viernes, 31 de diciembre de 2010
OVV: Venezuela registró 17.600 asesinatos en 2009
"Nuestra proyección para este año es de 17.600 asesinatos", precisó a la AFP Roberto Briceño León, director del OVV.
"Y estas son cifras conservadoras. Aquí no estamos considerando resistencia a la autoridad, que incluye unos 2.000 muertos más, ni tampoco los muertos en este diciembre que ha sido muy fuerte", agregó.
Según Briceño León, del total de fallecidos "entre 4.000 y 5.000 homicidios se registraron en Caracas", una de las ciudades más violentas de la región con "230 homicidios por cada 100.000 habitantes".
"Le siguen a Caracas los estados del centro del país, que son además los más poblados. Es un problema urbano, que afecta principalmente a la gente más pobre", indicó el experto.
Venezuela tiene una población de 29 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El gobierno no entrega cifras de violencia desde hace años y es la prensa la que semanalmente presenta estadísticas sobre crímenes basándose en el número de cuerpos que ingresan a las morgues.
El OVV calculó que en 2009 fueron asesinadas 16.047 personas. Esta cifra es inferior a la que muestra un informe del INE, filtrado a la prensa en agosto, que calculó que en 2009 hubo 19.133 asesinatos en el país.
Según encuestas, la creciente inseguridad es el problema que más preocupa a los venezolanos.
"Es terriblemente alarmante, Venezuela tiene cuatro veces mas homicidios que México. Y no hay una opinión, una respuesta oficial", expresó Briceño.
En enero de 2010, el gobierno declaró una "ofensiva" contra la inseguridad y desplegó dispositivos especiales de seguridad en todo el país.
Globovision
viernes, 17 de diciembre de 2010
Retoman huelga de hambre para exigir pago del hato La Vaca
Carlos Solórzano y sus hermanos, frente a la sede del Consulado de España en Caracas, manifestaron que solo esperan que el Gobierno cumpla con el punto de cuenta del Presidente de la República que ordenaba la indemnización del caso. El monto, que no fue revelado, representaría una muy pequeña fracción del avalúo de Bs 50 millones que la familia Solórzano presentó ante el MAT.
Detalló que el MAT firmó un acuerdo, mediado por el Consulado de España, donde se estableció que antes del 30 de noviembre se cancelarían los compromisos por el hato La Vaca. "En el año 2008 nos dijeron que en 15 días estaría listo el pago. Nos preguntamos dónde está ese dinero que había aprobado el propio Presidente", dijo Solórzano, quien mencionó que ya se había pagado por siete grupos de fincas intervenidas por el Gobierno, mientras que no había avances con el hato La Vaca.
Amenazas y tardanzas
Durante el mediodía de ayer algunos funcionarios del MAT se reunieron con Solórzano. "No hubo ningún avance en el caso. Solo nos dijeron que 'no tomáramos ese camino'" de la protesta y la huelga, aseguró el productor. Al respecto, dijo que "nosotros nos formamos con dignidad y respeto a las leyes, sin tener que humillarse. No tenemos por qué vivir amedrentados".
Los mismos funcionarios que conversaron ayer con Solórzano le informaron que el pago se haría en enero, sin dar mayores explicaciones. A la familia Solórzano, aunque se le asignaron 4.000 hectáreas, en la práctica solo ocupan 400 hectáreas, donde han sembrado arroz y rubros frutales como mango, merey, limón, o guayaba.
El Universal
jueves, 16 de diciembre de 2010
Demoler las prisiones
Sus primeros años los pasó corriendo por los pasillos del retén de Catia, Yare y Tocuyito, o jugando con los niños del barrio La Cochinera, en los Frailes de Catia.
Cuando recién alcanzaba la mayoría de edad, cayó preso por traficar droga y estuvo 10 años detenido. Hoy dedica su tiempo a colaborar con reos y familiares de reos.
"Nadie tiene la oportunidad de elegir su destino ni su familia cuando nace. Yo crecí en una familia con muchos problemas. En los años 80, visitaba siempre a mi hermano en la prisión, donde conocí a muchos presos que me hablaban de su dolor, de sus maldades, de sus virtudes y sus miedos. En los 90, caí preso, fui líder de banda y pastor. Desde que salí, hago trabajos en las cárceles. Tengo 30 años conociendo la realidad del sistema penitenciario".
Así resume su vida Gilber Caro, quien ahora es coordinador nacional de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular y obtuvo el pasado 9 de diciembre la orden Luis María Olaso 2010, por la lucha en la defensa de los Derechos Humanos de los privados de libertad.
–¿Ha habido algún cambio en las prisiones durante los últimos 30 años?
–Las cárceles están igual o peor de deterioradas porque no fueron hechas para Latinoamérica donde hay 500 muertos semanales. Copiaron el modelo europeo, donde hay un asesinato cada año y donde 10 homicidios al año es una alarma. Además, nuestra sociedad está tan dolida que lo que quiere es más venganza que justicia.
–¿Qué se debe hacer entonces para mejorar el sistema penitenciario?
–Nosotros, en nuestra organización, proponemos llevar a cabo lo que denominamos Plan 180, que busca disminuir la delincuencia en dos años. Primero, hay que depurar la policía, sacarla de los barrios y pagarle bien a los funcionarios. Segundo, hay que crear un sistema de prevención en todos los colegios, con buenos profesores educando sobre todo a los niños que crecen en barrios acerca de los valores familiares. Tercero, debe haber un sistema judicial descentralizado, poder tener acceso a un juicio justo y no sufrir retardo procesal. Los gobernadores y alcaldes deben encargarse de sus presos. Cuarto, las cárceles deben ser granjas abiertas de trabajo. Por último, debe haber reinserción social, tema del que nadie habla. Sale un plan de seguridad y sólo hablan de las personas que agarraron, pero no se escucha que se reinsertan a otros 400. Cuando no hay política de reinserción, se fracasa.
–¿Es suficiente que los ex presidiarios se regeneren para que se dé con éxito el proceso de reinserción social?
–No. La sociedad no está preparada para recibir a los presos que cambien o mejoren; no los contratan en empresas. Los mismos presos se tienen etiquetados, se sienten menos que nadie. Cuando se dan cuenta de esto, sienten que lo mejor que pueden hacer es reincidir en el delito que cometieron.
–¿Cree usted que es posible transformar la mentalidad de la sociedad?
–Para lograrlo, hay que crear oportunidades. Por ejemplo, yo tengo un programa que se llama "Dale la mano a tu par" que reinserta a los jóvenes y les consigue trabajo. Es importante que la sociedad conozca los testimonios de estas personas para crear confianza.
FAMILIARES PERJUDICADOS
Vivir la cárcel desde todos los puntos de vista ha hecho entender a Caro que los familiares de los reos padecen las calamidades del sistema penitenciario casi de la misma manera que los propios internos.
"Uno de los Derechos Humanos establecido en la Constitución es el de los niños, la familia y los hogares. La sociedad ve al individuo preso, pero no se da cuenta de que detrás del individuo están el niño y la esposa. La idea es transmitirle a los jóvenes que tienen familia y a la sociedad que el derecho a la familia es para todos. Con esto me refiero a que los derechos de esas personas también están siendo violados", explica.
Por esta razón, el coordinador nacional de las redes penitenciarias de Voluntad Popular maneja la fundación Familias de la Libertad, que busca "rescatar los valores y la dignidad de los familiares de los internos dictándoles talleres de formación y dándoles herramientas para que sean los embajadores de paz dentro de las cárceles".
"Santa va a las cárceles" es el nombre que le da a uno de los proyectos que lleva a cabo y que consiste en llevar más de 2 mil juguetes a los hijos de los reos mientras hacen la fila para poder visitar a sus parientes recluidos.
–¿Qué propone para mejorar las condiciones de las visitas penitenciarias?
–Quiero instalar un botiquín de primeros auxilios para que los familiares tengan asistencia de salud. También sería útil construir establecimientos especiales para que no tengan que hacer colas por horas bajo un palo de agua o durmiendo en la acera de la calle. Hay que tratar de que la familia se sienta cómoda y estable.
–¿Qué considera usted que le ha faltado al Estado para acabar con la tragedia carcelaria?
–Al Estado le ha faltado comprender que las cárceles fracasaron, sincerarse y empezar desde cero. Las prisiones encerradas deben ser demolidas; fueron hechas en lugares calientes. Mientras en otros países cierran cárceles, aquí queremos abrir más. Pareciera que quisiéramos tener una política de más delitos. No creo que empezar desde cero sea muy difícil: es dar una amnistía, perdonar, es tratar de que cuando la persona salga tenga un plan de contingencia para atenderlo, es sincerar el sistema. A los delincuentes hay que encerrarlos en granjas agrícolas, espacios abiertos que les brinden oportunidades de trabajo. Por supuesto que debe ser un lugar delimitado, pero fresco y acondicionado. A las cárceles hay que verlas como formación y no como castigo. También debe haber inversión por parte de las empresas privadas para que éstas manejen parte del funcionamiento de las prisiones y sean quienes den la comida, como en Francia. Los reos deben ganar un dinero por su trabajo para destinarlo a sus familias.
Tal Cual Digital
viernes, 10 de diciembre de 2010
Amnistía Internacional reitera pedido de liberación de Afiuni
Este nuevo pronunciamiento, a través de un comunicado, ocurre a propósito de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos.
A continuación el comunicado:
A un año de su detención arbitraria, Amnistía Internacional reitera el pedido de liberación de la Jueza Afiuni.
Amnistía Internacional considera que la detención de la jueza María Lourdes Afiuni Mora el pasado 10 de diciembre de 2009 es un caso de indebida interferencia política por parte del ejecutivo. Su detención vulnera los Principios Básicos de la ONU relativos a la Independencia del Poder Judicial, adoptados en 1985, que determinan que “[l]os jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad...sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo”.
La jueza Afiuni ha sido acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir”. Su detención se produjo horas después de haber emitido una orden de libertad condicional a favor del banquero Eligio Cedeño. Decisión que se encontraría dentro de su competencia y se ajustaría a las leyes venezolanas que establecen que nadie puede estar detenido a la espera de juicio más de dos años.
La orden de libertad condicional dictada por la jueza en diciembre de 2009 fue condenada públicamente por el Presidente del Gobierno Hugo Chávez. Un año después, la Fiscalía General de la República no habría presentado ninguna prueba fehaciente para sustentar los cargos en contra de la jueza Afiuni.
Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por las consecuencias que este caso pudiera tener en la disposición que puedan tener las y los jueces de Venezuela a extender a todas las categorías de procesados, los beneficios y salvaguardas contempladas en la constitución y las leyes de Venezuela, así como en los convenios internacionales de los cuales Venezuela es parte. El temor de las y los jueces a la falta de aceptación de sus decisiones por parte del Ejecutivo y otras instancias del Estado venezolano y las posibles consecuencias que esto acarrearía, podría afectar la realización de los derechos humanos de la población y la capacidad de los procesados, víctimas y familiares de posibles abusos a los derechos humanos, a obtener justicia y reparación bajo claras normativas preestablecidas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, han insistido que “se ponga a la Jueza Afiuni en libertad inmediata e incondicional” y que “[l]as represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de derecho y obstruir la justicia”, en palabras de estas instancias de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 2009.
Preocupa asimismo a Amnistía Internacional que la encarcelación preventiva de la jueza Afiuni en instalaciones en las que se encuentran reas que habrían sido condenadas por ella, pondría a la magistrada en situación de riesgo, y constituiría un castigo cruel, inhumano y degradante, por el prolongado temor a sufrir lesiones graves o muerte. Temor fundamentado por las constantes amenazas e intentos de atentar contra su integridad física, que hasta la fecha habría denunciado la jueza y que al parecer, continúan sin ser debidamente investigados; así como por la situación de violencia generalizada en las prisiones del país, la cual ha ameritado repetidas medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además, de acuerdo a la información recibida, la jueza Afiuni tiene diversos problemas de salud que requieren medicación y atención médica que incluye pruebas ginecológicas y oncológicas; y en más de una ocasión se le habría negado acceso a atención médica adecuada.
Amnistía Internacional EXHORTA a las autoridades VENEZOLANAS a:
Liberar a la jueza Afiuni y asegurar de forma inequívoca y públicamente su respeto a la labor de los operadores de justicia y su compromiso a respetar y garantizar la independencia del poder judicial.
Liu Xiaobo: Espero ser la última víctima de la inquisición literaria de China
El activista chino Liu Xiaobo, premio Nobel de la Paz 2010, envió a la ceremonia de este galadón el discurso titulado I have no enemies (No tengo enemigos) ante su imposibilidad de asistir a la entrega por estar encarcelado por el régimen de China.
El texto fue leído durante el acto por Liv Ullman, debido a que la esposa del homenajeado, Liu Xia, tampoco asistió por estar bajo arresto domiciliario.
Liu narró cómo su vida cambió de ser profesor, escritor y conferencista a estar en prisión por expresar ideas contrarias a las del gobierno chino.
"Lo que exigía de mí mismo era esto: como persona o como escritor, llevaría una vida de honestidad, responsabilidad y dignidad", expresó Liu a través de la voz de Ullman.
El intelectual manifestó que "aunque los crímenes de los que se me acusa son distintos en nombre, su verdadera esencia es realmente la misma: ambos son crímenes de discurso".
Sin embargo, el académico aclaró que, aunque "he sido declarado enemigo de la mentalidad del régimen, (...) aún quiero decirle a este régimen que me está quitando la libertad que me mantengo firme en las convicciones que declaré en mi huelga de hambre".
Al régimen, y a los funcionarios involucrados en su encarcelamiento y persecución, declaró en varias oportunidades en su discurso: "no tengo enemigos y no tengo odio".
"Ninguno de los jueces que me juzgaron son mis enemigos, aunque no hay forma de que les acepte sus arrestos" pero "respeto sus profesiones y sus integridades, incluyendo la de los dos fiscales que ahora están escogiendo cargos en mi contra en nombre de la fiscalía", afirmó.
Progresos graduales
A pesar de encontrarse en prisión por oponerse al régimen, Liu asegura haber visto progresos paulatinos en su causa.
Aseguró que la labor de la disidencia "ha llevado a una tolerancia creciente de parte del régimen y una notable caída de la persecución social a la disidencia"
Liu explicó que "el debilitamiento de la mentalidad enemiga ha sido el camino para que el régimen acepte los derechos humanos"
Recordó que "en 2004, el Congreso Nacional del Pueblo mejoró la constitución incluyendo por primera vez que el Estado respete y garantice los derechos humanos" Por eso, a pesar de las medidas en su contra, considera que, "los derechos humanos ya se han vuelto uno de los principios fundamentales del régimen legal de China".
También expresó que "he podido sentir estos progresos a un nivel micro a traves de la experiencia de mi arresto", donde percibe la mejoría de sus condiciones de reclusión y el respeto de quienes lo han tratado.
"Es precisamente por tales convicciones y experiencias personales que firmemente creo que el procesos político de China no se detendra", afirmó Liu.
"Estoy lleno de optimismo y espero una China libre en el futuro. No hay fuerza humana que pueda detener la voz que lucha por la libertad", expresó.
Homenaje a Liu Xia
El activista Liu Xiaobo también dedicó en su discurso palabras a su esposa, Liu Xia, quien representa para él "la luz del sol que salta sobre altas ventanas, calentando cada célula de mi cuerpo, permitiendo mantenerme en paz en mi corazón y sintiendo que cada minuto en prisión significa algo".
Por ello, expresó a Liu Xia que "con tu amor puedo calmadamente llegar a mi destino sin arrepentirme de las decisiones que he tomado".
La China de sus sueños
Liu culminó su discurso describiendo el ideal de nación que espera ver en algún momento materializado. Una nación en la que "las visiones mayoritarias y minoritarias sean igualmente garantizadas, y las visiones políticas de aquellos que difieren del poder sean respetadas y protegidas".
"Espero con ansias que mi país sea una tierra con libertad de expresión, donde el discurso de cada ciudadano sea bien tratado", expresó.
Liu sueña con que en su país "todas las visiones políticas estarán bajo el sol para que la gente escoja", y "nadie podrá, bajo ninguna circunstancia, sufrir persecucion política por tener posiciones divergentes".
Por eso, aseguró: "espero ser la última víctima de la inquisición literaria de China, y que nadie sea discriminado por su discurso".
Para Liu, "la libertad de expresión debe ser la fuente de la humanidad, y la madre de la verdad. Extrangularla es pisotear los derechos humanos, asfixiar la humanidad y suprimir la verdad".
Aclaró que "no hay nada criminal en lo que he hecho, pero si los cargos se me presentan, no tengo quejas".
El Nacional.
lunes, 29 de noviembre de 2010
Lo trasladan a Caracas
El diputado electo José Sánchez "Mazuco" fue objeto de un nuevo abuso judicial al ser sacado de su casa por efectivos de la GN y enviado esta madrugada a Caracas, donde un tribunal revisará su causa
El diputado electo a la Asamblea Nacional, José Sánchez “Mazuco", fue víctima este lunes de un nuevo abuso del gobierno de Hugo Chávez, al ser trasladado desde su residencia en Maracaibo –a donde un tribunal obligó su confinamiento– hacia Caracas para ser presentado en el tribunal undécimo de control de la capital.
De acuerdo con información emanada desde Maracaibo, a las 5 de la mañana una comisión de efectivos de la Guardia Nacional sacó de su vivienda al diputado electo por el circuto 5 de la capital zuliana, con laorden de presentarlo en untribunalde Caracas.
En el momento de su traslado, el ex director de Seguridad de la Gobernador de Zulia declaró al diario La Verdad estar desconcertado por esta nueva mediada e insistió que "siempre he sido un hombre respetuoso de la ley. No tengo problema porque soy inocente".
Recalcó que las características del traslado no se precisan en el oficio. “No sé porqué esa decisión, allí no se especifica”.
De acuedo con el diario zuliano,Sánchez fue llevado hoy al tribunal séptimo de juicio que llevaba la jueza Carla María Morales, de quien se supo que fue cambiada. Decisión reforzada
Después de estar tres años y 23 días preso en la Cárcel de Ramo Verde y después de haber resultado electo como diputado en Maracaibo con 91 mil 812 votos, a José Sánchez se le otorgó el beneficio de casa por cárcel.
Tal Cual Digital
martes, 9 de noviembre de 2010
Abogados de Afiuni denunciaron a directora del Inof ante el MP
Nelson Afiuni afirmó que los abogados de su hermana, la jueza María Lourdes Afiuni, interpusieron en horas de la tarde de este lunes una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), Isabel González, por el presunto hostigamiento a su familiar.
En la denuncia también se incluyó al teniente encargado del traslado de la jueza al Hospital Oncológico Padre Machado, con el fin de que le practicaran unos exámenes médicos. Recordó que dicho traslado estuvo a cargo de “cincuenta guardias nacionales” y que su hermana tuvo que realizarse la mamografía con el personal castrense adentro.
“Cuando le fueron a hacer la citología, el teniente insistió en que debían entrar los guardias nacionales (…) Fue una pelea hasta que por fin dejaron a mi hermana sola con el médico (…) A la salida, le ajustaron las esposas. Llegó con las manos moradas al Inof, lo que le faltó fue que la golpearan”, dijo.
Declaró que este miércoles 10 de noviembre la jueza va a cumplir once meses en “esa celda sin tomar sol”Noticias24.com
viernes, 5 de noviembre de 2010
A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL: Desde las cárceles de Venezuela
El día 02 NOV10 en Madrid, en una sesión del Senado Español, el Senador Iñaki Anasagasti del Partido Nacionalista Vasco (PNV), solicita a la Ministra de Relaciones Exteriores y Cooperación de España, Ciudadano (a). Trinidad Jiménez, que el gobierno de España al igual que se hizo con Cuba, tramite ante Caracas la liberación de los presos políticos venezolanos.
Ante el requerimiento hecho por el Senador, la Ministra Jiménez respondió con las siguientes aseveraciones: “La defensa de los Derechos Humanos es una de las prioridades de la política exterior española, como también lo es la cuestión de la liberación de los presos políticos.”
Señaló que “a diferencia de lo que ocurre en otros países, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no tienen catalogado como preso político a ningún preso en Venezuela”.
Reconoció igualmente que existen “presos por causas penales acusados de haber participado en el golpe de estado de 2002 o por posible corrupción que son considerados como presos políticos por la oposición venezolana pero no por estas organizaciones”. Añadiendo que este criterio “es el que hemos utilizado para tratar de presos políticos en el caso de otros países”.
Insistió que “El concepto de preso político es algo que viene determinado por las organizaciones internacionales de Derechos Humanos y ninguna tiene catalogado ningún preso político en Venezuela”. En cuanto al caso de la jueza Afiuni, Jiménez ha señalado que fue condenada “aplicando la legislación vigente en Venezuela”.
Ante las aseveraciones de la mencionada Ministra, los Prisioneros Políticos Venezolanos del Régimen de Hugo Chávez se permiten puntualizar los siguientes aspectos:
1- La defensa de los Derechos Humanos debe ser la prioridad natural de cualquier Estado que se precie de ser democrático; y el ser democrático implica el cumplimiento de los principios fundamentales que este sistema de convivencia social conlleva, siendo uno de los mas importantes, la sana separación de los poderes que conforman la institucionalidad de un Estado.
2- En Venezuela, la separación de poderes no existe; todos los poderes que integran el Estado Venezolano están en la actualidad bajo el dominio del Ejecutivo. Vale decir, los Poderes Legislativo, Judicial, Electoral y Moral obedecen genuflexos las órdenes del Presidente de la República. Acción que se suma a las numerosísimas violaciones a la Constitución Venezolana vigente.
3- Siendo la Ministra Jiménez tan fervorosa creyente de las organizaciones no gubernamentales que menciona, y para hablar en su mismo idioma, se transcriben trozos del Informe Anual del 2008 de Human Rights Watch y que atañen a los numerales anteriormente enunciados:
"Venezuela: Derechos socavados bajo Chávez:
Discriminación política e instituciones democráticas debilitadas caracterizan su presidencia. (Caracas, 18 de septiembre de 2008) En sus esfuerzos por contener a la oposición política y consolidar su poder, el gobierno del Presidente Hugo Chávez ha debilitado las instituciones democráticas y las garantías de derechos humanos en Venezuela, señala Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Ante la ausencia de un control judicial creíble, el gobierno de Chávez ha aplicado, sistemáticamente, políticas discriminatorias que han limitado el ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas, el derecho a la libertad sindical de los trabajadores y la capacidad de la sociedad civil de promover los derechos humanos en Venezuela.
Discriminación política: La discriminación por motivos políticos ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez. El gobierno de Chávez ha implementado prácticas discriminatorias, en contra de sus opositores políticos y críticos. En algunas oportunidades, el Presidente mismo ha respaldado abiertamente actos de discriminación. De manera generalizada, ha incentivado a sus subordinados a tomar medidas discriminatorias al tachar sistemáticamente a sus opositores de conspiradores antidemocráticos independientemente de que tuvieran o no alguna relación con el golpe de 2002.
Los tribunales de justicia: Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el manifiesto desprecio del principio de separación de poderes y, en especial, de la idea de que un poder judicial independiente es indispensable para la protección de los derechos fundamentales en una sociedad democrática. Después del golpe de 2002, la violación mas grave del estado de derecho en Venezuela fue el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia por parte de Chávez y sus partidarios en 2004, que logró neutralizar al poder judicial como rama independiente del gobierno. Desde su intervención política el 2004, el tribunal repetidamente ha abdicado de su papel como contralor del accionar arbitrario del estado y garante de los derechos fundamentales."
4- Allí claramente se hace alusión al Poder Judicial Venezolano bajo el Régimen de Hugo Chávez y su "particular" concepción de la Democracia. Y así, orientando mas específicamente hacia el tema que nos ocupa, se detecta la herramienta que utiliza el Régimen para neutralizar a sus opositores: la administración de la Justicia Penal Venezolana.
5- Esta Justicia Penal Venezolana esta caracterizada por :
-Dependiente y política.
-Plegada al amo del poder.
-Al servicio de una ideología y no del Derecho y de la Justicia.
-Reinventora del Derecho de acuerdo a los intereses del Régimen.
6-El "modus operandi" de esta Justicia Penal es la selectividad victimizante: todo ciudadano es inocente hasta el momento en que se oponga o le sea incómodo al Régimen. Una vez ocurrido esto, el aparato judicial, léase Ministerio Publico y Tribunales, se ponen en movimiento y mediante artilugios legales, el incómodo o disidente es convertido en delincuente.
7- Esta Justicia Penal fanatizada y parcializada es la que ha llevado a prisión o al exilio a muchísimos venezolanos y ha ido desde encauzar inocentes para culparlos por crímenes cometidos por el mismo Régimen, caso 11ABR, caso fiscal Anderson, hasta encarcelar por delitos de opinión, casos Alfonso Martínez, Uson Ramirez, Alvarez Paz y Peña Esclusa; pasando por innumerables juicios y medidas restrictivas de la libertad para neutralizar a opositores "peligrosos". La lista de perseguidos políticos, prisioneros o exiliados, es bien larga y suficientemente sustentada legal y fácticamente a nivel nacional e internacional, y es la que la Ministra Jiménez pretende desconocer.
8- Cada una de las causas penales seguidas a las víctimas de la persecución política del Régimen de Hugo Chávez esta plagada de las mas variadas aberraciones legales y violaciones al debido proceso que se puedan concebir, siendo una de ellas la imputación por delitos comunes como pantalla, evadiendo la verdadera causa del acoso político, y la utilización de los falsos positivos: "siembra", testigos estrellas y pruebas amañadas. La aseveración de la Ministra Jiménez de que en Venezuela lo que existen son presos comunes por causas penales o corrupción, responde a la estrategia manipuladora del Régimen, exitosa como el expresar de ella lo certifica.
9- Coincidencialmente, ante la cara de la justicia y la opinión publica española, han explotado casos que relacionan al acontecer delincuencial de ese país ibérico con nuestras causas.
Y no nos referimos a las violaciones al Derecho a la vida y a la Propiedad que sufren sus connacionales en Venezuela sin que el Gobierno de Zapatero se refiera a esto.
Nos dirigimos a la relación de nuestras causas y su instrucción penal con el flagelo internacional del Terrorismo.
10- Valga la pena el símil. Acreditado como embajador de Venezuela ante el Reino de España, encontramos al Ciudadano. Julian Isaías Rodríguez, ex Fiscal General de la República, quien durante su gestión al frente del Ministerio Público Venezolano fue el arquitecto de la mayoría de los procesos legales fraudulentos de los perseguidos políticos. Bien conocido es en España este personaje, ya que en fecha reciente, ante la confesión de dos etarras capturados en donde afirmaban que en Venezuela habían sido adiestrados en prácticas terroristas por un protegido del Régimen, Arturo Cubillas, puso en entredicho a la Justicia, a la Fiscalía y a los Órganos de investigación criminal españoles al afirmar que esas confesiones habían sido obtenidas mediante torturas. Hilando fino, cabría preguntar a la Ministra Jiménez si aprueba lo expresado en este caso por el ex Fiscal venezolano con la misma vehemencia que afirma que nuestras causas penales instruidas por El, son legales y valederas. Porque sin conocimiento de causa, eso es lo que ha hecho!
A la par, estas declaraciones del ex Fiscal dan mayor solidez a la imagen internacional que existe del Régimen de Hugo Chávez como Mecenas del Terrorismo Internacional. Solo recordemos, refiriéndonos a este siniestro personaje que mora bajo el amparo diplomático en la Madre Patria, que un árbol con las raíces podridas, no puede dar frutos sanos.
Y para no dejar el tema de lado, le expresamos a la Ministra Jiménez que "LA AFIRMACION DE QUE EN VENEZUELA NO EXISTEN PRESOS POLITICOS ES IDENTICAMENTE IGUAL A DECIR QUE LOS ETARRAS NO SON TERRORISTAS!"
En el mas amplio sentido de la afirmación.
Una vez expuesto el hecho que nos ocupa y presentados los alegatos de parte nuestra al respecto, nos permitimos manifestar lo siguiente:
1- Rechazamos categóricamente lo expuesto por la Cddna. Trinidad Jiménez, Ministra de Relaciones Exteriores y de Cooperación del Reino de España ante el Senado Español y la Opinión Pública Internacional que se refiere a la no existencia de presos políticos en Venezuela por:
A- Evidenciar un total desconocimiento de la realidad política venezolana, lo cual si observamos, coincide con la línea de pensamiento de su antecesor, el Sr Moratinos, y nos lleva a intuir que es una política del Gobernante español, Sr Rodríguez Zapatero, motivada a meros intereses comerciales antes que a la pregonada "Defensa de los Derechos Humanos".
B-Fundamentar sus afirmaciones en la presunta no existencia de la figura de Presos Políticos en Venezuela en dos ONG, fundamento que ponemos en duda, pues basta recordar que el representante de HRW, Sr. Jose Manuel Vivanco, fue violentamente expulsado de nuestro País por denunciar las arbitrariedades del Régimen de Hugo Chávez, la violación de Derechos Humanos bajo su gobierno y la degeneración de la Democracia en Venezuela.
No deja de causar sorpresa el desconocimiento de la declarante, de las denuncias que nuestros Defensores de Derechos Humanos han interpuesto ante organismos e instituciones como el Parlamento Europeo, el propio Senado Español, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos entre otros, quienes en su debido momento han emitido pronunciamientos reconociendo nuestra frágil situación democrática y por ende nuestra existencia.
2- Instamos al Jefe del Gobierno Español a fijar una posición respecto al caso aquí planteado. Es de hacer notar que en la sesión del Senado en donde se presentó la intervención de la Ministra Jiménez, se encontraba El presente.
3- Solicitamos a todas aquellas Instituciones y Organizaciones de cualquier índole y que están al tanto de la situación política de Venezuela a manifestarse públicamente al respecto.
Comunicado suscrito, .... DESDE LAS CARCELES DE VENEZUELA ...
jueves, 4 de noviembre de 2010
OIE exigió al Gobierno investigar ataque contra Fedecámaras
La Organización Internacional de Empleadores (OIE) solicitó a las autoridades venezolanas investigar y castigar a los culpables del atentado que sufrieron cuatro directivos de Fedecámaras la semana pasada.
"La OIE solicitó al Director General de la OIT que el Comité de Libertad Sindical examine con la máxima celeridad este nuevo ataque contra los líderes de Fedecámaras y requiera del Gobierno de Venezuela la realización de una investigación exhaustiva sobre este atentado, se detenga y juzgue a los culpables y cese la violencia física, confiscatoria de bienes y verbal con la que permanentemente agrede al empresariado y a las empresas privadas venezolanos", dijo la institución en un comunicado.
El texto asegura que el ataque, sufrido por los directivos de Fedecámaras, buscaba "defenestrar" al gremio. "Por la forma de haberse desarrollado la agresión, todo parece indicar que el objetivo del ataque era defenestrar la cúpula empresarial de Venezuela, aunque luego los secuestradores hubieron fingido un secuestro".
El Universal
jueves, 28 de octubre de 2010
Denuncias ante el CIDH
Una cita ineludible que congregará la tarde de este viernes la agenda temática de Venezuela, en cuatro jornadas de sesiones de trabajo; tres de ellas presentadas por defensores de derechos humanos y la otra por el Estado: Las audiencias estarán referidas a:
1. Institucionalidad Democrática y Defensores de Derechos Humanos en Venezuela (Audiencia Privada).
2. Situación del derecho a la libertad de expresión e Información en Venezuela (Audiencia Privada).
3. Audiencia sobre la Situación de Derechos Humanos. Es pública y ha sido concedida al Estado venezolano. En ella presentará los "avances" que consideran las autoridades de nuestro país existen sobre la materia.
4. Audiencia sobre Seguridad Ciudadana, cárceles, diversidad e igualdad sexual, donde los representantes del Foro por los Derechos Humanos y la Democracia haremos denuncias importantes de violaciones que ocurren en este sentido en Venezuela.
En esta audiencia, en nombre de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional informaremos en concreto sobre: La Doctrina de Seguridad Nacional en ejecución por parte del Gobierno del presidente Chávez y su impacto sobre derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Esto se traduce en los efectos de la militarización del modo de vida de los venezolanos en los más diversos aspectos, direccionados a la consecución de una sociedad subordinada y obediente al Comandante en Jefe y la Revolución.
Referiremos la permisividad del Estado frente a grupos armados al margen de la Ley, la opacidad del Estado en su deber de rendir cuentas e informar sobre políticas publicas de seguridad y defensa, que considera el gobierno son todas secretas y discrecionales, el sistema de justicia militar uno de los mas retrasados del continente, que depende casi íntegramente del Poder Ejecutivo nacional, también hablaremos de las amenazas y la afectación a la propiedad y libre empresa fundada en los criterios seriamente cuestionables de "seguridad agroalimentaria" o de "interés estratégico nacional".
Acudimos una vez más a la Comisión Interamericana, en el derecho que nos brinda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de acudir al sistema internacional de protección de Derechos Humanos; a pesar del costo y las amenazas a la integridad personal que eso conlleva en Venezuela para los activistas de ONG y a pesar también del profundo desprecio que el Estado ha expresado en contra de la Comisión.
Tal Cual Digital
lunes, 25 de octubre de 2010
El hermano Korta tomó esta acción en protesta por las continuas violaciones a los derechos indígenas, estos derechos se han visto violentados en dos momentos : 1.- Enfrentamiento de comunidades de la etnia yukpa, que culminó en la detención de los líderes Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández y Olegario Romero, quienes desde octubre de 2009 se encuentran encarcelados luego de un enfrentamiento entre las comunidades Wamapamocha y Chaktapa, en el cual resultaron tres personas muertas y cinco heridas. Y 2.- La Exigencia del respeto a la auto demarcación de los territorios indígenas y la no criminalización de líderes sociales como Lusbi Portillo, integrante de la organización Homo et Natura, quien ha acompañado a la comunidad.
El derecho a la manifestación pacífica se encuentra consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo que el Hno. Korta debería tener la garantía de que su huelga va a ser respetada. En este sentido, exhortamos al Estado venezolano a no tomar medidas arbitrarias en su contra, como ha sido el caso de anteriores huelguistas de hambre.
De igual forma, el Foro por la Vida recuerda que en relación con los derechos de los pueblos indígenas, el Estado venezolano se encuentra en mora, según lo dispuesto en la disposición transitoria decimosegunda de la Constitución, con la demarcación de las tierras que ancestralmente ocupan y que fue el trasfondo del conflicto entre integrantes de la etnia yukpa,
En cuanto a este hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Capítulo III, en el apartado de los Derechos Civiles, específicamente en el artículo 43 establece: “El derecho a la vida es inviolable”. Pero es importante destacar que la misma carta magna en el artículo 260 reconoce la jurisdicción especial indígena, como componente esencial del Sistema de Justicia: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.
De igual forma, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas indica lo siguiente: “En los procesos penales que involucren indígenas se respetaran las siguientes reglas: 1. No se perseguirá penalmente a Indígenas por hechos tipificados como delitos cuando en su cultura y derecho estos actos sean permitidos, siempre que no sean incompatibles con los derechos Fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Tratados Pactos y Convenciones Internacionales, suscritos y ratificados por la República…”.
En tal sentido las organizaciones del Foro por la Vida solicitamos:
1.- Respeto a la protesta pacífica del Hermano José María Korta
2.- Se ejecuten con urgencia políticas y medidas orientadas a culminar la demarcación de las tierras que le corresponden al Pueblo Yukpa en particular y en general a los pueblos indígenas.
3.- Garantía de un juicio justo a Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández y Olegario Romero y en los términos que establece la Constitución.
4.- Cese a la criminalización de las organizaciones e individualidades que se solidarizan con los justos reclamos del Pueblo Yukpa y en particular con el defensor de derechos humanos Lusbi Portillo.
Vocería Foro por la Vida:
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Espacio Público
Justicia y Paz Nacional
viernes, 8 de octubre de 2010
Dos hermanos inician huelga de hambre en el Consulado de España en Venezuela
1.- El pago inmediato de nuestras propiedades en virtud del acuerdo convenido con el Presidente del INTI en el año 2008.
2.- El pago inmediato de daños y perjuicios ocasionados estos, por lo inoportuno y extemporáneo, por el detrimento de nuestras propiedades y nuestras vidas, por los intentos de homicidio en contra nuestra, por habernos sometido al escarnio público, por el daño moral y psicológico, por el lucro cesante, por la indexación monetaria, y por los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de nuestra familia.
3.- El debido soporte documental sobre la propiedad del lote de tierra acordado con el Presidente del INTI para la continuación de nuestra actividad agropecuaria.
Por último declaramos que mantendremos nuestra firme posición hasta que logremos una solución justa, digna y satisfactoria.
Provea Venezuela
jueves, 30 de septiembre de 2010
Ortega descarta responsabilidad por retardo en caso "Mazuco"
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el Ministerio Público ha cumplido con los lapsos legales en el caso del diputado electo por el estado Zulia, José Sánchez "Mazuco", por lo que desmarca a esta institución de cualquier responsabilidad en el retardo procesal en la causa.
Ortega Díaz destacó que el Ministerio Público acusó a "Mazuco" en el lapso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que otorga 30 días, más una prórroga de 15 días, para la presentación del acto conclusivo, reseñó el Ministerio Público en una nota de prensa.
Durante el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", dijo que en el caso de que la Institución que preside no cumpla con el lapso legal referido, el imputado queda en libertad.
En ese sentido, la Fiscal General recalcó que el Ministerio Público actuó en este caso con la diligencia de siempre, es decir, se presentó la acusación en el tiempo estipulado.
Señaló que una vez que se realizó la audiencia preliminar, el 7 de julio de 2009, y fue ordenado el enjuiciamiento de Sánchez, al admitirse la acusación por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y privación ilegítima de libertad, ambos en grado de cómplice necesario, los fiscales han concurrido a todas las audiencias.
Aseguró que el retardo procesal no ha sido por falta del Ministerio Público en este caso.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Diputados y aún en la cárcel
Aunque el Artículo 200 de la Constitución Nacional establece que "los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo", los Tribunales de Yaracuy y la junta del Consejo Nacional Electoral del Zulia han hecho caso omiso a la Carta Magna pues José Sánchez "Mazuco", elegido por el estado Zulia, y Biaggio Pilieri, electo por el estado Yaracuy; permanecen privados de su libertad.
Félix Herrera, abogado de Pirelli, indicó que el mismo día que el CNE dio los resultados de los escrutinios la defensa buscó los documentos que lo certifican como diputado principal de la Asamblea Nacional.
"Apenas obtuvimos las credenciales fueron anexadas al expediente de Biaggio Pilieri y solicitamos que fuese liberado. Estamos a la espera de los resultados del Tribunal", explicó Herrera.
Según la defensa del diputado electo por Yaracuy "el retraso es injustificado" y la presidenta del Circuito no les ha dado la cara. Por su parte, José Sánchez "Mazuco" corre con la misma suerte, pero en su caso el ente comicial no les ha otorgado las credenciales para que formalmente goce de inmunidad.
Nora Bracho, compañera de fórmula en calidad de suplente de Sánchez, declaró que están a la espera de las credenciales de los parlamentarios electos. "Una vez que recibamos las acreditaciones del CNE se las entregaremos a los tribunales, manifestó Bracho.
Entre tanto, el diputado electo a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Stalin González, pidió a las juntas estadales que proclamen a los diputados electos lo más pronto posible.
BITÁCORA DE DOS PRESOS POLÍTICOS
A José Sánchez lo detuvieron en 2007 por su presunta participación en el homicidio de Claudio Macías, ex funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar. El ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, aseguró en su momento que había encontrados evidencias contundentes para realizar un juicio corto en contra de Sánchez.
Aún así, luego de 10 Jueces y nueve Fiscales del Ministerio Publico no se pudo esclarecer el caso. Hace tres años que el diputado electo se encuentra recluido en la cárcel Ramo Verde.
Asimismo, el periodista Biaggio Pilieri fue privado de su libertad en enero de 2005 y está acusado de malversación agravada de fondos públicos y de concertación ilegal con contratista.
Pilieri fue acalde del municipio Bruzual en el periodo 2000-2004, diputado regional y dos veces electo concejal. El parlamentario electo está recluido en la Comandancia General de la Policía de Yaracuy.
ANTECEDENTES
No es la primera vez que se eligen como candidatos al Parlamento a ciudadanos que se encuentran encarcelados. En los años setenta, Salom Meza Espinoza, del Movimiento Electoral del Pueblo y David Nieves, de la Liga Socialista, resultaron electos, fueron excarcelados y se incorporaron a sus curules ejerciéndolos durante cinco años.
Tal Cual Digital
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Foro por la Vida propone a los próximos asambleístas decálogo parlamentario en derechos humanos
Dentro de las 10 propuestas, las cuales se pueden consultar íntegramente en el enlace http://issuu.com/foroporlavida/docs/agenda_ddhh, resalta en primer lugar la relacionada con el derecho a la vida, invitando el aprobar legislación especial sobre la tortura, como esta expresado en la Carta Magna, mediante ley especial o reforma del código penal. En materia de Seguridad Ciudadana, el Foro por la Vida exige un debate y diálogo nacional inclusivo sobre las normas y políticas para enfrentar el crimen; el resarcimiento de las víctimas secundarias de la violencia criminal y de género; la modificación de las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en labores de resguardo de la seguridad; la eliminación de las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes para la defensa integral de la nación; el diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme así como la promoción de garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de criminalidad y violencia de género, así como la asistencia para superar traumas producto de hechos violentos.
Sobre el derecho a la libertad de expresión e información se pide el garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio del derecho. Asimismo, reformar la ley de telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de CONATEL. Para garantizar el derecho a la manifestación los grupos de derechos humanos proponen la Eliminación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot, los cuales han venido siendo utilizados para procesar judicialmente a líderes sindicales, comunitarios y estudiantiles por protestar.
Para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad sugieren aprobar normas y asignar presupuesto para impulsar un sistema penitenciario que asegure en igualdad para internos e internas, la rehabilitación y el respeto a sus derechos humanos. Sobre el derecho a la justicia insinúan el modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que establecen causales subjetivas para la destitución y suspensión de magistrados.
En cuanto al derecho a la libertad de asociación y libertad sindical el Foro por la Vida realizó dos propuestas: 1.- Evitar la promulgación de marcos normativos y reformar normas legales que restrinjan u obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. 2.- Promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales o gremiales y sus formas de autogobierno.
Las organizaciones signatarias de este decálogo parlamentario son el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Espacio Público, Caritas Venezuela, Caritas los Teques, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Investigación, Formación y estudios de la Mujer (CISFEM), Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela (SJR), Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Acción Solidaria (ACSOL), Comité de Familiares de las Victimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Comité de Victimas contra la Impunidad del Estado Lara (COVICIL), Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira, Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui.
Provea Venezuela.
miércoles, 15 de septiembre de 2010
Las razones de Afiuni
La magistrada tiene con qué desconocer a su juez. Su caso está lleno de irregularidades, desde violación de los DDHH hasta manipulación del expediente La acusada se rehúsa a que el juez Alí Paredes siga conociendo su caso, por razones personales
No en vano la jueza María Lourdes Afiuni se declaró en desobediencia civil citando el artículo 350 de la Constitución Nacional.
Desde que el juez Alí Paredes se hizo cargo de su caso, se han presentado anomalías en el proceso. Para comenzar, la acusada debió ser juzgada en libertad como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal pero, como se sabe, este procedimiento no tiene nada que ver con la realidad que vive la jueza actualmente.
Paredes comenzó con un mal pie pues según José Amalio Graterol, abogado de Afiuni, incurrió en un "fraude procesal" cuando en vez de constituir un Tribunal con escabinos, constituyó un Tribunal unipersonal.
Ya Afiuni había perdido la fe en este juez debido a que en contadas oportunidades la defensa solicitó a Paredes la revisión de la medida de privativa de libertad y se negó, alegando "que se trataba de un delito que superaba los 10 años", cuando la jueza Afiuni está siendo acusada por el delito de corrupción propia que establece una pena de tres a siete años.
En pocas palabras, el juez había determinado la pena de Afiuni sin haberse iniciado el juicio.
Uno de los argumentos en los que se basó el Ministerio Público para abrirle un procedimiento a Afiuni era que la boleta de excarcelación de Eligio Cedeño no aparecía.
Días antes de comenzar la primera audiencia, el nombrado documento apareció como por arte de magia. Graterol manifestó que el expediente de la jueza "ha sido manipulado de forma extraña", es por lo que la defensa solicitó el diferimiento de la audiencia alegando que este elemento modificaría por completo la defensa del caso.
La Fiscalía General de la República también argumentó "la presunta presencia de un soborno que determinó la liberación de Cedeño". La defensa comprobó que Afiuni no recibió ningún pago por la liberación del empresario.
Aparte de esto, Paredes revocó a los abogados privados de Afiuni sin su aprobación y le asignaron un defensor público.
LO HUMANO MÁS ALLÁ DE LO PROCESAL
Pero más allá de las irregularidades en torno al caso, Afiuni ha denunciado a Alí Paredes por violar sus Derechos Humanos.
La acusada ha presentado en varias oportunidades problemas de salud "y no ha sido debidamente atendida", aseguran sus abogados. La defensa exigió en reiteradas oportunidades que Afiuni fuese trasladada a un hospital civil puesto que en el Hospital Militar no la han atendido correctamente.
Hace nueve meses que María Lourdes Afiuni se encuentra detenida y ha salido de su celda de 3x2 metros sólo cuando se ha presentado en las audiencias.
Está interna con una seguridad extrema y no le llega la luz del sol porque su habitación tiene una ventana que apenas deja entrar la claridad. La acusada no consume alimentos del penal por medidas de seguridad. Cuando llegó a su celda no tenía dónde dormir.
A pesar de que estuvo trabajando por ocho años dentro del sistema de judicial, los vicios en torno a su caso le han dado pie para no creer en que se haga justicia.
Afiuni no confía en quien debe ser un árbitro imparcial de su caso, y menos desde que Alí Paredes escribió en una página Web del oficialismo que manifestaba su apoyo a la revolución bolivariana.
LA CANDIDATURA CONTINÚA
Aunque la jueza no cuenta con el respaldo de la Mesa de la Unidad para su candidatura a la Asamblea Nacional, no declina. Afiuni insiste en que tiene proyectos concretos y no está postulada sólo para salir en libertad.
Quienes la apoyan sostuvieron reuniones con representantes de Copei y Primero Justicia pero al parecer no recibirá el apoyo de estos partidos.
El Universal
lunes, 13 de septiembre de 2010
Sufriendo la impunidad por partida doble
Tanto para la víctima, como para su padre, el vía crucis comenzó el 28.04.08 cuando ella le comunica a su progenitor que se siente mal y que necesita ir al médico. En el Centro de Diagnostico Integral de Montalbán después de los exámenes de rutina se determina que la paciente sufre de un “trauma cerrado abdominal” con otra serie de complicaciones.
Los médicos que atendieron a la víctima le informan a Rodríguez que el cuadro que presenta su hija fue producto de “una severa golpiza” y es intervenida quirúrgicamente.
Según afirma Rodríguez su hija salió bien de la intervención, sin embargo, después de recibir una inyección intravenosa, de un medicamento que desconoce y no la han querido dar información, se presentó una marcado deterioro en la salud de ella y le ha dejado severas secuelas.
Sobre los hechos que llevaron a Eesha Rodríguez a un CDI de Montalbán, el padre explica “por investigaciones propias, determino que en la golpiza estuvo involucrada toda la familia, seis familiares que la golpearon y luego Jhonson Lugo (concubino) y Joel Lugo (hermano) le negaron el traslado al hospital”.
Después de ambos hechos, en mayo de 2008 Rodríguez interpone una denuncia en la Fiscalía a Jhonson Lugo e inicia diligencia para determinar las responsabilidades por el caso de mala praxis médica y “hasta ahora no hay ningún imputado, no hay investigación” en ambas situaciones.
“No solamente hay retardo procesal, sino también negligencia de parte de la fiscalía (…) y el caso sigue estancado”. Rodríguez asegura que no se han realizado las investigaciones respectivas y ante la ineficiencia del sistema se pregunta “cuántos años puedo esperar para que se haga justicia (…) 10 o 20 años”.
Amilcar Rodríguez, finalizada la entrevista, sale de la sede de Provea y su caminar pausado denota el cansancio y frustración del tiempo que lleva luchando y sin lograr respuesta de nadie, y la certez que todavía falta mucho por sufrir.
Provea Venezuela
viernes, 10 de septiembre de 2010
Jueza Afiuni se niega a participar en audiencia de juicio
El abogado de la Defensa, José Amalio Graterol, informó que la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra en los calabozos del Palacio de Justicia, se niega a subir a la audiencia de juicio que se sigue en su contra.
"Ella se está negando a subir al juicio y quiero que el país sepa que si la suben a la sala de audiencia es porque lo hicieron con violencia física, arremetiendo violentamente contra ella. No vamos a permitir que un juez que esta parcializado políticamente y siente animadversión hacia las mujeres y chantajea a una mujer con enviarla a un médico si acepta ir a juicio, juzgue a la doctora María Lourdes Afiuni Mora", precisó.
Explicó que ayer fue recusado el juez Alí Fabricio Paredes por "tener actitudes misóginas" contra la jueza Afiuni y hoy "la chantajea diciéndole que si asiste a la audiencia de juicio él la envía al hospital a realizarse los exámenes por un quiste que presenta en el seno derecho".
"Eso es simplemente una violencia psicológica e institucional que está establecido en el articulo 15 numeral 1 y 16 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".
Indicó que el juez Paredes recibió la recusación y la declaró improcedente, "cuando eso le corresponde a la Corte de Apelaciones".
"Es inaudito que el juez decida realizar el juicio cuando ha sido denunciado penalmente por la doctora María Lourdes Afiuni en la Fiscalía 64 del Ministerio Público. Eso es imposible realizarlo y violenta todo el estado de derecho y el debido proceso de la jueza", precisó.
La jueza 31 del Área Metropolitana, María Lourdes Afiuni, fue trasladada hoy bajo fuertes medidas de seguridad del Instituto de Orientación Femenina (INOF) a la sede del Palacio de Justicia para la audiencia de juicio que se le sigue en su contra.
Está acusada por la presunta comisión de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, luego de que fuese detenida por ordenar mediante decisión judicial la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño, ex presidente del Banco Bolívar.
El Universal
jueves, 9 de septiembre de 2010
Denuncian amedentramiento por razones políticas en la ciudad de Mérida
Así comienza la carta que Miguel Ángel García Belandria entregó a la Gobernación de Mérida el 29 de julio de 2010.
García Belandria comenzó a trabajar en esa institución el 15 de agosto de 2006 como programador de la Unidad de Control de Gestión (UCG), donde pasó tres años “sin ningún problema”. Fue en noviembre de 2009 cuando el jefe de la UCG, coronel Pedro Guerrido, le solicitó un informe explicativo sobre su no participación en las primarias del PSUV.
El trabajador denunció en el informe la “violación clara de los principios éticos y legales que buscan cualquier vinculación política con la administración pública”, tal como lo establece el artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y la vulneración de su libertad de asociación política, consagrada en el artículo 67 de la Constitución, al imponerle “por medio del amedrentamiento y el chantaje una participación política”.
Inmediatamente, García Belandria fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos. “A mí no me contrataron para eso, esa no era parte de mi trabajo. No me podían botar porque tenía más de cinco contratos y, legalmente, debían darme el cargo fijo desde hacía más de un año”, expresa.
Y AHORA “MAISANTA”
Poco tiempo después, el departamento de Recursos Humanos le asignó un cargo en la Comisión de Servicios para el Plan PADRE (Plan de Desarrollo Acelerado de la Región), en el cual el ingeniero José Gregorio Vielma, representante de la estatal petrolera, le solicitó la instalación del software informático “Maisanta”, destinado a revisar si los trabajadores habían firmado contra el presidente Chávez en el referéndum revocatorio de 2004.
El programador se negó a llevar a cabo esa acción, pues asegura que se estaba violando el artículo 350 de la Constitución que prescribe que el pueblo venezolano “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos”. Una vez más, fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos.
DESPIDO INDIRECTO
El 9 de junio de este año, el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Mérida solicitó los servicios de García Belandria, quien estuvo más de un mes sin recibir respuesta y con la obligación de seguir cumpliendo su horario de trabajo.
“Pasaba los días sentado en una silla del pasillo sin hacer nada. Era un puesto de trabajo inexistente. Tenía que pagar entre 15 y 20 bolívares al día en estacionamiento, así que me salía más caro ir a trabajar que quedarme en mi casa”, manifiesta.
García Belandria reitera que, como no podían despedirlo, hicieron todo lo posible para que fuera él quien renunciara. “El fin de ellos era que me obstinara y me fuera; fue un despido indirecto. El sueldo era una miseria, así que no valía la pena que me tragara mi orgullo”, añade.miércoles, 8 de septiembre de 2010
Las ONG se le plantan al Estado y le exigen que deje de hostigarlas
En un hecho sin precedentes, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas cerraron filas y se le plantaron al Estado, al cual le exigieron que ponga fin a las investigaciones abiertas contra agrupaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) por haber recibido fondos del extranjero; que anule las decisiones judiciales que pretenden atar su legitimidad a la nacionalidad de su financiamiento y que cese la campaña de desprestigio que los medios públicos mantienen contra algunos activistas pro derechos humanos.
El presidente de Sinergia, Feliciano Reyna, fue el encargado de leer el pronunciamiento, en el que se demanda de las autoridades cambiar su actitud ante las agrupaciones de la sociedad civil y se recuerda el papel desempeñado por ellas en materias como la educación, salud, ambiente, cultura y la defensa de las libertades fundamentales.
En similares términos se pronunció Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), quien recordó: "¿Por qué se supo que en El Amparo murieron pescadores y no guerrilleros? Gracias a las organizaciones de derechos humanos que en el año 88 demostraron que la verdad oficial no era la realidad. ¿Por qué se conoció que casi 95% de las muertes del Caracazo ocurrieron dentro de sus casas y no en los saqueos? Gracias a las organizaciones que pudieron recopilar información de caso por caso. ¿Por qué se sabe que hay un muerto diario en nuestras cárceles? Gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones que documenta rigurosamente lo que ocurre dentro de ellas".
Defienden el apoyo exterior
Aunque desde el Ejecutivo y hasta el Tribunal Supremo se les señala de estar incursas en traición a la patria por recibir recursos desde el exterior, Ortega defendió no solo la legalidad sino la importancia de esos aportes. "Gracias a los fondos de la cooperación internacional es que las madres de la Plaza de Mayo pudieron identificar los restos de muchos de sus hijos asesinados en la última dictadura argentina. ¿Cómo pudo llevarse a (el ex dictador chileno) Augusto Pinochet ante los tribunales? Gracias a las organizaciones de ese país y los fondos que recibieron del exterior (...) Más recientemente está el caso de los falsos positivos en Colombia. ¿Cómo se ha podido estudiar este caso? ¿Con los fondos del gobierno de (Álvaro) Uribe? No, con el apoyo de la cooperación internacional y el trabajo riguroso de las organizaciones colombianas".
Por su parte, el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, explicó que mundialmente las organizaciones no gubernamentales buscan financiarse allende de sus fronteras para mantener su autonomía. "Las agrupaciones civiles no pueden recurrir a las empresas, porque sus intereses son contradictorios y porque ellas participan del poder; y no pueden aceptar fondos del Gobierno nacional porque él puede ponerle condiciones".
Quieren cerrarlas
Por su parte, Rafael Uzcátegui, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), indicó que la política de acoso a las organizaciones no gubernamentales y a los activistas de derechos humanos no son "hechos aislados" sino que forman parte del "contexto general de criminalización de la protesta", la cual persigue "invisibilizar las contradicciones y deficiencias de las políticas públicas".
"¿Por qué se le teme a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y no se procede a investigarlas? ¿Por qué se teme a las víctimas organizadas y no se les da apoyo?", se preguntó Ortega.
El ex presidente de la Corte IDH respondió a estas preguntas afirmando que el Gobierno quiere "asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil (...) Lo que ocurre, a mi parecer, es que el Gobierno desearía que no hubiera organizaciones no gubernamentales sino muy gubernamentales. Aquí lo que se busca es ocupar todos los resquicios de autonomía".
El Universal
martes, 7 de septiembre de 2010
Sigue el calvario para Rubén
¿Qué podemos pensar de toda esta historia? ¿Qué pasa en este país, que se ha envenenado tanto, que ahora por protestar te pueden dar el trato de un delincuente, así hayas sido honorable toda tu vida?
Lo primero que viene a la mente es el reflejo miope que todos vamos desarrollando a medida que la crisis se instala y nos invade: ¿asaltaron a fulano y le quitaron los reales y lo amenazaron de muerte? ¡Qué tipo tan sortario, fíjate que no lo mataron! ¿No sentenciaron a Rubén? ¡Qué suerte tuvo, porque lo hubieran podido haber condenado!
Pero después no podemos evitar una reacción de rabia. ¿Quién le devuelve a Rubén esos meses de vida perdidos en un cautiverio inútil e infamante? ¿Con qué derecho se le mantiene ahora en prisión sin un pronunciamiento sobre su caso? Sine diae, además, porque nadie asegura que su calvario terminará el 4 de noviembre, pues ya había habido un primer diferimiento y no hay razón para pensar que no habrá otro u otros. ¡Rubén puede morirse de viejo esperando su sentencia!
¿Qué ocupaciones preferentes pudo tener el Tribunal para elegir dejar preso a Rubén, sin decisión? Este es un caso de máxima importancia y el Tribunal lo sabe. Está en juego la libertad de un ciudadano, de un dirigente sindical, que por tanto tiene amparo constitucional. Pero además está en juego la situación de más de un centenar de trabajadores y dirigentes, procesados como Rubén, por protestar, y atentos a la sentencia que le dicten, pues a ellos les puede ser aplicada la misma medicina. Que nadie se llame a engaño a este respecto. La gran diferencia que distingue a Rubén es que a él lo han juzgado en la cárcel.
Pero no sólo está en juego la situación de ciudadanos por haber protestado. También lo está la imagen del Estado, que parece no tolerar el ejercicio de libertades públicas. Y está en situación muy riesgosa la jueza de la causa. Una decisión absolutoria puede hacer pensar en el caso de la jueza Afiuni. Una decisión condenatoria puede generar insolubles problemas de conciencia. Y todo el cuadro debe significar un drama para la defensa, por la impotencia en que se le coloca, que ni siquiera puede obtener para su cliente la libertad condicional que se ha dado a los demás procesados por protestar.
La maquinaria represiva que fue puesta en marcha para criminalizar la protesta, con ayuda de togados, ha ido demasiado lejos y ha terminado entrampando a procesados y funcionarios. Es hora de terminar esta locura, con valentía; de cerrar estos procesos-tramoya, y de que los Rubén-González vuelvan a disfrutar de una paz plena.
Correo del Caroní
lunes, 6 de septiembre de 2010
1581 manifestaciones públicas durante el primer semestre de 2010
Según en monitoreo realizado en los seis meses, el semestre cerró con 1581 manifestaciones públicas. Las demandas más comunes son aquellas relacionadas con derechos laborales así como las que tienen que ver con servicios básicos (ejemplo: calidad de vida, tales como servicios básicos, agua, vialidad y seguridad). Del levantamiento de información realizado se evidencia que cada vez hay un mayor ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Se registraron 14% de manifestaciones más que en el mismo periodo de 2009, cuando se escenificaron 1380 protestas.
Asimismo, en estos seis meses se registró un total de 91 manifestaciones reprimidas impedidas u obstaculizadas, en las que resultaron 301 personas lesionadas y 272 detenidas.
A continuación se presenta la mayor frecuencia por día registrada y el promedio estimado de manifestaciones diarias si tuviesen una distribución equitativa. Por ejemplo, el día en el cual se produjo la mayor cantidad de manifestaciones fue en enero con un total de 37, y el mes donde se registró mayor cantidad fue enero con 359 manifestaciones. El estado donde se registró el mayor número de protesta fue Zulia con un total de 339 y el sector social que más se movilizó fue trabajadores con una cantidad de 394.
Oficina de reclamos
Las demandas por derechos laborales se mantienen como las más frecuentes (484). En segundo lugar encontramos las demandas por servicios básicos (18.6%).
El precio de manifestar
El monitoreo constata que la mayoría de las movilizaciones en el país se desarrollan de manera pacífica. El 97.91 % de las protestas son de carácter pacífico. Afirmando que se mantiene la tendencia observada desde 2009, y en el análisis de los primeros seis meses de 2010 sólo 1.90% de las protestas presentaron características violentas.
En estos seis meses registramos una alta frecuencia de manifestaciones, se observa al mismo tiempo un correlato de represión de las mismas. No hay pruebas para identificar que el factor mediático o político influya en la represión de las manifestaciones, sino más bien, se evidencia la estandarización de la represión, independientemente del grupo que esté realizando la demanda.
En el primer semestre 2010 se contabilizaron 91 manifestaciones reprimidas, de las cuales hubo 32 lesionados y en 37 de esas manifestaciones se produjeron detenidos.
Muerte en el contexto de manifestaciones pacíficas
En este período se registró el fallecimiento de dos estudiantes en el contexto de las manifestaciones, por presuntos civiles armados. Este hecho pone en evidencia el comportamiento de los cuerpos de seguridad y manifestantes en medio de la polarización sociopolítica que vive el país.
El 20.01.10 durante una jornada de protesta de varias horas, en el estado Mérida, a favor y en contra de un decreto gubernamental que prohíbe cualquier transmisión del canal de televisión Radio Caracas televisión (RCTV), es asesinado de un balazo en el pecho Yorsinio Carrillo (15), estudiante de cuarto año de bachillerato del liceo Alberto Carnevali de Mérida. Carrillo formaba parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Horas más tarde, en la misma entidad, es herido de tres impactos de bala Marcos Rosales (28), activista del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT). Rosales fallece en el Hospital Universitario de los Andes.
Criminalización de la protesta pública
Durante el primer semestre de 2010 se confirmó la continuidad de una práctica sistemática orientada a criminalizar con procedimientos judiciales, principalmente juicios penales, a quienes ejercen el derecho a la protesta, estableciendo una evidente Política de Estado. Las organizaciones de derechos humanos, al igual que durante todo 2009, denunciaron la consolidación de un proceso de criminalización de las protestas y la obstaculización de manifestaciones con características pacificas.
Esta situación también fue denunciada en el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “democracia y derechos humanos en Venezuela”. De su resumen ejecutivo se destaca lo siguiente: “(…) la Comisión identifica una tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales. Información recibida por la Comisión señala que en los últimos cinco años más de 2.200 personas han sido sometidas a procesos penales por hechos relacionados con su participación en manifestaciones públicas. Así, la CIDH observa que en Venezuela se está restringiendo el derecho a manifestar a través de la aplicación de sanciones contenidas en normas emitidas durante el gobierno del Presidente Chávez, acusando a los manifestantes por la comisión de delitos tales como cierre de vías públicas, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad pública, obstrucción activa de las funciones de las instituciones legalmente constituidas, ultraje a funcionario público, instigación y asociación para delinquir, instigación pública a la desobediencia de leyes, agavillamiento, restricción de la libertad del trabajo, incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, entre otros. En su informe, la Comisión da cuenta de casos de personas que están enfrentando procesos penales por los que podrían ser condenados a más de veinte años de prisión, por hechos relacionados con su participación en manifestaciones contra el gobierno. En sus observaciones al presente informe, el Estado afirmó que cada vez que los sectores de la oposición al gobierno pretendan alterar el orden público violando las leyes de la República serán sometidos a juicio, sin que esto pueda ser interpretado como una restricción del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, ni una criminalización a la legítima movilización y a la protesta social. A juicio de la Comisión, esta práctica constituye una restricción a los derechos de reunión y de libertad de expresión garantizados en la Convención Americana, cuyo libre ejercicio es necesario para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusivo de todos los sectores de la sociedad”*.
Reiteramos que el Ministerio Público, los Tribunales Penales y los Cuerpos de Seguridad han establecido un triángulo de poder para someter a juicios penales a personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica. Se continúan aplicando los artículos 191, 218, 283, 285, 286,357, 358 y 468 del Código Penal, los artículos, 47, y 56 de La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, los artículos 139 y 141 de la. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, así como los artículos 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios.
Las organizaciones de derechos humanos de Venezuela denunciamos la criminalización de las diversas formas de protesta pacífica y reivindicamos el derecho a la protesta por reclamos sociales o demandas políticas que se realice en los términos establecidos en el artículo 68 de la Constitución. Los sectores que protestan en el país, por diversas motivaciones requieren de un trato igualitario con relación a quienes con derecho se manifiestan a favor del gobierno.
Rechazamos la política de Estado que pretende calificar como “conspiradora” toda protesta pues ello convierte en sospechoso de conspiración a todo aquel que manifiesta. El incremento de las protestas es un indicador de que la gente asumió la convocatoria a ser Protagónica. Y una forma de ejercer ese protagonismo es reclamando los derechos que considera le corresponden y que están garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Un caso emblemático es el del secretario general del Sindicato de Ferrominera Orinoco (FMO), Rubén González. Privado de libertad el 29.09.09, por liderar una paralización de 16 días, exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo. El 26.08.09, Radwan Sabbagh, presidente de FMO, en un hecho público, acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa; no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y la cancelación de las reivindicaciones laborales cuando la compañía tenga el dinero fueron los acuerdos alcanzados tras varias horas de reunión en una asamblea en Ciudad Piar. Un mes después el secretario general fue imputado por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir y violación de la zona de seguridad. Actualmente se encuentra detenido en la sede policial Patrulleros de Caronì, en el estado Bolívar.
El movimiento de derechos humanos a través de la “Campaña contra la Criminalización de la Protesta” inició una jornada de solidaridad con González. Haciendo un llamado a todas las organizaciones sociales y populares tanto de Venezuela como de América Latina y el mundo, para que le envíen cartas de apoyo y solidaridad, a través de:
1) Correo electrónico solidaridadconruben@gmail.com, en donde semanalmente una persona los imprimirá y se los llevará a su sitio de reclusión.
2) Enviando una postal, carta o publicaciones a la siguiente dirección: Patrulleros del Caroní (A la atención de Rubén González), Parroquia Unare, sector Unare II, detrás de los trailers de CVG Alcasa y frente al hogar Madre Emilia, Municipio Caroní, Puerto Ordáz, estado Bolívar, Venezuela.
Recomendaciones y exigencias
1. Diseñar y ejecutar una política democrática de control de orden público sustentada fundamentalmente en: a.-Prohibición del uso de armas de fuego en el control de manifestaciones. b.-Prohibición del uso de gases tóxicos. c.-Uso de la fuerza en caso de ser estrictamente necesario. d.-Uso diferenciado y proporcional de la fuerza. e.-Trato igualitario a todos los sectores sociales y políticos interesados enmanifestar de manera pacífica. f.-Adopción de medidas adecuadas para evitar que terceros desarrollen acciones violentas contra quienes manifiesten.
2. Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
3. Establecer responsabilidades penales y administrativas a aquellos funcionarios que incurran en un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas.
4. Escuchar, canalizar y dar respuesta efectiva las demandas de las distintas protestas bien sea competencia nacional o municipal.
5. Eliminar las descalificaciones a los grupos manifestantes por parte de funcionarios públicos de cualquier jerarquía.
6. Optimizar los procesos de reclamo de la comunidad a nivel municipal para atender eficientemente las necesidades de las comunidades.
7. Adelantar una investigación imparcial que establezca responsabilidades en el asesinato de manifestantes.
8. Dejar de abrir procesos judiciales penales a quienes ejercen de manera pacífica el derecho a la movilización y a la huelga.
Descargar el informe enero-junio 2010 sobre manifestaciones en Venezuela en el siguiente enlace: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/manifestaciones-ene-junio2010.pdf