El Foro por la Vida responsabilizó al Estado, a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo; y a los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, por la muerte del productor agropecuario Franklin Brito.
"Expresamos nuestra más enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano, quienes en vez de garantizar la vida e integridad de Franklin Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad, haciendo uso desmedido del poder para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones", señaló la ONG, a través de un comunicado.
A juicio de esta organización, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también es culpable del fallecimiento de Brito por no demostrar "voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las denuncias presentadas por la familia Brito contra el INTI, solicitar una orden de traslado y por "ordenar su ilegítima privación de libertad" en el Hospital Militar.
"Responsabilizamos a la defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas", se añade en el texto.
El Foro por la Vida considera a su vez que Loyo no facilitó la entrega de documentos que "formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre".
Asimismo, repudia que los diputados pesuvistas "alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agropecuario".
La ONG rechaza además la manera en que algunos medios de comunicación oficialistas han manejado la información de la muerte del biólogo. "La pérdida humana de Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza... La acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los Derechos Humanos".
UNA MUERTE ANUNCIADA
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de Provea, asegura que a Brito se le garantizó la muerte, pues su fallecimiento "es consecuencia de una manera de gobernar prepotente, intolerante y que no acepta el diálogo como vía para resolver conflictos".
Alvarado destacó que el productor agropecuario nunca se negó a recibir atención médica, sino que exigió ser atendido por médicos de confianza, como los de la Cruz Roja.
"A Brito no se le garantizó la vida, sino la muerte. Sus peticiones pudieron haberse resuelto, devolviéndole las hectáreas que le fueron arrebatadas de manera arbitraria por el INTI", agregó.
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