Denuncias ante el CIDH

Mañana viernes 29 de octubre concurrimos en Washington a la audiencia pública que nos ha concedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Una cita ineludible que congregará la tarde de este viernes la agenda temática de Venezuela, en cuatro jornadas de sesiones de trabajo; tres de ellas presentadas por defensores de derechos humanos y la otra por el Estado: Las audiencias estarán referidas a:

1. Institucionalidad Democrática y Defensores de Derechos Humanos en Venezuela (Audiencia Privada).

2. Situación del derecho a la libertad de expresión e Información en Venezuela (Audiencia Privada).

3. Audiencia sobre la Situación de Derechos Humanos. Es pública y ha sido concedida al Estado venezolano. En ella presentará los "avances" que consideran las autoridades de nuestro país existen sobre la materia.

4. Audiencia sobre Seguridad Ciudadana, cárceles, diversidad e igualdad sexual, donde los representantes del Foro por los Derechos Humanos y la Democracia haremos denuncias importantes de violaciones que ocurren en este sentido en Venezuela.

En esta audiencia, en nombre de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional informaremos en concreto sobre: La Doctrina de Seguridad Nacional en ejecución por parte del Gobierno del presidente Chávez y su impacto sobre derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

Esto se traduce en los efectos de la militarización del modo de vida de los venezolanos en los más diversos aspectos, direccionados a la consecución de una sociedad subordinada y obediente al Comandante en Jefe y la Revolución.

Referiremos la permisividad del Estado frente a grupos armados al margen de la Ley, la opacidad del Estado en su deber de rendir cuentas e informar sobre políticas publicas de seguridad y defensa, que considera el gobierno son todas secretas y discrecionales, el sistema de justicia militar uno de los mas retrasados del continente, que depende casi íntegramente del Poder Ejecutivo nacional, también hablaremos de las amenazas y la afectación a la propiedad y libre empresa fundada en los criterios seriamente cuestionables de "seguridad agroalimentaria" o de "interés estratégico nacional".

Acudimos una vez más a la Comisión Interamericana, en el derecho que nos brinda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de acudir al sistema internacional de protección de Derechos Humanos; a pesar del costo y las amenazas a la integridad personal que eso conlleva en Venezuela para los activistas de ONG y a pesar también del profundo desprecio que el Estado ha expresado en contra de la Comisión.

Tal Cual Digital

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos, solicita el respeto de la huelga de hambre iniciada por el hermano jesuita José María Korta, el pasado 19 de octubre frente a la sede administrativa de la Asamblea Nacional.

El hermano Korta tomó esta acción en protesta por las continuas violaciones a los derechos indígenas, estos derechos se han visto violentados en dos momentos : 1.- Enfrentamiento de comunidades de la etnia yukpa, que culminó en la detención de los líderes Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández y Olegario Romero, quienes desde octubre de 2009 se encuentran encarcelados luego de un enfrentamiento entre las comunidades Wamapamocha y Chaktapa, en el cual resultaron tres personas muertas y cinco heridas. Y 2.- La Exigencia del respeto a la auto demarcación de los territorios indígenas y la no criminalización de líderes sociales como Lusbi Portillo, integrante de la organización Homo et Natura, quien ha acompañado a la comunidad.

El derecho a la manifestación pacífica se encuentra consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo que el Hno. Korta debería tener la garantía de que su huelga va a ser respetada. En este sentido, exhortamos al Estado venezolano a no tomar medidas arbitrarias en su contra, como ha sido el caso de anteriores huelguistas de hambre.

De igual forma, el Foro por la Vida recuerda que en relación con los derechos de los pueblos indígenas, el Estado venezolano se encuentra en mora, según lo dispuesto en la disposición transitoria decimosegunda de la Constitución, con la demarcación de las tierras que ancestralmente ocupan y que fue el trasfondo del conflicto entre integrantes de la etnia yukpa,

En cuanto a este hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Capítulo III, en el apartado de los Derechos Civiles, específicamente en el artículo 43 establece: “El derecho a la vida es inviolable”. Pero es importante destacar que la misma carta magna en el artículo 260 reconoce la jurisdicción especial indígena, como componente esencial del Sistema de Justicia: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

De igual forma, el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas indica lo siguiente: “En los procesos penales que involucren indígenas se respetaran las siguientes reglas: 1. No se perseguirá penalmente a Indígenas por hechos tipificados como delitos cuando en su cultura y derecho estos actos sean permitidos, siempre que no sean incompatibles con los derechos Fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Tratados Pactos y Convenciones Internacionales, suscritos y ratificados por la República…”.

En tal sentido las organizaciones del Foro por la Vida solicitamos:

1.- Respeto a la protesta pacífica del Hermano José María Korta

2.- Se ejecuten con urgencia políticas y medidas orientadas a culminar la demarcación de las tierras que le corresponden al Pueblo Yukpa en particular y en general a los pueblos indígenas.

3.- Garantía de un juicio justo a Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández y Olegario Romero y en los términos que establece la Constitución.

4.- Cese a la criminalización de las organizaciones e individualidades que se solidarizan con los justos reclamos del Pueblo Yukpa y en particular con el defensor de derechos humanos Lusbi Portillo.

Vocería Foro por la Vida:

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Espacio Público

Justicia y Paz Nacional

Dos hermanos inician huelga de hambre en el Consulado de España en Venezuela

Nosotros los hermanos Solórzano San Blas, Luis Alberto y Carlos Enrique, productores agropecuarios, hemos decidido iniciar una HUELGA DE HAMBRE como forma de protesta, en nombre de nuestra familia, así como de todos los productores agropecuarios de Guárico y Venezuela, en nombre de la dignidad, decencia y respeto a nuestra Constitución, madre de todas las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, así como la de todos los ciudadanos españoles invadidos en Venezuela. Exigimos la inmediata indemnización por la toma ilegal del Hato La Vaca en el año 2005 donde estábamos asentados en nueve unidades de producción, las cuales fueron tomadas violentando flagrantemente todos los preceptos constitucionales por parte del INTI y apoyados por el ejército venezolano. Luego de un proceso de negociación que culminó en el año 2008, en donde intervino el Gobierno español, y el INTI, en el cual, quedó demostrada la propiedad privada, se acordó el pago de una indemnización SUSTENTADA SÓLO EN EL AVALÚO PRESENTADO POR EL INTI, el nuestro no se tomó en cuenta. Por tal motivo exigimos la indemnización bajo los siguientes términos:

1.- El pago inmediato de nuestras propiedades en virtud del acuerdo convenido con el Presidente del INTI en el año 2008.

2.- El pago inmediato de daños y perjuicios ocasionados estos, por lo inoportuno y extemporáneo, por el detrimento de nuestras propiedades y nuestras vidas, por los intentos de homicidio en contra nuestra, por habernos sometido al escarnio público, por el daño moral y psicológico, por el lucro cesante, por la indexación monetaria, y por los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de nuestra familia.

3.- El debido soporte documental sobre la propiedad del lote de tierra acordado con el Presidente del INTI para la continuación de nuestra actividad agropecuaria.

Por último declaramos que mantendremos nuestra firme posición hasta que logremos una solución justa, digna y satisfactoria.

Provea Venezuela