Miami Herald: “Jueza que liberó a Cedeño languidece en prisión”

Durante los últimos ocho meses, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Colegio de Abogados de Nueva York han sido incapaces de lograr la liberación de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, quien languidece en una repleta prisión en las afueras de Caracas.

Ahora, algunos de sus aliados preparan un nuevo plan: elegirla al Parlamento Nacional. Si gana las elecciones el 26 de septiembre, tiene derecho a la inmunidad parlamentaria y pudiera quedar en libertad.

Se espera que las elecciones del próximo mes den a la oposición una oportunidad de arrebatarle algún grado de poder a los partidarios del presidente Hugo Chávez, que han dominado el Parlamento desde el 2005. Pero algunos también esperan usar la votación para centrar la atención en un sistema judicial que, según alegan, se ha convertido en un arma política para reprimir a los disidentes.

Tres presos políticos en una lista

El partido independiente La Base Decide ha incluido en su boleta a Afiuni y a otras dos personas que considera presos políticos, un policía y un soldado.

“Están presos por cumplir su trabajo”, dijo el lider partidista y personalidad radial Iván Ballesteros. “Son el ejemplo vivo del abuso de poder del gobierno”.

Aunque las definiciones varían, el grupo defensor de derechos jurídicos Justicia y Proceso calcula que en Venezuela hay unos 28 presos políticos.

La ira del Gobierno de Chávez

Afiuni provocó la ira del gobierno el 10 de diciembre cuando ordenó la liberación del banquero Eligio Cedeño hasta que se fijara una audiencia. Cedeño estaba esperando juicio desde hacía tres años bajo cargos de fraude fiscal y contrabando.

Sentada sobre una cubeta boca abajo y fumando sin parar en su celda pintada de blanco, Afiuni dijo que en el expediente de Cedeño no hay nada que amerite su detención. Además, los fiscales no se han presentado repetidamente en las audiencias del caso y la ONU calificó recientemente su detención de ilegal.

Cedeño fue liberado y menos de una hora más tarde Afiuni estaba tras la rejas acusada de corrupción y abuso de poder.

Días más tarde, Cedeño huyó a Estados Unidos, donde ha solicitado asilo. El abogado de Cedeño no contestó a varias llamadas y mensajes electrónicos en busca de comentario.

Al día siguiente de su detención, Chávez calificó a Afiuni de “bandida” en la televisión nacional y sugirió que la habían sobornado. La fiscalía finalmente reconoció que no había habido soborno pero mantiene la acusación de corrupción.

Chávez también exigió que la condenaran a 30 años, la sentencia más fuerte, que por lo general se reserva para los asesinos. Al día siguiente volvió a la televisión y dijo que en otra época a la jueza la habrían fusilado por su delito.

Enviada a una prisión con presos comunes

En vez de encarcelarla en una prisión para condenados por delitos administrativos, Afiuni fue enviada a una prisión llena de presos comunes, entre ellos más de dos docenas a los que había condenado como jueza durante su carrera de dos décadas. La jueza comparte su pequeña celda con otras dos personas. Varios prisioneros trataron de prenderle fuego en una ocasión.

Afiuni dijo que tiene pocas esperanzas de tener un juicio justo.

“El mejor ejemplo de que estamos en dictadura es la destrucción total del sistema judicial”, señaló. “Los jueces sólo obedecen al presidente de la republica”.

Afiuni nunca había participado en política y era prácticamente desconocida fuera de los círculos legales. Pero ahora, la situación de esta madre soltera ha generado una oleada de apoyo. Recientemente, simpatizantes suyos llevaron a cabo una marcha pidiendo que la pusieran en libertad, y la prensa de oposición ha mantenido su nombre en los titulares.

Poco probable que sea electa diputada

Aun así, analistas dicen que la situación política en Venezuela está tan polarizada que es poco probable que Afiuni –o cualquier otro candidato independiente– pueda ganar suficientes votos para desplazar a los contendientes del partido gobernante o de los varios candidatos de coalición de la oposición.

Incluso si ganara, Afiuni dijo que el gobierno ha pisoteado tan completamente la Constitución que ella duda que le permitirían ocupar su escaño en el Parlamento.

Detención de opositores

Su arresto es sólo uno de una ola de detenciones que según los críticos tiene el objetivo de intimidar a los enemigos del gobierno antes de las elecciones.

En marzo, las autoridades arrestaron a Oswaldo Alvarez Paz, miembro de la oposición y ex candidato presidencial, por cargos de conspiración, luego de que él sugirió que Venezuela se había convertido en un refugio para traficantes de drogas y guerrilleros izquierdistas. Fue puesto en libertad dos meses más tarde con órdenes de no hacer comentarios sobre el caso.

También en marzo, funcionarios detuvieron brevemente al legislador de la oposición Wilmer Azuaje acusándolo de haber golpeado a un agente de policía. Azuaje había acusado recientemente a la familia del presidente de haberse enriquecido durante su administración.

En junio, Guillermo Zuloaga, presidente de la estación televisiva opositora Globovisión, huyó del país después de que él y su hijo fueron acusados de acaparar automóviles en su agencia de venta de Toyota para jhacer subir los precios.

El mes pasado, el gobierno encarceló a Alejandro Peña Esclusa, un franco opositor político, acusándolo de terrorismo. Esclusa y su familia afirman que la policía le tendió una trampa, escondiendo explosivos en su casa y afirmando que eran suyos.

Otros candidatos potenciales han sido despojados de su derecho de presentarse a elecciones.

El gobierno niega que haya nada de político detrás de estos casos.

“Cada vez que ellos caen presos, ellos le dan la vuelta mediática y tratan de ponerse como unos perseguidos políticos”, dijo Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas y aliado incondicional de Chávez, que está ayudando a coordinar la campaña legislativa del partido gobernante. ‘‘Aquí no hay un solo hombre o mujer de oposición que esté perseguido o en la cárcel por delitos de opinión. Están por delitos de peculado, mal uso de fondos públicos; ninguno por delitos de opinión”.

La apariencia superficial de que se trata de procesos legales legítimos hace difícil identificar a los presos políticos, dijo Theresly Malavé, directora ejecutiva del grupo de derechos legales Justicia y Proceso.

“Este gobierno se cuida de dar aparencia de legalidad”, dijo. “Pero no hay un juez que decida de manera independiente o imparcial”.

Afiuni dijo que pasa la mayor parte del tiempo limpiando su celda, pensando en su hija adolescente y estudiando su caso. Debido a preocupaciones de seguridad, no se le permite comer con otras presas o participar en actividades colectivas.

Durante las horas de visita –dos veces por semana– se reúne con familiares suyos y con los partidarios políticos que la convencieron a entrar en la campaña. De todos modos, tiene demasiado tiempo libre y la cárcel la deprime. Algunos de sus amigos piensan que, si ella pidiera perdón a Chávez, el gobierno podría ser más indulgente. Esa perspectiva hace estremecerse a Afiuni.

“No le voy a pedir perdón a ese señor”, dijo ella. ‘‘El me tiene que pedir perdón a mí”.