miércoles, 2 de noviembre de 2011

Sin derecho a la salud

Su abogada advierte que Henry Vivas padece de 18 patologías y algunas pudieran convertirse en cáncer. Piden medidas humanitarias frente a lo que consideran una "condena a muerte" y una "tortura". La defensa del comisario exige que jueza defienda la Constitución.

El comisario Henry Vivas, detenido en el Sebin desde 2004, y su defensa continúan a la espera de que la jueza Lorena Moreno se pronuncie acerca de la solicitud de una medida humanitaria, pues el reo padece de 18 patologías.

"El proceso ha sido diferente que el resto de los casos porque, como no tiene cáncer, la jueza ha tenido dudas para darle la medida humanitaria. El viernes pasado fijó una audiencia con la Fiscalía y el médico forense, quien explicó todas las patologías y dijo que hay que intervenir cinco de ellas. La fiscal no dijo que se opone o no, sino que solicitó que se fije un lapso a los funcionarios de la policía para que lleven al comisario a que se practique las operaciones, vigilen el postoperatorio, lo saquen todos los días al aire libre, le den comida sana y garanticen que haga actividades físicas", relata la abogada Theresly Malavé.

La defensora de Vivas asegura que lo que propuso el Ministerio Público "no se puede realizar en ninguna cárcel del país porque la dinámica del sistema penitenciario no lo permite. Menos lo van a hacer en la Disip porque sólo los sacan 24 horas al año a tomar sol, por eso tienen la piel amarilla".

A pesar de que la opinión de la Fiscalía "no es vinculante", dice Malavé, la juez no ha opinado; se está reservando tres días hábiles para emitir el pronunciamiento que será el miércoles.

"La juez como juez constitucional ante todo tiene que hacer respetar la Constitución y sabe que el MP no está garantizando verdaderamente el derecho a la salud. Como defensores le pedimos que se separe de la opinión fiscal. Si no accede a otorgarle la medida humanitaria, interpondremos una acción de amparo. Si la declaran sin lugar, porque es la misma Corte de Apelaciones que siempre niega lo que pedimos, lo estarían condenando a muerte. También tendremos que denunciar el caso ante la Comisión del Delito de Tortura porque constituye tortura", sostiene.

PODRÍA COLAPSAR 
Seis condiciones médicas destacan en el complicado diagnóstico médico del comisario Vivas. Padece de glaucoma en ambos ojos, que lo puede conducir a perder por completo la vista si no se trata constantemente. También, sufre de tinnitus, padecimiento en un oído que le produce un ruido fuerte, por lo que ha perdido parte de la audición.

En su colon se encontraron pólipos premalignos, por los cuales necesita ser operado porque puede convertirse en cáncer. Similar condición tiene en el esófago, donde el Síndrome de Barrett antecede a un cáncer. Por si fuera poco, el ex policía presenta un tumor en la garganta y sufre de rinitis.

Tal Cual Digital

lunes, 17 de octubre de 2011

En cuatro años se han registrado 1.193 homicidios en Barinas

Precandidato a gobernador de Barinas, considera que la entidad que durante una década le ha confiado el mandato al padre y hermano del Presidente Chávez, "ha contribuido enormemente para que Venezuela, sea uno de los países con mayor índice de homicidios en Latinoamérica".

Barinas - Desde el mes de diciembre del año 2008 cuando Adán Chávez recibió de manos de su padre la Gobernación de Barinas, hasta la semana pasada del mes de octubre de 2011, en esta región se han registrado la muerte de forma violenta de 1.193 ciudadanos. 
Andrés Eloy Camejo, precandidato a gobernador de Barinas por el partido Acción Democrática, presentó este domingo un informe relacionado con la inseguridad donde refleja las cifras que colocan a esta región, como una de las más violentas de Venezuela. 

Dijo que Adán Chávez se estrenó como gobernador con una cifra de 58 homicidios ocurridos en diciembre del año 2008, y en el año siguiente, durante los doce meses el total de asesinatos estuvo en 457, tomando en cuenta únicamente los casos que fueron reflejados en la prensa regional. 

"En lo que va de año 2011, tenemos los números trágicos en 298 muertes violentas, pero aparte de estas cifras también es preocupante la forma cómo los ciudadanos están perdiendo la vida en manos del hampa", agregó. 

Camejo recordó que la semana pasada, la estudiantes de la Unellez, Andreína Rangel, falleció tras saltar de una unidad de transporte público, atemorizada, para evitar ser atracada. 

El precandidato a gobernador de Barinas, considera que la entidad que durante una década le ha confiado el mandato al padre y hermano del Presidente Chávez, "ha contribuido enormemente para que Venezuela, sea uno de los países con mayor índice de homicidios en Latinoamérica". 

Destacó que un equipo multidisciplinario de AD en Barinas, elaboró un estudio relacionado con el problema de la inseguridad para determinar las causas que conllevan a que en esta entidad la calle le pertenezca al hampa, y encontraron que desde febrero de 2009 a diciembre de 2010, el secuestro en Venezuela ha aumentado un 470% y los homicidios un 280%. 

"Esto ha pasado en el país, a pesar de que el Gobierno del Presidente Chávez, ha implementado 17 planes de seguridad durante 13 años", añadió. 

Cuando hay omisión 

Para el abogado Rafael Mítilo la situación de inseguridad en Barinas, obedece más a un problema por falta de voluntad en combatir la delincuencia, que por un caso de orden técnico, por lo que, toda la responsabilidad recae en el gobernador Adán Chávez. 

El penalista Omar Gatrif, asegura que el mandatario barinés ha dejado como letra muerta la Constitución en los artículos 43, 55 y 164 numeral 6, porque "se ha violado el derecho civil a la vida, porque el Estado no le ha garantizado al ciudadano la protección y en la entidad es una atribución del gobernador organizar la policía para un servicio efectivo". 

El jurista aclaró que la presentación de un informe y las cifras en materia de inseguridad en Barinas, "no corresponde a que estamos atacando al gobernador, sino que el estamos reclamando para que cumpla con sus funciones". 

Hace tres días el presidente del Consejo Legislativo de Barinas, Miguel Ángel León, justificó que el gobernador Adán Chávez se encontraba en Cuba con permisos ajustados a la ley, pero para el buró adeco "él fue elegido para que trabaje por el beneficio de quienes lo eligieron".

El Universal

viernes, 7 de octubre de 2011

Cualquier juez puede correr la misma suerte de Afiuni

Hoy Venezuela se someterá por primera vez al Exámen Periódico Universal de la ONU. Evaluarán la situación de los derechos humanos

El 11 de diciembre de 2009, cuando el presidente Hugo Chávez instó a las autoridades judiciales a aplicar la pena máxima de 30 años a la jueza María Lourdes Afiuni, también enviaba un mensaje al resto de los jueces. "Miren lo que le puede pasar al que se atreva a contrariar los intereses del Gobierno", podría resumirse la advertencia.

La jueza Afiuni liberó al empresario Eligio Cedeño y desató la furia del jefe del Estado. En menos de 24 horas estaba presa y sin verdaderas garantías de defensa.

La injerencia indebida del Poder Ejecutivo en el Judicial había sido verificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de agosto de 2008, cuando dictó sentencia en el caso de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que fueron defenestrados de sus cargos por tomar decisiones que incomodaron al Gobierno, entre ellas la exigencia de credenciales a los médicos cubanos de la Misión Barrio Adentro.

En dos fallos posteriores, el máximo tribunal hemisférico volvió a condenar a Venezuela por la destitución arbitraria de dos jueces: María Cristina Reverón y Mercedes Chocrón. En ambos casos se ratificó que la mayor debilidad del Poder Judicial venezolano consiste en la falta de estabilidad y de autonomía de los jueces, pues más de 60%, según reconocen las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, ejercen sus cargos de manera provisional. En pocas palabras, pueden ser removidos de un plumazo.

En el acto de apertura del año judicial 2011, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, reveló que en 2010 "se dejaron sin efecto 67 nombramientos de jueces provisorios o temporales, y se suspendieron cautelarmente 40 jueces titulares".

Dos formas de remover jueces sin mayor trámite. Morales también informó que el año pasado fueron designados 206 jueces provisorios, 858 jueces temporales y 315 jueces accidentales. Todos de libre nombramiento y remoción.

Más grave que la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es la adhesión de las autoridades del sistema de administración de justicia al proyecto político que lidera el presidente Chávez.

El discurso de orden del acto de apertura del año judicial 2011 estuvo a cargo del magistrado Fernando Vegas Torrealba, quien se refirió al jefe del Estado como "comandante presidente".

Vegas Torrealba fue claro al dar instrucciones a la mayoría de los 1.910 jueces del país que estaban concentrados en la sede del máximo juzgado del país: "Este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tribunales de la República deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del socialismo bolivariano".

La falta de independencia judicial no sólo afecta a los operadores del aparato jurídico del Estado, sino a todos los ciudadanos que no cuentan con suficientes garantías de imparcialidad en la tramitación de sus causas.

Para mayor desamparo, la posibilidad de obtener justicia fuera del país se aleja con el repetido desacato a las sentencias de los tribunales internacionales, como acaba de ocurrir con el fallo a favor del ex alcalde Leopoldo López.

A propósito del Examen Periódico Universal nadie podría asegurar que el Estado venezolano va a cumplir los compromisos que adquiera en la ONU.

Derechos y reveses

El Poder Judicial ha realizado procesos de reestructuración, evaluación y capacitación que le han permitido contar en la actualidad con 1.910 jueces, 6,6 por cada 100.000 habitantes.

El TSJ inició desde 2007 el Programa de Tribunales Móviles. En 2010, el programa totalizaba 10.773 asesorías.

Se han creado nuevas competencias: la de niños y adolescentes, para un total de 164 tribunales; la de protección a la mujer para una vida libre de violencia, con 38 tribunales; la agraria, con 21 tribunales, y se incrementó la laboral, que en la actualidad totaliza 335 tribunales.

ONG

En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces titulares. Más de 60% actualmente son provisorios, es decir, no tienen estabilidad en sus cargos y son susceptibles de presiones extrajurídicas indebidas.

En 2009 ingresaron en la Defensa Pública 139.271 causas penales y fueron concluidas 25.965.

En los casos de ejecución extrajudicial existe una situación de impunidad debido a que las investigaciones quedan a cargo de compañeros de trabajo de los victimarios.

De 9.224 denuncias de presunta violación de derechos humanos en 2009, la Fiscalía sólo acusó en 315 (3,28%).

Las agresiones permanecen impunes

Alejandro Álvarez no quisiera recordar el 13 de agosto de 2009 cuando él y otros 12 periodistas de la Cadena Capriles fueron brutalmente golpeados por protestar contra del cierre de 32 emisoras de radio.

"Por los golpes y la indignación estuve intranquilo durante los días siguientes. Todavía no entiendo por qué la intolerancia llega a tales extremos", dice el reportero.

Tampoco entiende por qué la agresión que sufrieron permanece impune. Del ataque a los comunicadores sociales sobraban pruebas documentales, por lo que fue relativamente sencillo identificar a los agresores. La Fiscalía imputó por el delito de lesiones graves a Gabriel Jess Uzcátegui Beaumont, quien sólo estuvo detenido una semana.

El Ministerio Público solicitó la captura de José Enrique Vásquez y Luis Santana, pero nunca fueron apresados.

Las organizaciones no gubernamentales presentes en Ginebra para el Examen Periódico Universal registraron 221 ataques y agresiones a periodistas y medios durante 2010, mayoritariamente a manos de presuntos simpatizantes del Gobierno. "El patrón generalizado de esos hechos es la ausencia de investigaciones y la impunidad", se indica en el informe de la coalición Conapro.

El Nacional

jueves, 1 de septiembre de 2011

Corte IDH sigue debatiendo hoy caso de inhabilitaciones

Uno de los magistrados dijo que "la discusión va avanzando" y aseguró que entre hoy o mañana debe haber un pronunciamiento, descartando de plano la posibilidad de que este asunto sea diferido hasta el próximo período de sesiones del tribunal que se celebra en octubre. Sobre la fecha en la que se dará a conocer no hay precisión.

Bogotá.- Una mañana y una tarde no fueron suficientes para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está sesionando en esta ciudad colombiana, decidiera si la inhabilitación que la Contraloría General de la República le impuso al exalcalde de Chacao, Leopoldo López, violó o no su derecho fundamental a elegir y a ser elegido, y por ello los magistrados del tribunal continental volverán a reunirse hoy para despejar la incógnita. 

"Este es un tema muy entretenido", bromeó uno de los miembros del organismo, quien acto seguido, y en tono más ceremonial, explicó que "este es un asunto complicado, que tiene muchas aristas e implicaciones en la región y, por ende, requiere de un estudio cuidadoso". 

Entretanto, otro de los magistrados se limitó a decir que "la discusión va avanzando" y aseguró que entre hoy o mañana debe haber un pronunciamiento, descartando de plano la posibilidad de que este asunto sea diferido hasta el próximo período de sesiones del tribunal que se celebra en octubre. 

A eso de las 9:00 de la mañana de ayer, los jueces Diego García-Sayán (presidente), Manuel Ventura, Margarette May Macaulay, Rhadys Abreu, Alberto Pérez y Eduardo Vio Grossi se encerraron en el salón El Cedro del hotel Embassy Suites, de Bogotá, ciudad en la que la Corte se encuentra reunida estos días, para analizar el proyecto de fallo. 

Sobre el contenido del mismo nada ha trascendido. 

No obstante, expertos en materia de Derechos Humanos, como el catedrático Héctor Faúndez, dan por descartado que el juzgado dará la razón a Leopoldo López, pues la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que solamente a través de una decisión judicial se le puede impedir a un ciudadano la posibilidad de votar y de postularse a una elección.  Al exalcalde López lo sancionó el fallecido contralor Clodosbaldo Russián y no ha sido enjuiciado. 

A tener paciencia 

Sobre la fecha en la que se dará a conocer el pronunciamiento de la Corte Interamericana, fuentes de la misma indicaron que ello podría producirse en aproximadamente 15 días o máximo un mes. 

"Una vez que decidamos, pues hay que dar un tiempo para que se hagan las correcciones que formuladas por los magistrados y dar tiempo para que quienes disientan de parte o toda la decisión entreguen sus votos concurrentes o salvados. Luego hay que notificar a las partes (Estado, Comisión Interamericana y víctima) antes de difundirla", se explicó. 

Ayer, el hotel Embassy Suites, ubicado en el sector Chapinero, donde se han reunido los magistrados del tribunal continental, se encontraba fuerte mente custodiado por agentes de la Policía Nacional de Colombia. 

El Universal

martes, 30 de agosto de 2011

Human Rights Watch pide protección para Humberto Prado

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Prado recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda.

Caracas.- Human Rights Watch (HRW) solicitó al presidente de la República, Hugo Chávez, que ofrezca protección a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que exige a las autoridades venezolanas que protejan a Prado de posibles ataques.

Prado, quien ha denunciado la situación precaria de muchas de las cárceles venezolanas ha recibido numerosas amenazas en los últimos meses.

Recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda, por lo cual recibió las amenazas. "El gobierno venezolano debería adoptar pronto medidas concretas para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", reiteró el comunicado de HRW.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le había dicho a Venezuela en 2009 que protegiera a Prado" destacó la agencia AP.

"José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, criticó enérgicamente a las autoridades por condenar a Prado por hacer una evaluación negativa a los esfuerzos del gobierno para tranquilizar los penales mediante el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para retomar el control de las prisiones, un movimiento que desató tiroteos mortales contra los presos amotinados", apuntó la información de AP.

"La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable", dijo Vivanco en un comunicado. Se agrega que "en lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias".

El Universal

lunes, 1 de agosto de 2011

Ligia Bolívar: Venezuela no tiene meritos para cargo en la ONU

La directora de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, asegura que María Lourdes Afiuni está siendo víctima de trato cruel por parte del juez Alí Paredes y del Poder Judicial. "Le han negado su derecho a la salud y le prohíbe tomar sol y ejercitarse. Eso es tortura y trato cruel", dijo.

La socióloga y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Ligia Bolívar, es tajante al decir que el Poder Judicial no necesita de un exhorto presidencial para otorgar medidas humanitarias que están contempladas en las leyes. "Esto no es un juego o una medida de gracia que debe esperar a que un personaje dé una orden en cadena de radio y televisión. Esta es una obligación del Estado para los presos comunes y políticos que están en un riesgo inminente por su estado de salud".

Cuando se trata del tema de María Lourdes Afiuni, la especialista en Derechos Humanos, no duda en calificar de "atroz y aberrante" todo lo que ha sucedido. "La situación de la jueza es insostenible en un país con un Gobierno violador de los derechos humanos y que aspira a sentarse en una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en igualdad de condiciones con otros países".

Asegura que su equipo de colegas junto a la defensa de la juez se mantiene en pie de lucha para lograr su libertad y el respeto no sólo a los derechos humanos de Afiuni y todos los presos políticos del país, sino a los convenios y reglamentos internacionales que han sido suscritos por Venezuela.

-El Poder Judicial asegura que a la jueza Afiuni no le corresponde medida humanitaria porque ya ella está en su domicilio y se le garantizó su tratamiento, luego de la operación por una afección de útero. ¿Por qué solicitar la libertad condicional?

-Las medidas humanitarias no las declara el Presidente de la República por televisión, eso está contemplado en el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y eso ha debido hacerlo el Poder Judicial con todos los presos comunes y no comunes de este país desde hace muchísimo tiempo. El problema está en que Afiuni tiene una serie de restricciones diferentes a una persona común y corriente para acceder a los servicios médicos y ella necesita con urgencia hacerse los exámenes necesarios para determinar si tiene cáncer o no. Lo que dicen las normas de Naciones Unida con respecto a las personas en prisión es que la única sanción que tienen es la de estar privado de libertad, no de la salud, no de la educación, no del ejercicio, no de la exposición al sol, no de ninguno de los otros derechos.

Es una irresponsabilidad que una persona que asistió al Oncológico Padre Machado para algunos controles, nadie le haya hecho un examen para determinar qué es lo que tiene en el seno. Es cierto que lo del útero se resolvió, vía cirugía porque la mujer estaba en una situación muy grave por una hemorragia permanente que puso en riesgo su vida pero no se le ha permitido una biopsia, una mamografía. Además, en la actualidad necesita un tratamiento que depende del capricho de un juez que decide en qué momento la autoriza o no para salir y que ha llegado al extremo de no permitirle cumplir una obligación que él mismo le impuso, la presentación cada 15 días ante los tribunales.

-La defensa ha agotado recursos y documentos en las instancias nacionales y en el ámbito internacional, hasta el filósofo norteamericano y seguidor de la revolución, Noam Chomsky se ha pronunciado a favor de Afiuni ¿Qué recursos quedan para lograr la libertad de la jueza, tomando en cuenta la actitud del Gobierno de no ceder a ningún argumento?

-Afiuni es el único caso en el mundo de privación de libertad de un juez por tomar una decisión autónoma en cumplimiento de una resolución de un órgano de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y eso a la institución internacional le ha generado conflicto e indignación porque no pueden permitir que este tipo de situaciones sean ejemplo para otros países. Esa es la razón principal por la cual se ha logrado la movilización y el repudio de toda la comunidad, algo que el Estado venezolano pareciera no entender.

Además, en este momento Venezuela aspira a una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la pregunta que la comunidad internacional tiene que hacerse es si el Estado venezolano tiene los méritos para sentarse en igualdad de condiciones con otros países, cuando tiene un record en violación a los derechos humanos y el ejemplo más palpable es el de Afiuni y de otros presos políticos.

Por parte de la defensa y de las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en Venezuela, seguiremos trabajando y agotando hasta lograr la libertad de la jueza y el respeto a las normas y reglas establecidas por organismos internacionales y suscritos por nuestro país.

-¿Cuáles son los elementos para considerar que Afiuni está siendo víctima de tortura, de acuerdo a la Convención Mundial Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes?

- La Convención Mundial se refiere a tres categorías: tortura, trato cruel, inhumano y degradante y penas crueles, inhumanas y degradantes. La tortura es cuando ocasionas un sufrimiento mediante el dolor físico y psicológico a una persona con una intención determinada para obtener información. Hay que dejar claro que la jurisprudencia internacional para separar lo que es tortura de tratos crueles no es muy clara. No existe la definición propiamente de ambas categorías, lo que existe es la doctrina que establece que aunque hay ciertas situaciones que no constituyen tortura, de todas maneras ocasionan un sufrimiento mental o físico que puede generar secuelas en la salud de las personas. Las penas son sanciones que por su grado de acción se consideran crueles.

En el caso de la jueza Afiuni, estamos hablando de la categoría de trato cruel, porque ha sido y es sometida a unas condiciones de detención que son distintas a las normales. En la cárcel donde estaba la jueza todas las presas tenían acceso al sol y ejercicio, ella no. Nunca tuvo ni tiene contacto directo con la luz solar. Eso trae como consecuencias un deterioro en el organismo, infringido por la autoridad que le está impidiendo un desarrollo similar al del resto de las personas.

Otros elementos que se consideran dentro de la categoría de tortura y trato cruel es la denegación de atención médica y el acceso a los resultados de exámenes médicos. Afiuni en reiteradas oportunidades ha sido víctima de ambas situaciones. Se le ha negado su derecho a la salud, se le ha retardado el tratamiento por todas las afecciones que presenta y por si fuera poco el juez Paredes, haciendo uso abusivo de su poder, le niega los resultados de las pruebas médicas tanto a la defensa como a su familia. Eso es tortura y trato cruel que le ha traído como consecuencia problemas físicos y psicológicos a la magistrada.

-Dice el Gobierno que la jueza Afiuni no es una presa política ¿Qué le responde?

-Le respondería con otra pregunta: ¿Por qué hay sólo dos personas en este momento que están silenciada por orden judicial y son precisamente Lázaro Forero y María Lourdes Afiuni? Todos los demás presos del país pueden hablar ¿Por qué ellos no pueden hacerlo? ¿A qué le temen?

-Por todos los acontecimientos que se han suscitado en el año y 7 meses que lleva Afiuni privada de su libertad, donde Alí Fabricio Paredes a jugado el rol de "verdugo" ¿No corresponde denunciarlo ante las instancias internacionales y nacionales?

- La defensa ha presentado quejas no sólo del trato de Paredes hacia Afiuni, sino de Venecci Blanco y de la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Isabel González. Esas denuncias están en Fiscalía el problema es que la institución no las ha procesado ni lo hará porque toca intereses gubernamentales.

-¿Qué delito cometió Afiuni para ser condenada por el Presidente de la República en cadena de radio y televisión?

-Meterse con un trofeo de Hugo Chávez: El ex banquero Eligio Cedeño.

El Universal

martes, 26 de julio de 2011

Fiscal aclara que libertad solo se otorgará a enfermos graves

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, pidió no crear "falsas expectativas" entre los privados de libertad que no cumplen con las condiciones para otorgar el beneficio de casa por cárcel.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló con respecto al beneficio de casa pór cárcel que se ha anunciado para los privados de libertad con problemas de salud que se están creando falsas expectativas entre quienes no cumplen con las condiciones previstas para otorgar el beneficio.

Reiteró que si el tema se maneja de manera irregular "todos creen que van a salir". Aclaró que las medidas solo son para los condenados y aquellos que tengan enfermedades graves o en fase terminal, solo el detenido que cumpla con estas características podrá estar en las listas de evaluación de los casos. "No queremos crear falsas expectativas", insistió.

Explicó que se debe actuar de acuerdo a un protocolo porque los internos deben ser evaluados por médicos forenses asignados por el Ministerio de Interior y de Justicia para determinar su condición física real.

Detalló que los pasos a cumplir son en un primer orden la evaluación del médico forense asignado por el ministerio posteriormente la revisión de un médico especialista y finalmente se lleva el expediente médico al juez para que decida la medida que va se va a tomar.

Informó que hasta ayer le habían llegado 9 listas de presos para su evaluación al tiempo que aseguró que no se darán tratos preferenciales en la consideración de los casos y en el otorgamiento del beneficio. "Aquí no hay distinción, todos serán tratados por igual".

Han acordado con la ministra de Salud, Eugenia Sader, para los reclusos que sí presentan un cuadro delicado de salud y no cuentan con los recusos para su tratamiento el Estado pueda garantizárselo.

El Universal