Ortega descarta responsabilidad por retardo en caso "Mazuco"

La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, recalcó que el Ministerio Público actuó en este caso con la diligencia de siempre, es decir, se presentó la acusación en el tiempo estipulado.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el Ministerio Público ha cumplido con los lapsos legales en el caso del diputado electo por el estado Zulia, José Sánchez "Mazuco", por lo que desmarca a esta institución de cualquier responsabilidad en el retardo procesal en la causa.

Ortega Díaz destacó que el Ministerio Público acusó a "Mazuco" en el lapso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que otorga 30 días, más una prórroga de 15 días, para la presentación del acto conclusivo, reseñó el Ministerio Público en una nota de prensa.

Durante el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", dijo que en el caso de que la Institución que preside no cumpla con el lapso legal referido, el imputado queda en libertad.

En ese sentido, la Fiscal General recalcó que el Ministerio Público actuó en este caso con la diligencia de siempre, es decir, se presentó la acusación en el tiempo estipulado.

Señaló que una vez que se realizó la audiencia preliminar, el 7 de julio de 2009, y fue ordenado el enjuiciamiento de Sánchez, al admitirse la acusación por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y privación ilegítima de libertad, ambos en grado de cómplice necesario, los fiscales han concurrido a todas las audiencias.

Aseguró que el retardo procesal no ha sido por falta del Ministerio Público en este caso.

Diputados y aún en la cárcel

Presos políticos de Zulia y Yaracuy esperan para que les habiliten la inmunidad parlamentaria. Ni el CNE ni el TSJ acatan la voluntad del pueblo.

Aunque el Artículo 200 de la Constitución Nacional establece que "los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo", los Tribunales de Yaracuy y la junta del Consejo Nacional Electoral del Zulia han hecho caso omiso a la Carta Magna pues José Sánchez "Mazuco", elegido por el estado Zulia, y Biaggio Pilieri, electo por el estado Yaracuy; permanecen privados de su libertad.

Félix Herrera, abogado de Pirelli, indicó que el mismo día que el CNE dio los resultados de los escrutinios la defensa buscó los documentos que lo certifican como diputado principal de la Asamblea Nacional.

"Apenas obtuvimos las credenciales fueron anexadas al expediente de Biaggio Pilieri y solicitamos que fuese liberado. Estamos a la espera de los resultados del Tribunal", explicó Herrera.

Según la defensa del diputado electo por Yaracuy "el retraso es injustificado" y la presidenta del Circuito no les ha dado la cara. Por su parte, José Sánchez "Mazuco" corre con la misma suerte, pero en su caso el ente comicial no les ha otorgado las credenciales para que formalmente goce de inmunidad.

Nora Bracho, compañera de fórmula en calidad de suplente de Sánchez, declaró que están a la espera de las credenciales de los parlamentarios electos. "Una vez que recibamos las acreditaciones del CNE se las entregaremos a los tribunales, manifestó Bracho.

Entre tanto, el diputado electo a la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Stalin González, pidió a las juntas estadales que proclamen a los diputados electos lo más pronto posible.

BITÁCORA DE DOS PRESOS POLÍTICOS
A José Sánchez lo detuvieron en 2007 por su presunta participación en el homicidio de Claudio Macías, ex funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar. El ex fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, aseguró en su momento que había encontrados evidencias contundentes para realizar un juicio corto en contra de Sánchez.

Aún así, luego de 10 Jueces y nueve Fiscales del Ministerio Publico no se pudo esclarecer el caso. Hace tres años que el diputado electo se encuentra recluido en la cárcel Ramo Verde.

Asimismo, el periodista Biaggio Pilieri fue privado de su libertad en enero de 2005 y está acusado de malversación agravada de fondos públicos y de concertación ilegal con contratista.

Pilieri fue acalde del municipio Bruzual en el periodo 2000-2004, diputado regional y dos veces electo concejal. El parlamentario electo está recluido en la Comandancia General de la Policía de Yaracuy.

ANTECEDENTES
No es la primera vez que se eligen como candidatos al Parlamento a ciudadanos que se encuentran encarcelados. En los años setenta, Salom Meza Espinoza, del Movimiento Electoral del Pueblo y David Nieves, de la Liga Socialista, resultaron electos, fueron excarcelados y se incorporaron a sus curules ejerciéndolos durante cinco años.

Tal Cual Digital

Foro por la Vida propone a los próximos asambleístas decálogo parlamentario en derechos humanos

Ante la inminencia de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, el Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, ha dado a conocer un decálogo de gestión legislativa para incidir en el trabajo a desarrollar por los diferentes representantes electos para el próximo período en la Asamblea Nacional.

Dentro de las 10 propuestas, las cuales se pueden consultar íntegramente en el enlace http://issuu.com/foroporlavida/docs/agenda_ddhh, resalta en primer lugar la relacionada con el derecho a la vida, invitando el aprobar legislación especial sobre la tortura, como esta expresado en la Carta Magna, mediante ley especial o reforma del código penal. En materia de Seguridad Ciudadana, el Foro por la Vida exige un debate y diálogo nacional inclusivo sobre las normas y políticas para enfrentar el crimen; el resarcimiento de las víctimas secundarias de la violencia criminal y de género; la modificación de las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en labores de resguardo de la seguridad; la eliminación de las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes para la defensa integral de la nación; el diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme así como la promoción de garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de criminalidad y violencia de género, así como la asistencia para superar traumas producto de hechos violentos.

Sobre el derecho a la libertad de expresión e información se pide el garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio del derecho. Asimismo, reformar la ley de telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de CONATEL. Para garantizar el derecho a la manifestación los grupos de derechos humanos proponen la Eliminación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot, los cuales han venido siendo utilizados para procesar judicialmente a líderes sindicales, comunitarios y estudiantiles por protestar.

Para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad sugieren aprobar normas y asignar presupuesto para impulsar un sistema penitenciario que asegure en igualdad para internos e internas, la rehabilitación y el respeto a sus derechos humanos. Sobre el derecho a la justicia insinúan el modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que establecen causales subjetivas para la destitución y suspensión de magistrados.

En cuanto al derecho a la libertad de asociación y libertad sindical el Foro por la Vida realizó dos propuestas: 1.- Evitar la promulgación de marcos normativos y reformar normas legales que restrinjan u obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. 2.- Promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales o gremiales y sus formas de autogobierno.

Las organizaciones signatarias de este decálogo parlamentario son el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Espacio Público, Caritas Venezuela, Caritas los Teques, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Investigación, Formación y estudios de la Mujer (CISFEM), Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela (SJR), Centro Para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Acción Solidaria (ACSOL), Comité de Familiares de las Victimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Comité de Victimas contra la Impunidad del Estado Lara (COVICIL), Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira, Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui.

Provea Venezuela.

Las razones de Afiuni

La magistrada tiene con qué desconocer a su juez. Su caso está lleno de irregularidades, desde violación de los DDHH hasta manipulación del expediente La acusada se rehúsa a que el juez Alí Paredes siga conociendo su caso, por razones personales

No en vano la jueza María Lourdes Afiuni se declaró en desobediencia civil citando el artículo 350 de la Constitución Nacional.

Desde que el juez Alí Paredes se hizo cargo de su caso, se han presentado anomalías en el proceso. Para comenzar, la acusada debió ser juzgada en libertad como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal pero, como se sabe, este procedimiento no tiene nada que ver con la realidad que vive la jueza actualmente.

Paredes comenzó con un mal pie pues según José Amalio Graterol, abogado de Afiuni, incurrió en un "fraude procesal" cuando en vez de constituir un Tribunal con escabinos, constituyó un Tribunal unipersonal.

Ya Afiuni había perdido la fe en este juez debido a que en contadas oportunidades la defensa solicitó a Paredes la revisión de la medida de privativa de libertad y se negó, alegando "que se trataba de un delito que superaba los 10 años", cuando la jueza Afiuni está siendo acusada por el delito de corrupción propia que establece una pena de tres a siete años.

En pocas palabras, el juez había determinado la pena de Afiuni sin haberse iniciado el juicio.

Uno de los argumentos en los que se basó el Ministerio Público para abrirle un procedimiento a Afiuni era que la boleta de excarcelación de Eligio Cedeño no aparecía.

Días antes de comenzar la primera audiencia, el nombrado documento apareció como por arte de magia. Graterol manifestó que el expediente de la jueza "ha sido manipulado de forma extraña", es por lo que la defensa solicitó el diferimiento de la audiencia alegando que este elemento modificaría por completo la defensa del caso.

La Fiscalía General de la República también argumentó "la presunta presencia de un soborno que determinó la liberación de Cedeño". La defensa comprobó que Afiuni no recibió ningún pago por la liberación del empresario.

Aparte de esto, Paredes revocó a los abogados privados de Afiuni sin su aprobación y le asignaron un defensor público.

LO HUMANO MÁS ALLÁ DE LO PROCESAL
Pero más allá de las irregularidades en torno al caso, Afiuni ha denunciado a Alí Paredes por violar sus Derechos Humanos.

La acusada ha presentado en varias oportunidades problemas de salud "y no ha sido debidamente atendida", aseguran sus abogados. La defensa exigió en reiteradas oportunidades que Afiuni fuese trasladada a un hospital civil puesto que en el Hospital Militar no la han atendido correctamente.

Hace nueve meses que María Lourdes Afiuni se encuentra detenida y ha salido de su celda de 3x2 metros sólo cuando se ha presentado en las audiencias.

Está interna con una seguridad extrema y no le llega la luz del sol porque su habitación tiene una ventana que apenas deja entrar la claridad. La acusada no consume alimentos del penal por medidas de seguridad. Cuando llegó a su celda no tenía dónde dormir.

A pesar de que estuvo trabajando por ocho años dentro del sistema de judicial, los vicios en torno a su caso le han dado pie para no creer en que se haga justicia.

Afiuni no confía en quien debe ser un árbitro imparcial de su caso, y menos desde que Alí Paredes escribió en una página Web del oficialismo que manifestaba su apoyo a la revolución bolivariana.

LA CANDIDATURA CONTINÚA
Aunque la jueza no cuenta con el respaldo de la Mesa de la Unidad para su candidatura a la Asamblea Nacional, no declina. Afiuni insiste en que tiene proyectos concretos y no está postulada sólo para salir en libertad.

Quienes la apoyan sostuvieron reuniones con representantes de Copei y Primero Justicia pero al parecer no recibirá el apoyo de estos partidos.

El Universal

Sufriendo la impunidad por partida doble

Amilcar Rodríguez es un venezolano que desde el 2008 ha sufrido toda la ineficiencia del sistema judicial, su hija Eesha Rodríguez fue víctima de una severa golpiza por parte de su concubino y sus familiares, además, un caso de mala praxis médica, a la fecha, por ninguno de los dos hechos, existe algún avance.

Tanto para la víctima, como para su padre, el vía crucis comenzó el 28.04.08 cuando ella le comunica a su progenitor que se siente mal y que necesita ir al médico. En el Centro de Diagnostico Integral de Montalbán después de los exámenes de rutina se determina que la paciente sufre de un “trauma cerrado abdominal” con otra serie de complicaciones.

Los médicos que atendieron a la víctima le informan a Rodríguez que el cuadro que presenta su hija fue producto de “una severa golpiza” y es intervenida quirúrgicamente.

Según afirma Rodríguez su hija salió bien de la intervención, sin embargo, después de recibir una inyección intravenosa, de un medicamento que desconoce y no la han querido dar información, se presentó una marcado deterioro en la salud de ella y le ha dejado severas secuelas.

Sobre los hechos que llevaron a Eesha Rodríguez a un CDI de Montalbán, el padre explica “por investigaciones propias, determino que en la golpiza estuvo involucrada toda la familia, seis familiares que la golpearon y luego Jhonson Lugo (concubino) y Joel Lugo (hermano) le negaron el traslado al hospital”.

Después de ambos hechos, en mayo de 2008 Rodríguez interpone una denuncia en la Fiscalía a Jhonson Lugo e inicia diligencia para determinar las responsabilidades por el caso de mala praxis médica y “hasta ahora no hay ningún imputado, no hay investigación” en ambas situaciones.

“No solamente hay retardo procesal, sino también negligencia de parte de la fiscalía (…) y el caso sigue estancado”. Rodríguez asegura que no se han realizado las investigaciones respectivas y ante la ineficiencia del sistema se pregunta “cuántos años puedo esperar para que se haga justicia (…) 10 o 20 años”.

Amilcar Rodríguez, finalizada la entrevista, sale de la sede de Provea y su caminar pausado denota el cansancio y frustración del tiempo que lleva luchando y sin lograr respuesta de nadie, y la certez que todavía falta mucho por sufrir.

Provea Venezuela

Jueza Afiuni se niega a participar en audiencia de juicio

La jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra en los calabozos del Palacio de Justicia, se niega a subir a la audiencia de juicio que se sigue en su contra, así lo informó el abogado de la Defensa, José Amalio Graterol.

El abogado de la Defensa, José Amalio Graterol, informó que la jueza María Lourdes Afiuni, quien se encuentra en los calabozos del Palacio de Justicia, se niega a subir a la audiencia de juicio que se sigue en su contra.

"Ella se está negando a subir al juicio y quiero que el país sepa que si la suben a la sala de audiencia es porque lo hicieron con violencia física, arremetiendo violentamente contra ella. No vamos a permitir que un juez que esta parcializado políticamente y siente animadversión hacia las mujeres y chantajea a una mujer con enviarla a un médico si acepta ir a juicio, juzgue a la doctora María Lourdes Afiuni Mora", precisó.

Explicó que ayer fue recusado el juez Alí Fabricio Paredes por "tener actitudes misóginas" contra la jueza Afiuni y hoy "la chantajea diciéndole que si asiste a la audiencia de juicio él la envía al hospital a realizarse los exámenes por un quiste que presenta en el seno derecho".

"Eso es simplemente una violencia psicológica e institucional que está establecido en el articulo 15 numeral 1 y 16 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".

Indicó que el juez Paredes recibió la recusación y la declaró improcedente, "cuando eso le corresponde a la Corte de Apelaciones".

"Es inaudito que el juez decida realizar el juicio cuando ha sido denunciado penalmente por la doctora María Lourdes Afiuni en la Fiscalía 64 del Ministerio Público. Eso es imposible realizarlo y violenta todo el estado de derecho y el debido proceso de la jueza", precisó.

La jueza 31 del Área Metropolitana, María Lourdes Afiuni, fue trasladada hoy bajo fuertes medidas de seguridad del Instituto de Orientación Femenina (INOF) a la sede del Palacio de Justicia para la audiencia de juicio que se le sigue en su contra.

Está acusada por la presunta comisión de corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir, luego de que fuese detenida por ordenar mediante decisión judicial la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño, ex presidente del Banco Bolívar.

El Universal

Denuncian amedentramiento por razones políticas en la ciudad de Mérida

“Sirva la presente para saludarle y desearle el mejor de los éxitos en sus funciones, igualmente deseo hacer de su conocimiento mi renuncia irrevocable al puesto de programador”.

Así comienza la carta que Miguel Ángel García Belandria entregó a la Gobernación de Mérida el 29 de julio de 2010.

García Belandria comenzó a trabajar en esa institución el 15 de agosto de 2006 como programador de la Unidad de Control de Gestión (UCG), donde pasó tres años “sin ningún problema”. Fue en noviembre de 2009 cuando el jefe de la UCG, coronel Pedro Guerrido, le solicitó un informe explicativo sobre su no participación en las primarias del PSUV.

El trabajador denunció en el informe la “violación clara de los principios éticos y legales que buscan cualquier vinculación política con la administración pública”, tal como lo establece el artículo 145 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y la vulneración de su libertad de asociación política, consagrada en el artículo 67 de la Constitución, al imponerle “por medio del amedrentamiento y el chantaje una participación política”.

Inmediatamente, García Belandria fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos. “A mí no me contrataron para eso, esa no era parte de mi trabajo. No me podían botar porque tenía más de cinco contratos y, legalmente, debían darme el cargo fijo desde hacía más de un año”, expresa.

Y AHORA “MAISANTA”

Poco tiempo después, el departamento de Recursos Humanos le asignó un cargo en la Comisión de Servicios para el Plan PADRE (Plan de Desarrollo Acelerado de la Región), en el cual el ingeniero José Gregorio Vielma, representante de la estatal petrolera, le solicitó la instalación del software informático “Maisanta”, destinado a revisar si los trabajadores habían firmado contra el presidente Chávez en el referéndum revocatorio de 2004.

El programador se negó a llevar a cabo esa acción, pues asegura que se estaba violando el artículo 350 de la Constitución que prescribe que el pueblo venezolano “desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos”. Una vez más, fue puesto a la orden de la Dirección de Recursos Humanos.

DESPIDO INDIRECTO

El 9 de junio de este año, el Fondo para el Desarrollo Sustentable de Mérida solicitó los servicios de García Belandria, quien estuvo más de un mes sin recibir respuesta y con la obligación de seguir cumpliendo su horario de trabajo.

“Pasaba los días sentado en una silla del pasillo sin hacer nada. Era un puesto de trabajo inexistente. Tenía que pagar entre 15 y 20 bolívares al día en estacionamiento, así que me salía más caro ir a trabajar que quedarme en mi casa”, manifiesta.

García Belandria reitera que, como no podían despedirlo, hicieron todo lo posible para que fuera él quien renunciara. “El fin de ellos era que me obstinara y me fuera; fue un despido indirecto. El sueldo era una miseria, así que no valía la pena que me tragara mi orgullo”, añade.

Las ONG se le plantan al Estado y le exigen que deje de hostigarlas

Ex presidente de la Corte IDH acusa al Gobierno "aplastar" todo lo autónomo

En un hecho sin precedentes, más de un centenar de organizaciones no gubernamentales venezolanas cerraron filas y se le plantaron al Estado, al cual le exigieron que ponga fin a las investigaciones abiertas contra agrupaciones como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) por haber recibido fondos del extranjero; que anule las decisiones judiciales que pretenden atar su legitimidad a la nacionalidad de su financiamiento y que cese la campaña de desprestigio que los medios públicos mantienen contra algunos activistas pro derechos humanos.

El presidente de Sinergia, Feliciano Reyna, fue el encargado de leer el pronunciamiento, en el que se demanda de las autoridades cambiar su actitud ante las agrupaciones de la sociedad civil y se recuerda el papel desempeñado por ellas en materias como la educación, salud, ambiente, cultura y la defensa de las libertades fundamentales.

En similares términos se pronunció Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de 1989 (Cofavic), quien recordó: "¿Por qué se supo que en El Amparo murieron pescadores y no guerrilleros? Gracias a las organizaciones de derechos humanos que en el año 88 demostraron que la verdad oficial no era la realidad. ¿Por qué se conoció que casi 95% de las muertes del Caracazo ocurrieron dentro de sus casas y no en los saqueos? Gracias a las organizaciones que pudieron recopilar información de caso por caso. ¿Por qué se sabe que hay un muerto diario en nuestras cárceles? Gracias al Observatorio Venezolano de Prisiones que documenta rigurosamente lo que ocurre dentro de ellas".

Defienden el apoyo exterior
Aunque desde el Ejecutivo y hasta el Tribunal Supremo se les señala de estar incursas en traición a la patria por recibir recursos desde el exterior, Ortega defendió no solo la legalidad sino la importancia de esos aportes. "Gracias a los fondos de la cooperación internacional es que las madres de la Plaza de Mayo pudieron identificar los restos de muchos de sus hijos asesinados en la última dictadura argentina. ¿Cómo pudo llevarse a (el ex dictador chileno) Augusto Pinochet ante los tribunales? Gracias a las organizaciones de ese país y los fondos que recibieron del exterior (...) Más recientemente está el caso de los falsos positivos en Colombia. ¿Cómo se ha podido estudiar este caso? ¿Con los fondos del gobierno de (Álvaro) Uribe? No, con el apoyo de la cooperación internacional y el trabajo riguroso de las organizaciones colombianas".

Por su parte, el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken, explicó que mundialmente las organizaciones no gubernamentales buscan financiarse allende de sus fronteras para mantener su autonomía. "Las agrupaciones civiles no pueden recurrir a las empresas, porque sus intereses son contradictorios y porque ellas participan del poder; y no pueden aceptar fondos del Gobierno nacional porque él puede ponerle condiciones".

Quieren cerrarlas

Por su parte, Rafael Uzcátegui, miembro del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), indicó que la política de acoso a las organizaciones no gubernamentales y a los activistas de derechos humanos no son "hechos aislados" sino que forman parte del "contexto general de criminalización de la protesta", la cual persigue "invisibilizar las contradicciones y deficiencias de las políticas públicas".

"¿Por qué se le teme a las denuncias de violaciones a los derechos humanos y no se procede a investigarlas? ¿Por qué se teme a las víctimas organizadas y no se les da apoyo?", se preguntó Ortega.

El ex presidente de la Corte IDH respondió a estas preguntas afirmando que el Gobierno quiere "asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil (...) Lo que ocurre, a mi parecer, es que el Gobierno desearía que no hubiera organizaciones no gubernamentales sino muy gubernamentales. Aquí lo que se busca es ocupar todos los resquicios de autonomía".

El Universal

Sigue el calvario para Rubén

El 3 de septiembre debió tener lugar la audiencia de juicio para resolver el caso de Rubén González, secretario general de Ferrominera. Ese día debió haberse producido la primera sentencia penal en el país, por la participación de un dirigente sindical en un conflicto laboral. Pero el suspenso sigue: no hubo sentencia, la audiencia prevista para el viernes pasado ha sido diferida para el 4 de noviembre, si acaso. Y mientras tanto Rubén González sigue preso.

¿Qué podemos pensar de toda esta historia? ¿Qué pasa en este país, que se ha envenenado tanto, que ahora por protestar te pueden dar el trato de un delincuente, así hayas sido honorable toda tu vida?

Lo primero que viene a la mente es el reflejo miope que todos vamos desarrollando a medida que la crisis se instala y nos invade: ¿asaltaron a fulano y le quitaron los reales y lo amenazaron de muerte? ¡Qué tipo tan sortario, fíjate que no lo mataron! ¿No sentenciaron a Rubén? ¡Qué suerte tuvo, porque lo hubieran podido haber condenado!

Pero después no podemos evitar una reacción de rabia. ¿Quién le devuelve a Rubén esos meses de vida perdidos en un cautiverio inútil e infamante? ¿Con qué derecho se le mantiene ahora en prisión sin un pronunciamiento sobre su caso? Sine diae, además, porque nadie asegura que su calvario terminará el 4 de noviembre, pues ya había habido un primer diferimiento y no hay razón para pensar que no habrá otro u otros. ¡Rubén puede morirse de viejo esperando su sentencia!

¿Qué ocupaciones preferentes pudo tener el Tribunal para elegir dejar preso a Rubén, sin decisión? Este es un caso de máxima importancia y el Tribunal lo sabe. Está en juego la libertad de un ciudadano, de un dirigente sindical, que por tanto tiene amparo constitucional. Pero además está en juego la situación de más de un centenar de trabajadores y dirigentes, procesados como Rubén, por protestar, y atentos a la sentencia que le dicten, pues a ellos les puede ser aplicada la misma medicina. Que nadie se llame a engaño a este respecto. La gran diferencia que distingue a Rubén es que a él lo han juzgado en la cárcel.

Pero no sólo está en juego la situación de ciudadanos por haber protestado. También lo está la imagen del Estado, que parece no tolerar el ejercicio de libertades públicas. Y está en situación muy riesgosa la jueza de la causa. Una decisión absolutoria puede hacer pensar en el caso de la jueza Afiuni. Una decisión condenatoria puede generar insolubles problemas de conciencia. Y todo el cuadro debe significar un drama para la defensa, por la impotencia en que se le coloca, que ni siquiera puede obtener para su cliente la libertad condicional que se ha dado a los demás procesados por protestar.

La maquinaria represiva que fue puesta en marcha para criminalizar la protesta, con ayuda de togados, ha ido demasiado lejos y ha terminado entrampando a procesados y funcionarios. Es hora de terminar esta locura, con valentía; de cerrar estos procesos-tramoya, y de que los Rubén-González vuelvan a disfrutar de una paz plena.

Correo del Caroní

1581 manifestaciones públicas durante el primer semestre de 2010

Espacio Público y Provea presentan el informe del primer semestre de 2010 sobre las protestas en Venezuela. El estudio abarca de enero a junio de 2010. Incluye un análisis pormenorizado del número de manifestaciones realizadas, demandas, actores, índices de represión, respuestas gubernamentales y diferentes tendencias de este fenómeno social. Presentando un total de 1581. Manteniendo la tendencia al crecimiento en las acciones de calle, indicando la posibilidad de ser el año con en el número más alto de protestas durante la gestión del presidente Hugo Chávez Frías.

Según en monitoreo realizado en los seis meses, el semestre cerró con 1581 manifestaciones públicas. Las demandas más comunes son aquellas relacionadas con derechos laborales así como las que tienen que ver con servicios básicos (ejemplo: calidad de vida, tales como servicios básicos, agua, vialidad y seguridad). Del levantamiento de información realizado se evidencia que cada vez hay un mayor ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Se registraron 14% de manifestaciones más que en el mismo periodo de 2009, cuando se escenificaron 1380 protestas.

Asimismo, en estos seis meses se registró un total de 91 manifestaciones reprimidas impedidas u obstaculizadas, en las que resultaron 301 personas lesionadas y 272 detenidas.

A continuación se presenta la mayor frecuencia por día registrada y el promedio estimado de manifestaciones diarias si tuviesen una distribución equitativa. Por ejemplo, el día en el cual se produjo la mayor cantidad de manifestaciones fue en enero con un total de 37, y el mes donde se registró mayor cantidad fue enero con 359 manifestaciones. El estado donde se registró el mayor número de protesta fue Zulia con un total de 339 y el sector social que más se movilizó fue trabajadores con una cantidad de 394.

Oficina de reclamos

Las demandas por derechos laborales se mantienen como las más frecuentes (484). En segundo lugar encontramos las demandas por servicios básicos (18.6%).

El precio de manifestar

El monitoreo constata que la mayoría de las movilizaciones en el país se desarrollan de manera pacífica. El 97.91 % de las protestas son de carácter pacífico. Afirmando que se mantiene la tendencia observada desde 2009, y en el análisis de los primeros seis meses de 2010 sólo 1.90% de las protestas presentaron características violentas.

En estos seis meses registramos una alta frecuencia de manifestaciones, se observa al mismo tiempo un correlato de represión de las mismas. No hay pruebas para identificar que el factor mediático o político influya en la represión de las manifestaciones, sino más bien, se evidencia la estandarización de la represión, independientemente del grupo que esté realizando la demanda.

En el primer semestre 2010 se contabilizaron 91 manifestaciones reprimidas, de las cuales hubo 32 lesionados y en 37 de esas manifestaciones se produjeron detenidos.

Muerte en el contexto de manifestaciones pacíficas

En este período se registró el fallecimiento de dos estudiantes en el contexto de las manifestaciones, por presuntos civiles armados. Este hecho pone en evidencia el comportamiento de los cuerpos de seguridad y manifestantes en medio de la polarización sociopolítica que vive el país.

El 20.01.10 durante una jornada de protesta de varias horas, en el estado Mérida, a favor y en contra de un decreto gubernamental que prohíbe cualquier transmisión del canal de televisión Radio Caracas televisión (RCTV), es asesinado de un balazo en el pecho Yorsinio Carrillo (15), estudiante de cuarto año de bachillerato del liceo Alberto Carnevali de Mérida. Carrillo formaba parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Horas más tarde, en la misma entidad, es herido de tres impactos de bala Marcos Rosales (28), activista del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT). Rosales fallece en el Hospital Universitario de los Andes.

Criminalización de la protesta pública

Durante el primer semestre de 2010 se confirmó la continuidad de una práctica sistemática orientada a criminalizar con procedimientos judiciales, principalmente juicios penales, a quienes ejercen el derecho a la protesta, estableciendo una evidente Política de Estado. Las organizaciones de derechos humanos, al igual que durante todo 2009, denunciaron la consolidación de un proceso de criminalización de las protestas y la obstaculización de manifestaciones con características pacificas.

Esta situación también fue denunciada en el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “democracia y derechos humanos en Venezuela”. De su resumen ejecutivo se destaca lo siguiente: “(…) la Comisión identifica una tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales. Información recibida por la Comisión señala que en los últimos cinco años más de 2.200 personas han sido sometidas a procesos penales por hechos relacionados con su participación en manifestaciones públicas. Así, la CIDH observa que en Venezuela se está restringiendo el derecho a manifestar a través de la aplicación de sanciones contenidas en normas emitidas durante el gobierno del Presidente Chávez, acusando a los manifestantes por la comisión de delitos tales como cierre de vías públicas, resistencia a la autoridad, daños a la propiedad pública, obstrucción activa de las funciones de las instituciones legalmente constituidas, ultraje a funcionario público, instigación y asociación para delinquir, instigación pública a la desobediencia de leyes, agavillamiento, restricción de la libertad del trabajo, incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, entre otros. En su informe, la Comisión da cuenta de casos de personas que están enfrentando procesos penales por los que podrían ser condenados a más de veinte años de prisión, por hechos relacionados con su participación en manifestaciones contra el gobierno. En sus observaciones al presente informe, el Estado afirmó que cada vez que los sectores de la oposición al gobierno pretendan alterar el orden público violando las leyes de la República serán sometidos a juicio, sin que esto pueda ser interpretado como una restricción del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, ni una criminalización a la legítima movilización y a la protesta social. A juicio de la Comisión, esta práctica constituye una restricción a los derechos de reunión y de libertad de expresión garantizados en la Convención Americana, cuyo libre ejercicio es necesario para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusivo de todos los sectores de la sociedad”*.

Reiteramos que el Ministerio Público, los Tribunales Penales y los Cuerpos de Seguridad han establecido un triángulo de poder para someter a juicios penales a personas que ejercen el derecho a la protesta pacífica. Se continúan aplicando los artículos 191, 218, 283, 285, 286,357, 358 y 468 del Código Penal, los artículos, 47, y 56 de La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, los artículos 139 y 141 de la. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, así como los artículos 24 y 25 de la Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y Cualquier otra Conducta que Afecte el Consumo de Alimentos o Productos sometidos al Control de Precios.

Las organizaciones de derechos humanos de Venezuela denunciamos la criminalización de las diversas formas de protesta pacífica y reivindicamos el derecho a la protesta por reclamos sociales o demandas políticas que se realice en los términos establecidos en el artículo 68 de la Constitución. Los sectores que protestan en el país, por diversas motivaciones requieren de un trato igualitario con relación a quienes con derecho se manifiestan a favor del gobierno.

Rechazamos la política de Estado que pretende calificar como “conspiradora” toda protesta pues ello convierte en sospechoso de conspiración a todo aquel que manifiesta. El incremento de las protestas es un indicador de que la gente asumió la convocatoria a ser Protagónica. Y una forma de ejercer ese protagonismo es reclamando los derechos que considera le corresponden y que están garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Un caso emblemático es el del secretario general del Sindicato de Ferrominera Orinoco (FMO), Rubén González. Privado de libertad el 29.09.09, por liderar una paralización de 16 días, exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo. El 26.08.09, Radwan Sabbagh, presidente de FMO, en un hecho público, acordó con González la finalización del paro, así como la reactivación de las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa; no tomar represalias en contra de quienes acataron el cese de actividades; evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los 16 días de manifestación y la cancelación de las reivindicaciones laborales cuando la compañía tenga el dinero fueron los acuerdos alcanzados tras varias horas de reunión en una asamblea en Ciudad Piar. Un mes después el secretario general fue imputado por los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir y violación de la zona de seguridad. Actualmente se encuentra detenido en la sede policial Patrulleros de Caronì, en el estado Bolívar.

El movimiento de derechos humanos a través de la “Campaña contra la Criminalización de la Protesta” inició una jornada de solidaridad con González. Haciendo un llamado a todas las organizaciones sociales y populares tanto de Venezuela como de América Latina y el mundo, para que le envíen cartas de apoyo y solidaridad, a través de:

1) Correo electrónico solidaridadconruben@gmail.com, en donde semanalmente una persona los imprimirá y se los llevará a su sitio de reclusión.

2) Enviando una postal, carta o publicaciones a la siguiente dirección: Patrulleros del Caroní (A la atención de Rubén González), Parroquia Unare, sector Unare II, detrás de los trailers de CVG Alcasa y frente al hogar Madre Emilia, Municipio Caroní, Puerto Ordáz, estado Bolívar, Venezuela.

Recomendaciones y exigencias

1. Diseñar y ejecutar una política democrática de control de orden público sustentada fundamentalmente en: a.-Prohibición del uso de armas de fuego en el control de manifestaciones. b.-Prohibición del uso de gases tóxicos. c.-Uso de la fuerza en caso de ser estrictamente necesario. d.-Uso diferenciado y proporcional de la fuerza. e.-Trato igualitario a todos los sectores sociales y políticos interesados enmanifestar de manera pacífica. f.-Adopción de medidas adecuadas para evitar que terceros desarrollen acciones violentas contra quienes manifiesten.

2. Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.

3. Establecer responsabilidades penales y administrativas a aquellos funcionarios que incurran en un uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de manifestaciones pacíficas.

4. Escuchar, canalizar y dar respuesta efectiva las demandas de las distintas protestas bien sea competencia nacional o municipal.

5. Eliminar las descalificaciones a los grupos manifestantes por parte de funcionarios públicos de cualquier jerarquía.

6. Optimizar los procesos de reclamo de la comunidad a nivel municipal para atender eficientemente las necesidades de las comunidades.

7. Adelantar una investigación imparcial que establezca responsabilidades en el asesinato de manifestantes.

8. Dejar de abrir procesos judiciales penales a quienes ejercen de manera pacífica el derecho a la movilización y a la huelga.

Descargar el informe enero-junio 2010 sobre manifestaciones en Venezuela en el siguiente enlace: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/wp-content/uploads/manifestaciones-ene-junio2010.pdf

Tercer Camino: Libertad para Sabino Romero

La comunidad Yukpa, perseguida desde el colonialismo español, pasando por el llamado “puntofijismo” y hoy por el socialismo del siglo XXI, continúa resistiendo para seguir en la defensa de sus tierras, y donde el gobierno del presidente Chávez entrega a las grandes trasnacionales del carbón.

Sabino Romero, cacique de los Yukpa, durante años viene resistiendo junto a su pueblo y otros pueblos originarios, la violencia ejercida por los terratenientes de la Sierra de Perijá, el paramilitarismo y las trasnacionales del carbón, quienes pretenden echarlos de sus espacios donde han vivido desde tiempos ancestrales.

Hoy el socialismo del siglo XXI y su justicia, que al igual que las culebras siempre muerden a los que están descalzos, pretenden encarcelar de por vida a SABINO ROMERO, por resistir, pelear y no ponerse de rodillas frente al capital trasnacional y el gobierno, quienes a nombre del socialismo pisotean y arremeten contra los pueblos originarios.

LA JUSTICIA SOCIALISTA

La comunidad Yukpa, permaneció durante muchos días, frente al Tribunal Supremo de Justicia, solicitando y exigiendo que se cumpla con la llamada Constitución Bolivariana, que establece en su artículo 260, de manera clara y precisa que los conflictos que se presenten en los espacios territoriales de los pueblos indígenas, deben ser resueltos por su propia justicia y no por el llamado Estado. La contradicción y la ambivalencia de la “justicia socialista” ponen a prueba lo que las clases dominantes llaman “Estado de Derecho”, cuando se trata de los intereses del capital trasnacional.

El profesor José Quintero Weir, titular de la Universidad del Zulia y especialista en lenguas y culturas indígenas, manifestó en nuestra redacción “que tal situación pone en evidencia la ejecutoria del gobierno, pues en su discurso reivindica a los indígenas, pero en la práctica los condena. No se esta pidiendo nada contrario a lo que dice la Constitución Bolivariana –continua diciendo el profesor Quintero- eso sólo se aplicaría si los muertos hubiesen sido en un conflicto entre indígenas y blancos en un espacio territorial no indígena. Pero lo que ocurrió en octubre del año pasado fue entre la propia comunidad indígena y en su propio territorio”El declarante manifestó a la redacción de RUPTURA, que las comunidades indígenas Chaktapa y Guamo Pamocha, se pusieron de acuerdo para darle solución al problema y ahora el Estado, no puede colocarse por encima de la Constitución y de lo que resuelvan los indígenas y la gran diferencia entre ambas justicias es que la del Estado es punitiva y la de los pueblos originarios es reparadora.

Es bueno indicar- afirma el profesor Quintero- que lo ocurrido en Guamo Pamocha, donde murieron tres personas y otros tantos resultaron heridos, fue responsabilidad de la Comisión Nacional de la Demarcación de Hábitat y Tierra, producto de la tardanza y la mala dirección y conducción del proceso de demarcación de tierras. Ese retardo trajo como consecuencia, unos heridos, unos muertos y ahora unos presos, entre los cuales se encuentran Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández.

DEL ZULIA A TRUJILLO

A pesar de que el pueblo Yukpa, le exige a la “justicia bolivariana” que el caso de sus dirigentes detenidos debe ser resuelto por su propia justicia, tal y como lo establece la Constitución, el TSJ le ordenó al Tribunal del Zulia que remitiera el expediente al Circuito Judicial Penal de Trujillo y de esta manera empezar el acostumbrado ruleteo que tanto practicó la “justicia” adeco-copeyana del puntofijismo.

Ante esta situación, la comunidad Yukpa ha manifestado su preocupación por la vida de los detenidos y han señalado que no conocen la ciudad de Trujillo, tampoco sabemos como los irán a tratar y lo peor, no tenemos dinero para ir a visitarlos y estar vigilantes, sobre todo por la vida de nuestros detenidos. Es la voz de las comunidades originarias, que se levantan indignadas, para seguir denunciando la opresión, el maltrato, la persecución, el asesinato, porque pareciera que se continúan los planes de exterminio que tanto se practico durante la colonia, planes que culminaron para ese entonces, con el asesinato vil del heroico Guaicaipuro.

La práctica del gobierno del presidente Chávez, que se dice revolucionario, sin duda hoy día, le esta dando a los pueblos originarios una muy triste lección, que parece empujar hacia tras el tiempo de nuestra historia. Las indignadas protestas de los pueblos indígenas, ven en esta ejecutoria del gobierno socialista, revolucionario, protagónico y de participación, una afrenta a la dignidad de sus pueblos y donde en la práctica se sigue empeñado en forma solapada, seguir truncando la evolución de sus procesos culturales y lo peor, negando sus formas de organización social, de justicia, sus costumbres, sus lenguas, su derecho a decidir sobre su futuro y sus modos de vida.

ORGANIZAR LA RESISTENCIA

Frente a estas políticas gubernamentales, donde se les impone la “justicia revolucionaria del socialismo” a nuestros pueblos indígenas, pisoteando su condición humana, sólo queda el derecho inalienable de la rebelión. Para muchos miembros de las comunidades indígenas, que sentaron sus protestas frente al llamado Tribunal Supremo, indicaron que ante tanta injusticia y perversidad, sólo les queda organizar la resistencia frente al capital trasnacional, los terratenientes y el paramilitarismo, que han tomado la Sierra de Perijá como propiedad por los intereses que estos sectores allí tienen y donde el gobierno regional y nacional se confabulan para desalojar al pueblo Yukpa.

“No creemos en la justicia blanca” –señalaron muchos de ellos- pues es una justicia, que no cambia en absoluto, los métodos de rapiña del conquistador, cuyos objetivos bien precisos hoy día y bajo el manto del socialismo, no se han detenido ante la bondad de nuestro pueblo y blandiendo la bandera de la revolución y su ejército invasor, han desatado la más cruenta persecución, en una violencia de exterminio y despojo.

Sólo nos queda como alternativa, organizar la resistencia, frente a quienes pretenden quedarse con nuestras tierras y cuya política es dividirnos, para conseguir con mayor eficiencia y eficacia sus planes de despojo territorial. No nos dejan otro camino. Al igual que ayer, nos obligan a defendernos, porque de lo contrario desapareceremos como pueblos indígenas, culminaron diciendo los representantes de las comunidades originarias.

Provea Venezuela

Foro por la Vida responsabiliza a la intolerancia de los poderes públicos por el fallecimiento de Franklin Brito

La Vocería del Foro por la Vida, coalición de organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, expresa su más profundo sentimiento de solidaridad con los familiares, amigos y amigas de Franklin Brito, en especial a su señora esposa Elena de Brito y sus hijos e hijas, quienes lo acompañaron en la protesta de ayuno que mantuvo desde junio del 2009, hasta el día de ayer (30.08.10) cuando falleció en el Hospital Militar de Caracas.

Al mismo tiempo expresamos nuestra más enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano quienes en vez de garantizar la vida e integridad del Sr. Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad haciendo uso desmedido del poder del Estado para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones.

Las constantes descalificaciones de la cual fue objeto presentándolo ante la población venezolana como un “demente”; las diversas presiones a los familiares; el traslado forzoso al hospital militar y su privación de libertad en ese recinto fueron parte de las medidas adoptadas por el Estado contra el productor agropecuario. La intransigencia, la prepotencia para gobernar y la falta de sensibilidad condujeron a un resultado que constituye un grave precedente en cuanto a la conducta de los Poderes Públicos frente al reclamo ciudadano.

Responsabilizamos del fatal desenlace a la Fiscal General de la República, Doctora Luisa Ortega Díaz, quien no solo no demostró voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las diferentes denuncias presentadas por la Familia Brito contra el Instituto Nacional de Tierras (INTI) por las irregularidades en las cartas agrarias otorgadas sobre un fundo donde desarrollaba legal y lícitamente la actividad agropecuaria. Por el contrario, en vez de garantizar una investigación imparcial como manda la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, concentró sus esfuerzos en solicitar una orden de traslado desde el lugar donde desarrollaba la huelga de hambre para trasladarlo a un Hospital Militar, bajo dirección y custodia Militar; con el agravante de no permitir el ingreso y la atención de la Cruz Roja Internacional. Recordamos que garantizar la vida de Brito fue el principal argumento de la funcionaria para ordenar su ilegítima privación de libertad en el centro hospitalario castrense.

Responsabilizamos a la Defensora del Pueblo, Doctora Gabriela del Mar Ramírez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato Constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas.

Responsabilizamos al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Licenciado Juan Carlos Loyo, de no facilitar la entrega de documentos que formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre.

Responsabilizamos a los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional quienes alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agrario.

Rechazamos la continuación de la campaña de descalificación contra Franklin Brito y sus familiares, cuando algunos medios de comunicación identificados con el oficialismo informan sobre su fallecimiento reiterando las acusaciones de chantaje, instintos suicidas e incapacidad mental.

Es importante destacar que Franklin Brito tenía medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las cuales fueron incumplidas en su totalidad por el Estado venezolano manteniendo su reiterada actitud de desconocer al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

La pérdida humana del Sr. Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza, a la vez que es un claro indicador del deterioro institucional que atraviesa el Estado venezolano. Actualmente la acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los derechos humanos que merecemos todas y todos sin discriminación por razones de sexo, edad, origen social, tendencia religiosa, orientación sexual, opinión o postura política. Esta intolerancia se refleja cada vez más frente a cualquier tipo de protesta contra el funcionamiento de las instituciones del Estado que, en vez de buscar y aplicar mecanismos para revertir o reducir al mínimo cualquier posibilidad de violación a los derechos humanos, implementa estrategias de descalificación, represión y judicialización.

Exhortamos a la población venezolana a continuar reivindicando las formas pacíficas de exigibilidad de sus derechos, a no permitir que el uso abusivo del Poder continúe restringiendo sus libertades y las posibilidades de exigir los derechos constitucionales.

Vocería del Foro por la Vida:

Espacio Público
Justicia y Paz Nacional
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

Se le garantizó la muerte

El Foro por la Vida y Provea responsabilizan al Gobierno del fallecimiento del agroproductor Franklin Brito. Las ONG denuncian que en Venezuela no se protegen los derechos humanos

El Foro por la Vida responsabilizó al Estado, a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo; y a los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, por la muerte del productor agropecuario Franklin Brito.

"Expresamos nuestra más enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano, quienes en vez de garantizar la vida e integridad de Franklin Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad, haciendo uso desmedido del poder para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones", señaló la ONG, a través de un comunicado.

A juicio de esta organización, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también es culpable del fallecimiento de Brito por no demostrar "voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las denuncias presentadas por la familia Brito contra el INTI, solicitar una orden de traslado y por "ordenar su ilegítima privación de libertad" en el Hospital Militar.

"Responsabilizamos a la defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas", se añade en el texto.

El Foro por la Vida considera a su vez que Loyo no facilitó la entrega de documentos que "formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre".

Asimismo, repudia que los diputados pesuvistas "alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agropecuario".

La ONG rechaza además la manera en que algunos medios de comunicación oficialistas han manejado la información de la muerte del biólogo. "La pérdida humana de Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza... La acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los Derechos Humanos".

UNA MUERTE ANUNCIADA
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de Provea, asegura que a Brito se le garantizó la muerte, pues su fallecimiento "es consecuencia de una manera de gobernar prepotente, intolerante y que no acepta el diálogo como vía para resolver conflictos".

Alvarado destacó que el productor agropecuario nunca se negó a recibir atención médica, sino que exigió ser atendido por médicos de confianza, como los de la Cruz Roja.

"A Brito no se le garantizó la vida, sino la muerte. Sus peticiones pudieron haberse resuelto, devolviéndole las hectáreas que le fueron arrebatadas de manera arbitraria por el INTI", agregó.

Provea Venezuela