En 2009, el Ministerio Público conoció 9.610 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes policiales y efectivos militares. Sin embargo, solamente en el 3,28% de esas denuncias (315) terminó acudiendo ante un juez para solicitarle que sentara en el banquillo de los acusados a los supuestos responsables de esos abusos.La información figura en el informe anual que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó semanas atrás a la Asamblea Nacional.
En el reporte también se anuncia que de esos casi 300 casos llevados a los tribunales, los jueces resolvieron 177, de las cuales 139, 78%, terminaron en condenatorias (82 por admisión de los hechos por parte de los autores y 57 por las pruebas presentadas por los fiscales); y 38, es decir el 21%, concluyeron en absolutorias.
La mitad de las denuncias, 4.899, terminaron siendo archivadas, lo que significa que el Ministerio Público está a la espera de obtener nuevas evidencias que le permitan decidir si solicita o no el procesamiento de los involucrados. Por su parte, en 3.711 (38,62%) denuncias terminó pidiendo el sobreseimiento de los señalados.
En mayo del año pasado, la fiscal general anunció que su despacho había contabilizado 155 casos de ajusticiamiento y que en 2008 la cifra ascendió hasta los 600.
En marzo pasado, la instancia garante de la legalidad puso en marcha la Unidad Criminalística, instancia que ayudará a investigar los más de 8 mil casos de abusos policiales registrados por ella desde el año 2000; y una de sus principales iniciativas.
En su informe, Ortega Díaz también resaltó la importancia de los procesos de exhumación de los restos de las víctimas de casos como el Caracazo, Yumare y Cantaura, realizados en 2009, por considerar que los mismos ponen de manifesto el compromiso del Estado por investigar estos hechos y por reparar a los afectados y a sus familias.
El Universal.
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