Nosotros, Agente (PM) Erasmo Bolívar, Dtgdo. (PM) Luis Molina Cerrada, C/1ro (PM) Arube Pérez Salazar, Sub.Com. (PM) Marco Hurtado, (PM)Héctor Rovain. S/ Mayor. (PM) Julio Rodríguez, Silvio Mérida Ortiz, Cap. Otto Gebauer, Com. Juan Bautista Guevara Pérez, Com. Otoniel José Guevara, Com. Rolando Jesús Guevara, Com (PM). Lázaro Forero, Com (PM). Henry Vivas, Com. Ivan Simonovis, Gral. Felipe Rodríguez, Gral. Delfín Gómez Parra, Gustavo Arráiz, Asdrúbal Lugo, Mario Martínez, John Pernia, Juez. María Lourdes Afiuni, Ing. Alejandro Peña Esclusa, Dip. Jose Sanchez (Mazuco) y Dip. Biagio Pilieri. Presos Políticos Venezolanos del régimen de Hugo Chavez Frias; en virtud de las declaraciones realizadas por la ciudadana Ministra Trinidad Jimenez, emitimos el siguiente pronunciamiento:
El día 02 NOV10 en Madrid, en una sesión del Senado Español, el Senador Iñaki Anasagasti del Partido Nacionalista Vasco (PNV), solicita a la Ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, Ciudadano (a). Trinidad Jiménez, que el gobierno de España al igual que se hizo con Cuba, tramite ante Caracas la liberación de los presos políticos venezolanos.
Ante el requerimiento hecho por el Senador, la Ministra Jiménez respondió con las siguientes aseveraciones: “La defensa de los Derechos Humanos es una de las prioridades de la política exterior española, como también lo es la cuestión de la liberación de los presos políticos.”
Señaló que “a diferencia de lo que ocurre en otros países, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no tienen catalogado como preso político a ningún preso en Venezuela”.
Reconoció igualmente que existen “presos por causas penales acusados de haber participado en el golpe de estado de 2002 o por posible corrupción que son considerados como presos políticos por la oposición venezolana pero no por estas organizaciones”. Añadiendo que este criterio “es el que hemos utilizado para tratar de presos políticos en el caso de otros países”.
Insistió que “El concepto de preso político es algo que viene determinado por las organizaciones internacionales de Derechos Humanos y ninguna tiene catalogado ningún preso político en Venezuela”. En cuanto al caso de la jueza Afiuni, Jiménez ha señalado que fue condenada “aplicando la legislación vigente en Venezuela”.
Ante las aseveraciones de la mencionada Ministra, los Prisioneros Políticos Venezolanos del Régimen de Hugo Chávez se permiten puntualizar los siguientes aspectos:
1- La defensa de los Derechos Humanos debe ser la prioridad natural de cualquier Estado que se precie de ser democrático; y el ser democrático implica el cumplimiento de los principios fundamentales que este sistema de convivencia social conlleva, siendo uno de los mas importantes, la sana separación de los poderes que conforman la institucionalidad de un Estado.
2- En Venezuela, la separación de poderes no existe; todos los poderes que integran el Estado Venezolano están en la actualidad bajo el dominio del Ejecutivo. Vale decir, los Poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Moral obedecen genuflexos las órdenes del Presidente de la República. Acción que se suma a las numerosísimas violaciones a la Constitución Venezolana vigente.
3- Siendo la Ministra Jiménez tan fervorosa creyente de las organizaciones no gubernamentales que menciona, y para hablar en su mismo idioma, se transcriben trozos del Informe Anual del 2008 de Human Rights Watch y que atañen a los numerales anteriormente enunciados:
"Venezuela: Derechos socavados bajo Chávez:
Discriminación política e instituciones democráticas debilitadas caracterizan su presidencia. (Caracas, 18 de septiembre de 2008) En sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos en Venezuela, señala Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Ante la ausencia de un control judicial creíble, el gobierno de Chávez ha aplicado, sistemáticamente, políticas discriminatorias que han limitado el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.
Discriminación política: La discriminación por motivos políticos ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. El gobierno de Chávez ha implementado prácticas discriminatorias, en contra de sus opositores políticos y críticos. En algunas oportunidades, el Presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. De manera generalizada, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos independientemente de que tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.
Los tribunales de justicia: Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el manifiesto desprecio del principio de separación de poderes y, en especial, de la idea de que un poder judicial independiente es indispensable para la protección de los derechos fundamentales en una sociedad democrática. Después del golpe de 2002, la violación mas grave del estado de derecho en Venezuela fue el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por parte de Chávez y sus partidarios en 2004, que logró neutralizar al poder judicial como rama independiente del gobierno. Desde su intervención política el 2004, el tribunal repetidamente ha abdicado de su papel como contralor del accionar arbitrario del estado y garante de los derechos fundamentales."
4- Allí claramente se hace alusión al Poder Judicial Venezolano bajo el Régimen de Hugo Chávez y su "particular" concepción de la Democracia. Y así, orientando mas específicamente hacia el tema que nos ocupa, se detecta la herramienta que utiliza el Régimen para neutralizar a sus opositores: la administración de la Justicia Penal Venezolana.
5- Esta Justicia Penal Venezolana esta caracterizada por :
-Dependiente y política.
-Plegada al amo del poder.
-Al servicio de una ideología y no del Derecho y de la Justicia.
-Reinventora del Derecho de acuerdo a los intereses del Régimen.
6-El "modus operandi" de esta Justicia Penal es la selectividad victimizante: todo ciudadano es inocente hasta el momento en que se oponga o le sea incómodo al Régimen. Una vez ocurrido esto, el aparato judicial, léase Ministerio Publico y Tribunales, se ponen en movimiento y mediante artilugios legales, el incómodo o disidente es convertido en delincuente.
7- Esta Justicia Penal fanatizada y parcializada es la que ha llevado a prisión o al exilio a muchísimos venezolanos y ha ido desde encauzar inocentes para culparlos por crímenes cometidos por el mismo Régimen, caso 11ABR, caso fiscal Anderson, hasta encarcelar por delitos de opinión, casos Alfonso Martínez, Uson Ramirez, Alvarez Paz y Peña Esclusa; pasando por innumerables juicios y medidas restrictivas de la libertad para neutralizar a opositores "peligrosos". La lista de perseguidos políticos, prisioneros o exiliados, es bien larga y suficientemente sustentada legal y fácticamente a nivel nacional e internacional, y es la que la Ministra Jiménez pretende desconocer.
8- Cada una de las causas penales seguidas a las víctimas de la persecución política del Régimen de Hugo Chávez esta plagada de las mas variadas aberraciones legales y violaciones al debido proceso que se puedan concebir, siendo una de ellas la imputación por delitos comunes como pantalla, evadiendo la verdadera causa del acoso político, y la utilización de los falsos positivos: "siembra", testigos estrellas y pruebas amañadas. La aseveración de la Ministra Jiménez de que en Venezuela lo que existen son presos comunes por causas penales o corrupción, responde a la estrategia manipuladora del Régimen, exitosa como el expresar de ella lo certifica.
9- Coincidencialmente, ante la cara de la justicia y la opinión publica española, han explotado casos que relacionan al acontecer delincuencial de ese país ibérico con nuestras causas.
Y no nos referimos a las violaciones al Derecho a la vida y a la Propiedad que sufren sus connacionales en Venezuela sin que el Gobierno de Zapatero se refiera a esto.
Nos dirigimos a la relación de nuestras causas y su instrucción penal con el flagelo internacional del Terrorismo.
10- Valga la pena el símil. Acreditado como embajador de Venezuela ante el Reino de España, encontramos al Ciudadano. Julian Isaías Rodríguez, ex Fiscal General de la República, quien durante su gestión al frente del Ministerio Público Venezolano fue el arquitecto de la mayoría de los procesos legales fraudulentos de los perseguidos políticos. Bien conocido es en España este personaje, ya que en fecha reciente, ante la confesión de dos etarras capturados en donde afirmaban que en Venezuela habían sido adiestrados en prácticas terroristas por un protegido del Régimen, Arturo Cubillas, puso en entredicho a la Justicia, a la Fiscalía y a los Órganos de investigación criminal españoles al afirmar que esas confesiones habían sido obtenidas mediante torturas. Hilando fino, cabría preguntar a la Ministra Jiménez si aprueba lo expresado en este caso por el ex Fiscal venezolano con la misma vehemencia que afirma que nuestras causas penales instruidas por El, son legales y valederas. Porque sin conocimiento de causa, eso es lo que ha hecho!
A la par, estas declaraciones del ex Fiscal dan mayor solidez a la imagen internacional que existe del Régimen de Hugo Chávez como Mecenas del Terrorismo Internacional. Solo recordemos, refiriéndonos a este siniestro personaje que mora bajo el amparo diplomático en la Madre Patria, que un árbol con las raíces podridas, no puede dar frutos sanos.
Y para no dejar el tema de lado, le expresamos a la Ministra Jiménez que "LA AFIRMACION DE QUE EN VENEZUELA NO EXISTEN PRESOS POLITICOS ES IDENTICAMENTE IGUAL A DECIR QUE LOS ETARRAS NO SON TERRORISTAS!"
En el mas amplio sentido de la afirmación.
Una vez expuesto el hecho que nos ocupa y presentados los alegatos de parte nuestra al respecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:
1- Rechazamos categóricamente lo expuesto por la Cddna. Trinidad Jiménez, Ministra de Relaciones Exteriores y de Cooperación del Reino de España ante el Senado Español y la Opinión Pública Internacional que se refiere a la no existencia de presos políticos en Venezuela por:
A- Evidenciar un total desconocimiento de la realidad política venezolana, lo cual si observamos, coincide con la línea de pensamiento de su antecesor, el Sr Moratinos, y nos lleva a intuir que es una política del Gobernante español, Sr Rodríguez Zapatero, motivada a meros intereses comerciales antes que a la pregonada "Defensa de los Derechos Humanos".
B-Fundamentar sus afirmaciones en la presunta no existencia de la figura de Presos Políticos en Venezuela en dos ONG, fundamento que ponemos en duda, pues basta recordar que el representante de HRW, Sr. Jose Manuel Vivanco, fue violentamente expulsado de nuestro País por denunciar las arbitrariedades del Régimen de Hugo Chávez, la violación de Derechos Humanos bajo su gobierno y la degeneración de la Democracia en Venezuela.
No deja de causar sorpresa el desconocimiento de la declarante, de las denuncias que nuestros Defensores de Derechos Humanos han interpuesto ante organismos e instituciones como el Parlamento Europeo, el propio Senado Español, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos entre otros, quienes en su debido momento han emitido pronunciamientos reconociendo nuestra frágil situación democrática y por ende nuestra existencia.
2- Instamos al Jefe del Gobierno Español a fijar una posición respecto al caso aquí planteado. Es de hacer notar que en la sesión del Senado en donde se presentó la intervención de la Ministra Jiménez, se encontraba El presente.
3- Solicitamos a todas aquellas Instituciones y Organizaciones de cualquier índole y que están al tanto de la situación política de Venezuela a manifestarse públicamente al respecto.
Comunicado suscrito, .... DESDE LAS CARCELES DE VENEZUELA ...
"Nuestra proyección para este año es de 17.600 asesinatos", precisó a la AFP Roberto Briceño León, director del OVV.
No en vano la jueza María Lourdes Afiuni se declaró en desobediencia civil citando el artículo 350 de la Constitución Nacional. 
