El Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar rechazó en un comunicado las leyes orgánicas de la comunas y del sistema económico comunal. Señaló que corre peligro la titularidad de 2,6 millones de viviendas construidas, porque el Gobierno administrará la propiedad social de la tierra en el medio urbano
La declaración emitida hace una semana por los alcaldes de la zona metropolitana sobre el proyecto de ley de comunas tuvo eco. Ayer, una veintena de burgomaestres procedentes de todo el país discutieron el contenido del texto que tiene como finalidad construir el estado comunal.
Representantes de 23 alcaldías con el respaldo de otras 50 acordaron constituir la Unión de Alcaldes de Pueblo de Venezuela, con el objetivo de informar a sus comunidades sobre el alcance del instrumento legal.
El alcalde de Chacao, Emilio Graterón, exigió que el parlamentarismo de calle se realice en todos los municipios, al tiempo que llamó a sus pares del PSUV a presentar sus observaciones: "Sabemos que no los dejan hablar, pero seremos su voz en esta lucha".
Negó que desde la oposición se pretenda satanizar el instrumento legal. "Lo satánico es alterar la estructura del Gobierno consagrada en la Constitución, crear un sistema judicial tumultuario y destruir al Poder Electoral, como lo hace esta ley".
Ramón Moncada, alcalde de San Carlos, estado Cojedes, reclamó el fin del centralismo: "Los municipios somos parte del Gobierno y no nos pueden seguir excluyendo".
Agenda. La primera acción de la UAPV fue solicitar al Ejecutivo que destine 30% del presupuesto nacional a proyectos comunitarios. Anunciaron que la próxima semana se dedicarán a divulgar el contenido del texto legal en sus regiones; luego elaborarán un documento con observaciones que presentarán a la Asamblea Nacional donde solicitarán un derecho de palabra. Para la primera semana de agosto se reunirán por segunda vez para revisar los resultados, "posiblemente en el estado Táchira o Lara", adelantó Graterón.
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