lunes, 25 de julio de 2011

Vivir como en un campo de guerra

En septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Tierras entregó cartas agrarias sobre un antiguo terreno de prácticas militares. Hoy las balas llueven sobre la zona

No tienen electricidad, tampoco agua, gas, ni mucho menos transporte. Viven en medio de la nada y sobreviven a la buena voluntad de Dios. De esta forma describe la población de las comunidades El Moga, El Mogú, Los Negritos y Colinas de Zamora, todas reunidas en el parcelamiento Colinas de Zamora, parroquia La Sierrita del municipio Mara en el estado Zulia, las condiciones en que habitan.

José Pineda, fundador del parcelamiento, cuenta que fue el primero en llegar a la zona y que proviene de la Alta Guajira.

"La Guajira es nuestra tierra, nuestra casa, pero el problema es que allá no llueve y la tierra no sirve para sembrar, así que no hay de qué vivir. Quedarse allá es esperar a que llegue la muerte", afirma.

Explica que fue aproximadamente en 2002 cuando llegó a La Sierrita en Mara en búsqueda de un nuevo lugar para vivir, y se sintió atraído por esas tierras porque, además de parecerse a su Guajira, la zona contaba con el beneficio de las lluvias y de las tierras fértiles.

"Aquí podemos sembrar yuca, maíz, criar chivos y también se da la mata de mangle.

Con ella hacemos carbón vegetal que vendemos por sacos. La técnica y el horno para hacerlo es aprendido en nuestras tradiciones y cultura", comenta.

Animado por la esperanza de una oportunidad de vida mejor, Pineda invitó a paisanos y congéneres a mudarse a esa región, y poco a poco se fueron instalando. En su momento, nacieron las comunidades de El Mogú, El Moga y Los Negritos y, en consecuencia, el número de habitantes se incrementó.

En principio, no eran más de 30 las familias que ocupaban el área. Hoy día son, al menos, cerca de 300 y en cada una hay como mínimo 2 niños, así que tienen con ellos 600 menores aproximadamente.

Mireya Atencio, vocera del consejo comunal El Mogú, asegura que en su comunidad hay 120 familias y que las de El Moga, Los Negritos y Colinas de Zamora tienen casi 60 familias cada una.

Carta agraria. En septiembre de 2006, el Instituto Nacional de Tierras, representado por su presidente, Juan Carlos Loyo, otorgó el lote de tierras a los lugareños mediante una carta agraria.

El documento que los autoriza a habitar la zona versa lo siguiente: "... El Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en reunión N° 22-06, de fecha 7 de septiembre de 2006, decidió otorgar la presente Carta Agraria dirigida a un Desarrollo Agrícola Socialista, a favor del ciudadano José Pineda, titular de la cédula de identidad N° V-5.040.824, sobre un lote de terreno denominado La Loma, ubicado en el sector Colinas de Zamora, parroquia La Sierrita, municipio Mara del estado Zulia (...), constante de una superficie de seis hectáreas con nueve mil novecientos treinta y seis metros cuadrados".

La concesión fue aprobada por Juan Carlos Loyo, presidente del INTI, y se registró en la Notaría Tercera del municipio Chacao.

El documento buscaba asegurar a sus habitantes una región para vivir y producir, y al mismo tiempo que estos no invadieran los terrenos de Fuerte Mara, los cuales abarcan 4.000 hectáreas. El único elemento que no tomaron en consideración es que el lote de tierras entregadas está al fondo del polígono de tiro del Fuerte, a casi 2 kilómetros y la zona era utilizada anteriormente por la Guardia Nacional para realizar prácticas militares.

El domingo 10 de julio, un niño de 8 años de edad quedó herido y su hermano menor, de 3 años de edad, resultó muerto por una munición de mortero antitanque de 81 milímetros, abandonada y enterrada en el área y que estalló por el calor que produjo una fogata que hacían los menores.

Desde ese entonces se encontraron alrededor de seis u ocho explosivos más del mismo tamaño, inclusive, algunas de mayores dimensiones.

María Machado, habitante de Campo Mogú, recordó que hace ocho años una prima embarazada perdió un brazo por las esquirlas de una munición que detonó dentro de la vivienda de su abuela, en Campo Mogú, durante una práctica de tiro.

De esto comen. Los moradores del parcelamiento Colinas de Zamora viven de la siembra de yuca, maíz, la cría de chivos y la producción de carbón vegetal. Señalan que el exceso de lluvias de diciembre de 2010 inundó sus cosechas.

Al hacer el carbón también se exponen a un gran peligro: el de encontrarse con una bomba enterrada no detonada y que no haya sido descubierta por los militares cuando revisaron la zona luego del accidente delos dos niños.

"Todo aquí es muy rudimentario. De alguna forma nos las arreglamos. El sendero para llegar hasta acá lo hicieron apto para vehículos luego de que la bomba mató a mi sobrino y dejó ciego al otro, pues para acá no se podía llegar en carro", explicó José Pineda.

No obstante, llevar alimentos y agua hasta sus viviendas es toda una odisea, pues son casi ocho kilómetros de caminata a pleno sol los que deben atravesar. "Los que tenemos tanque de agua lo dejamos destapado para que cuando llueva le caiga agua", relató Pineda.

En la actualidad, esperan respuesta de una contratista que levantará unos galpones en Fuerte Mara para que los tome en cuenta como mano de obra en la construcción.
El Nacional

viernes, 17 de junio de 2011

CIDH condena muertes en El Rodeo I

El organismo exigió al Estado que se reduzca la sobrepoblación y el hacinamiento, se decomise y controle el ingreso de armas y drogas, se separen los reos procesados de los condenados, se asigne suficiente custodia a las cárceles y se investiguen los hechos de violencia en los penales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó este jueves los asesinatos en el penal El Rodeo I y urgió al Estado a tomar acciones para proteger la vida de los reos.

Esta comisión recordó que la Corte Interamericana dictó medidas provisionales sobre este penal en el año 2008, ratificadas en 2009, en las que se ordenaba al Estado la adopción de medidas para proteger a los reclusos.

La CIDH indicó en un comunicado que se han realizado en su sede cinco audiencias relativas a la "preocupante situación" que viven los reos en las cárceles venezolanas.

En estas citas, se han reportado las altas cifras de violencia en los penales. Al respecto, la CIDH destacó que estos lugares son "controlados por organizaciones criminales y no por el Estado".

Igualmente, se dejó constancia de la colaboración de la Guardia Nacional para facilitar armas de fuego a los reclusos, la extorsión a los reos por parte de las bandas que controlan los penales, el hacinamiento, la falta de atención médica y el retardo procesal.

Anteriormente, la CIDH se ha dirigido al Estado respecto a este tema en seis comunicados de prensa emitidos entre 2009 y 2010, y se le dedicó un capítulo en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.

El ente exige que se reduzca la sobrepoblación y el hacinamiento, se decomise y controle el ingreso de armas y drogas, se separen los reos procesados de los condenados, se asigne suficiente custodia a las cárceles y se investiguen los hechos de violencia en los penales.

El Nacional

jueves, 16 de junio de 2011

"TSJ irrespetó a electores al negar recurso de Mazuco"

La coordinadora de la comisión de DDHH de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, definió como un nuevo golpe del TSJ a la soberanía popular y a los electores de José Sánchez, la decisión de negar el recurso de casación solicitado por la defensa.

La diputada al Parlamento Latinoamericano y coordinadora de la comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, calificó como un irrespeto a la soberanía popular la decisión de Tribunal Supremo de Justicia de negar el recurso de casación solicitado por los abogados del diputado José Sánchez.

La diputada considera que con esta decisión, el TSJ se coloca al margen de la Constitución y del país, al sentenciar de acuerdo a los intereses políticos del gobierno que finaliza en enero de 2013 y no de acuerdo a las leyes y a la imparcialidad de la justicia, que es lo que el país espera y exige.

"La Unidad rechaza esta decisión que vulnera la justicia e irrespeta, de nuevo, a los electores que votaron por José Sánchez" dijo en nota de prensa.

"Mientras el país contempla con sorpresa e indignación cómo a los responsables de la violencia en Guayana -que ya suma varios obreros fallecidos- se les otorgan medidas que no significan privación de libertad, el TSJ vuelve a irrespetar a la soberanía popular al negar el recurso de casación solicitado por los abogados del diputado José Sánchez, quién ha sido condenado en un juicio viciado; con tecnicismos jurídicos, el TSJ oculta que no es un tribunal imparcial y que obedece a los dictados de Miraflores" afirmó Solórzano.

Solórzano explicó que el Tribunal Supremo de Justicia ignoró que los testigos presentados por la Fiscalía para sentenciar a Sánchez, fueron testigos encapuchados, técnica que emplean los gobiernos autoritarios, así como obvió que Sánchez fue traído a Caracas y secuestrado en Fuerte Tiuna, con visitas restringidas.

Asimismo, la diputada expresó su solidaridad con el comisario Lázaro Forero, y demandó de la Fiscal General, que emita de inmediato el traslado de este a un centro asistencial, a fin de que sea atendido ante el delicado cuadro de salud que presenta.

"Ratificamos nuestra solidaridad con los presos políticos y sus familiares. Ratificamos nuestro trabajo y nuestra voluntad para cambiar las cosas, y para producir en diciembre de 2012 un nuevo gobierno que cumpla con el anhelo de toda la sociedad: que cumpla con las leyes, que no amenace ni abuse del poder, y que sea capaz de impartir justicia, que es lo que el TSJ no es capaz de hacer, subordinado a Miraflores como está en la actualidad" finalizó la dirigente de Un Nuevo Tiempo.

El Universal

viernes, 13 de mayo de 2011

Piden libertad condicional para Peña Esclusa por salud

Médicos aseguran que hay 80% de probabilidad de un nuevo cáncer

Incertidumbre y preocupación. Así define Indira Ramírez de Peña la situación que vive su esposo, el ingeniero Alejandro Peña Esclusa, quien no sólo vive el calvario de estar privado de su libertad desde hace 10 meses, acusado por los supuestos delitos de tráfico de armas de guerra y asociación a delinquir sino también la amenaza de un cáncer que no ha podido superar porque no ha recibido el tratamiento requerido para pacientes que han sido sometidos a una intervención de próstata (Prostatectomía).

Ramírez, recibió el pasado lunes el informe del equipo de médicos del Hospital Oncológico Padre Machado donde le advierten que "hay 80% de probabilidades de que el cáncer que presenta Peña Esclusa se extienda porque no ha recibido la radioterapia".

"Al momento de la detención de mi esposo (12 de julio de 2010) apenas tenía un mes de haber sido sometido a una intervención quirúrgica para extraerle la próstata y tres días de habérsele retirado la sonda uretral. Según su médico tratante en el Hospital de Clínicas Caracas, el próximo paso que se debía seguir para erradicar la enfermedad era someterlo al tratamiento de radioterapia y eso no fue posible por su situación jurídica", explicó.

Recientemente a Peña Esclusa se le realizó un examen de antígenos prostáticos que arrojó una alteración de los valores, por lo que Ramírez solicitó al tribunal 22 de Control, a cargo de la juez Dorothy Avilés, el traslado para que el médico tratante de su esposo iniciara las pruebas médicas y descartara una posible metástasis.

"Se le envió el informe de medicina forense que dice que Alejandro debía ser trasladado al Hospital de Clínicas Caracas, pero ella (la juez) desconfió y decidió enviarlo al Padre Machado para confirmar el diagnóstico. Allí el médico encargado nos advirtió que obviar la fase de radiación lo deja vulnerable y actualmente (Peña Esclusa) tiene 80% de probabilidades de presentar un nuevo cáncer", precisó.

Libertad para luchar

Ramírez aseguró que la condición de salud de Peña Esclusa es un argumento de peso para que la juez decida a favor de una medida cautelar de juicio en libertad. "Están esperando el informe final del Oncológico Padre Machado que sale este jueves (hoy) pero con todo lo que ha sucedido con los presos políticos, temo que el Tribunal se niegue a darle la medida".

"Alejandro es un paciente que afortunadamente no tiene una metástasis pero el Estado está obligado a garantizarle su derecho a la salud. Si no le otorgan una medida sustitutiva de libertad se estaría cometiendo un delito de lesa humanidad", advirtió.

Además, "un tratamiento de radioterapia tiene efectos secundarios que pueden desmejorar su estado físico y por esa razón es necesario que se faciliten los traslados y se le garantice los cuidados que requerirá luego del tratamiento y el Sebin no tiene las condiciones adecuadas para atenderlo.

Peña Esclusa será trasladado nuevamente al Oncológico este jueves para otras pruebas médicas y entregar el informe final que define el tratamiento que seguirá.

El Nacional

miércoles, 20 de abril de 2011

Procuraduría de Brasil alerta ante caso de jueza Afiuni

Juristas de Brasil aseguran que el TSJ venezolano perdió su objetivo

Una vez más las organizaciones internacionales claman por la libertad de María Lourdes Afiuni. En esta oportunidad, la Procuraduría Federal de Derechos Ciudadanos de Brasil se pronunció y emitió un informe a los defensores del Pueblo de Iberoamérica y Colegios de Abogados de la región, donde denuncian las "amenazas y graves ofensas a los derechos e integridad física" contra la jueza durante los 14 meses que permaneció recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

La procuradora Gilda Carvalho, presentó el informe en el Tercer Seminario sobre la Ley María da Penha o Ley 11340/2006, que establece mecanismos para frenar la violencia contra las mujeres en Brasil y donde se reunió a más de 430 participantes en dos días de actividades.

"En la prisión, la vida de la jueza se encontraba en alto riesgo, pasando por amenazas y graves ofensas a los derechos a la integridad física y privacidad", destacó la procuradora, quien solicitó a las defensorías y juristas de Brasil pronunciarse por "el atropello" contra Afiuni. Además, precisó que el Gobierno venezolano ha ignorado las recomendaciones hechas por la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a favor de la jueza.

Visita de juristas de Brasil

Una comisión de la Asociación Internacional de Abogados de Brasil, encabezados por el abogado Belisario Dos Santos, visitó a María Lourdes Afiuni en su residencia para conocer su estado de salud y el estatus del caso.

Para Dos Santos, lo sucedido con la jueza es un ejemplo "flagrante" del proceso de "desinstitucionalización" progresiva por la que pasa Venezuela. "Las instituciones son formalmente mantenidas, pero ya no sirven a su objetivo. Hoy, en ese país, el Estado se llama Chávez".

A través de un informe, también alerta que las decisiones de los jueces en Venezuela, "son proclamadas bajo el riesgo de una destitución o bajo el terror de la prisión ", lo que denomina la Defensa como "el efecto Afiuni".

"No es exageración suponer que la prisión de Afiuni haya sido practicada como una especie de pena de muerte velada. Las prisiones venezolanas están entre las más violentas del mundo, con más de 450 muertes por año. La jueza fue obligada a convivir con presas que ella había condenado. Fue sometida a humillaciones y maltratos y le fue denegada la atención médica en varias oportunidades", destaca Dos Santos.

El Universal

jueves, 7 de abril de 2011

Trasladada a tribunales

Desde tempranas horas hoy, la jueza María Lourdes permanece en los calabozos del Palacio de Justicia para dar cumplimiento a la orden de presentación semanal

A tempranas horas de este jueves, la jueza María Lourdes Afiuni fue trasladada para dar cumplimiento a la orden de presentación semanal y desde antes de las seis de la mañana se encuentra en los calabozos del Palacio de Justicia.

Afiuni, que fue detenida en diciembre de 2009, acusada primero por el presidente Hugo Chávez y luego por el Ministerio Público de liberar y facilitar la fuga del país del empresario Eligio Cedeño, preso a su vez en 2007 bajo la acusación de efectuar operaciones cambiarias ilegales y fraude al Estado.

Alí José Fabricio Paredes, el juez a cargo del juicio, ha sido vetado por Afiuni que lo acusa de no ser imparcial y de manifestar su lealtad al presidente venezolano, Hugo Chávez, y a su proceso revolucionario.

Chávez denunció en diciembre de 2009 que la liberación de Cedeño fue planificada por abogados del empresario, la jueza Afiuni, secretarias y alguaciles del tribunal con una citación a una audiencia sin la presencia del fiscal del caso, en la cual se le liberó para que saliera por una puerta secundaria del tribunal.

"Habrá que meterle la pena máxima a esta jueza y a los que hagan lo mismo. ¡30 años de prisión pido yo!", dijo Chávez durante un acto en el cual la llamó "bandida", lo que sus opositores interpretan como una indebida interferencia del Ejecutivo en el Judicial.

El caso concitó por ello la atención de varias instancias internacionales, entre ellas el Senado español, que en marzo pasado instó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a que gestione que diplomáticos españoles y de la Unión Europea visiten a la jueza y actúen como observadores en el juicio en su contra.

Tras poco más de un año en prisión, el juez concedió a su colega el beneficio de la prisión domiciliaria a partir del pasado 8 de febrero, aunque adicionalmente le prohibió dar declaraciones a los medios y le ordenó presentarse en su despacho una vez a la semana.

El pasado miércoles, la jueza Afiuni renovó su veto al juez que debe juzgarla. "Todo sigue igual, por lo que la magistrada María Lourdes Afiuni se presentará mañana en acatamiento a la decisión de que así debe hacerlo cada semana, pero no concurrirá al inicio del juicio que ahora comenzará el 14 de abril y no mañana como se dijo inicialmente", declaró a Efe Nelson Afiuni, hermano de la jueza.

Tal Cual Digital

martes, 29 de marzo de 2011

Crecieron quejas contra jueces y fiscales por violar derechos

En 2010 Defensoría recibió 64% más casos por violación al debido proceso

La obligación constitucional del Estado de garantizarle a todos los ciudadanos su derecho a ser asistido por un abogado, a presumirse su inocencia, a ser notificado previamente sobre los cargos por los cuales se les investiga y a ser oído en todas las partes de los procesos judiciales y administrativos no es acatada plenamente.

Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al revisar el contenido del informe anual de la Defensoría del Pueblo correspondiente a 2010, en el cual se da cuenta que el número de venezolanos que acudieron ante esa instancia para denunciar la violación a su derecho al debido proceso se incrementó en 64%, al pasar de 730 en 2009 a 1.139 en los últimos doce meses.

Este número representa el 18,8% del total de quejas relacionadas con vulneraciones a los derechos civiles que recibió el despacho encabezado por Gabriela Ramírez el año pasado.

Asimismo en el reporte también figura que la cantidad de denuncias sobre violaciones al derecho a la justicia crecieron en 14%, la pasar de 137 en 2009 a 157 en 2010. Lo mismo ocurrió con los señalamientos de irrespeto al principio de igualdad ante la ley, las cuales llegaron hasta 64, frente a 37 en el período previo, lo cual equivale a un aumento de 73%.

En el informe que hace dos semanas entregó la defensora Ramírez a la Asamblea Nacional figura que el principal señalado de atentar contra el debido proceso es el Gobierno, a través de los ministerios, contra los cuales se presentaron 1.500 denuncias (23,9%). En segundo lugar se ubicaron las policías estadales con 818 quejas y en tercero se ubicaron los tribunales y los fiscales, los cuales recibieron juntos 659 señalamientos.

En 2009 el número de denuncias contra tribunales y el Ministerio Público llegó hasta 516; lo cual equivale a una variación de 27%.

Pero no todo son criticas para los integrantes del Poder Judicial, Ramírez en su reporte resaltó que el año pasado se crearon tres nuevos juzgados especializados para conocer los casos de violencia contra la mujer en el estado Táchira y que el número de fiscalías que se dedicarán a investigar estos asuntos ya llega a los 58.

No obstante, la responsable de velar por los derechos humanos de todos los venezolanos indicó que el caso del boxeador Edwin Valero, quien se suicidó tras asesinar a su pareja, a la que había maltratado en reiteradas ocasiones, demuestra que las instancias creadas para combatir la violencia de género requieren fortalecerse.

Saluda política alimentaria

Pese al escándalo de los alimentos que se pudrieron en distintos puertos del país, la defensora del Pueblo saludó la política alimentaria impulsada por el Gobierno, por cuanto la misma ha permitido entre otras cosas reducir el déficit nutricional de los niños desde el 7,7%, en el que se encontraba en 1990, hasta 3,7% en 2008.

Asimismo anunció que en 2010 cada venezolano consumió en promedio 2.783 kilocalorías, por encima de lo que fijan los estándares internacionales.

Por último, saludó la creación de la red Mercal, porque ella permitió adquirir alimentos a casi la mitad de su precio.

El Universal