

Por último, saludó la creación de la red Mercal, porque ella permitió adquirir alimentos a casi la mitad de su precio.

El Universal

Venezuela en agenda

A partir de este lunes la CIDH escuchará denuncias sobre la libertad de expresión en el país, la ley habilitante, los presos políticos y la situación carcelaria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará mañana su 141º periodo de sesiones en el que escuchará denuncias sobre abusos cometidos en Haití durante la dictadura de Jean Claude Duvalier, sobre la situación de los niños mapuches en Chile, sobre el cese de magistrados en Honduras o las libertades en Venezuela y Nicaragua.

El periodo de sesiones se prolongará hasta el 1 de abril y en el mismo se celebrarán 45 audiencias sobre casos, medidas cautelares y denuncias temáticas y específicas de violaciones de los derechos humanos en diferentes países del continente americano.

La CIDH, que cuenta con siete comisionados, mantendrá además reuniones de trabajo cerradas al público para tratar peticiones en trámite, analizar informes de ‘admisibilidad’ y aprobar informes de fondo.

También se elegirá al nuevo presidente de turno, cargo que desempeña actualmente el comisionado chileno Felipe González.

Las audiencias públicas comenzarán el próximo viernes, día 25.

Entre todas las audiencias, destaca una en la que la CIDH escuchará de un grupo de víctimas las denuncias que han presentado en Haití sobre las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura de Jean Claude Duvalier “Baby Doc”.

La CIDH ha fijado la fecha del 28 de marzo para la celebración de la audiencia a la que se espera que acudan la periodista Michèle Montas, ex portavoz del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y quizás Alix Fils-Aime, antiguo preso político, entre otras víctimas.

Desde el regreso de Duvalier -que gobernó entre 1971 y 1986- el pasado 16 de enero a Haití, tras 25 años de exilio en Francia, se han presentado varias denuncias contra él ante la Justicia haitiana.

También destaca la sesión de trabajo cerrada al público del 26 de marzo en la que la CIDH dará seguimiento a la medida cautelar que le otorgó en 2003 a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba para proteger su vida e integridad.

Por otra parte, la CIDH analizará las investigaciones relacionadas con el escándalo del espionaje del DAS, el servicio de inteligencia de Colombia, denunciado ya por la Comisión que se vio también afectada por las escuchas y seguimientos ilegales.

La Comisión celebrará asimismo una audiencia en la que analizará las “graves” situaciones de vulneración de derechos que sufren presuntamente los niños mapuches.

También adquirirán importancia en este periodo de sesiones las denuncias que se presentarán sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, especialmente una audiencia de ‘admisibilidad’ sobre los magistrados destituidos por oponerse al golpe de Estado de 2009 en ese país centroamericano.

Llama además la atención la sesión sobre la situación de los derechos políticos en Nicaragua, especialmente en un momento en el que seguidores y oponentes del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se manifiestan a favor y en contra de una posible reelección del líder sandinista en los comicios del 6 de noviembre próximo.

La audiencia sobre los derechos humanos y políticos de los migrantes en EE.UU. y los casos de deportación y detención, también podría tener repercusión, sobre todo el Latinoamérica, así como la sesión sobre la seguridad ciudadana en México.

De nuevo se celebrarán dos audiencias privadas sobre la situación de defensoras de derechos humanos y sobre la libertad de expresión en Venezuela, así como otras audiencias públicas sobre la situación en las cárceles de ese país, los supuestos presos políticos y la Ley Habilitante, que otorga poderes excepcionales al presidente Hugo Chávez.

Tal Cual Digital

Ratifican sentencia a 19 años de prisión de Mazuco

Theresly Malave calificó de atroz y violatoria de los DDHH la decisión. La Corte de Apelaciones mantiene como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde.

La Sala 10 de la Corte de Apelaciones, ratificó la sentencia a 19 años de presidio para el ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Zulia y diputado electo a la Asamblea Nacional, José Sánchez Montiel (Mazuco), acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Caludio Macías, agente de la DIM, en el retén del Marite tras haber sido detenido por la Polizulia.

Así lo dio a conocer la abogada penalista y directora de la Fundación Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malave, quien calificó la decisión de "atroz y violatoria" a los derechos fundamentales.

"Este es una sentencia política que le causa un gran daño al sistema de justicia y que perjudica no sólo a Mazuco o a los presos políticos sino a todos los venezolanos", destacó la abogada penalista.

Recordó que el juicio se inició en el mes de diciembre de 2010 "sin la presencia de los abogados de la Defensa, con audiencias que duraban de 12 a 14 horas, con la declaración de un testigo encapuchado con nombre de mujer pero con voz y cuerpo de hombre; y un testigo falso con unas credenciales firmadas por la Asamblea Nacional".

Además, "se realizó con la celeridad procesal (condenado en nueve días) que se aplica sólo a los presos políticos para perjudicarlos, mientras que los presos comunes mueren de mengua esperando que se les haga las audiencias".

"Si no existieran hombres y mujeres que ratificaran sentencias de esta índole, o jueces que condenaran por razones políticas, el sistema de justicia en este país sería otro", declaró.

Asimismo, la Corte de Apelaciones ordenó mantener como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda.

A tres años de estar privado de su libertad y esperando por el inicio de un juicio oral, el 26 de septiembre de 2010, José Sánchez fue elegido como diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia. Dos meses después, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad necesaria, privación ilegitima de libertad y quebrantamiento de pactos internacionales.

El Universal

"Los derechos humanos no son concesiones de ningún gobierno"

"El derecho a la libertad religiosa es un fundamental, y es un derecho que está pendiente". Monseñor Peña Parra, un saladillero que ha servido en tres continentes, pidió sabiduría como regalo de su 51 cumpleaños el pasado 6 de marzo

Edgar Robinson Peña Parra nació en la populosa barriada de El Saladillo (Maracaibo - Zulia), el 3 de marzo de 1960, y a los 16 años ingresó al Instituto Universitario Seminario Santo Tomás de Aquino en San Cristóbal, donde se graduó de Licenciado en Filosofía en el año de 1981.

En 1985 recibió el título de Licenciado en Teología en el Instituto Universitario Santa Rosa de Lima en Caracas, y ordenado sacerdote por Monseñor Domingo Roa Pérez en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. Inició estudios en la Pontificia Academia Eclesiástica (Vaticano) y obtuvo el título de doctor en Derecho Canónico.

Realizó la especialización en Derecho Internacional, en la Pontificia Universidad Gregoriana, estudio simultáneo con la Academia Diplomática del Vaticano.

Desde 1993 comenzó sus servicios por los continentes. Hasta 1997 en la Nunciatura Apostólica en Nairobi - Kenia, en la cual también representó la Santa Sede ante las Agencias de las Naciones Unidas para el Ambiente (con las siglas UNEP) y para la vivienda conocida como Habitat. Hasta 1999 en la Nunciatura Apostólica Yugoslavia en Belgrado. De donde es enviado a la capital de Suiza, Ginebra, y luego a Sur África. En este período de tres años, hasta el 2002 desempeña su labor diplomática en la Misión Permanente de la Santa Sede ante la ONU y la OMC. De 2002 y hasta el 2005 pasa a ser el Consejero en la Nunciatura Apostólica en Tegucigalpa, Honduras, y desde el 2006 se desempeñó en la Nunciatura Apostólica de México, hasta hoy, cuando el Papa Benedicto XVI lo ha elevado a la categoría de arzobispo y nombrado Nuncio Apostólico en Pakistán.

-¿Cómo se siente al volver a su tierra?

-He venido a mi tierra a celebrar, a darle agracias a la Virgen por esta designación que me ha hecho el Papa Benedicto XVI, y estoy muy regocijado y verdaderamente agradecido con el pueblo de Maracaibo, con mi familia, con mis amigos, con los dirigentes del estado por la acogida y el cariño mostrado. Estoy muy contento, porque cuando te demuestran que te quieren, dice un dicho: "amor con amor se paga".

-¿Qué es lo que más ha extrañado al estar fuera de su Zulia natal?

-Del Zulia extraño todo. Pero ahora con las nuevas tecnologías uno está informado, puede escuchar la gaita donde esté; lo que queda más difícil es su comida, todo ese acervo cultural gastronómico que tenemos en el Zulia, que es irremplazable. Soy fanáticos de las Águilas y de todo lo que es Zulia, todo lo que es Maracaibo. Yo me considero un maracucho 100%. Durante mis años en Ginebra la misión venezolana era grande y cuando mis compañeros diplomáticose me preguntaban: 'Edgar, ¿cuándo te vas de vacaciones?', yo les decía: 'yo me voy a Maracaibo tal día... '.

-¿Cómo lo ha marcado su tránsito por tres continentes?

-Cada país te marca porque en cada uno encontramos una cultura, una gente con sus propias costumbres, una riqueza inmensa. En el África por ejemplo, con sus hermosos paisajes, con su gente abierta y buena, es encantadora... Mis cuatro años en Nairobi, en Kenia, fue una experiencia maravillosa. Luego estuve dos periodos en Europa, en Los Balcanes. Yo definí entonces a Los Balcanes como el Suramérica de Europa. Era el tiempo del dictador Milosevic, pero no obstante la gente vivía, esperaba, los jóvenes creían y eso era algo maravillo. También viví cuatro años en Ginebra, en Naciones Unidas. Esa es una experiencia universal, y Suiza es el país de la perfección, del orden... Finalmente he venido a mi continente, a Honduras, un país pequeño, el país más pobre después de Haití y Bolivia, pero uno de los países más ricos en cariño. Y luego México con sus tradiciones, con la cultura milenaria de los mayas, de los aztecas, ese símbolo que es la Virgen de Guadalupe... Cada país, cada continente, queda grabado en el corazón de un sacerdote y de un diplomático.

-Su tesis para obtener el título de Doctor en Derecho Canónico (que fue publicada por la Santa Sede) fue "Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano a la luz del Magisterio Pontificio" ¿Qué tiene que decir sobre este tema tan vigente?

-El tema de los derechos humanos es una de las más grandes conquistas de nuestro tiempo, porque no son concesiones que le hacen a la persona humana, sino que vienen inherentes a nosotros, nos pertenecen. No hay concesión por parte de ningún Estado ni gobierno, y no me refiero específicamente a Venezuela, sobre los derechos humanos. Hay muchos derechos que siguen pendientes. Yo quiero especialmente hablar, porque me toca muy de cerca, sobre el derecho a la libertad religiosa. Este es un derecho fundamental, y muchas veces en el mundo entero, los gobiernos creen que es una concesión a la Iglesia... a cualquier iglesia o grupo religioso. Eso está pendiente, porque en muchos países -cada vez hay mas- se ven violentados, conculcados, estos derechos, especialmente el de la libertad religiosa.

-Cuando el 6 de marzo celebró su cumpleaños, ¿qué deseó como regalo?

-La sabiduría. A Salomón, cuando fue nombrado rey, Dios le dio la oportunidad de que pidiera un deseo y dice la escritura que no pidió larga vida ni riqueza ni poder, sino que pidió sabiduría. Sabiduría para poder servir, y eso le pido hoy al Señor y a la Virgen de Chiquinquirá al cumplir mis 51 años. Sabiduría para poder llevar adelante la misión que me ha encomendado.

-¿Algo que considere que tenga pendiente?

-Ahora tengo pendiente todo mi episcopado ya que me acaba de ser conferido Soy Obispo de la Iglesia, sucesor de los apóstoles y por lo tanto allí tengo todo un programa de vida que tengo que hacer realidad.

-¿Qué significa Monseñor Lückert para Edgar Peña?

Monseñor Lückert para mí y para muchos sacerdotes de Maracaibo es un maestro, es un amigo, es un hombre bueno, un gran hombre, un gran venezolano y un gran zuliano que nos ha dado ejemplo de gallardía, de valor, de consecuencia y de entereza.Él nunca ha tenido miedo de anunciar a Cristo y de denunciar aquello que no está de acuerdo con lo que Cristo y la Iglesia nos proponen.

-¿Cuáles son sus expectativas frente a la nueva misión que le ha encomendado Su Santidad, en Pakistan, eminentemente musulmán?

-Voy dispuesto a conocer profundamente ese lugar, ese país a donde me manda el Santo Padre, y a amarlo y servirlo con todo mi corazón.

El Universal

Vivanco: Es poco probable que Afiuni reciba un "juicio justo"

Para Human Rights Watch, la jueza María Lourdes Afiuni permanece detenida de "manera arbitraria" en su casa, y ahora está también "obligada a guardar silencio".

Ginebra.- En un comunicado, la organización Human Rights Watch agradeció al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas su opinión sobre la "detención arbitraria" de la jueza María Lourdes Afiuni.

"La decisión de juzgar a la jueza Afiuni por aplicar el derecho venezolano e internacional constituye un fuerte revés para el estado de derecho en Venezuela", dice el comunicado.

Asegura que la Jueza Afiuni permanece detenida de manera arbitraria en su casa, y ahora está también obligada a guardar silencio. Además, señala que a la luz del contexto de su detención y el preocupante deterioro de la independencia judicial en Venezuela, "es muy poco probable que reciba un juicio justo".

Explica que inmediatamente después de la detención de Afiuni en diciembre de 2009 por haber concedido la libertad condicional a una persona que, según este Grupo de Trabajo, había sido detenida arbitrariamente, "el Presidente Chávez se refirió a ella abiertamente como "bandida" y afirmó que debía ser condenada a 30 años de prisión".

Posteriormente, "Afiuni fue acusada de cometer varios delitos, incluido el de corrupción, pese a que el propio Ministerio Público señaló expresamente que la jueza no había recibido ningún pago ni promesa de pago. El juez que presidirá el juicio contra Afiuni ha expresado abiertamente su apoyo al Presidente Chávez, y ha señalado que nunca traicionaría... (a su) Comandante porque lleva la Revolución en la sangre".

Indica que la jueza Afiuni, "permaneció detenida en condiciones deplorables durante más de un año en una violenta cárcel de mujeres de Caracas, donde ha sido objeto de reiterados insultos y amenazas por otras reclusas"

"No existe separación entre las presas que no han sido condenadas y aquellas que ya han recibido condena, incluyendo algunas que fueron juzgadas en su tribunal. A su vez, Afiuni no recibió tratamiento médico adecuado durante su detención. Debido a problemas de salud, el 2 de febrero de 2011 se le autorizó arresto domiciliario, pero debe presentarse semanalmente ante las autoridades y se le prohibió comunicarse con la prensa nacional e internacional".

El Universal

Preso por no traicionar

Un país no se construye mediante el temor", afirma el dirigente sindical de Ferrominera Rubén González, sentenciado a 7 años, 3 meses y 21 días por defender a los trabajadores. Se movilizan factores sindicales y políticos de Guayana. Anuncian jornadas de protesta

La sentencia dictada por la juez Magda Hidalgo dejó estupefactos a los familiares de Rubén González y a la mayoría de los trabajadores que desde Ciudad Piar o desde otras empresas de Puerto Ordaz esperaban a las puertas del palacio de Justicia en Guayana lo que creían, debía ser una sentencia absolutoria.

Siete años, seis meses y 22 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir, violación a la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo.

Tan dura, injusta y violatoria de los principios constitucionales del derecho a la protesta como la que meses antes en ese mismo recinto se dictó contra los dirigentes sociales mineros de Tumeremo Carlos Chancellor y William Saud. Casi exactamente la misma condena.

Cortada por la misma tijera. Buscando ­afirman los que denuncian­ el mismo objetivo: infundir temor, provocar miedo y silencio, promover sumisión y liquidar los derechos laborales a la protesta.

La inmediata reacción de buena parte de la dirigencia sindical de Guayana fue de indignación y repulsa. En cambio, la mayoría de los dirigentes laborales del PSUV guardaron total silencio, temerosos quizás de ser objeto de represalias desde el poder.

"Rubén González es un preso del Estado venezolano. Esto lo califica como un preso político", decía al borde de la ira, Benjamin Moreno, dirigente del sindicato de profesionales de Ferrominera y quien pese a ser del PSUV ha sido frecuente crítico de la desastrosa situación y manejo de la empresa. "No puede ser que existan chavistas buenos y chavistas malos", remató.

"Es la criminalización de la protesta. Algo inaceptable y violatorio de la Constitución", señaló José Luís Morocoima, secretario general del sindicato de Bauxilum, independiente y del sector democrático, mientras Henry Arias de SintraAlcasa anunciaba reuniones para protestar y hacer sentir el repudio.

También se manifestó José "Acarigua" Rodríguez, ex presidente de Sutiss y director laboral quien señaló que "el gobierno se ha definido como contrario a la clase trabajadora".

TELEFONAZO ME TIENE PRESO
A Rubén González lo entrevistamos para nuestro espacio radial Público & Confidencial en Puerto Ordaz. Se mostró sereno y firme. Nunca lució abatido. Mucho menos arrepentido aunque si adolorido por el sentimiento de "mi adorada esposa con quien tengo 33 años de casado, por mis 4 hijos y mis cinco nietas que esperaban otra cosa".

El líder sindical, con 25 años de trabajo en Ferrominera fue enfático: "Hice mi trabajo. Hice lo que tenía que hacer. Uno se debe a los intereses de los trabajadores y no para adosar intereses partidistas. Sería traidor si le hubiera dado la espalda a los trabajadores".

Advierte que la medida es "un adefesio jurídico. A mi me tiene preso un telefonazo. Un teléfono dictamina y un teléfono condena". Desgrana entonces todos los elementos del contrato colectivo que para la fecha estaba recién homologado pero violado y que casi dos años después siguen igual de incumplidos porque la empresa dice que "no tiene dinero, cuando para que Chávez autorizara la homologación, el presidente de la empresa firmó una carta asegurando tener los recursos para cumplir".

Se pregunta: ¿Acaso yo podía caerle a golpes a los trabajadores para que no fuesen a trabajar simultáneamente en las cinco minas del sector en Ciudad Piar?" y recuerda que la empresa firmó un acta aceptando cumplir y asegurando que no habría represalias. "Yo no soy chavista, soy revolucionario, No sigo a un hombre sino a ideas y principios. Al único que sigo es a Jesucristo. Yo apoyé este proceso pero no voy a traicionar a los trabajadores y al pueblo. ¿Acaso yo tenía que quedarme callado? Un país no se construye en base a sembrar temor. No puedo compartir la criminalización de la protesta. Estoy tranquilo con mi conciencia. Puedo dormir tranquilo porque cumplí con mi deber".

Tal Cual Digital

Amnistía Internacional exige al Gobierno liberar a jueza Afiuni

A través de un comunicado, la subdirectora de Amnistía Internacional para Las Américas, Guadalupe Marengo, pide a las autoridades venezolanas prestar la atención médica necesaria a la jueza María Lourdes Afiuni.

Amnistía Internacional instó al Gobierno de Venezuela a liberar a la jueza María Lourdes Afiuni, quien lleva un año detenida tras dictar una medida cautelar a favor del banquero Eligio Cedeño. La subdirectora de Amnistía Internacional para Las Américas, Guadalupe Marengo, indicó que la detención de la Jueza 31 de Control de Caracas, "es aparentemente el resultado de interferencia del Presidente Chávez. Ella está detenida simplemente por cumplir con su trabajo y por ello debe ser liberada".

Además, expresa que la jueza necesita atención médica y ha recibido amenazas en varias oportunidades por internas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

"Su salud es precaria y recibe poco o ningún tratamiento, además de encontrarse en riesgo de violencia. Las autoridades deben asegurar que mientras permanezca en prisión, no sea torturada o sometida a malos tratos por parte de la custodia ni de otras reclusas", destacó el comunicado.

Destaca que los informes médicos aseguran que la jueza Afiuni "tiene dos tumores en el seno. También presenta un problema ginecológico que le ha causado hemorragias desde noviembre de 2010. No se ha permitido a los médicos concluir los exámenes necesarios para brindarle un tratamiento adecuado. En enero de 2011 ella también tuvo varios episodios de taquicardia por los que no ha recibido tratamiento adecuado".

Asimismo, Amnistía Internacional le preocupa que el caso el jueza Afiuni pueda disuadir a los demás jueces de tratar a todos los acusados por igual. "El temor de los jueces a que sus decisiones sean rechazadas por parte de autoridades superiores, puede afectar de manera negativa los derechos humanos de la población y la posibilidad de que los acusados y las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan obtener justicia".

El Universal

HRW: Derechos humanos en Venezuela se encuentran en "situación precaria"

Según la ONG, la ex jueza María Lourdes Afiuni fue recluida "en condiciones deplorables" en una cárcel de Caracas, tras ser acusada de corrupción por dejar en libertad provisional al banquero Eligio Cedeño

La "dominación que ejerce el gobierno venezolano" sobre el sistema judicial y el "debilitamiento de los valores democráticos" están dejando los derechos humanos en una "situación precaria" en el país, afirmó este lunes en su informe anual, la ONG Human Rights Watch (HRW).

"Sin control judicial sobre sus acciones, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha minado sistemáticamente la libertad de expresión y prensa, la libertad de los trabajadores a asociarse y la capacidad de los grupos defensores de los derechos humanos" de realizar su trabajo, reza el informe de esta organización no gubernamental divulgado en Bruselas.

"La dominación del gobierno venezolano sobre la justicia y el debilitamiento de los valores democráticos ha contribuido a una situación precaria de los derechos humanos", agrega el texto, que recoge casos de abuso policial y persecusión a políticos opositores, entre otros. Para demostrar la falta de independencia en el sistema judicial, HRW cita el caso de la jueza María Afiuni, detenida en diciembre de 2009 y para quien Chávez pidió, en un acto público, "la pena máxima".

Según HRW, Afiuni fue recluida "en condiciones deplorables" en una cárcel de Caracas, tras ser acusada de corrupción por dejar en libertad provisional al banquero Eligio Cedeño, que estaba inculpado por fraude y que luego se fugó del país. Sobre la libertad de prensa, la ONG asegura que el gobierno venezolano "ha intensificado la capacidad del Estado de limitar la libertad de discurso y creado poderosos incentivos para que los críticos al gobierno se autocensuren".

En este sentido, HRW destaca la salida definitiva del aire en 2010 de la televisora RCTV, muy crítica con Chávez. La concesión de este medio de comunicación para transmitir en abierto fue revocada en 2007 y el año pasado fue excluída de la programación por las empresas de televisión por cable tras incumplir una normativa gubernamental.

Además, también recuerda que el presidente ha obligado a radios y televisoras a transmitir "más de 2.000 discursos suyos" desde 1999, cuando llegó al poder. Por último, la ONG critica la campaña del gobierno para "desacreditar a las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales".

El Nacional

Magistrada califica de inválido fallo contra Pilieri

Escabino asegura que votaron por liberar al diputado opositor

La validez de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló el juicio contra el diputado opositor Biaggio Pilieri y que ordenó repetirlo, por segunda vez, pero en Caracas fue puesta en duda por una miembro del propio máximo juzgado.

La magistrada de la Sala Penal, Blanca Rosa Mármol de León, denunció que la decisión contra el legislador se adoptó obviando normas de la Ley que regula al órgano rector del Poder Judicial.

En un escrito que ayer consignó ante la Secretaría de la Sala Penal, Mármol aseguró que sus colegas, Eladio Aponte (presidente y ponente del caso), Deyanira Nieves y Ninoska Queipo, violaron los artículos 101 y 102 del texto, pues ella nunca fue llamada la reunión donde se acordó el avocamiento y se anuló el juicio y tampoco se le dio el proyecto de sentencia para que ella pudiera fijar su opinión.

Sospechas confirmadas
Cuando el río suena es porque piedras trae. Así reza un refrán, el cual parece ajustarse a la perfección al caso de Pilieri, pues días antes de que el TSJ decidiera anular el juicio sus abogados advirtieron de la posibilidad de que esto ocurriera, debido a que creían que la decisión los terminaría favoreciendo.

Las sospechas de los representantes del legislador fueron confirmadas ayer por Deivis Calderón, uno de los dos escabinos que junto a la jueza Eglée Matute escucharon los argumentos a favor y en contra de condenar al diputado por los presuntos hechos de corrupción que habría cometido cuando fue alcalde de Bruzual.

Calderón, en entrevista a Globovisión, aseguró que durante el debate oral y público que apresuradamente se celebró en diciembre la Fiscalía no logró convencerlo a él y al otro escabino de la responsabilidad de Pilieri y por eso decidieron absolverlo.

"Pilieri es inocente porque no se le consiguieron las pruebas necesarias para condenarlo (...) Fue demostrado en juicio que él no malversó fondos", dijo y cuestionó la labor de los fiscales, pues reveló que no le permitieron leer los documentos que presentaron.

Calderón, quien se desempeña como mototaxista, no ocultó su molestia por la decisión del TSJ. "¿Para qué se hace un sorteo de escabinos si no van a respetar las decisiones de cada quien? Háganlo con la jueza y los abogados y dejen el pueblo tranquilo".

Por último, el escabino dijo temer por su seguridad y por ello demandó de las autoridades que tomen las medidas para garantizársela.
El Universal.

Burlada y humillada

La jueza Afiuni fue trasladada al oncológico, pero no fue atendida su emergencia médica. La directora de INOF Isabel González hizo caso omiso a la orden de llevar a la jueza a un hospital para realizarle exámenes médicos

La emergencia médica de la jueza María Lourdes Afiuni no ha sido atendida. Este martes fue trasladada al oncológico Padre Machado para realizarle una biopsia de cuello uterino. Sin embargo, aún no se le han hecho los exámenes que ordenó el médico forense enviado por la Fiscalía para que la revisara.

“El traslado de hoy estaba programado desde el 19 de diciembre. Con relación a la emergencia cardiaca que presentó la jueza el 5 de enero, la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina, Isabel González, no ha acatado las órdenes de la dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público".

El 6 de enero de este año, la dirección de Derechos Fundamentales del MP y la Defensoría del Pueblo solicitaron a la directora nacional de Servicios Penitenciarios, Consuelo Cerrada, que ordenara el traslado inmediato de la jueza a un centro asistencial, sin la orden de un tribunal por tratarse de una emergencia. Aunque Cerrada cumplió, la directora del INOF hizo caso omiso.

“No entendemos la situación contradictoria entre la Fiscalía, la Defensoría y la directora del INOF que se manda sola. Pareciera que la ciudadana Isabel González estuviera tratando de ejecutar un exterminio o una pena de muerta contra Afiuni al no acatar órdenes estrictamente médicas”, expresa Graterol, y añade que ante la “crisis cardiológica”, a la jueza deben realizarle un electrocardiograma y un eco abdominal pélvico, según prescribió el doctor.

El abogado informó también que, para este jueves 13 de enero, se acordó “de forma oficiosa” que la privada de libertad sea llevada al hospital Victorino Santaella para practicarle las evaluaciones y determinar las causas del sangrado, la taquicardia y la constante sudoración de la jueza. “Aunque no se hizo a tiempo, confiamos en Dios y esperamos que no le pase nada de aquí al jueves”, manifestó el representante legal.

COINCIDEN LAS FECHAS
El próximo 18 de enero, Afiuni tiene pautada una cita en el Oncológico Padre Machado y también está fijada su audiencia. El abogado de la jueza espera que, antes del juicio, sea llevada al hospital.

“Creemos que prevalecen los artículos 43 y 83 de la Constitución, que establecen el derecho a la vida y a la salud. Debe atenderse la situación médica de Afiuni que ha desmejorado a consecuencia del hostigamiento y la presión física y psicológica que se ha generado en el INOF por parte de la directora”, señala.

DENUNCIAS IGNORADAS
El abogado de María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, reitera que la directora del INOF, Isabel González, fue denunciada por maltratar a la detenida, delito que está contemplado en el artículo 181 del Código Penal, que dicta: “Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada, que cometa contra ella actos arbitrarios o la someta a actos no autorizados por los reglamentos del caso, será castigado con prisión de quince días a veinte meses… Se castigarán con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos, ofensas a la dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en persona detenida por parte de sus guardianes o carceleros, o de quien la orden de ejecutarlos”.

Graterol denunció asimismo que la directora de la cárcel de mujeres no cumple con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó que Afiuni sea enviada a otro centro de reclusión por ser juez penal y que se vele por el buen desarrollo de sus condiciones físicas, psíquicas y morales.

Tal Cual Digital