Hoy 30 de agosto de 2010 el agotado cuerpo de nuestro esposo y padre Franklin Brito, dejó de respirar. Tras una lucha de más de seis años, más de ocho huelgas de hambre, la mutilación de un dedo y haber sido víctima de una irregular privación de libertad, el cuerpo de Franklin Brito dejó hoy de realizar funciones vitales. Todo esto no significa, sin embargo, que Franklin Brito ha muerto. Franklin vive en la lucha del pueblo venezolano por el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, por la vida en libertad y el respeto de los gobiernos a los derechos humanos, colectivos e individuales. Franklin Brito deja de ser carne para convertirse en símbolo y bandera para todos los atropellados por la soberbia del poder, para los ofendidos por la prepotencia de los gobernantes, para los que creen que la verdad y la justicia están siempre por encima de circunstancias y conveniencias. El cuerpo de Franklin Brito muere en la institución militar donde lo mantenían retenido en contra de su voluntad. El gobierno del Presidente Hugo Chávez ignoró la petición de Franklin, el clamor de su familia y los llamados de los organismos internacionales para permitir que tuviera acceso a asistencia médica elegida por él mismo y, por lo tanto, merecedora de su confianza. Por eso, la familia Brito por ahora se abstiene de emitir opiniones sobre las causas directas del deceso, en virtud de las insólitas e inhumanas circunstancias que lo rodearon. Pero lo que si podemos decir desde ya es que la lucha de Franklin Brito sigue. Nosotros, su familia, seguiremos luchando por el patrimonio de sus hijos. Y su consciente sacrificio no será en vano mientras los hijos de Venezuela estén también dispuestos a defender el patrimonio físico y moral de la Nación. En momento posterior, cuando el dolor nos lo permita, emitiremos una nueva comunicación. Por ahora, sepa Venezuela que a Franklin Brito no pudo vencerlo la agresión, no pudo atemorizarlo la amenaza ni pudo doblegarlo la oferta corrupta. Por eso y por mucho más, en estos tiempos de muerte y dolor Franklin Brito es símbolo de decencia y vida. Estamos seguros que el alma de Franklin, desde el reino de nuestro señor Jesucristo, nos seguirá iluminando. ¡Porque su lucha, que debe ser lucha de todos, CONTINÚA!
Elena Rodríguez de Brito
Ángela Brito Rodríguez
Francia Brito Rodríguez
Franklin José Brito Rodríguez
José Franklin Brito Rodríguez
Caracas, Hospital Militar
Lunes 30 de Agosto de 2010. 10:20 PM
Diariamente los Derechos Humanos de los venezolanos son ignorados y violados por el gobierno y sus seguidores, quienes actuan sin freno, al estilo paramilitar típico de las dictaduras.
martes, 31 de agosto de 2010
Palabras de la familia Brito
lunes, 30 de agosto de 2010
Habla Peña Esclusa: El gobierno orquestó el caso y ordenó ’sembrar’ pruebas en mi casa
Alejandro Peña Esclusa, quien se encuentra encarcelado en la cárcel de la agencia de inteligencia en Caracas, dijo que fue arrestado porque Chávez quería neutralizar su labor.
El Ministerio Público anunció cargos contra Peña Esclusa el viernes, más de seis semanas después de su arresto el 12 de julio. El opositor fue acusado de tráfico de armas de guerra en la modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que los agentes que allanaron su apartamento encontraron 100 detonadores y 900 gramos (2 libras) de explosivos C-4.
“Las acusaciones en mi contra son una farsa. Las autoridades lo saben muy bien, porque fue el propio gobierno el que orquestó el caso y ordenó ’sembrar’ pruebas en mi casa, recurriendo a policías corruptos, quienes aprovecharon para robar dinero, prendas y equipos electrónicos durante el allanamiento“, dijo por escrito el sábado en la noche Peña Esclusa, en respuesta a preguntas de The Associated Press.
La esposa de Peña, Indira, acusó a las autoridades de plantar explosivos en una gaveta del escritorio de su hija de ocho años. “No existe ninguna posibilidad de que un juez me absuelva, aunque presente las pruebas más sólidas”
Peña, quien dirige el pequeño grupo Fuerza Solidaria, también ha sido un fuerte crítico de los aliados latinoamericanos de izquierda de Chávez. En 2002, el opositor fue encarcelado por sospechas de que tenía vínculos con los militares involucrados en el fallido golpe de estado de ese año, pero luego fue liberado. “Definitivamente soy un prisionero político; eso lo reconoce toda Venezuela”, aseguró Peña. “Nunca he creído en la violencia como forma de lucha; condeno el terrorismo por ser inmoral e irracional; y, además, contraproducente en todo sentido.”
David Colmenares, director de contrainteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional dijo, cuando Peña fue arrestado, que los agentes allanaron el apartamento sobre la base de la información que les dio el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, acusado de colocar bombas en Cuba. El hombre fue enviado de regreso a la isla, donde enfrenta un juicio por una serie de ataques con bomba en 1997.
El ministro de Justicia Tareck El Aissami dijo que Chávez Abarca confesó que estaba planeando ataques para interrumpir violentamente las elecciones legislativas del 26 de septiembre en Venezuela y había contactado a algunos “sectores fascistas de la oposición”. “No existe ninguna posibilidad de que un juez me absuelva, aunque presente las pruebas más sólidas”, dijo Peña Esclusa. “La Justicia venezolana está totalmente secuestrada por el Ejecutivo”.
Si Peña Esclusa es encontrado culpable podría ser sentenciado a entre seis y 10 años de cárcel, según las autoridades.
Noticias 24
viernes, 27 de agosto de 2010
"Cadáveres en fila cubrirían distancia Caracas-Valencia"
Con el propósito de emplazar y "sacudir" a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional para que actúen según las obligaciones que le asigna la Constitución, activistas de Primero Justicia, conducidos por el coordinador nacional del partido, Julio Borges, representaron una escena que a diario se vive en las zonas populares del país: que un cadáver yazga en la calle por horas.
En la plaza Morelos, donde se ubica la sede de la Defensoría, un centenar de personas cubiertas por sábanas blancas manchadas de rojo, semejando sangre, se tendieron a lo largo y ancho en representación de los casi veinte mil asesinados en 2009 en todo el país.
"Estamos haciendo esta protesta a las puertas de la Defensoría del Pueblo, porque esta institución está obligada a encontrar la posibilidad de que los derechos de los venezolanos se ejerzan y se cumplan plenamente". Borges explicó que si se colocaran los cadáveres de quienes han perecido víctimas de homicidios unos al lado de otros, cubrirían la distancia de Caracas a La Guaira, mientras que si se hiciera lo mismo con la cifra total de la década -que pasa de 116 mil personas- cubriría la distancia Caracas-Valencia, unos 160 kilómetros.
"En todos estos años las instituciones del Estado no han cumplido con sus verdaderos roles y no han ejercido acciones efectivas para garantizar la vida de los venezolanos en las calles", dijo Julio Borges, quien recalcó que "nunca" el Parlamento dominado por el chavismo ha aprobado una moción contra la violencia ni contra la impunidad.
"El reto de las elecciones del 26 de septiembre es tomar el camino de la justicia, para que sea accesible a los venezolanos y puedan hacer cumplir sus derechos. Queremos tener una Fiscalía, una Defensoría del Pueblo y una Asamblea Nacional que trabajen para la gente y no para un proyecto marxista. Que en lugar de defender un puesto estén determinados a resguardar la vida de todos por igual".
Borges, candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 4 de Miranda y segundo en la lista de ese estado, recordó las propuestas que impulsa su partido como parte de la oferta programática de la Mesa de la Unidad, entre las cuales destaca una ley de desarme, así como otra de atención a las víctimas de la violencia.
Dijo el coordinador de PJ que hay quince millones de armas, cifras admitidas por los propios voceros del oficialismo en el Parlamento, que están "dando vueltas" sin ser desincorporadas por las autoridades.
El Universal.
jueves, 26 de agosto de 2010
Trabajadores de Norpro de Venezuela: “Estamos desguarnecidos”
Cuatro meses sin salario llevan los trabajadores de Norpro de Venezuela. Desde que comenzó el proceso de nacionalización no han recibido ninguna remuneración por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa que tutela la administración de la fábrica.
No hay una junta administradora, un gerente, ni alguna autoridad dentro de la compañía, tampoco aparece la Gaceta Oficial que legalice el proceso.
Los trabajadores se las arreglan para mantener al personal permanentemente dentro de la planta. Se conformaron en dos grupos, uno para la mañana y otro para la noche, de manera de poder custodiar las instalaciones.
Molestos, un grupo ofreció este 25 de agosto una rueda de prensa para relatar la desidia a la que están sometidos, recordaron las palabras del presidente Hugo Chávez, cuando el pasado 15 de mayo desde CVG Alcasa anunció la nacionalización de la planta.
Alfredo Ojeda, trabajador de almacén, contó que hasta ahora han sobrevivido con las liquidaciones que recibieron por parte de las empresas contratistas, pues Norpro de Venezuela tenía a toda su mano de obra tercerizada.
“La población que hace vida acá somos todos jóvenes, tenemos niños pequeños a los que tenemos que pagarle guardería, tenemos que comprar útiles, en fin, necesitamos tener un trabajo estable”, dijo Ojeda.
La declaración contrasta con la información suministrada por el representante del Sindicato Profesional de Trabajadores de Abrasivos y Cerámicos, Conexos y Similares (Sinprotrac), William Vicente, quien el pasado 10 de agosto afirmó que los empleados sí estaban cobrando su salario.
“Estamos completamente desguarnecidos”, refirió Ojeda. El personal administrativo y los representantes de Norpro de Venezuela se fueron de la empresa en el momento de nacionalización.
El dirigente relató que los primeros días hubo presencia de una representación de Pdvsa Industrial, pero desde hace unos meses no cuentan con ninguna información oficial.
Queremos respuestas: En la empresa los trabajadores reclamaron. “¡Que nos digan qué vamos a hacer, que nos hablen claro, porque si no nos vamos y buscamos trabajo en otra parte. No podemos seguir aguantando”, reclamaba uno de los afectados.
Ojeda señaló que el 30% de los empleados ha decidido buscar empleo en otras empresas. “Hay gente que no puede esperar. Imagínate que te dejen de pagar ¿cómo haces? Tenemos compromisos que cumplir”Provea Venezuela
miércoles, 25 de agosto de 2010
Denuncian irregularidades en el hospital “Dr. José Gregorio Hernández” de Los Magallanes de Catia
El COSS, es un grupo conformado por familiares de hombres y mujeres afectadas y afectados por el mal funcionamiento del servicio de salud, con el objeto de monitorear y exigir el respeto y garantía del derecho a la salud, según lo establece el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Linares, denuncia que el pasado 11 de agosto se trasladó al hospital José Gregorio Hernández con su nuera Elizamar Contreras, “que se encontraba ya en proceso de parto y había votado todo el liquido amniótico”.
Señala que tuvieron que esperar mientras se realizaba el cambio de guardia para que esta fuera atendida “cuando la atendieron nos mandaron a hacerle un eco ya que en el hospital no tenian insumos para hacerlo”. Se dirigieron al Centro de Diagnostico Integral de Catia porque que no contaban con recursos para hacerlo en un centro de salud privado.
“Cuando regresamos al hospital con los resultados del eco, la doctora a cargo no quería aceptarlo ya que los cubanos no son médicos” aseveró Linares.
Luego de que familiares se comunicaron con varias personas dentro del hospital, aceptaron realizarle el eco a Contreras. En horas de la tarde fue ingresada al quirófano, “al rato se dirigió a nosotros una secretaria y nos informo que a Elizamar le habían realizado una cesárea y en ningún momento se nos había notificado y mucho menos ella había llevado un control en ese hospital para que esta le fuera realizada” puntualizó Linares.
Provea Venezuela
martes, 24 de agosto de 2010
Más de tres mil casos de dengue cada semana en Venezuela
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, retornó la publicación de los boletines epidemiológicos, aunque con un rediseño en su formato, a pesar de que no ha concluido el año, lo que podría alterar la comparación y el seguimiento de las distintas enfermedades epidemiológicas. Además, los boletines solo han sido actualizados hasta el 30 de julio.
Según el análisis que realiza la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, 49,78% de los casos de dengue se produjeron en las últimas diez semanas, que reportaron el mayor número de casos semanales en nueve años. Al decir de la Red, que plasma su análisis en el Alerta Epidemiológico 146, estas cifras indican que “la epidemia está en plena actividad” y que la cifra alcanzada en 30 semanas de 2010 es mayor que la cifra total de casos de 2009, cuando se ubicaron en 65.869.
Basados en las cifras, establecen que 18 entidades federales están en epidemia. En la última semana reportada, Amazonas registró 75 casos; Aragua 303; Carabobo 199 (la más elevada en 17 semanas); Delta Amacuro 26; Distrito Capital 261; Guárico 148; Lara 310; Miranda 456; Sucre 100; Trujillo 93; Vargas 69; Yaracuy 96 y Zulia 442. Esto se contradice con la posición de MinSalud, plasmada en el Boletín Epidemiológico 30 y que asegura que “seis estados mantienen franca tendencia descendente: Distrito Capital, Amazonas, Barinas, Mérida, Portuguesa, y Táchira, 7 estados se mantienen con frecuencia estable y 11 con tendencia ascendente. Destacan 5 estados fuera de calificación de epidemia: Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure y Bolivar”.
Del total de casos, 6.418 casos han sido hemorrágicos, la forma más letal de dengue. Esa cifra es mayor en 24,64% que todos los ocurridos durante 2009.
Apuntan que el análisis no hace mención de que la mayor prevalencia del hemorrágico se observa en menores de un año. Esto es importante enfatizarlo porque alerta a los profesionales de la salud sobre este grupo etario en particular. Las cifras son elocuentes. En menores de un año enferman 68,9 por cada cien mil habitantes, tres veces más que en el resto de las edades, de 22,3 por cada 100 mil”Provea Venezuela
lunes, 23 de agosto de 2010
Conozca el último informe Iwgia sobre “Los Pueblos Indígenas Aislados o con poco Contacto” de Venezuela
Tal es el caso de grupos de los pueblos indígenas Hoti, Yanomami y Piaroa que habitan en los estados de Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, en zonas de difícil acceso geográfico.
El informe elaborado por Luis Jesús Bello demuestra que los grupos indígenas con poco contacto en Venezuela se encuentran amenazados en su sobrevivencia física y cultural debido a la invasión y destrucción del territorio donde han permanecido.
Otro factor que los afecta es la ausencia, por parte de los órganos del Estado competentes en materia indígena, de políticas públicas sistemáticas para protegerlos.
El informe brinda información específica sobre la acción de diferentes agentes foráneos -sobre todo mineros ilegales provenientes de Brasil y Colombia- que en los últimos años han penetrado sistemáticamente estos territorios.
La movilidad permanente de los mineros coloca a los grupos con poco contacto de estos pueblos en una situación de fuerte vulnerabilidad, sobre todo por la introducción de enfermedades endémicas y epidémicas.
Además, la contaminación y destrucción de su territorio y la reducción del espacio para sus actividades tradicionales de subsistencia son otros factores que los amenazan.
Para descargar el informe, visitar el siguiente enlace
viernes, 20 de agosto de 2010
122 sindicalistas han sido asesinados en los últimos dos años en un contexto de alta impunidad
Provea, utilizando el concepto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que los/as sindicalistas son defensores/as de los derechos humanos. La ONU, y otras organizaciones del sistema internacional de protección como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) consideran que “toda persona que de cualquier forma promueva la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional, debe ser considerada como defensora de derechos humanos”.
La inmensa mayoría de las víctimas corresponden a la violencia relacionada con la obtención de puestos de trabajo bajo la modalidad de sicariato, principalmente en los sectores construcción y petróleo. Esta modalidad diferencia la situación de nuestro país de los crímenes contra los sindicalistas denunciados en otras partes del mundo, por ejemplo Colombia. En un estudio sobre ataques a defensores/as de derechos humanos en Venezuela, entre los años 1997 y 2007, elaborado conjuntamente por Provea y la Vicaría de Derechos Humanos, se registró que la primera víctima por esta modalidad, Wilmer Velásquez, falleció en julio del año 2001 en Coloncito estado Táchira. A partir de ese momento se inició una espiral de violencia que tuvo un primer momento álgido en el año 2006, cuando se registraron 23 asesinatos, sumando un total de 52 casos para mayo de 2007. De esta cifra el 42.2% de los ataques ocurrieron en el estado Bolívar. De continuar con las tendencias reflejadas hasta el momento, se proyecta que para el año 2011 se superarán las 200 víctimas.
El Estado ha incumplido sistemáticamente su deber de investigar y sancionar estos crímenes. Según el estudio realizado por las dos organizaciones de derechos humanos en 10 años, de los 52 casos apenas 3, es decir, en sólo el 5.7% del total, fueron sancionados los responsables de los ataques por una sentencia firme en tribunales y privados de su libertad en un centro penitenciario. Esto revela la existencia de una situación de alta impunidad y la ausencia de investigaciones sobre las denuncias que involucran la presunta participación de funcionarios policiales en los crímenes, así como de diferentes organizaciones sindicales como autoras intelectuales de los asesinatos.
Para Provea son varias las causas de esta espiral de homicidios. En primer lugar la situación general de violencia e impunidad existente en el país, donde según cifras oficiales del CICPC para el año 2008 ocurrieron 14.467 homicidios en el país, 3 asesinatos cada dos horas en Venezuela. En segundo lugar, la existencia de la cláusula 53 en la Convención Colectiva del sector construcción, la cual estipula que “el empleador se compromete a solicitar del respectivo Sindicato el setenta y cinco (75%) de los trabajadores que requiera”, la cual ha ocasionado que las organizaciones gremiales prioricen atribuciones patronales sobre la defensa de los derechos de sus agremiados. El denominado “paralelismo sindical”, mediante el cual se han creado, de manera artificial y por motivaciones políticas, organizaciones gremiales que rápidamente han desnaturalizado sus funciones. Por último, y relacionado a lo anterior, la actual debilidad del movimiento sindical en el país, que a pesar del aumento de la cantidad de organizaciones no posee incidencia real en el diseño y ejecución de políticas públicas para la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. La fragmentación, poca autonomía, débil capacidad de presión política y polarización de las centrales sindicales existentes, han influido en que la violencia sindical por la obtención de puestos de trabajo, no se encuentre entre las principales preocupaciones y exigencias de las movilizaciones obreras en Venezuela.
Provea solicita a los poderes públicos, tanto al Presidente de la República, al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, a la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo un explícito reconocimiento de la gravedad del problema; el inicio de un debate amplio con la participación de los/as diferentes actores involucrados/as, sobre sus causas, y el diseño de políticas a corto, mediano y largo plazo para revertir esta situación que ha enlutado a decenas de familias venezolanas.
Si desea conocer la lista completa de las 122 víctimas de los últimos dos años, consultar el siguiente enlace: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=6059
Provea Venezuela
jueves, 19 de agosto de 2010
Reporteros Gráficos: Estamos en la obligación y derecho de captar imágenes noticiosas
Comunicado
El Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela es una organización gremial con 67 años de historia que agrupa a los profesionales de la lente, los cuales son los que día a día han llevado a los lectores la información gráfica necesaria que complementa lo requerido en todos los momentos políticos, en circunstancias fuertes y tensas de nuestro país.
El CRGV quiere llamar la atención a la opinión pública en relación a las funciones de un reportero gráficos y en ese sentido podemos definir lo que debe ser la información fotográfica “El Reportero Gráfico está en la obligación y derecho de captar imágenes noticiosas que observe en cualquier momento que éste considere de interés informativo”
Es importante resaltar que en estos momentos, cuando una fotografía se ha querido presentar como grotesca por intereses de algunos, indicamos que durante años también se han publicado graficas provenientes del exterior de hechos crueles y lamentables, muy extensos de explicar en caso de mencionarlos.
Pensamos que el hecho noticioso siempre va a estar frente a las cámaras de fotografía o de video, lo que indica que el trabajo profesional de un reportero grafico no puede ser obstaculizado por ningún interés que pretenda silenciar una realidad evidente, que está a la vista de todos quienes la padecen.
En tanto, nuestra organización gremial rechaza contundentemente los calificativos utilizados por la Coordinadora Nacional de Ciencias Forenses del CICPC, Carmen Centeno, al referirse como “Pornografía Periodística”, “Podredumbre Mediática” y “Morboso” al referirse a nuestro ejercicio profesional. Recordamos que no se trata de manipular algún escenario, es simplemente mostrar lo que ocurre en la sede de Medicatura Forense, cuyo contacto es obligado para quienes allí laboran y para quienes lamentablemente deben acudir a la Sala de Autopsias para reconocer a su familiar fallecido.
Reiteramos nuestro compromiso a seguir luchando por esa verdad que queda plasmada en nuestras herramientas de trabajo para defender la libertad de información que permite vivir a los venezolanos contacto con lo que acontece y aqueja
Provea Venezuela
miércoles, 18 de agosto de 2010
Juez prohíbe a diarios publicar fotografías violentas por un mes
Durante las siguientes cuatro semanas ningún diario, revista ni semanario del país podrá publicar imágenes de tipo "violento, sangriento, grotesto, bien sea de sucesos o no". La prohibición la giró el juez 12 de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, William Páez, al admitir la petición que 24 horas antes le hiciera la Defensoría del Pueblo para que impidiera que otros medios impresos siguieran el ejemplo del diario Tal Cual y reprodujeran la imagen del interior de la morgue de Bello Monte que el pasado viernes publicó El Nacional en su primera página.La medida, según consta en el oficio 111/2010 que Páez le remitió a Teodoro Petkoff, editor de Tal Cual, busca proteger "la integridad psíquica y moral de los niños y adolescentes". En ese mismo documento le pide al directivo del matutino abstenerse de difundir más imágenes violentas.
Horas antes el mismo juez envió a El Nacional otro oficio en el que le informaba que había dado trámite a la denuncia que el Ministerio Público interpuso por la publicación de la foto donde se veían varios cadáveres apilados dentro de la Medicatura Forense y le ordenaba que no solo no divulgara más fotografías de este tipo, sino tampoco informaciones y publicidades con "contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños".
Aun cuando la razón que motivó al Ministerio Público y a la Defensoría a acudir a los tribunales es la misma: la difusión de la polémica foto. El juez adoptó resoluciones que afectan de maneras distintas a El Nacional, Tal Cual y los demás medios impresos.
Pronunciamiento curioso
Para el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, Jesús María Casal, la decisión del juez Páez contra la prensa escrita es "curiosa", pues la orden que prohíbe la publicación de imágenes violentas dura un mes y ese lapso coincidirá con la venidera campaña para las elecciones parlamentarias, la cual arranca este 25 de agosto.
En similares términos se pronunció el catedrático Rafael Chavero, quien denunció que "se está aprovechando el caso de una foto para restringir la circulación de informaciones sobre el principal problema de los venezolanos. Esto es una demostración más de que se busca silenciar todo aquello que molesta y suena a crítica".
El jurista no dudó en calificar el dictamen judicial como "una medida de censura desproporcionada, arbitraria, injustificada y caprichosa" y recordó que "los jueces no pueden censurar, pues constitucionalmente no hay posibilidad de establecer la censura previa".
La Carta Magna en sus artículos 57 y 58 proscribe la censura para opiniones e informaciones; mientras que en el artículo 143 establece que la misma no puede ser impuesta a los funcionarios públicos y que ellos pueden informar a la colectividad sobre los asuntos bajo su responsabilidad.
Posiciones encontradas
Horas antes de que se produjera la resolución judicial, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Allegret, había mostrado su rechazo a cualquier medida en contra de los medios. "Lo que debería hacer el Gobierno es tomar la información que se da en los medios para tomar acciones y mejorar la situación. No puede ser que la solución sea cerrar y amonestar a los medios por haber puesto una foto que es una realidad".
En contraposición, la presidenta del Instituto Nacional de los Derechos del Niño (Idena), Litbell Díaz, se mostró partidaria de ponerle un coto a la circulación de ciertas imágenes e informaciones, por considerar que se han vulnerado los derechos de los infantes.
"Los que publicaron la foto saben que la imagen afecta mucho a los niños y a los adolescentes. Pero como su intención es desestabilizar, lo hacen con premeditación, lo cual es mucho más grave", afirmó la funcionaria, quien no realizó ninguna petición a las autoridades para que eviten que diariamente niños sean afectados por la violencia, bien sea porque quedan huérfanos o porque fallecen a manos de ella.
Tres mil niños fueron asesinados entre 2003 y 2005 en el país, según distintas organizaciones no gubernamentales.
El Universal
martes, 17 de agosto de 2010
'La Justicia venezolana ha muerto con Chávez por falta de autonomía'
"No puedo salir de esta área; ir al comedor o al patio. Llevo ocho meses sin poder disfrutar del cielo abierto". Algunas internas la amenazan desde el otro lado pasillo; "te vamos a sacar los ojos", y han tratado de meterse en su habitación con un puñal artesanal.Ella afirma que es "una presa de Chávez". "No he cometido ningún delito, él me condenó por televisión", dice en su celda de "dos por tres metros". En realidad la condenó tres veces. Las tres veces que habló de su caso en sus frecuentes intervenciones públicas. "Habrá que meterle pena máxima a esa bandida: ¡30 años de prisión! Esa jueza tiene que pagar con todo el rigor de la Ley por lo que ha hecho, y a cualquier otro juez que se le ocurra algo parecido", dijo Chávez en cadena nacional el pasado 12 de diciembre.
Un día después, el líder revolucionario insistió que "debería ser condenada a la pena máxima" y agregó que en tiempos de Simón Bolívar, la jueza hubiera sido fusilada.
Cumplir la ley
Afiuni contesta que se limitó a cumplir el Código Penal. Su delito: excarcelar al empresario Eligio Cedeño; acusado de sustraer 27 millones de dólares del sistema cambiario. El pasado 10 de diciembre, la jueza liberó al empresario y le dictó prohibición de salida del país, con régimen de presentación cada 15 días. Pero el banquero venezolano huyó a Florida.
"Cedeño llevaba tres años preso sin sentencia firme, y la Ley dice que un acusado sólo puede estar 24 meses. Lo que hice fue cumplir la Ley", señala. "El expediente de Cedeño tenía hasta una resolución de la ONU donde me instaba a darle una medida cautelar".
La Fiscalía ordenó su detención media hora después de poner en la calle al empresario. Pero en lugar de enviarla a una prisión para condenados por delitos administrativos, Afiuni ingresó a una cárcel de presos comunes a las afueras de Caracas, donde hay una docena de internas que ella mismo puso tras las rejas.
"Comparto prisión con sicarias con 18 asesinatos, infanticidas, narcotraficantes...". Esta jueza con 10 años de experiencia en los circuitos de Caracas fue acusada de "corrupción, abuso de autoridad y ayuda a la fuga" por actuar sin la presencia de un fiscal. Durante la audiencia preliminar, los fiscales no encontraron nada extraño en sus cuentas de banco que demostrara el cobro dinero. La jurista hace comparaciones: "Imputar corrupción sin beneficio económico es un disparate. Es como un homicidio sin cuerpo...".
Durante estos ocho meses, el Parlamento Europeo; la comisión de la ONU sobre la detención arbitraria; la organización Human Rights Watch; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y colegios de abogados de todo el continente han pedido su liberación, pero Chávez desestima las críticas, argumentando que una jueza "que libera a un bandido es peor que el bandido mismo".
"El enfado de Chávez por televisión confirma que Eligio Cedeño era un preso político... A él le pierde su boca".
-¿Y con su caso?
-Supongo que es una medida aleccionadora. Detener a un juez por dictar una medida cautelar es un atropello. El sistema judicial en Venezuela falleció y perdió su autonomía. Los jueces tienen mucho miedo y obedecen al presidente. Sólo los que están retirados se atreven a denunciar lo que está pasando públicamente. La Fiscalía hace lo que le da la gana...
La jueza explica que ella y muchos de compañeros de lo penal se "la pasan rezando para no nos caiga un caso donde el Gobierno tenga interés", porque actuar según el Derecho "nos puede costar el cargo". Ella, dice, es el mejor ejemplo. "Yo pienso que los jueces que se dejan intimidar son unos cobardes. ¿Dónde está su juramento? Qué renuncien si no son capaces de cumplirlo".]
Blackberry y Twitter
La única ventana que tiene Afiuni con el mundo es un Blackberry y su cuenta de Twitter (@mariafiuni), donde la siguen 27.025 personas. Antes disfrutaba de un ordenador portátil, pero en Semana Santa se lo requisaron. Su celda la comparte con otras dos presas, aunque sólo hay una litera con dos camas. "La cárcel está diseñada para 250 internas y estamos recluidas 714. Te puedes imaginar las condiciones".
Como no puede ir a la cantina, Afiuni guarda debajo de su cama una pequeña cocina portátil que enchufa en el pasillo. Algunas amigas la ayudan a cocinar porque ella "no sabe ni freír un huevo". Su madre trae la comida. "Mi situación es terrible. Si Chávez me va a tener presa que por lo menos sea en El Helicoide (sede de los servicios de inteligencia), donde están las esposas de los banqueros corruptos", dice con ironía.
En la celda hay una televisión -sin señal-, un devedé, una nevera, una mesa y tres taburetes plástico. En la mesa se amontonan discos de Roberto Carlos, Maddona, Marc Anthony y Robin Williams. También series de televisión y algunos libros de autoayuda. "El último que leí fue sobre Baltasar Garzón; "Mundo sin miedo'", dice la jueza.
Afiuni lleva un lazo rosa en el pecho. Hace seis meses se detectó un bulto en la axila y estuvo peleando para poder visitar a un médico de su confianza. "Me llevaron al Hospital Militar como si fuera una narcotraficante (esposada, con chaleco antibalas y custodiada por 25 funcionarios de la Guardia Nacional). No me hicieron biopsia, sólo una ecografía y el médico dijo que era benigno. Tendré que confiar en su criterio", dice con incertidumbre y resignación.
Su arresto es sólo uno más de una ola de detenciones que sacude este año Venezuela, donde los adversarios de Chávez le acusan de querer consolidar sy poder al más puro estilo cubano. En marzo, la policía arrestó al ex candidato presidencial, Oswaldo Álvarez Paz, quien pasó dos meses en prisión por criticar la presencia de grupos terroristas y narcotraficantes en el país y sus presuntos nexos con funcionarios del Gobierno. En junio los dos máximos accionistas de la cadena opositora Globovisión, Guillermo Zuloaga y Nelson Mezerhane, huyeron del país tras ser acusados por sendos delitos corrupción económica. En los ocho meses que lleva encarcelada, María Lourdes Afiuni ha perdido cerca de 10 kilos. Su hermano Nelson bromea que antes estaba "un poco gordita", pero lo hace para quitar hierro sobre su precaria situación carcelaria.
Esta madre soltera de una hija de 18 años, que amontona en su celda decenas de perfumes y estuches de maquillaje, dice que cuando llegó a prisión el cuarto de baño no funcionaba. Tampoco la ducha. "Lo peor fue en la época de lluvias; las alcantarillas se atascan y aparecen las ratas". Afiuni asegura que por las noches escucha a los roedores mordisquear su comida. Los miércoles y los domingos, sin embargo, recobra algo de humanidad. Son los días de visita. Hoy la acompañan su madre, sus dos hermanos, su tía, cuñada y una sobrina de seis años, que no comprende lo qué ocurre pero le echa la "culpa a Chávez". Lo que más odia es la rutina de la cárcel. Se levanta a las cinco de la mañana, porque a las 05:30 empieza el conteo de presos. Luego prepara café y arepas (una especie de pan hecho con harina de maíz) en su cocina eléctrica, y regresa a su celda para ver pasar las horas. "Todas tienen actividades menos yo", se queja este jueza que lleva ocho meses sin poder disfrutar de los rayos del sol.
El Mundo.es
lunes, 16 de agosto de 2010
El sindicalista Rubén González tiene fecha de juicio
El dirigente, privado de libertad desde septiembre de 2009, enfrentará este proceso en un juicio unipersonal sin presencia de escabinos, según lo que informó el abogado defensor Frank Silva.El tribunal se conformó este jueves a las 2:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz.
El caso de Rubén González se ha extendido y ha sido tomado como bandera de la criminalización de la protesta por organizaciones defensoras de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
El dirigente mantuvo desde septiembre casa por cárcel. En enero -por situaciones aún no esclarecidas- fue trasladado a Patrulleros de Caroní, donde espera por una sentencia.
Sin libertad
Rubén González fue privado el 29 de septiembre de 2009, luego de que se le imputara de diversos delitos entre los que destaca agavillamiento, y violación de la zona de seguridad en los cerros San Isidro y cerro Bolívar.
El 26 de agosto de 2009, Radwan Sabbagh -presidente de Ferrominera Orinoco- en un hecho público acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa; no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y la cancelación de las reivindicaciones laborales cuando la compañía tenga el dinero fueron los acuerdos alcanzados tras varias horas de reunión en una asamblea en Ciudad Piar.
Un mes después el secretario general fue imputado por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir y violación de la zona de seguridad.
Provea Venezuela
sábado, 14 de agosto de 2010
Miami Herald: “Jueza que liberó a Cedeño languidece en prisión”
Ahora, algunos de sus aliados preparan un nuevo plan: elegirla al Parlamento Nacional. Si gana las elecciones el 26 de septiembre, tiene derecho a la inmunidad parlamentaria y pudiera quedar en libertad.
Se espera que las elecciones del próximo mes den a la oposición una oportunidad de arrebatarle algún grado de poder a los partidarios del presidente Hugo Chávez, que han dominado el Parlamento desde el 2005. Pero algunos también esperan usar la votación para centrar la atención en un sistema judicial que, según alegan, se ha convertido en un arma política para reprimir a los disidentes.
Tres presos políticos en una lista
El partido independiente La Base Decide ha incluido en su boleta a Afiuni y a otras dos personas que considera presos políticos, un policía y un soldado.
“Están presos por cumplir su trabajo”, dijo el lider partidista y personalidad radial Iván Ballesteros. “Son el ejemplo vivo del abuso de poder del gobierno”.
Aunque las definiciones varían, el grupo defensor de derechos jurídicos Justicia y Proceso calcula que en Venezuela hay unos 28 presos políticos.
La ira del Gobierno de Chávez
Afiuni provocó la ira del gobierno el 10 de diciembre cuando ordenó la liberación del banquero Eligio Cedeño hasta que se fijara una audiencia. Cedeño estaba esperando juicio desde hacía tres años bajo cargos de fraude fiscal y contrabando.
Sentada sobre una cubeta boca abajo y fumando sin parar en su celda pintada de blanco, Afiuni dijo que en el expediente de Cedeño no hay nada que amerite su detención. Además, los fiscales no se han presentado repetidamente en las audiencias del caso y la ONU calificó recientemente su detención de ilegal.
Cedeño fue liberado y menos de una hora más tarde Afiuni estaba tras la rejas acusada de corrupción y abuso de poder.
Días más tarde, Cedeño huyó a Estados Unidos, donde ha solicitado asilo. El abogado de Cedeño no contestó a varias llamadas y mensajes electrónicos en busca de comentario.
Al día siguiente de su detención, Chávez calificó a Afiuni de “bandida” en la televisión nacional y sugirió que la habían sobornado. La fiscalía finalmente reconoció que no había habido soborno pero mantiene la acusación de corrupción.
Chávez también exigió que la condenaran a 30 años, la sentencia más fuerte, que por lo general se reserva para los asesinos. Al día siguiente volvió a la televisión y dijo que en otra época a la jueza la habrían fusilado por su delito.
Enviada a una prisión con presos comunes
En vez de encarcelarla en una prisión para condenados por delitos administrativos, Afiuni fue enviada a una prisión llena de presos comunes, entre ellos más de dos docenas a los que había condenado como jueza durante su carrera de dos décadas. La jueza comparte su pequeña celda con otras dos personas. Varios prisioneros trataron de prenderle fuego en una ocasión.
Afiuni dijo que tiene pocas esperanzas de tener un juicio justo.
“El mejor ejemplo de que estamos en dictadura es la destrucción total del sistema judicial”, señaló. “Los jueces sólo obedecen al presidente de la republica”.
Afiuni nunca había participado en política y era prácticamente desconocida fuera de los círculos legales. Pero ahora, la situación de esta madre soltera ha generado una oleada de apoyo. Recientemente, simpatizantes suyos llevaron a cabo una marcha pidiendo que la pusieran en libertad, y la prensa de oposición ha mantenido su nombre en los titulares.
Poco probable que sea electa diputada
Aun así, analistas dicen que la situación política en Venezuela está tan polarizada que es poco probable que Afiuni –o cualquier otro candidato independiente– pueda ganar suficientes votos para desplazar a los contendientes del partido gobernante o de los varios candidatos de coalición de la oposición.
Incluso si ganara, Afiuni dijo que el gobierno ha pisoteado tan completamente la Constitución que ella duda que le permitirían ocupar su escaño en el Parlamento.
Detención de opositores
Su arresto es sólo uno de una ola de detenciones que según los críticos tiene el objetivo de intimidar a los enemigos del gobierno antes de las elecciones.
En marzo, las autoridades arrestaron a Oswaldo Alvarez Paz, miembro de la oposición y ex candidato presidencial, por cargos de conspiración, luego de que él sugirió que Venezuela se había convertido en un refugio para traficantes de drogas y guerrilleros izquierdistas. Fue puesto en libertad dos meses más tarde con órdenes de no hacer comentarios sobre el caso.
También en marzo, funcionarios detuvieron brevemente al legislador de la oposición Wilmer Azuaje acusándolo de haber golpeado a un agente de policía. Azuaje había acusado recientemente a la familia del presidente de haberse enriquecido durante su administración.
En junio, Guillermo Zuloaga, presidente de la estación televisiva opositora Globovisión, huyó del país después de que él y su hijo fueron acusados de acaparar automóviles en su agencia de venta de Toyota para jhacer subir los precios.
El mes pasado, el gobierno encarceló a Alejandro Peña Esclusa, un franco opositor político, acusándolo de terrorismo. Esclusa y su familia afirman que la policía le tendió una trampa, escondiendo explosivos en su casa y afirmando que eran suyos.
Otros candidatos potenciales han sido despojados de su derecho de presentarse a elecciones.
El gobierno niega que haya nada de político detrás de estos casos.
“Cada vez que ellos caen presos, ellos le dan la vuelta mediática y tratan de ponerse como unos perseguidos políticos”, dijo Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas y aliado incondicional de Chávez, que está ayudando a coordinar la campaña legislativa del partido gobernante. ‘‘Aquí no hay un solo hombre o mujer de oposición que esté perseguido o en la cárcel por delitos de opinión. Están por delitos de peculado, mal uso de fondos públicos; ninguno por delitos de opinión”.
La apariencia superficial de que se trata de procesos legales legítimos hace difícil identificar a los presos políticos, dijo Theresly Malavé, directora ejecutiva del grupo de derechos legales Justicia y Proceso.
“Este gobierno se cuida de dar aparencia de legalidad”, dijo. “Pero no hay un juez que decida de manera independiente o imparcial”.
Afiuni dijo que pasa la mayor parte del tiempo limpiando su celda, pensando en su hija adolescente y estudiando su caso. Debido a preocupaciones de seguridad, no se le permite comer con otras presas o participar en actividades colectivas.
Durante las horas de visita –dos veces por semana– se reúne con familiares suyos y con los partidarios políticos que la convencieron a entrar en la campaña. De todos modos, tiene demasiado tiempo libre y la cárcel la deprime. Algunos de sus amigos piensan que, si ella pidiera perdón a Chávez, el gobierno podría ser más indulgente. Esa perspectiva hace estremecerse a Afiuni.
“No le voy a pedir perdón a ese señor”, dijo ella. ‘‘El me tiene que pedir perdón a mí”.
viernes, 13 de agosto de 2010
Por un pedazo de justicia
En vista de que su protesta no ha sido efectiva, el productor agropecuario Franklin Brito radicaliza su huelga de hambre durante diez días en espera de que el presidente Chávez se pronuncie sobre su caso.“Suspendió la ingesta de suero y ahora sólo consume agua. En caso de que Chávez no se manifieste en estos diez días, iniciará una huelga de sed indefinida hasta que se resuelva el problema”, afirma la hija del productor, Ángela Brito.
La joven asegura que la única persona capaz de resolver el problema es el mandatario nacional. “Se nos ha hecho difícil solucionarlo de manera digna y justa a través del INTI porque esto dañaría la imagen de Chávez, ya que se vería que el Presidente no lo ayudó a pesar de que se comprometió luego de que mi padre se amputó un dedo públicamente”, explica.
“Creemos que ninguna institución va a ir en contra del Presidente. Entonces, mientras él siga involucrado, no creemos que se resuelva nuestra situación. Chávez ha dicho en dos ocasiones que mi papá tiene razón. Quiero saber qué va a decir esta vez si se pronuncia”, añade en referencia a los actos de corrupción que se cometieron las dos veces que el mandatario se comprometió con Brito.
TORTURAS DESCARADAS
Una vez más la hija de Brito insiste en que su padre está siendo torturado en el Hospital Militar, lugar donde “está recluido en contra de su voluntad a pesar de no haber cometido ningún delito”.
Ángela Brito detalla que su padre permanece en un cubículo de la terapia intensiva en el que las enfermeras entran y salen constantemente para buscar suero y jeringa. “También está al lado del baño y cerca del motor del aire acondicionado que sirve a toda la terapia, por lo que las vibraciones no lo dejan dormir”, agrega.
“Creemos que lo hacen para torturarlo porque se los hemos explicado varias veces y no lo corrigen. Hoy mi papá cumple 78 días en terapia intensiva y, cuando lo recluyeron ahí no había necesidad de ese servicio. Él dice que lo quisieron tener ahí para aislarlo y evitar que se le tomen fotos y que las personas lo vean. Únicamente podemos verlo mi mamá y yo. Los médicos de la Cruz Roja pueden ir por poco tiempo. Siempre estamos custodiados por militares. Está en un régimen peor que el de los presos porque ni siquiera tiene el privilegio de ver a sus abogados”, manifiesta.
HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE
Los médicos que atienden a Franklin Brito advierten que es probable que su cuerpo no aguante 10 días en dieta de agua.
“Su salud está bastante grave. Su índice de masa corporal está por debajo de 11 y ya en 13 era peligroso. Tiene daños hepáticos, en los pulmones y en los riñones”, señala su hija. Brito no levantará la huelga, pues desde el inicio de la protesta ha asegurado estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. “Con esto evita que se le haga esa injusticia a otra familia venezolana”, expresa Ángela Brito.
Tal Cual Digital
miércoles, 11 de agosto de 2010
Falta de controles sanitarios en alimentos para ganado puede afectar a los productos de consumo humano
Según María Zabaleta, propietaria del centro ganadero, la muerte del ganado Caprino se produjo por la contaminación del alimento “Cabrarina”. En consecuencia, Zabaleta realizó una demanda ante el juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario por daños y perjuicios contra la empresa Protinal, C.A.“Antes de la muerte de los animales, un estudio técnico en Los Zabaleta del Ingeniero Agrónomo Gustavo Maldonado Dupuy concluyó que las condiciones para el ganado caprino estaban por encima de los niveles óptimos para el desarrollo”, aseveró Zabaleta. Además el alimento fue subministrado bajo las instrucciones e indicaciones del veterinario de la familia.
La justicia no termina de responder
Con dos sentencias a favor la familia Zabaleta todavía no ha recibido indemnización. Justamente, en 2007 los tribunales dictaminaron una sentencia a favor de Los Zabaleta. Sin embargo, los abogados de la empresa fabricante del producto “Cabrarina apelaron la decisión.
La causa pasó al Tribunal Superior Cuarto Agrario. En febrero de 2010, esta instancia falló a favor de María Zabaleta, sin embargo, la decisión que fue apelada nuevamente por la empresa.
La agraviada acude al Tribunal Supremo de Justicia desde mediados de Junio de este año, pues fuentes personales le informaron que ya el dictamen estaba listo. No obstante, hasta los momentos no ha obtenido una respuesta. “El tribunal ya decidió pero a la fecha no han hecho pública la sentencia”, declaró.
Caso con interés colectivo
El ganado de Los Zabaleta murió por alimentos contaminados con alta dosis de aflatoxinas. El nombre no suena común, pero en el país ya existe un precedente: en 1997 murieron cientos de perros y mascotas por la contaminación con este hongo, el conocido caso Perrarina.
En esta oportunidad, la gravedad se centra en que estos animales forman parte de la cadena alimenticia del consumo humano. Por consiguiente, la existencia de animales consumiendo altas dosis de aflatoxinas condiciona la calidad de los mismos para el uso humano y puede afectar la salud de las personas.
En este sentido, la familia denuncia que existen irregulares en la supervisión de la elaboración y comercialización de alimentos para animales. Por consiguiente, piensan que deben investigarse las irregularidades en los permisos, estudios de laboratorios y composición de dichos productos. Así como la actuación de organismos públicos de higiene, como el Indepabis y el Ministerio de la Salud.
Prensa Provea
viernes, 6 de agosto de 2010
CIVICUS: El Gobierno venezolano debe proteger, no perseguir, a los defensores de derechos humanos
El 14 de julio, el Presidente Chávez solicitó una investigación penal a organizaciones de defensa de derechos humanos acusadas de recibir fondos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con el propósito de desestabilizar al gobierno de Venezuela. El llamado a realizar una investigación “a fondo” acerca de las fuentes de financiamiento de las ONG venezolanas es visto como la más reciente de una serie de restricciones a la vigencia de los derechos humanos, en particular los que se refieren a la libertad de expresión.Tácticas de hostigamiento, que incluyen amenazas públicas y la apertura de procesos judiciales, son utilizadas regularmente por el gobierno de Venezuela para silenciar las voces críticas y socavar el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.
A principios de este año, un miembro de la oposición política, Oswaldo Álvarez Paz, fue arrestado bajo el cargo de “conspiración contra el gobierno” por opinar acerca de la participación de Venezuela en el tráfico de drogas. Por esta acusación podría recibir una sentencia de dos a dieciséis años de cárcel. El 11 de junio, el periodista Francisco Pérez recibió una sentencia de prisión de 3 años y 9 meses, se le despojó de su licencia profesional y se le ordenó pagar una multa equivalente a US$ 20.000 por publicar un artículo sobre la corrupción del gobierno local de la ciudad de Valencia. Informes acerca de las amenazas, hostigamiento y abusos se han hecho cotidianas, mientras activistas y miembros de la prensa se han visto forzados a operar en condiciones peligrosas.
La última de las medidas gubernamentales busca obstaculizar el acceso de las ONG a importantes recursos de la cooperación internacional, al calificar esta actividad como una violación a la autonomía y soberanía venezolanas. La cooperación internacional ha sido utilizada para servir a la población venezolana por más de veinte años y es un recurso esencial para la protección de los derechos humanos y para el fortalecimiento de la sociedad civil. El derecho a recibir recursos de la cooperación internacional está claramente establecido en el artículo 13 de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de defensores de derechos humanos, y establecido de manera integral como parte de los mecanismos necesarios para la protección de los derechos humanos en la Resolución 53/144 de la Asamblea General.
Muchas organizaciones venezolanas de defensa de los derechos humanos no podrían continuar haciendo su trabajo sin la cooperación y el financiamiento internacional. Al restringir el acceso a la cooperación internacional, el gobierno de Venezuela estaría no solo actuando en contra de sus propias obligaciones internacionales y de la protección a la libertad de expresión consagrada en la Constitución venezolana, sino además afectando seriamente a la población venezolana al privarla de recursos invalorables.
Urgimos al gobierno de Venezuela a proteger los derechos civiles de sus ciudadanos, poniendo en práctica inmediatamente los siguientes correctivos:
Reconocer y aceptar el valor de la cooperación internacional y del trabajo en derechos humanos, como una manera de proteger los derechos civiles y la estabilidad;
Poner fin a las acciones de hostigamiento, persecución y amenaza hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, demostrando su compromiso con la protección de los derechos humanos y con las garantías de seguridad personal para todos los ciudadanos;
Acabar con las prácticas de descrédito hacia las organizaciones de derechos humanos, poniendo fin a las acusaciones e investigaciones penales en contra de organizaciones que reciben cooperación internacional; y
4) No aprobar el Proyecto de Ley de Cooperación, que restringiría aún más las libertades civiles y la vigencia de los derechos humanos.
Nosotros, como representantes de la sociedad civil, nos oponemos firmemente a cualquier tipo de política oficial de hostigamiento, así como a las deficiencias del Estado en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos.
Las organizaciones de sociedad civil que suscriben este documento son:
Artículo 19, Organización independiente de defensa de los derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión.
CIVICUS, Alianza Mundial para la participación Ciudadana, es un movimiento global de la sociedad civil, con miembros y aliados en más de 100 países. El Observatorio de Sociedad Civil es un programa de CIVICUS que hace seguimiento a las amenazas a las libertades de expresión, asociación y reunión en todo el mundo.
El Intercambio de Servicios para el Desarrollo (Development Services Exchange) es una organización paraguas de las Islas Salomón, establecida en 1984, con el objetivo de facilitar y coordinar servicios de desarrollo para las ONG y sus aliados.
La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (NANGO) es una comunidad de ONG de Zimbabwe, comprometida con el fortalecimiento, la representación y la coordinación del trabajo de las ONG en Zimbabwe.
La red de Organizaciones de Nigeria (NNNGO) es la primera institución de miembros de la sociedad civil de Nigeria, que facilita el activismo efectivo para lograr cambios en temas de pobreza y otros relacionados con el desarrollo. Fue creada en 1992 y agrupa a más de 800 organizaciones, que van desde grupos pequeños que trabajan en el nivel local, hasta redes más grandes que trabajan a nivel nacional.
La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo (RNDDL), es una organización paraguas dedicada a la promoción del desarrollo local incluyente en Nicaragua, con base en la equidad de género, oportunidades para personas de todas las edades y el multiculturalismo.
El Consejo Escocés de Organizaciones de Voluntariado (SVCO) es una asociación nacional de sociedad civil de Escocia.
Sinergia, es la Asociación Venezolana de organizaciones de sociedad civil, que tiene como centro de su acción la promoción y defensa de los derechos de libre asociación y de participación.
www.civicus.org
jueves, 5 de agosto de 2010
Provea: Presidente Chávez, en la Venezuela bolivariana sí hay sindicalistas asesinados
Si bien el asesinato de sindicalistas, mayoritariamente en conflictos relacionados con la obtención de puestos de trabajo, han ocurrido en toda la década de gobierno del presidente Chávez, sólo transcribiremos la lista de los líderes gremiales asesinados entre junio de 2008 y marzo del 2010, datos recopilados por la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.1) José Gabriel Brito, Valencia, asesinado el 30.06.08
2) Rafael Antonio Itriago Aricaguan, Valencia, asesinado el 30.06.08
3) Freddy Fernández Montaño, Valencia, asesinado el 30.06.08
4) Carlos Abreu, Municipio Ravenga de Aragua, asesinado el 04.07.08
5) Nestor Condat, El Consejo de Aragua, asesinado el 11.07.08
6) Luis Fernando Mosquera Linares, Ocumare del Tuy, asesinado el 01.08.08
7) Jose Gregorio Villegas Jimenez, Ocumare del Tuy, asesinado el 02.08.08 cuando se dirigía al funeral de Luis Mosquera
Juan Carlos Gerdel Oliveros, Ocumare del Tuy, asesinado el 02.08.08 cuando se dirigía al funeral de Luis Mosquera
9) Robert Antonio Jiménez Vitriago, Aguas Calientes de Carabobo, asesinado el 23.08.08
10) Regulo Castillo, San Félix, asesinado el 21.09.08 en un estadio, tras lo cual sus guardaespaldas dispararon contra los sicarios, asesinando a su vez a dos espectadores
11) José Rafael Lugo Colinas, Charallave, asesinado el 27.11.08
12) Jesús Ramón Matiguan, Charallave, asesinado el 27.11.08
13) Richard Gallardo, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
14) Luis Hernández, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
15) Carlos Requena, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
16) Nelson Jaramillo, Sucre, asesinado el 17.01.09
17) Jean Carlos Miguens, Maracay, asesinado el 06.10.09
18) David Alexander Zambrano, San Félix, asesinado el 07.02.09
19) Ricardo López, Autopista Regional del Centro en Carabobo, asesinado el 20.01.09
20) Emilio Celestino Sánchez Pericana, Barcelona, asesinado el 21.01.09
21) José Javier Marcano Hurtado, Barcelona, asesinado por funcionarios policiales el 21.01.09
22) Pedro Jesús Suárez, Barcelona, asesinado por funcionarios policiales el 21.01.09
23) Ramón Montilla Sandoval, Ciudad Guayana, asesinado el 03.02.09
24) Ysaac Caldera Carrillo, La Concepción de Zulia, asesinado el 02.02.09
25) Ramón Suárez, El Tigre, asesinado el 26.02.09
26) Ilian Antonio González, San Félix, asesinado el 27.02.09]
27) Wilfredo Rafael Marquez, Puerto Ordaz, asesinado el 14.03.09
28) José Gregorio Torres Bautista, Los Teques, asesinado el 27.04.09
29) Germán Rosalino Herrera, Barcelona, asesinado el 29.04.09
30) Keller Orangel Maneiro García, Puerto Ordaz, asesinado el 04.04.09
31) Argenis Vasquez Marcano, Cumaná, asesinado el 05.05.09
32) Wilmer Bermúdez López, Carayaca de Vargas, asesinado el 06.05.09
33) Sergio Bladimir Devis, Ciudad Guayana, asesinado el 06.05.09
34) Argenis Alemán, Ciudad Guayana, asesinado el 18.05.09
35) Carlos Chacón, Avejales de Táchira, asesinado el 19.05.09
36) Alcides Rafael Alcazar Barreto, San Félix, asesinado el 21.06.09
37) Wilfredo Rafael Hernández Aviles, El Tigre, asesinado el 24.06.09
38) Jesús Argenis Guevara, El Tigre, asesinado el 24.06.09
39) Jesús Alberto Hernández, El Tigre, asesinado el 24.06.09
40) Felipe Alejandro Mata, Charallave, asesinado el 25.06.09
41) Reinaldo Hernández Berroterán, Charallave, asesinado el 25.06.09
42) José Enriquez, Los Teques, asesinado el 26.06.09
43) Jhon José Portillo Mora, Maracaibo, asesinado el 10.07.09
44) Eduardo Bolívar, Municipio Zamora de Aragua, asesinado el 10.07.09
45) José Antonio López Ibarra, Municipio Zamora de Aragua, asesinado el 10.07.09
46) Eduardo José Trias Delgado, Barcelona, asesinado el 20.07.09
47) Giovanny Gabriel Díaz, Municipio Urdaneta de Miranda, asesinado el 23.07.09
48) Juan Carlos Waldrop, Caracas, asesinado el 03.08.09
49) Endrick Esteban Millan Leal, Maracaibo, asesinado el 05.08.09
50) José Angleminir Mejias, Barcelona, asesinado el 11.08.09
51) Alberto José Mejias Sotomayor, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 29.08.09
52) Alexander Machado Díaz, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 29.08.09
53) Ricardo Buenaventura, Villa de Cura, asesinado el 30.09.09
54) Enjojar Moya, Porlamar, asesinado el 30.09.09
55) David Alexander Zambrano, Santa Teresa del Tuy, asesinado el 29.10.09
56) Freddy Miranda, Santa Teresa del Tuy, asesinado el 29.10.09
57) Alexander Morales, Valencia, asesinado el 11.12.09
58) Jose Luis Gomez, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 20.11.09
59) Anderson José Torres Brito, Naguanagua, asesinado el 10.12.09
60) Franklin Jesús Morales, Maracaibo, asesinado el 02.12.09
61) Jesús David Velisario Salazar, Ciudad Bolívar, asesinado el 17.12.09
62) Hector Ramón López Montaño, San Félix, asesinado el 23.12.09
63) José Martínez, Puerto La Cruz, asesinado el 03.01.10
64) Vilma Jenitza Zambrano, Caracas, asesinada el 09.03.10
65) Rafael Antonio García, Caracas, asesinado el 09.03.10
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
miércoles, 4 de agosto de 2010
CIDH demandó al Estado ante la Corte por abusos policiales
"El caso Familia Barrios, Venezuela, fue presentado el 26 de julio de 2010 por la persecución por parte de agentes de la Policía del estado Aragua contra los miembros de la familia", indicó la Comisión en un comunicado difundido ayer. "Como parte de esta persecución, cinco miembros de la familia Barrios han sido asesinados, uno de ellos siendo aún niño", señaló la CIDH, que afirmó que estos crímenes "permanecen en la impunidad".Los abusos contra la familia han continuado a pesar de que la CIDH pidió desde 2004 medidas de protección al Gobierno venezolano.
La familia Barrios comenzó a sufrir los abusos luego de que denunciara en 2004 el asesinato de Narciso Barrios, presuntamente a manos de policías de Aragua. Ese mismo año, dos miembros más de la familia fueron asesinados.
En enero de 2005 también lo fue otro miembro de la familia, de 15 años, y otro más en noviembre de 2009.
El grupo, además, ha sido objeto de detenciones, allanamientos, amenazas y hostigamiento, según la Comisión.
La Comisión destacó que varios miembros de la familia siguen en situación de riesgo. Estos hechos "se enmarcan en el contexto más general de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las fuerzas policiales regionales".
El Universal
martes, 3 de agosto de 2010
Lusbi Portillo: “vamos a la CorteIDH a demandar al gobierno por violación de los derechos indígenas”
En el documento publicado en la página Web del TSJ, en el apartado V Decisión, “declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida -conjuntamente con medida cautelar innominada- por el abogado Ricardo Antonio Colmenares Olivar, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos SABINO ROMERO IZARRA y ALEXANDER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ”.Para Lusbi Portillo, coordinador de Homo et Natura, el fallo atenta con la constitución y contra los derechos de los pueblos indígenas, además, de presentar un retardo injustificable de 5 meses.
El coordinador de la ONG agrega “en ningún momento nos atendieron, no nos dieron la audiencia que se solicitó. Por la página Web del Tribunal Supremo de Justicia los abogados se enteraron que el pronunciamiento es inadmisible, no se admite el amparo”.
Al respecto de la tardanza en la respuesta expresó “eso lo tuvieron que decir en febrero y no desgastarnos”.
“A estas alturas nos dicen que es inadmisible, como ya cubrimos todas las instancias regionales y nacionales, nos vamos ahora a nivel internacional, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a demandar al gobierno por violación de los derechos indígenas, por violar la constitución, por violar leyes y acuerdos internacionales que se ha firmado que tienen rango constitucional” explicó.
Para Portillo la decisión del TSJ, al igual que el infructuoso proceso de demarcación de tierra, es otro capítulo de la negación de los derechos al pueblo indígena agrega “está reconocido pero no se acepta el goce de esos derechos, el derecho a la justicia indígena”.
“Esto es un Estado colonial, solo tienen derecho los criollos (…) pero los pueblos indígena, los 36 pueblos indígenas no tienen derecho a ser juzgados por su propia justicia, a gozar de su propia justicia, porque el Estado lo prohíbe” acotó.
Rueda de Prensa
El integrante de Homo et Natura realizó una llamado a los medios de comunicación para que asistan mañana a las 10:00 am a la sede del TSJ, en la plaza Manuela Sanz, para una rueda de prensa.
Los Yukpas y representantes de las distintas organizaciones que acompañaron a los manifestantes anunciarán cuáles serán las acciones que se realizarán para solicitar justicia en el caso de Sabino Romero y expresarán sus impresiones sobre el fallo del máximo tribunal.
Sobre la acciones a seguir como complemento a la demanda que se interpondrá ante la CorteIDH Portillo explicó “lo que queda es denunciar esta decisión (…) denunciar a un Estado con instituciones burguesas (…) por todos los medios posibles”.
Provea.com
lunes, 2 de agosto de 2010
Derechos Humanos en peligro
“A pesar de que se mantiene el presupuesto nacional del sistema de justicia, que es de 2%, no es suficiente porque se están considerando los ingresos petroleros muy por debajo de los ingresos reales. Además, dentro del dinero que aprueba la Asamblea Nacional por créditos nacionales debería estar una parte destinada a la justicia”, destaca Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una de las once organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.Esa red defensora de DDHH presentó el informe anual con el fin de “realizar una veeduría social sobre la justicia en Venezuela y generar propuestas y recomendaciones para disminuir la impunidad, los retardos, los abusos policiales y la violencia, así como incentivar la participación ciudadana para optimizar la administración de justicia en el país”.
En el estudio se destacó la dificultad de acceder a informaciones públicas sobre la administración de justicia y la debilidad de las instituciones en la recopilación y difusión de estadísticas que permitan identificar problemas, logros y deficiencias de instituciones públicas.
También se dio a conocer el déficit de funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en los estados Aragua y Carabobo.
“El promedio nacional es de 3 jueces penales por cada 100 mil habitantes, mientras que en esos estados no llega a 1,5. Si tomamos en cuenta las cifras anuales de delito, divulgadas por el Cicpc, notamos que cada juez debe atender aproximadamente 300 casos y, en Aragua y Carabobo, deben encargarse de más de 800 casos”, explica Ruiz.
A juicio del representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, esta situación es consecuencia de que aún no se ha instalado la Comisión Nacional del Sistema Judicial que debió ponerse en marcha el año pasado, luego de que se aprobara la Ley del Sistema Judicial.
“El retardo es de la Asamblea Nacional, pues al aprobarse una ley tiene un plazo de 30 días para convocar a todas las instituciones del sistema de administración de justicia y crear esa comisión”, añade.
TORTURAS EN AUMENTO: En el informe también se destacó el incremento de las denuncias de tratos crueles por parte de funcionarios públicos, razón por la cual los defensores de DDHH recomiendan que se apruebe una ley contra tortura.
Ruiz explica que la disposición cuarta de la Constitución establece que la AN tenía hasta el año 2001 para crear una ley contra la tortura. Como no se ha promulgado, "no se están aplicando las sanciones adecuadas a los funcionarios responsables de estos actos, no hay programas de atención médica, psicológica ni de rehabilitación para las víctimas de la tortura. Tampoco se ha creado un fondo de indemnización para las víctimas de abusos policiales y militares en general".
El vocero de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz añade que "Venezuela está en mora con su propia Constitución y con los reglamentos internacionales", pues también están aprobadas la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada el 26 de junio de 1991).
Asimismo, señala que el Ministerio Público registró en 2008 un total de 22 casos de sentencia condenatoria contra funcionarios responsables de violación de DDHH y, en 2009, fueron 57 casos. “Con respecto a las denuncias, es menos de 2%, por lo que todavía 98% de las violaciones de DDHH por parte de funcionarios no han sido sentenciadas”.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos propone la participación ciudadana y obtención de datos a partir de las experiencias de los individuos.
Las once organizaciones que conforman dicha red funcionan como “un espacio abierto al diálogo y formación dentro de la comunidad”, y tiene por finalidad “dar seguimiento a la actuación del sistema de administración de justicia penal ante denuncias de violaciones a DDHH, capacitar a la comunidad y brindar acompañamiento a organizaciones comunitarias para la atención de víctimas de torturas de funcionarios públicos”.
Tal Cual Digital
domingo, 1 de agosto de 2010
Jueza tras las rejas por fallo contrario al Gobierno venezolano contó su historia
En teoría, el hombre -de nombre Eligio Cedeño- coadyuvó a la adquisición ilegal de 27 millones de dólares del sistema de control cambiario, pero se comenta que el desprecio oficial se lo habría ganado por haber ayudado a fugarse al ex sindicalista y líder del paro petrolero Carlos Ortega.Cedeño, quien ya llevaba tres años preso sin juicio culminado (la ley venezolana establece que a los dos años sin juicio, la persona debe ser liberada), hoy se encuentra en Estados Unidos. Afiuni, en cambio, paga una cárcel que hasta el propio presidente Hugo Chávez exigió que alcanzara la pena máxima de 30 años, por supuesta corrupción y abuso de autoridad. Todavía no se le prueba el delito, pero ella sigue presa, a pesar de los llamados de atención hechos por Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y decenas de asociaciones de abogados de América Latina.
A través de un breve cuestionario escrito y una corta llamada, EL TIEMPO pudo contactarla en la cárcel, desde donde asegura que su prisión busca doblegar al resto del sistema judicial. Todavía no le han asignado fecha de juicio.
¿Antes de ordenar la libertad de Cedeño, pensó que podría sufrir alguna represalia?
Todos los operadores de justicia teníamos conocimiento de que era un caso problemático. Se sabía que el juez que tuviese esa causa podía tener represalias si no tomaba las decisiones de las personas interesadas.
¿Entonces por qué decidió hacerlo, consciente de esa circunstancia?
Cuando uno ejerce la función de juez y lo hace por convicción, por carrera judicial, uno puede tomar decisiones de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales. Me parece increíble que la norma sea lo contrario. El expediente de Cedeño tenía hasta una resolución de la ONU donde me instaba a darle una medida cautelar.
Si esa decisión estuvo ajustada a derecho ¿por qué le ha costado tan caro?
Porque definitivamente el señor Eligio Cedeño era un preso político. Qué te puedo decir, él venía preso arbitrariamente desde sus inicios, yo lo que hice fue aplicar la ley como cualquier otro caso. Me ha costado porque me convertí yo en la presa política del caso y a la vez puedo decir que es un amedrentamiento a todos los jueces de Venezuela. Muchos abogados que me vienen a visitar me dicen que la justicia se convirtió en antes y después de mi detención. Ningún juez quiere tomar una decisión, por más mínima que sea, por temor a que se tomen represalias en su contra. En 23 años de ejercicio judicial no había visto este desastre que estoy viendo ahora.
Con esa radiografía y en vista de que todas las acciones ejercidas por sus abogados han sido rechazadas ¿qué expectativa tiene sobre su caso?
Desde el punto de vista jurídico procesal, por como están las cosas en Venezuela, yo no espero absolutamente nada. A mí en febrero me salió una bolita en la axila, pero hasta la semana pasada no hubo manera de que me llevaran a un especialista. Si ni siquiera autorizaban a que un médico me viera ¿cree que voy a esperar que se va a hacer justicia conmigo?
Además de esto que me narra ¿ha ocurrido algún otro episodio? ¿le han amenazado? Se dijo que usted tiene dos heridas por armas blancas.
Estoy bajo resguardo en una celda de 2x3, de la que no es que yo no quiera salir, es que no puedo, porque tengo un candado en el pasillo donde me encuentro. ¿Amenazas? Me han amenazado verbalmente. En cuanto a las lesiones físicas que haya podido haber sufrido eso me lo reservo para las actas. Me mandaron a hacer un reconocimiento físico, tengo el resultado verbal de los médicos forenses y cuando lo tenga por escrito, que yo esté convencida que lo que está colocado allí fue lo que me vieron, se harán las gestiones que sean necesarias. Por ahora puedo decir que desde que ingresé aquí en diciembre estoy rodeada de internas que he condenado y que he procesado. Muchas me han ayudado, pero también muchas están llenas de resentimiento, porque uno representa su detención.
¿Cómo debió haber sido su caso?
Yo estoy facultada para dictar medidas privativas, para dictar medidas de libertad y para dictar medidas cautelares (provisionales), y también para modificar esas medidas. En el caso de Cedeño, la Constitución venezolana y nuestro código nos dice que si una persona pasa más de dos años detenida y no se le ha culminado su juicio que no sea por culpa de él se le debe dar su inmediata libertad. Además, encontré en el expediente una resolución emanada de la ONU donde instaba al Fiscal, al juez del caso e incluso al canciller del país que a ese señor se le juzgara en libertad, pues tenía más de tres años preso.
Los jueces anteriores cometieron irregularidades y yo no iba a ser cómplice de eso. Entonces criminalizaron la medida cautelar diciendo que yo lo favorecí para que él se fugara, que abusé de mi autoridad y por último dijeron que era corrupción, que obtuve un beneficio o una promesa a cambio de algún acto que yo ejecutara. En mi audiencia, el fiscal, a viva voz, reconoció que yo no había recibido dinero y por eso es que estoy detenida: por corrupción sin dinero, por supuesto abuso de autoridad y por favorecer la evacuación de un señor que salió por la puerta principal del Palacio de Justicia.
¿Qué sintió cuando el presidente Chávez pidíó la pena máxima de cárcel para usted?
Tuve conocimiento de esas dos cadenas nacionales creo que tres o cuatro días después de la detención, y al escuchar lo que el Presidente había manifestado confirmé que ese señor era un preso político.
¿Cree que la salida del país de Cedeño la ha perjudicado aún más?
A pesar de que no me beneficia el hecho de que se haya ido, tampoco considero que me haya perjudicado. Si él se hubiera quedado estaríamos los dos detenidos, eso es un hecho. No debemos olvidar que mi detención es para que los demás no hagan lo que hice yo. De hecho, hay una tercera "cadena" en la que el Presidente está en un acto de graduación de abogados de la Universidad Bolivariana donde él les dice: "Espero que ustedes no vayan a hacer lo que hizo esa jueza en estos días".
Me dice que está en una celda 2x3 con candado ¿cuál es su rutina?
El candado estuvo en la celda de mi puerta al principio, ahora está puesto en el pasillo. Igual yo no salgo de mi celda porque en el pasillo hay 7 celdas y en todas hay internas. ¿Qué te puedo decir de una rutina 24 horas al día en una celda? Bueno, es imposible mantener una rutina aquí, se lee, se reza, se recibe a los abogados cuando te lo permiten, se conversa con dos o tres internas del pasillo, y se la pasa uno mucho tiempo sola. Pero todo cansa, llega un momento en que dices ¿y ahora qué hago?
¿Qué mensaje daría sobre lo que está pasando en Venezuela a nivel de Poder Judicial?
Los que estudiamos derecho sabemos que la justicia es la base, el corazón de una nación independiente. Una nación sin justicia no es nación, menos independiente. Porque todas las instituciones giran alrededor de ella, y sin justicia, todo falla. Es duro, mi mensaje es que se mantengan alerta, porque Venezuela no es un Estado de Derecho, menos social y de justicia. Es nefasto.
VALENTINA LARES MARTIZ CORRESPONSAL DE EL TIEMPO CARACAS