“A pesar de que se mantiene el presupuesto nacional del sistema de justicia, que es de 2%, no es suficiente porque se están considerando los ingresos petroleros muy por debajo de los ingresos reales. Además, dentro del dinero que aprueba la Asamblea Nacional por créditos nacionales debería estar una parte destinada a la justicia”, destaca Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una de las once organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.Esa red defensora de DDHH presentó el informe anual con el fin de “realizar una veeduría social sobre la justicia en Venezuela y generar propuestas y recomendaciones para disminuir la impunidad, los retardos, los abusos policiales y la violencia, así como incentivar la participación ciudadana para optimizar la administración de justicia en el país”.
En el estudio se destacó la dificultad de acceder a informaciones públicas sobre la administración de justicia y la debilidad de las instituciones en la recopilación y difusión de estadísticas que permitan identificar problemas, logros y deficiencias de instituciones públicas.
También se dio a conocer el déficit de funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en los estados Aragua y Carabobo.
“El promedio nacional es de 3 jueces penales por cada 100 mil habitantes, mientras que en esos estados no llega a 1,5. Si tomamos en cuenta las cifras anuales de delito, divulgadas por el Cicpc, notamos que cada juez debe atender aproximadamente 300 casos y, en Aragua y Carabobo, deben encargarse de más de 800 casos”, explica Ruiz.
A juicio del representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, esta situación es consecuencia de que aún no se ha instalado la Comisión Nacional del Sistema Judicial que debió ponerse en marcha el año pasado, luego de que se aprobara la Ley del Sistema Judicial.
“El retardo es de la Asamblea Nacional, pues al aprobarse una ley tiene un plazo de 30 días para convocar a todas las instituciones del sistema de administración de justicia y crear esa comisión”, añade.
TORTURAS EN AUMENTO: En el informe también se destacó el incremento de las denuncias de tratos crueles por parte de funcionarios públicos, razón por la cual los defensores de DDHH recomiendan que se apruebe una ley contra tortura.
Ruiz explica que la disposición cuarta de la Constitución establece que la AN tenía hasta el año 2001 para crear una ley contra la tortura. Como no se ha promulgado, "no se están aplicando las sanciones adecuadas a los funcionarios responsables de estos actos, no hay programas de atención médica, psicológica ni de rehabilitación para las víctimas de la tortura. Tampoco se ha creado un fondo de indemnización para las víctimas de abusos policiales y militares en general".
El vocero de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz añade que "Venezuela está en mora con su propia Constitución y con los reglamentos internacionales", pues también están aprobadas la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada el 26 de junio de 1991).
Asimismo, señala que el Ministerio Público registró en 2008 un total de 22 casos de sentencia condenatoria contra funcionarios responsables de violación de DDHH y, en 2009, fueron 57 casos. “Con respecto a las denuncias, es menos de 2%, por lo que todavía 98% de las violaciones de DDHH por parte de funcionarios no han sido sentenciadas”.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos propone la participación ciudadana y obtención de datos a partir de las experiencias de los individuos.
Las once organizaciones que conforman dicha red funcionan como “un espacio abierto al diálogo y formación dentro de la comunidad”, y tiene por finalidad “dar seguimiento a la actuación del sistema de administración de justicia penal ante denuncias de violaciones a DDHH, capacitar a la comunidad y brindar acompañamiento a organizaciones comunitarias para la atención de víctimas de torturas de funcionarios públicos”.
Tal Cual Digital
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