Siete años, seis meses y 22 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir, violación a la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo.
Tan dura, injusta y violatoria de los principios constitucionales del derecho a la protesta como la que meses antes en ese mismo recinto se dictó contra los dirigentes sociales mineros de Tumeremo Carlos Chancellor y William Saud. Casi exactamente la misma condena.
Cortada por la misma tijera. Buscando afirman los que denuncian el mismo objetivo: infundir temor, provocar miedo y silencio, promover sumisión y liquidar los derechos laborales a la protesta.
La inmediata reacción de buena parte de la dirigencia sindical de Guayana fue de indignación y repulsa. En cambio, la mayoría de los dirigentes laborales del PSUV guardaron total silencio, temerosos quizás de ser objeto de represalias desde el poder.
"Rubén González es un preso del Estado venezolano. Esto lo califica como un preso político", decía al borde de la ira, Benjamin Moreno, dirigente del sindicato de profesionales de Ferrominera y quien pese a ser del PSUV ha sido frecuente crítico de la desastrosa situación y manejo de la empresa. "No puede ser que existan chavistas buenos y chavistas malos", remató.
"Es la criminalización de la protesta. Algo inaceptable y violatorio de la Constitución", señaló José Luís Morocoima, secretario general del sindicato de Bauxilum, independiente y del sector democrático, mientras Henry Arias de SintraAlcasa anunciaba reuniones para protestar y hacer sentir el repudio.
También se manifestó José "Acarigua" Rodríguez, ex presidente de Sutiss y director laboral quien señaló que "el gobierno se ha definido como contrario a la clase trabajadora".
TELEFONAZO ME TIENE PRESO
A Rubén González lo entrevistamos para nuestro espacio radial Público & Confidencial en Puerto Ordaz. Se mostró sereno y firme. Nunca lució abatido. Mucho menos arrepentido aunque si adolorido por el sentimiento de "mi adorada esposa con quien tengo 33 años de casado, por mis 4 hijos y mis cinco nietas que esperaban otra cosa".
El líder sindical, con 25 años de trabajo en Ferrominera fue enfático: "Hice mi trabajo. Hice lo que tenía que hacer. Uno se debe a los intereses de los trabajadores y no para adosar intereses partidistas. Sería traidor si le hubiera dado la espalda a los trabajadores".
Advierte que la medida es "un adefesio jurídico. A mi me tiene preso un telefonazo. Un teléfono dictamina y un teléfono condena". Desgrana entonces todos los elementos del contrato colectivo que para la fecha estaba recién homologado pero violado y que casi dos años después siguen igual de incumplidos porque la empresa dice que "no tiene dinero, cuando para que Chávez autorizara la homologación, el presidente de la empresa firmó una carta asegurando tener los recursos para cumplir".
Se pregunta: ¿Acaso yo podía caerle a golpes a los trabajadores para que no fuesen a trabajar simultáneamente en las cinco minas del sector en Ciudad Piar?" y recuerda que la empresa firmó un acta aceptando cumplir y asegurando que no habría represalias. "Yo no soy chavista, soy revolucionario, No sigo a un hombre sino a ideas y principios. Al único que sigo es a Jesucristo. Yo apoyé este proceso pero no voy a traicionar a los trabajadores y al pueblo. ¿Acaso yo tenía que quedarme callado? Un país no se construye en base a sembrar temor. No puedo compartir la criminalización de la protesta. Estoy tranquilo con mi conciencia. Puedo dormir tranquilo porque cumplí con mi deber".
Tal Cual Digital
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