Magistrado advierte que TSJ desatendió criterio de CIDH: Rondón Haaz cree que sus colegas faltaron a sus obligaciones

Pedro Rondón Haaz rechazó fallo que tilda a Súmate de agente de EEUU. Dijo que la Corte pidió a Venezuela "abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros...".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desatendió las recomendaciones y mandatos que desde la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han girado a todos los Estados de la región en materia de asociación, cuando rechazó un recurso de Súmate bajo el argumento de que ella está sometida "a la línea de actuación" del Gobierno de Estados Unidos porque recibió fondos de una organización pública de ese país.

El señalamiento lo realizó el magistrado de la Sala Constitucional, Pedro Rondón Haaz, al rechazar el dictamen número 796 de la instancia judicial de la que es miembro, en el cual se advirtió a la asociación civil que podría estar incursa en el delito de traición a la patria por haber recibido recursos de la National Endowment for Democracy (NED).

Rondón Haaz, en su voto salvado, recordó que la CIDH le ha pedido a las autoridades venezolanas "abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional".

Asimismo, señaló que el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha fijado que cualquier límite a las agrupaciones civiles debe respetar lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El texto antes mencionado, en su artículo 16, contempla: "Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás".

Por último, Rondón citó a la Corte Interamericana, la cual en febrero de 2001, al resolver una demanda contra Panamá, estableció que el derecho a asociarse no sólo implica la posibilidad de constituir organizaciones, sino además "poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho".


El Universal.

Carta de Otto Gebauer Preso Politico a la Juez de Ejecución de Sentencia

Yo, Otto Adolf Gebauer Morales, portador de la CI No 6.631.989 actualmente recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques, Edo. Miranda. Sentenciado en un juicio POLÍTICO, a cumplir una pena de 12 años,6 meses, 22 días y 12 horas por los delitos de “Privación Ilegítima de la Libertad -en el grado de complicidad- e Insubordinación” en contra del Teniente Coronel Hugo Rafael Chávez Frías, los días 11, 12 y 13 de Abril de 2002.

Me dirijo a usted en la oportunidad de solicitar que CESEN EN MI CONTRA LAS VIOLACIONES A MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES y se me OTORGUE LA FORMULA ALTERNATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA “RÉGIMEN ABIERTO” contemplado en el Art 500 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) que textualmente dice:

“… El destino al régimen abierto podrá ser acordado por el tribunal de ejecución, cuando el penado o penada haya cumplido, por lo menos, un tercio de la pena impuesta…”

Ciudadana Jueza, también es preciso recordar que nuestra Carta. Magna en su Art 272 referente al caso en cuestión, consagra

“… En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicaran con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria…”

Como se desprende de nuestra legislación, la reclusión será la ultima instancia en la cual se mantendrá al reo cuando le nazca una de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la pena. Cabe destacar, que en mi caso fui sentenciado en un Juicio militar de NATURALEZA POLÍTICA por DOS (02) DELITOS en los cuales en la fase “Oral y Publica” nunca se demostró mi responsabilidad penal y sin embargo, los jueces militares cumpliendo una orden de sus superiores, no solo me sentenciaron por “Complicidad en el delito de Privación Ilegítima de la Libertad” sino que la pena aplicada -en mi caso- era la correspondiente al delito de “Desaparición Forzada” contemplada en el Art 180-A del Código Penal Venezolano y no a la de Privativa de Libertad. Posterior a mi sentencia, en Abril de 2006 fue condenado el Coronel del Ejercito, Luis Beltrán Vaamonde Rojas, por esa misma instancia militar como “Autor, culpable y Responsable” de los mismo delitos -donde “YO” era el cómplice- a cumplir una pena de 3 años y 2 meses. Sentencia esta que ya se cumplió y el referido coronel está gozando de libertad plena desde el mes de marzo de 2009.

Para mayor asombro y es aquí donde se evidencia una muestra fehaciente de lo que significa una vulgar retaliación de carácter político, al “SUPUESTO CÓMPLICE” se le condena a una pena 4 veces mayor a la establecida al “AUTOR, CULPABLE Y RESPONSABLE” Y en 5 años, 07 meses y 15 días que llevo privado de la libertad, NINGUNA INSTANCIA QUE ADMINISTRA JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA -DIGASE TRIBUNALES, CORTE MARCIAL O TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA- HA SUBSANADO SEMEJANTE ABERRACIÓN JURÍDICA Y LA CUAL NO TIENE OTRO FIN, QUE TENER A UNA PERSONA INOCENTE PRIVADA DE LA LIBERTAD PARA TAPAR LA RESPONSABILIDADES DE UNOS Y LAS COBARDÍAS DE OTROS.

Ciudadana Jueza, desde el 10 de septiembre de 2008 me corresponde el “Régimen Abierto” Formula esta que no contempla la Libertad Plena, pero me permite estar junto a mi núcleo familiar. En reiteradas oportunidades he conversado con usted, y luego de vencer un sin numero de obstáculos y la imposición de extremas limitaciones por intereses que por ahora son oscuros, el 13 de marzo de 2009 se me otorgo dicha formula. Pero, el 28 de mayo de ese mismo año, es decir, luego de 2 meses y 15 días, usted, a solicitud del Fiscal Militar Segundo Capitán Jesús Arnoldo Rosales Castro, procedió -en menos de 4 horas al pedido de la vindicta publica militar y sin haberse efectuado la investigación correspondiente- a revocarme la Formula Alternativa del Cumplimiento de la Pena “Régimen Abierto”

Dicha premura en calificar mi comportamiento como de supuesto transgresor de sus disposiciones, trajo como resultado que el 11 de Junio de 2009 la Corte Marcial dejara sin efecto el auto dictado por ese tribunal a su cargo, pero, ordenaba mantener la privativa de la libertad, hasta tanto el Ministerio de Relaciones Interiores y de Justicia (MRIJ) me practicara el “Examen Psico-social” exigido por nuestra legislación para ser beneficiado y que anteriormente me había practicado el Hospital Militar por mandato suyo. Lo que no se ordenó investigar, ni establecer alguna responsabilidad -por parte de ese mandato de la Corte Marcial- fue a la “GOLPIZA” que me propinaron los funcionarios del la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) cuando ese 28 de mayo en horas nocturnas me notificaban que “SU ORNDEN ERA PRIVARME DE LA LIBERTAD” y por solicitar a las autoridades del Centro de Tratamiento Comunitario “Dr. Francisco Canestri de LA PLANTA” una Constitución Nacional y un Abogado, porque no existía en dicha detención la presencia de un Fiscal Militar que garantizara mis derechos, fui golpeado y pateado por una decena de miembros de esa Policía Política.

Desde que se ordenó la nueva realización del Psico-social en Junio de 2009, a esta cárcel han venido en infinidad de oportunidades el personal del MRIJ y según sus funcionarios “No han recibido de usted, la orden para efectuarme la mencionada evaluación” muestra de ello, fue el pasado jueves 20 de mayo y miércoles 02 de junio del año en curso, cuando sendas comisiones del referido Despacho vinieron a este centro a practicar la prueba y cuando fui a verificar si estaba incluido, estos me notificaron “que desconocían la existencia de alguna solicitud para efectuarme dicho examen” Agrava esta situación el hecho, que usted el viernes 7 d mayo de 2010, me garantizó que enviaría nuevamente un oficio para informar de mi situación al MRIJ y que con la urgencia del caso, me efectuara la prueba correspondiente.

Ciudadana Jueza, tengo una hija que en la actualidad cuenta con 8 años de edad y quien desde que tenia 7 meses de nacida no ha tenido el derecho de tener a su padre al lado por razones meramente políticas. Nuestro país está inmerso en una profunda crisis de gobernabilidad, gracias a los intereses mezquinos y criminales de factores, que estoy seguro deberán rendir cuentas al Sistema de Justicia Internacional. Pero, mientras eso ocurre la miseria, la delincuencia, el alto costo de la vida y los atropellos de un aparato represivo, generan un caos sin precedente ¡POR LO QUE LA PRESENCIA EN MI NUCLEO FAMILIAR ES DE PRIMORDIAL NECESIDAD!

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, LE SOLICITO TOME MEDIDAS EN MI CASO, CON EL FIN DE QUE SE ME RESTITUYAN MIS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, CONCEDIENDO EN FORMA INMEDIATA LA FORMULA ALTERNATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA PENA QUE CORRESPONDE POR LEY O MI LIBERTAD PLENA. YA QUÉ USTED, SABE MEJOR QUE NADIE QUE SOY INOCENTE!

Observe el video de VTV criminalizando el trabajo de Espacio Público

Este video ha estado siendo emitido en la programación de Venezolana de Televisión desde el jueves 28 de julio, criminalizando el trabajo de Espacio Público y la cooperación internacional para el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Además de vulnerar el derecho constitucional a la organización social para la defensa de los derechos, que a su vez supone el derecho a recibir cooperación para el trabajo en derechos humanos, constituye una incitación al odio a través de una campaña gestada en un canal público.

PROVEA VENEZUELA

Los Yukpa no se rinden

Tras nueve días de protesta, insisten en que permanecerán en el TSJ hasta que los atiendan. Exigen que Luisa Estella Morales les diga si los tres detenidos irán a juicio ordinario o no. La Constitución dicta que estos pueblos pueden aplicar instancias propias de Justicia

"No estamos en contra del Presidente ni de nadie. Lo que queremos es que se respete el artículo 260 de la Constitución y que el Tribunal Supremo de Justicia diga si los tres Yukpa presos van a juicio indígena u ordinario", explica Sabino Romero Martínez, cacique de la comunidad de Chaktapa.

Más de cien familiares de los dirigentes indígenas Yukpa detenidos en el Fuerte Macoa en Machiques (Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández) permanecen desde hace nueve días en la plaza Manuela Sanz, frente al TSJ, para exigir que la Sala Constitucional decida si es posible que el caso sea sometido a la justicia indígena.

La Constitución establece en su artículo 260 que "las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional".

En febrero de este año, el grupo de indígenas presentó una acción de amparo y todavía no han recibido respuesta.

"Hay un retardo procesal porque el pronunciamiento de cualquier tribunal del país en materia de amparo debe hacerse en un tiempo no mayor a 15 días y ya van cinco meses. Hace más de un año hubo una situación confusa en la que murieron tres personas y se abrió un proceso penal. Los familiares introdujeron el amparo para que el TSJ dé una argumentación bien fundamentada, pues los tres Yukpa llevan nueve meses privados de libertad", señala Marino Alvarado, coordinador general de Provea.

HASTA QUE LOS ATIENDAN
"Queremos que los presos sean liberados porque ese problema lo podemos resolver nosotros mismos. No pasó en territorio watía (hombre blanco), sino indígena. Estamos exigiendo nuestros derechos. Hoy son ellos pero en otro momento podría ser otro compañero o hermano indígena", manifiesta Daisy González Romero, cacique de la comunidad de Guamo Pamocha y esposa de Olegario Romero.

Por su parte, Carmen Fernández, cacica de la comunidad de Kuse y madre de Alexander Fernández, asegura que también están solicitando que sus parientes sean trasladados a un sitio de reclusión especial para indígenas, como el Centro Piloto de El Tocuco, en la Sierra de Perijá, donde se encuentran recluidos más de 60 caciques.
"En el Fuerte Macoa están sufriendo: les dan agua sucia, comen comida ácida y se bañan con agua sucia. Las mujeres cuando vamos a la visita también somos maltratadas. Nos mandan a quitarnos la ropa", añade.

Aunque no han recibido la visita de ningún funcionario del TSJ, los Yukpa no se rinden y afirman que seguirán protestando hasta obtener respuesta.

"Estamos aquí viviendo y durmiendo para exigir a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, que nos informe qué va a pasar con nuestros familiares. No nos vamos a mover de aquí hasta que no nos atiendan", advierte.
Tal Cual Digital.

Manifestantes indígenas solicitan ser atendidos por el TSJ

El grupo de indígenas Yupka y Wayuú concentrados en la Plaza Manuela Sanz del Tribunal Supremo Justicia (TSJ) se mantiene a la expectativa de una respuesta de la Sala Constitucional sobre el amparo interpuesto el 10.02.10.

Al respecto Deisy González Romero aseguró “hasta ahorita no vemos ni una respuesta” Por otra parte agregó “no estamos violando ninguna ley, tomamos esto para ver si nos atendían. Por qué yo creo que este problema que habíamos tenido allá, nadie lo sabía”.

Los manifestantes mantienen su posición de permanecer el tiempo que sea necesario para lograr que Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero, detenidos en el Fuerte Macoa en Machiques, no sean procesados por leyes ordinarias.
Romero González enfatizó “exigimos que se respete nuestra ley y nuestras costumbres como lo dice en la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas”. La indígena se refirió a las personas e instituciones que deberían velar por sus derechos y acompañarlos en esta situación “para ellos eso quedo archivado, no les interesa. Eso lo hemos visto en esto diez meses”.

La representante indígena recordó palabras del el Presidente Chávez “tienen que escuchar aquellas personas que son necesitadas de escuchar”.

La manifestante enfatizó el motivo de la concentración “Nosotros estamos aquí por que hemos esperado 10 meses y 10 meses sin respuesta. Ya Basta. Estaremos aquí hasta recibir una respuesta”.

“Venimos a buscar la vida de nuestro hermanos presos, ellos se sienten desesperados”, aseguró.

En caso de tener la oportunidad de hablar con el Jefe de Estado, Romero González expresó “si yo tuviera la oportunidad de hablar con el presidente de la república, gracias a él tenemos la constitución, gracias a él tenemos un amparo (…) él no has dado un gran oportunidad y yo le pediría que liberen a nuestros hermanos”.
Por otra parte, Lusbi Portillo, director de Homo et Natura, aseguró que en caso de no lograr un pronunciamiento por parte del TSJ que garantice que Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero sean juzgados por las leyes indígenas, acudirán ante la OEA.

Los manifestantes solicitan que las personas solidarias con la causa indígena los acompañen en esta acción, y les brinden su apoyo mediante la donación de agua, frutas y alimentos no perecederos.

Artículo 260
Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Prensa Provea,

Fiscalía acusó solo en tres de cada 100 casos de abuso policial

La información figura en el informe que Ortega Díaz presentó a la AN. La fiscal promete que en 2010 se verán los "resultados más contundentes" en el caso de los ex directivos de los bancos intervenidos.

En 2009, el Ministerio Público conoció 9.610 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes policiales y efectivos militares. Sin embargo, solamente en el 3,28% de esas denuncias (315) terminó acudiendo ante un juez para solicitarle que sentara en el banquillo de los acusados a los supuestos responsables de esos abusos.

La información figura en el informe anual que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó semanas atrás a la Asamblea Nacional.

En el reporte también se anuncia que de esos casi 300 casos llevados a los tribunales, los jueces resolvieron 177, de las cuales 139, 78%, terminaron en condenatorias (82 por admisión de los hechos por parte de los autores y 57 por las pruebas presentadas por los fiscales); y 38, es decir el 21%, concluyeron en absolutorias.

La mitad de las denuncias, 4.899, terminaron siendo archivadas, lo que significa que el Ministerio Público está a la espera de obtener nuevas evidencias que le permitan decidir si solicita o no el procesamiento de los involucrados. Por su parte, en 3.711 (38,62%) denuncias terminó pidiendo el sobreseimiento de los señalados.

En mayo del año pasado, la fiscal general anunció que su despacho había contabilizado 155 casos de ajusticiamiento y que en 2008 la cifra ascendió hasta los 600.

En marzo pasado, la instancia garante de la legalidad puso en marcha la Unidad Criminalística, instancia que ayudará a investigar los más de 8 mil casos de abusos policiales registrados por ella desde el año 2000; y una de sus principales iniciativas.

En su informe, Ortega Díaz también resaltó la importancia de los procesos de exhumación de los restos de las víctimas de casos como el Caracazo, Yumare y Cantaura, realizados en 2009, por considerar que los mismos ponen de manifesto el compromiso del Estado por investigar estos hechos y por reparar a los afectados y a sus familias.

El Universal.

TSJ pone límites al acceso a la información pública

El pronunciamiento tiene carácter vinculante. En el dictamen también se estableció que datos como el ingreso de los funcionarios públicos o sus declaraciones juradas de bienes no tienen por qué publicarse, pues "forman parte de su intimidad".

Al TSJ fueron el SNTP, CNP y Espacio Público venancio alcázares
¿Por dónde pasarán las futuras líneas ferroviarias que proyecta construir el Ministerio de Transporte? ¿Cuántos millones de bolívares destina al Gobierno a la lucha contra el cambio climático? ¿Cuántos jueces penales hay en el país? Los ciudadanos que deseen conocer las respuestas a estas y otras preguntas deberán acudir a los organismos públicos respectivos y manifestarles "expresamente las razones o propósitos por los cuales requieren esa información" y además deberán demostrar que "la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar" a la misma.

Así lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sentencia número 745, en la cual rechazó el recurso de amparo que Espacio Público interpuso contra la Contraloría General de la República por negarse a suministrarle las remuneraciones del contralor Clodosbaldo Russián; y del resto de los funcionarios que laboran en el despacho encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos.

En el fallo redactado por la magistrada Carmen Zuleta de Merchán se afirma que el acceso a la información pública no es un derecho absoluto, como sí lo es el derecho a la vida.

En el dictamen también se estableció que datos como el ingreso de los funcionarios públicos o sus declaraciones juradas de bienes no tienen por qué publicarse, pues "forman parte de su intimidad".

La Sala indicó que los accionantes no demostraron cómo el saber cuánto ganan las autoridades y los empleados del Estado y cuáles son sus bienes "sería de utilidad para la participación ciudadana en pro de la transparencia de la gestión pública".

El pronunciamiento del máximo juzgado tiene carácter vinculante; es decir que todos los tribunales del país deben guiarse por él hasta que la Asamblea Nacional apruebe una ley.

Exigen anular al Cesna
Horas antes de que se difundiera el contenido de este fallo, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y de Espacio Público demandaron ante el TSJ la nulidad del Centro de Estudio Situacional de la Nación (Cesna).

Las tres organizaciones consignaron ante la Sala Político Administrativa un recurso de nulidad contra el decreto presidencial número 7.454, por considerar que viola los ar- tículos 57, 58, 143, 325 y 339 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Juan Francisco Alonso EL UNIVERSAL

El TSJ desechó dos acciones a favor de la jueza Afiuni

Las salas Constitucional y Penal rechazaron revisar el caso. La decisión no fue compartida por Rondón Haaz

Con escasos días de diferencia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desechó dos acciones que la defensa de la suspendida jueza 31 de Control de Caracas, María Lourdes Afiuni, interpuso contra el proceso que se le sigue por haberle dado libertad condicional al banquero Eligio Cedeño, quien tenía más de dos años detenido preventivamente sin haber sido enjuiciado.

El primer rechazo lo obtuvieron los representantes de la funcionaria de la Sala Constitucional, adonde acudieron para denunciar, vía una acción de amparo, que el Ministerio Público se demoró en acusar a su clienta, por lo que su arresto preventivo se había convertido en uno irregular.

En el fallo 678, redactado por la presidenta de la instancia, magistrada Luisa Estella Morales, se rechazó el señalamiento y se aseguró que los fiscales presentaron el acto conclusivo en la fecha correspondiente.

La funcionaria fue aprehendida en flagrancia el 10 de diciembre de 2009, presentada ante los tribunales el 12 de diciembre y el 26 de enero fue acusada; es decir 45 días después, tal y como establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para los procesos ordinarios.

Sin embargo, este criterio no fue compartido por el magistrado Pedro Rondón Haaz, quien, en su voto salvado, indicó que en el expediente no se encuentra el acta de la audiencia de presentación de la jueza ni figura la solicitud del Ministerio Público para prorrogar la entrega de las conclusiones de sus investigaciones y tampoco se precisa si fue detenida de manera flagrante o no.

Sobre este último asunto, el disidente recordó que si la funcionaria fue presentada en flagrancia, entonces "el Ministerio Público contaba con el lapso que la Sala ha fijado a través de decisiones anteriores, de acuerdo con las cuales dicho término no era, precisamente, el de 30 días y su prórroga, sino, como máximo, el de 15 días en total".

La otra negativa

El segundo varapalo lo recibió la defensa de Afiuni de parte de la Sala de Casación Penal, la cual rechazó ayer avocarse a revisar el proceso contra la jueza procesada.

En el fallo 259 redactado por el presidente de la instancia, magistrado Eladio Aponte Aponte, desechó la petición alegando que en la Corte de Apelaciones de Caracas hay un recurso pendiente de resolución y que había que esperar a que ese juzgado se pronunciara.

El pronunciamiento fue criticado por la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien en su voto salvado, señaló: "La presente solicitud de avocamiento procede, incluso de oficio, por la grave violación al ordenamiento jurídico que representa la persecución a un juez por la emisión de una decisión, a lo cual se encuentra debidamente facultada, de acuerdo a la Constitución y la ley".

La disidente no dudó en calificar la situación de Afiuni como "una aberración y la negación del Estado de Derecho"; y afirmó que sus colegas han debido revisar el caso porque pone en peligro el funcionamiento del Poder Judicial.

En rueda de prensa celebrada el pasado 18 de junio, la presidenta del TSJ, magistrada Luisa Estella Morales, aseguró que en Venezuela "ningún juez es sancionado por una decisión".

El Universal.

Declaran inadmisible avocamiento por caso de la jueza Afiuni

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declaró inadmisible la solicitud de avocamiento que la defensa de la jueza María Lourdes Afiuni realizó el 13 de enero del presente año.

El abogado de la defensa, Juan Garantón, explicó que realizó la solicitud considerando que ningún juez de la República, luego de las declaraciones del presidente Hugo Chávez de exigir que se condenara a 30 años de cárcel a la juez Afiuni, "se atrevería a darle una medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad cuando tenía todo el derecho de recibirla".

"Los únicos que se podrían atrever a tomar la decisión de una medida cautelar era el Tribunal Supremo por su rango institucional y el criterio selectivo para que ellos se pronunciaran sobre ese particular en vista de que ningún otro Tribunal se atrevería a hacerlo", dijo Garantón en entrevista a El Universal.

Indicó que "ya esto es un punto decidido porque la Sala Penal consideró que este es un problema que debe resolverse en los tribunales de Instancias y la única que salvó su voto fue la magistrada Blanca Rosa mármol de León porque asegura que los jueces de Instancias se siente minusválido ante las declaraciones del presidente Chávez".

Llega a Madrid el primer grupo de seis presos políticos cubanos

Las autoridades españolas proporcionarán "apoyo logístico" en un primer momento a las familias a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y de la Cruz Roja, explicó el lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Seis ex presos políticos cubanos llegaron este martes al aeropuerto de Madrid, de un total de 52 opositores del grupo del 75 encarcelados desde 2003 que el régimen se comprometió a liberar, y otro más llegará dentro de aproximadamente una hora, según fuentes diplomáticas españolas.

Pablo Pacheco, José Luis García Paneque, Léster González, Antonio Villarreal, Julio César Gálvez y Omar Ruíz llegaron con 33 familiares en un vuelo regular de Air Europa hacia las 12H50 (10H50 GMT), informó AFP.

El otro, Ricardo González, periodista, 60 años, corresponsal de Reporteros sin Fronteras, llegará en un vuelo de Iberia hacia las 14H00 (12H00 GMT).

Varios de ellos hablarán a la prensa más tarde en el aeropuerto, este martes dormirán en un hotel y todos no se quedarán a vivir en Madrid, explicó una fuente del ministerio español de Asuntos Exteriores.

Las autoridades españolas proporcionarán "apoyo logístico" en un primer momento a las familias a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y de la Cruz Roja, explicó el lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Se trata de una parte de los 20 presos políticos que emigrarán a España entre este lunes y miércoles, según dijo el lunes la Iglesia católica cubana, aunque no se descarta que sean más, ya que España dijo estar dispuesta a acoger a los 52 excarcelados.

Otros países también se mostraron dispuestos a recibirlos. Esta liberación de presos, la mayor en más de una década en Cuba, se realizó con la mediación de las autoridades de la Iglesia Católica y del gobierno socialista español.

El ministro español de Exteriores, muy activo en la promoción de un estrechamiento de las relaciones con Cuba dentro de la Unión Europea (UE), viajó a la isla la semana pasada, momento en que se anunciaron las excarcelaciones.

Según la Iglesia, los excarcelados podrán volver a Cuba con un permiso especial y sus familias cuando lo deseen, y no perderán sus propiedades en la isla.

Las detenciones de la llamada "primavera negra de 2003" desató una dura reacción de la Unión Europea (UE) que en los últimos años ha mejorado.

Según cifras de la disidencia, con las excarcelaciones la cifra de presos políticos bajará a 115.

Las excarcelaciones se producen mientras el líder comunista Fidel Castro, próximo a cumplir 84 años y sustituido desde 2006 por su hermano Raúl por una enfermedad, salió el lunes en televisión en un programa grabado, su primera entrevista en tres años y su segunda presentación al público en menos de una semana.

20 asociaciones denuncian que comunas liquidan la propiedad popular

El Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar rechazó en un comunicado las leyes orgánicas de la comunas y del sistema económico comunal. Señaló que corre peligro la titularidad de 2,6 millones de viviendas construidas, porque el Gobierno administrará la propiedad social de la tierra en el medio urbano

La declaración emitida hace una semana por los alcaldes de la zona metropolitana sobre el proyecto de ley de comunas tuvo eco. Ayer, una veintena de burgomaestres procedentes de todo el país discutieron el contenido del texto que tiene como finalidad construir el estado comunal.

Representantes de 23 alcaldías con el respaldo de otras 50 acordaron constituir la Unión de Alcaldes de Pueblo de Venezuela, con el objetivo de informar a sus comunidades sobre el alcance del instrumento legal.

El alcalde de Chacao, Emilio Graterón, exigió que el parlamentarismo de calle se realice en todos los municipios, al tiempo que llamó a sus pares del PSUV a presentar sus observaciones: "Sabemos que no los dejan hablar, pero seremos su voz en esta lucha".

Negó que desde la oposición se pretenda satanizar el instrumento legal. "Lo satánico es alterar la estructura del Gobierno consagrada en la Constitución, crear un sistema judicial tumultuario y destruir al Poder Electoral, como lo hace esta ley".

Ramón Moncada, alcalde de San Carlos, estado Cojedes, reclamó el fin del centralismo: "Los municipios somos parte del Gobierno y no nos pueden seguir excluyendo".

Agenda. La primera acción de la UAPV fue solicitar al Ejecutivo que destine 30% del presupuesto nacional a proyectos comunitarios. Anunciaron que la próxima semana se dedicarán a divulgar el contenido del texto legal en sus regiones; luego elaborarán un documento con observaciones que presentarán a la Asamblea Nacional donde solicitarán un derecho de palabra. Para la primera semana de agosto se reunirán por segunda vez para revisar los resultados, "posiblemente en el estado Táchira o Lara", adelantó Graterón.

Europa sancionará a Venezuela por el caso de la jueza Afiuni

EL UNIVERSAL

Hugo Chávez vuelve a ser juzgado por el Parlamento europeo, que analizará la violación de las libertades individuales a partir de la detención de la magistrada venezolana. Considera se trata de un "ataque del poder político contra el Poder Judicial"

El pleno del Parlamento Europeo (PE) debatirá nuevamente sobre la situación de los derechos humanos y las libertades en Venezuela, en una votación que el chavismo denunció como de "tinte electoralista".

 Los eurodiputados votarán, además, nuevas sanciones sobre el caso concreto de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada por orden del presidente Hugo Chávez tras poner en libertad a un empresario acusado de estafa por el gobierno.



Sin embargo, algunos partidos, como el Popular Europeo (PPE), el Liberal y el de los Conservadores, anunciaron que propondrán ampliar el espectro de la sesión para alcanzar una crítica multitudinaria a la situación política y de limitación de las libertades individuales y civiles que se vive en Venezuela. 

El documento preliminar de la sesión del jueves, al cual no se sumaron los representantes de izquierda que defenderán sus propios textos, considera que el caso de la magistrado Afiuni "no es un caso aislado de ataques del poder político contra el poder judicial" y denuncia el "manifiesto deterioro democrático" en Venezuela.



Desde el gobierno chavista, respondieron que la medida posee "tintes electoralistas".

El embajador venezolano en Bélgica y ante la Unión Europea (UE), Antonio García, declaró que "forma parte de un ataque permanente de la derecha y extrema derecha del Parlamento Europeo y, en especial, del Partido Popular (PP) español", contra Chávez.

Fundación holandesa de jueces pide liberación de Afiuni

La Fundación Jueces para Jueces condenó que, posterior a su detención, Afiuni Mora haya sido recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde se encuentran reclusas que fueron enjuiciadas y condenadas por ella misma.

La Fundación holandesa "Jueces para Jueces" expresó hoy su "profunda preocupación" por la situación en Venezuela de la jueza María Lourdes Afiuni Mora, imputada por supuestos delitos de corrupción, abuso de poder y favorecimiento para la evasión, a raíz de su decisión de dejar en libertad condicional al ex banquero Eligio Cedeño.

Jueces para Jueces emitió un comunicado en el que pide al Estado venezolano que se decrete la libertad de Afiuni o que se permita su traslado a un sitio de reclusión en el que no esté en peligro su vida e integridad física. Igualmente, la Fundación holandesa pide que sea respetado el debido proceso en el caso de la jurista y que se preserven las garantías judiciales.

El organismo destacó en su documento que Afiuni tomó la decisión de liberar condicionalmente a Cedeño luego que éste permaneciera más de dos años en prisión, sin juicio. Añadió que este lapso excede lo contemplado por la legislación venezolana para la detención provisoria.

La Fundación Jueces para Jueces condenó que, posterior a su detención, Afiuni Mora haya sido recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde se encuentran reclusas que fueron enjuiciadas y condenadas por ella misma, lo que ha generado que desde su ingreso la jueza sea objeto de amenazas e intentos de atentados.

La Fundación Jueces para Jueces, con sede en Holanda, fue establecida y constituida por jueces, que defienden los intereses de colegas en el extranjero, que se ven amenazados en el legítimo ejercicio de su profesión.