El 11 de diciembre de 2009, cuando el presidente Hugo Chávez instó a las autoridades judiciales a aplicar la pena máxima de 30 años a la jueza María Lourdes Afiuni, también enviaba un mensaje al resto de los jueces. "Miren lo que le puede pasar al que se atreva a contrariar los intereses del Gobierno", podría resumirse la advertencia.
La jueza Afiuni liberó al empresario Eligio Cedeño y desató la furia del jefe del Estado. En menos de 24 horas estaba presa y sin verdaderas garantías de defensa.
La injerencia indebida del Poder Ejecutivo en el Judicial había sido verificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de agosto de 2008, cuando dictó sentencia en el caso de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que fueron defenestrados de sus cargos por tomar decisiones que incomodaron al Gobierno, entre ellas la exigencia de credenciales a los médicos cubanos de la Misión Barrio Adentro.
En dos fallos posteriores, el máximo tribunal hemisférico volvió a condenar a Venezuela por la destitución arbitraria de dos jueces: María Cristina Reverón y Mercedes Chocrón. En ambos casos se ratificó que la mayor debilidad del Poder Judicial venezolano consiste en la falta de estabilidad y de autonomía de los jueces, pues más de 60%, según reconocen las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, ejercen sus cargos de manera provisional. En pocas palabras, pueden ser removidos de un plumazo.
En el acto de apertura del año judicial 2011, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, reveló que en 2010 "se dejaron sin efecto 67 nombramientos de jueces provisorios o temporales, y se suspendieron cautelarmente 40 jueces titulares".
Dos formas de remover jueces sin mayor trámite. Morales también informó que el año pasado fueron designados 206 jueces provisorios, 858 jueces temporales y 315 jueces accidentales. Todos de libre nombramiento y remoción.
Más grave que la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es la adhesión de las autoridades del sistema de administración de justicia al proyecto político que lidera el presidente Chávez.
El discurso de orden del acto de apertura del año judicial 2011 estuvo a cargo del magistrado Fernando Vegas Torrealba, quien se refirió al jefe del Estado como "comandante presidente".
Vegas Torrealba fue claro al dar instrucciones a la mayoría de los 1.910 jueces del país que estaban concentrados en la sede del máximo juzgado del país: "Este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano".
La falta de independencia judicial no sólo afecta a los operadores del aparato jurídico del Estado, sino a todos los ciudadanos que no cuentan con suficientes garantías de imparcialidad en la tramitación de sus causas.
Para mayor desamparo, la posibilidad de obtener justicia fuera del país se aleja con el repetido desacato a las sentencias de los tribunales internacionales, como acaba de ocurrir con el fallo a favor del ex alcalde Leopoldo López.
A propósito del Examen Periódico Universal nadie podría asegurar que el Estado venezolano va a cumplir los compromisos que adquiera en la ONU.
Derechos y reveses
El Poder Judicial ha realizado procesos de reestructuración, evaluación y capacitación que le han permitido contar en la actualidad con 1.910 jueces, 6,6 por cada 100.000 habitantes.
El TSJ inició desde 2007 el Programa de Tribunales Móviles. En 2010, el programa totalizaba 10.773 asesorías.
Se han creado nuevas competencias: la de niños y adolescentes, para un total de 164 tribunales; la de protección a la mujer para una vida libre de violencia, con 38 tribunales; la agraria, con 21 tribunales, y se incrementó la laboral, que en la actualidad totaliza 335 tribunales.
ONG
En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces titulares. Más de 60% actualmente son provisorios, es decir, no tienen estabilidad en sus cargos y son susceptibles de presiones extrajurídicas indebidas.
En 2009 ingresaron en la Defensa Pública 139.271 causas penales y fueron concluidas 25.965.
En los casos de ejecución extrajudicial existe una situación de impunidad debido a que las investigaciones quedan a cargo de compañeros de trabajo de los victimarios.
De 9.224 denuncias de presunta violación de derechos humanos en 2009, la Fiscalía sólo acusó en 315 (3,28%).
Las agresiones permanecen impunes
Alejandro Álvarez no quisiera recordar el 13 de agosto de 2009 cuando él y otros 12 periodistas de la Cadena Capriles fueron brutalmente golpeados por protestar contra del cierre de 32 emisoras de radio.
"Por los golpes y la indignación estuve intranquilo durante los días siguientes. Todavía no entiendo por qué la intolerancia llega a tales extremos", dice el reportero.
Tampoco entiende por qué la agresión que sufrieron permanece impune. Del ataque a los comunicadores sociales sobraban pruebas documentales, por lo que fue relativamente sencillo identificar a los agresores. La Fiscalía imputó por el delito de lesiones graves a Gabriel Jess Uzcátegui Beaumont, quien sólo estuvo detenido una semana.
El Ministerio Público solicitó la captura de José Enrique Vásquez y Luis Santana, pero nunca fueron apresados.
Las organizaciones no gubernamentales presentes en Ginebra para el Examen Periódico Universal registraron 221 ataques y agresiones a periodistas y medios durante 2010, mayoritariamente a manos de presuntos simpatizantes del Gobierno. "El patrón generalizado de esos hechos es la ausencia de investigaciones y la impunidad", se indica en el informe de la coalición Conapro.
El Nacional
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