martes, 30 de agosto de 2011

Human Rights Watch pide protección para Humberto Prado

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. Prado recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda.

Caracas.- Human Rights Watch (HRW) solicitó al presidente de la República, Hugo Chávez, que ofrezca protección a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

La organización explicó en un comunicado que Chávez debería acatar una orden interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que exige a las autoridades venezolanas que protejan a Prado de posibles ataques.

Prado, quien ha denunciado la situación precaria de muchas de las cárceles venezolanas ha recibido numerosas amenazas en los últimos meses.

Recientemente criticó el manejo de los motines organizados por presos armados en las prisiones de El Rodeo I y II, en Guatire, estado Miranda, por lo cual recibió las amenazas. "El gobierno venezolano debería adoptar pronto medidas concretas para acatar la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", reiteró el comunicado de HRW.

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le había dicho a Venezuela en 2009 que protegiera a Prado" destacó la agencia AP.

"José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, criticó enérgicamente a las autoridades por condenar a Prado por hacer una evaluación negativa a los esfuerzos del gobierno para tranquilizar los penales mediante el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional para retomar el control de las prisiones, un movimiento que desató tiroteos mortales contra los presos amotinados", apuntó la información de AP.

"La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable", dijo Vivanco en un comunicado. Se agrega que "en lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias".

El Universal

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