El 14 de julio, el Presidente Chávez solicitó una investigación penal a organizaciones de defensa de derechos humanos acusadas de recibir fondos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con el propósito de desestabilizar al gobierno de Venezuela. El llamado a realizar una investigación “a fondo” acerca de las fuentes de financiamiento de las ONG venezolanas es visto como la más reciente de una serie de restricciones a la vigencia de los derechos humanos, en particular los que se refieren a la libertad de expresión.Tácticas de hostigamiento, que incluyen amenazas públicas y la apertura de procesos judiciales, son utilizadas regularmente por el gobierno de Venezuela para silenciar las voces críticas y socavar el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.
A principios de este año, un miembro de la oposición política, Oswaldo Álvarez Paz, fue arrestado bajo el cargo de “conspiración contra el gobierno” por opinar acerca de la participación de Venezuela en el tráfico de drogas. Por esta acusación podría recibir una sentencia de dos a dieciséis años de cárcel. El 11 de junio, el periodista Francisco Pérez recibió una sentencia de prisión de 3 años y 9 meses, se le despojó de su licencia profesional y se le ordenó pagar una multa equivalente a US$ 20.000 por publicar un artículo sobre la corrupción del gobierno local de la ciudad de Valencia. Informes acerca de las amenazas, hostigamiento y abusos se han hecho cotidianas, mientras activistas y miembros de la prensa se han visto forzados a operar en condiciones peligrosas.
La última de las medidas gubernamentales busca obstaculizar el acceso de las ONG a importantes recursos de la cooperación internacional, al calificar esta actividad como una violación a la autonomía y soberanía venezolanas. La cooperación internacional ha sido utilizada para servir a la población venezolana por más de veinte años y es un recurso esencial para la protección de los derechos humanos y para el fortalecimiento de la sociedad civil. El derecho a recibir recursos de la cooperación internacional está claramente establecido en el artículo 13 de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de defensores de derechos humanos, y establecido de manera integral como parte de los mecanismos necesarios para la protección de los derechos humanos en la Resolución 53/144 de la Asamblea General.
Muchas organizaciones venezolanas de defensa de los derechos humanos no podrían continuar haciendo su trabajo sin la cooperación y el financiamiento internacional. Al restringir el acceso a la cooperación internacional, el gobierno de Venezuela estaría no solo actuando en contra de sus propias obligaciones internacionales y de la protección a la libertad de expresión consagrada en la Constitución venezolana, sino además afectando seriamente a la población venezolana al privarla de recursos invalorables.
Urgimos al gobierno de Venezuela a proteger los derechos civiles de sus ciudadanos, poniendo en práctica inmediatamente los siguientes correctivos:
Reconocer y aceptar el valor de la cooperación internacional y del trabajo en derechos humanos, como una manera de proteger los derechos civiles y la estabilidad;
Poner fin a las acciones de hostigamiento, persecución y amenaza hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, demostrando su compromiso con la protección de los derechos humanos y con las garantías de seguridad personal para todos los ciudadanos;
Acabar con las prácticas de descrédito hacia las organizaciones de derechos humanos, poniendo fin a las acusaciones e investigaciones penales en contra de organizaciones que reciben cooperación internacional; y
4) No aprobar el Proyecto de Ley de Cooperación, que restringiría aún más las libertades civiles y la vigencia de los derechos humanos.
Nosotros, como representantes de la sociedad civil, nos oponemos firmemente a cualquier tipo de política oficial de hostigamiento, así como a las deficiencias del Estado en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos.
Las organizaciones de sociedad civil que suscriben este documento son:
Artículo 19, Organización independiente de defensa de los derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión.
CIVICUS, Alianza Mundial para la participación Ciudadana, es un movimiento global de la sociedad civil, con miembros y aliados en más de 100 países. El Observatorio de Sociedad Civil es un programa de CIVICUS que hace seguimiento a las amenazas a las libertades de expresión, asociación y reunión en todo el mundo.
El Intercambio de Servicios para el Desarrollo (Development Services Exchange) es una organización paraguas de las Islas Salomón, establecida en 1984, con el objetivo de facilitar y coordinar servicios de desarrollo para las ONG y sus aliados.
La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (NANGO) es una comunidad de ONG de Zimbabwe, comprometida con el fortalecimiento, la representación y la coordinación del trabajo de las ONG en Zimbabwe.
La red de Organizaciones de Nigeria (NNNGO) es la primera institución de miembros de la sociedad civil de Nigeria, que facilita el activismo efectivo para lograr cambios en temas de pobreza y otros relacionados con el desarrollo. Fue creada en 1992 y agrupa a más de 800 organizaciones, que van desde grupos pequeños que trabajan en el nivel local, hasta redes más grandes que trabajan a nivel nacional.
La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo (RNDDL), es una organización paraguas dedicada a la promoción del desarrollo local incluyente en Nicaragua, con base en la equidad de género, oportunidades para personas de todas las edades y el multiculturalismo.
El Consejo Escocés de Organizaciones de Voluntariado (SVCO) es una asociación nacional de sociedad civil de Escocia.
Sinergia, es la Asociación Venezolana de organizaciones de sociedad civil, que tiene como centro de su acción la promoción y defensa de los derechos de libre asociación y de participación.
www.civicus.org
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