viernes, 3 de septiembre de 2010

Tercer Camino: Libertad para Sabino Romero

La comunidad Yukpa, perseguida desde el colonialismo español, pasando por el llamado “puntofijismo” y hoy por el socialismo del siglo XXI, continúa resistiendo para seguir en la defensa de sus tierras, y donde el gobierno del presidente Chávez entrega a las grandes trasnacionales del carbón.

Sabino Romero, cacique de los Yukpa, durante años viene resistiendo junto a su pueblo y otros pueblos originarios, la violencia ejercida por los terratenientes de la Sierra de Perijá, el paramilitarismo y las trasnacionales del carbón, quienes pretenden echarlos de sus espacios donde han vivido desde tiempos ancestrales.

Hoy el socialismo del siglo XXI y su justicia, que al igual que las culebras siempre muerden a los que están descalzos, pretenden encarcelar de por vida a SABINO ROMERO, por resistir, pelear y no ponerse de rodillas frente al capital trasnacional y el gobierno, quienes a nombre del socialismo pisotean y arremeten contra los pueblos originarios.

LA JUSTICIA SOCIALISTA

La comunidad Yukpa, permaneció durante muchos días, frente al Tribunal Supremo de Justicia, solicitando y exigiendo que se cumpla con la llamada Constitución Bolivariana, que establece en su artículo 260, de manera clara y precisa que los conflictos que se presenten en los espacios territoriales de los pueblos indígenas, deben ser resueltos por su propia justicia y no por el llamado Estado. La contradicción y la ambivalencia de la “justicia socialista” ponen a prueba lo que las clases dominantes llaman “Estado de Derecho”, cuando se trata de los intereses del capital trasnacional.

El profesor José Quintero Weir, titular de la Universidad del Zulia y especialista en lenguas y culturas indígenas, manifestó en nuestra redacción “que tal situación pone en evidencia la ejecutoria del gobierno, pues en su discurso reivindica a los indígenas, pero en la práctica los condena. No se esta pidiendo nada contrario a lo que dice la Constitución Bolivariana –continua diciendo el profesor Quintero- eso sólo se aplicaría si los muertos hubiesen sido en un conflicto entre indígenas y blancos en un espacio territorial no indígena. Pero lo que ocurrió en octubre del año pasado fue entre la propia comunidad indígena y en su propio territorio”El declarante manifestó a la redacción de RUPTURA, que las comunidades indígenas Chaktapa y Guamo Pamocha, se pusieron de acuerdo para darle solución al problema y ahora el Estado, no puede colocarse por encima de la Constitución y de lo que resuelvan los indígenas y la gran diferencia entre ambas justicias es que la del Estado es punitiva y la de los pueblos originarios es reparadora.

Es bueno indicar- afirma el profesor Quintero- que lo ocurrido en Guamo Pamocha, donde murieron tres personas y otros tantos resultaron heridos, fue responsabilidad de la Comisión Nacional de la Demarcación de Hábitat y Tierra, producto de la tardanza y la mala dirección y conducción del proceso de demarcación de tierras. Ese retardo trajo como consecuencia, unos heridos, unos muertos y ahora unos presos, entre los cuales se encuentran Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández.

DEL ZULIA A TRUJILLO

A pesar de que el pueblo Yukpa, le exige a la “justicia bolivariana” que el caso de sus dirigentes detenidos debe ser resuelto por su propia justicia, tal y como lo establece la Constitución, el TSJ le ordenó al Tribunal del Zulia que remitiera el expediente al Circuito Judicial Penal de Trujillo y de esta manera empezar el acostumbrado ruleteo que tanto practicó la “justicia” adeco-copeyana del puntofijismo.

Ante esta situación, la comunidad Yukpa ha manifestado su preocupación por la vida de los detenidos y han señalado que no conocen la ciudad de Trujillo, tampoco sabemos como los irán a tratar y lo peor, no tenemos dinero para ir a visitarlos y estar vigilantes, sobre todo por la vida de nuestros detenidos. Es la voz de las comunidades originarias, que se levantan indignadas, para seguir denunciando la opresión, el maltrato, la persecución, el asesinato, porque pareciera que se continúan los planes de exterminio que tanto se practico durante la colonia, planes que culminaron para ese entonces, con el asesinato vil del heroico Guaicaipuro.

La práctica del gobierno del presidente Chávez, que se dice revolucionario, sin duda hoy día, le esta dando a los pueblos originarios una muy triste lección, que parece empujar hacia tras el tiempo de nuestra historia. Las indignadas protestas de los pueblos indígenas, ven en esta ejecutoria del gobierno socialista, revolucionario, protagónico y de participación, una afrenta a la dignidad de sus pueblos y donde en la práctica se sigue empeñado en forma solapada, seguir truncando la evolución de sus procesos culturales y lo peor, negando sus formas de organización social, de justicia, sus costumbres, sus lenguas, su derecho a decidir sobre su futuro y sus modos de vida.

ORGANIZAR LA RESISTENCIA

Frente a estas políticas gubernamentales, donde se les impone la “justicia revolucionaria del socialismo” a nuestros pueblos indígenas, pisoteando su condición humana, sólo queda el derecho inalienable de la rebelión. Para muchos miembros de las comunidades indígenas, que sentaron sus protestas frente al llamado Tribunal Supremo, indicaron que ante tanta injusticia y perversidad, sólo les queda organizar la resistencia frente al capital trasnacional, los terratenientes y el paramilitarismo, que han tomado la Sierra de Perijá como propiedad por los intereses que estos sectores allí tienen y donde el gobierno regional y nacional se confabulan para desalojar al pueblo Yukpa.

“No creemos en la justicia blanca” –señalaron muchos de ellos- pues es una justicia, que no cambia en absoluto, los métodos de rapiña del conquistador, cuyos objetivos bien precisos hoy día y bajo el manto del socialismo, no se han detenido ante la bondad de nuestro pueblo y blandiendo la bandera de la revolución y su ejército invasor, han desatado la más cruenta persecución, en una violencia de exterminio y despojo.

Sólo nos queda como alternativa, organizar la resistencia, frente a quienes pretenden quedarse con nuestras tierras y cuya política es dividirnos, para conseguir con mayor eficiencia y eficacia sus planes de despojo territorial. No nos dejan otro camino. Al igual que ayer, nos obligan a defendernos, porque de lo contrario desapareceremos como pueblos indígenas, culminaron diciendo los representantes de las comunidades originarias.

Provea Venezuela

jueves, 2 de septiembre de 2010

Foro por la Vida responsabiliza a la intolerancia de los poderes públicos por el fallecimiento de Franklin Brito

La Vocería del Foro por la Vida, coalición de organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, expresa su más profundo sentimiento de solidaridad con los familiares, amigos y amigas de Franklin Brito, en especial a su señora esposa Elena de Brito y sus hijos e hijas, quienes lo acompañaron en la protesta de ayuno que mantuvo desde junio del 2009, hasta el día de ayer (30.08.10) cuando falleció en el Hospital Militar de Caracas.

Al mismo tiempo expresamos nuestra más enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano quienes en vez de garantizar la vida e integridad del Sr. Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad haciendo uso desmedido del poder del Estado para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones.

Las constantes descalificaciones de la cual fue objeto presentándolo ante la población venezolana como un “demente”; las diversas presiones a los familiares; el traslado forzoso al hospital militar y su privación de libertad en ese recinto fueron parte de las medidas adoptadas por el Estado contra el productor agropecuario. La intransigencia, la prepotencia para gobernar y la falta de sensibilidad condujeron a un resultado que constituye un grave precedente en cuanto a la conducta de los Poderes Públicos frente al reclamo ciudadano.

Responsabilizamos del fatal desenlace a la Fiscal General de la República, Doctora Luisa Ortega Díaz, quien no solo no demostró voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las diferentes denuncias presentadas por la Familia Brito contra el Instituto Nacional de Tierras (INTI) por las irregularidades en las cartas agrarias otorgadas sobre un fundo donde desarrollaba legal y lícitamente la actividad agropecuaria. Por el contrario, en vez de garantizar una investigación imparcial como manda la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, concentró sus esfuerzos en solicitar una orden de traslado desde el lugar donde desarrollaba la huelga de hambre para trasladarlo a un Hospital Militar, bajo dirección y custodia Militar; con el agravante de no permitir el ingreso y la atención de la Cruz Roja Internacional. Recordamos que garantizar la vida de Brito fue el principal argumento de la funcionaria para ordenar su ilegítima privación de libertad en el centro hospitalario castrense.

Responsabilizamos a la Defensora del Pueblo, Doctora Gabriela del Mar Ramírez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato Constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas.

Responsabilizamos al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Licenciado Juan Carlos Loyo, de no facilitar la entrega de documentos que formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre.

Responsabilizamos a los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional quienes alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agrario.

Rechazamos la continuación de la campaña de descalificación contra Franklin Brito y sus familiares, cuando algunos medios de comunicación identificados con el oficialismo informan sobre su fallecimiento reiterando las acusaciones de chantaje, instintos suicidas e incapacidad mental.

Es importante destacar que Franklin Brito tenía medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las cuales fueron incumplidas en su totalidad por el Estado venezolano manteniendo su reiterada actitud de desconocer al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

La pérdida humana del Sr. Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza, a la vez que es un claro indicador del deterioro institucional que atraviesa el Estado venezolano. Actualmente la acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los derechos humanos que merecemos todas y todos sin discriminación por razones de sexo, edad, origen social, tendencia religiosa, orientación sexual, opinión o postura política. Esta intolerancia se refleja cada vez más frente a cualquier tipo de protesta contra el funcionamiento de las instituciones del Estado que, en vez de buscar y aplicar mecanismos para revertir o reducir al mínimo cualquier posibilidad de violación a los derechos humanos, implementa estrategias de descalificación, represión y judicialización.

Exhortamos a la población venezolana a continuar reivindicando las formas pacíficas de exigibilidad de sus derechos, a no permitir que el uso abusivo del Poder continúe restringiendo sus libertades y las posibilidades de exigir los derechos constitucionales.

Vocería del Foro por la Vida:

Espacio Público
Justicia y Paz Nacional
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

miércoles, 1 de septiembre de 2010

Se le garantizó la muerte

El Foro por la Vida y Provea responsabilizan al Gobierno del fallecimiento del agroproductor Franklin Brito. Las ONG denuncian que en Venezuela no se protegen los derechos humanos

El Foro por la Vida responsabilizó al Estado, a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo; y a los diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, por la muerte del productor agropecuario Franklin Brito.

"Expresamos nuestra más enérgica condena a las autoridades del Estado venezolano, quienes en vez de garantizar la vida e integridad de Franklin Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad, haciendo uso desmedido del poder para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones", señaló la ONG, a través de un comunicado.

A juicio de esta organización, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también es culpable del fallecimiento de Brito por no demostrar "voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las denuncias presentadas por la familia Brito contra el INTI, solicitar una orden de traslado y por "ordenar su ilegítima privación de libertad" en el Hospital Militar.

"Responsabilizamos a la defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas", se añade en el texto.

El Foro por la Vida considera a su vez que Loyo no facilitó la entrega de documentos que "formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre".

Asimismo, repudia que los diputados pesuvistas "alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agropecuario".

La ONG rechaza además la manera en que algunos medios de comunicación oficialistas han manejado la información de la muerte del biólogo. "La pérdida humana de Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza... La acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los Derechos Humanos".

UNA MUERTE ANUNCIADA
Por su parte, Marino Alvarado, coordinador de Provea, asegura que a Brito se le garantizó la muerte, pues su fallecimiento "es consecuencia de una manera de gobernar prepotente, intolerante y que no acepta el diálogo como vía para resolver conflictos".

Alvarado destacó que el productor agropecuario nunca se negó a recibir atención médica, sino que exigió ser atendido por médicos de confianza, como los de la Cruz Roja.

"A Brito no se le garantizó la vida, sino la muerte. Sus peticiones pudieron haberse resuelto, devolviéndole las hectáreas que le fueron arrebatadas de manera arbitraria por el INTI", agregó.

Provea Venezuela

martes, 31 de agosto de 2010

Palabras de la familia Brito

En un comunicado, la esposa e hijos del productor agropecuario explican las circunstancias del fallecimiento de Franklin Brito y rinden tributo a su dignidad de hombre recto

Hoy 30 de agosto de 2010 el agotado cuerpo de nuestro esposo y padre Franklin Brito, dejó de respirar.

Tras una lucha de más de seis años, más de ocho huelgas de hambre, la mutilación de un dedo y haber sido víctima de una irregular privación de libertad, el cuerpo de Franklin Brito dejó hoy de realizar funciones vitales.

Todo esto no significa, sin embargo, que Franklin Brito ha muerto. Franklin vive en la lucha del pueblo venezolano por el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, por la vida en libertad y el respeto de los gobiernos a los derechos humanos, colectivos e individuales. Franklin Brito deja de ser carne para convertirse en símbolo y bandera para todos los atropellados por la soberbia del poder, para los ofendidos por la prepotencia de los gobernantes, para los que creen que la verdad y la justicia están siempre por encima de circunstancias y conveniencias.

El cuerpo de Franklin Brito muere en la institución militar donde lo mantenían retenido en contra de su voluntad. El gobierno del Presidente Hugo Chávez ignoró la petición de Franklin, el clamor de su familia y los llamados de los organismos internacionales para permitir que tuviera acceso a asistencia médica elegida por él mismo y, por lo tanto, merecedora de su confianza. Por eso, la familia Brito por ahora se abstiene de emitir opiniones sobre las causas directas del deceso, en virtud de las insólitas e inhumanas circunstancias que lo rodearon.

Pero lo que si podemos decir desde ya es que la lucha de Franklin Brito sigue. Nosotros, su familia, seguiremos luchando por el patrimonio de sus hijos. Y su consciente sacrificio no será en vano mientras los hijos de Venezuela estén también dispuestos a defender el patrimonio físico y moral de la Nación.

En momento posterior, cuando el dolor nos lo permita, emitiremos una nueva comunicación. Por ahora, sepa Venezuela que a Franklin Brito no pudo vencerlo la agresión, no pudo atemorizarlo la amenaza ni pudo doblegarlo la oferta corrupta. Por eso y por mucho más, en estos tiempos de muerte y dolor Franklin Brito es símbolo de decencia y vida.

Estamos seguros que el alma de Franklin, desde el reino de nuestro señor Jesucristo, nos seguirá iluminando. ¡Porque su lucha, que debe ser lucha de todos, CONTINÚA!


Elena Rodríguez de Brito
Ángela Brito Rodríguez
Francia Brito Rodríguez
Franklin José Brito Rodríguez
José Franklin Brito Rodríguez


Caracas, Hospital Militar
Lunes 30 de Agosto de 2010. 10:20 PM

lunes, 30 de agosto de 2010

Habla Peña Esclusa: El gobierno orquestó el caso y ordenó ’sembrar’ pruebas en mi casa

Un miembro de la oposición venezolana que ha sido acusado de esconder explosivos en su casa dijo que el caso en su contra es una farsa, que no espera recibir un juicio justo y que está preparado para seguir expresando desde prisión su descontento contra el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Alejandro Peña Esclusa, quien se encuentra encarcelado en la cárcel de la agencia de inteligencia en Caracas, dijo que fue arrestado porque Chávez quería neutralizar su labor.

El Ministerio Público anunció cargos contra Peña Esclusa el viernes, más de seis semanas después de su arresto el 12 de julio. El opositor fue acusado de tráfico de armas de guerra en la modalidad de ocultamiento y asociación para delinquir.

El Ministerio Público dijo en un comunicado que los agentes que allanaron su apartamento encontraron 100 detonadores y 900 gramos (2 libras) de explosivos C-4.

“Las acusaciones en mi contra son una farsa. Las autoridades lo saben muy bien, porque fue el propio gobierno el que orquestó el caso y ordenó ’sembrar’ pruebas en mi casa, recurriendo a policías corruptos, quienes aprovecharon para robar dinero, prendas y equipos electrónicos durante el allanamiento“, dijo por escrito el sábado en la noche Peña Esclusa, en respuesta a preguntas de The Associated Press.

La esposa de Peña, Indira, acusó a las autoridades de plantar explosivos en una gaveta del escritorio de su hija de ocho años. “No existe ninguna posibilidad de que un juez me absuelva, aunque presente las pruebas más sólidas”

Peña, quien dirige el pequeño grupo Fuerza Solidaria, también ha sido un fuerte crítico de los aliados latinoamericanos de izquierda de Chávez. En 2002, el opositor fue encarcelado por sospechas de que tenía vínculos con los militares involucrados en el fallido golpe de estado de ese año, pero luego fue liberado. “Definitivamente soy un prisionero político; eso lo reconoce toda Venezuela”, aseguró Peña. “Nunca he creído en la violencia como forma de lucha; condeno el terrorismo por ser inmoral e irracional; y, además, contraproducente en todo sentido.”

David Colmenares, director de contrainteligencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional dijo, cuando Peña fue arrestado, que los agentes allanaron el apartamento sobre la base de la información que les dio el salvadoreño Francisco Chávez Abarca, acusado de colocar bombas en Cuba. El hombre fue enviado de regreso a la isla, donde enfrenta un juicio por una serie de ataques con bomba en 1997.

El ministro de Justicia Tareck El Aissami dijo que Chávez Abarca confesó que estaba planeando ataques para interrumpir violentamente las elecciones legislativas del 26 de septiembre en Venezuela y había contactado a algunos “sectores fascistas de la oposición”. “No existe ninguna posibilidad de que un juez me absuelva, aunque presente las pruebas más sólidas”, dijo Peña Esclusa. “La Justicia venezolana está totalmente secuestrada por el Ejecutivo”.

Si Peña Esclusa es encontrado culpable podría ser sentenciado a entre seis y 10 años de cárcel, según las autoridades.

Noticias 24

viernes, 27 de agosto de 2010

"Cadáveres en fila cubrirían distancia Caracas-Valencia"

Primero Justicia ratificó su propuesta de ley de desarme para la nueva AN

Con el propósito de emplazar y "sacudir" a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y a la Asamblea Nacional para que actúen según las obligaciones que le asigna la Constitución, activistas de Primero Justicia, conducidos por el coordinador nacional del partido, Julio Borges, representaron una escena que a diario se vive en las zonas populares del país: que un cadáver yazga en la calle por horas.


En la plaza Morelos, donde se ubica la sede de la Defensoría, un centenar de personas cubiertas por sábanas blancas manchadas de rojo, semejando sangre, se tendieron a lo largo y ancho en representación de los casi veinte mil asesinados en 2009 en todo el país.

"Estamos haciendo esta protesta a las puertas de la Defensoría del Pueblo, porque esta institución está obligada a encontrar la posibilidad de que los derechos de los venezolanos se ejerzan y se cumplan plenamente". Borges explicó que si se colocaran los cadáveres de quienes han perecido víctimas de homicidios unos al lado de otros, cubrirían la distancia de Caracas a La Guaira, mientras que si se hiciera lo mismo con la cifra total de la década -que pasa de 116 mil personas- cubriría la distancia Caracas-Valencia, unos 160 kilómetros.

"En todos estos años las instituciones del Estado no han cumplido con sus verdaderos roles y no han ejercido acciones efectivas para garantizar la vida de los venezolanos en las calles", dijo Julio Borges, quien recalcó que "nunca" el Parlamento dominado por el chavismo ha aprobado una moción contra la violencia ni contra la impunidad.

"El reto de las elecciones del 26 de septiembre es tomar el camino de la justicia, para que sea accesible a los venezolanos y puedan hacer cumplir sus derechos. Queremos tener una Fiscalía, una Defensoría del Pueblo y una Asamblea Nacional que trabajen para la gente y no para un proyecto marxista. Que en lugar de defender un puesto estén determinados a resguardar la vida de todos por igual".

Borges, candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 4 de Miranda y segundo en la lista de ese estado, recordó las propuestas que impulsa su partido como parte de la oferta programática de la Mesa de la Unidad, entre las cuales destaca una ley de desarme, así como otra de atención a las víctimas de la violencia.

Dijo el coordinador de PJ que hay quince millones de armas, cifras admitidas por los propios voceros del oficialismo en el Parlamento, que están "dando vueltas" sin ser desincorporadas por las autoridades.

El Universal.

jueves, 26 de agosto de 2010

Trabajadores de Norpro de Venezuela: “Estamos desguarnecidos”

Cuatro meses sin salario llevan los trabajadores de Norpro de Venezuela. Desde que comenzó el proceso de nacionalización no han recibido ninguna remuneración por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa que tutela la administración de la fábrica.

Cuatro meses sin salario llevan los trabajadores de Norpro de Venezuela. Desde que comenzó el proceso de nacionalización no han recibido ninguna remuneración por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa que tutela la administración de la fábrica.

No hay una junta administradora, un gerente, ni alguna autoridad dentro de la compañía, tampoco aparece la Gaceta Oficial que legalice el proceso.

Los trabajadores se las arreglan para mantener al personal permanentemente dentro de la planta. Se conformaron en dos grupos, uno para la mañana y otro para la noche, de manera de poder custodiar las instalaciones.
Molestos, un grupo ofreció este 25 de agosto una rueda de prensa para relatar la desidia a la que están sometidos, recordaron las palabras del presidente Hugo Chávez, cuando el pasado 15 de mayo desde CVG Alcasa anunció la nacionalización de la planta.

Alfredo Ojeda, trabajador de almacén, contó que hasta ahora han sobrevivido con las liquidaciones que recibieron por parte de las empresas contratistas, pues Norpro de Venezuela tenía a toda su mano de obra tercerizada.

“La población que hace vida acá somos todos jóvenes, tenemos niños pequeños a los que tenemos que pagarle guardería, tenemos que comprar útiles, en fin, necesitamos tener un trabajo estable”, dijo Ojeda.

La declaración contrasta con la información suministrada por el representante del Sindicato Profesional de Trabajadores de Abrasivos y Cerámicos, Conexos y Similares (Sinprotrac), William Vicente, quien el pasado 10 de agosto afirmó que los empleados sí estaban cobrando su salario.

“Estamos completamente desguarnecidos”, refirió Ojeda. El personal administrativo y los representantes de Norpro de Venezuela se fueron de la empresa en el momento de nacionalización.

El dirigente relató que los primeros días hubo presencia de una representación de Pdvsa Industrial, pero desde hace unos meses no cuentan con ninguna información oficial.

Queremos respuestas: En la empresa los trabajadores reclamaron. “¡Que nos digan qué vamos a hacer, que nos hablen claro, porque si no nos vamos y buscamos trabajo en otra parte. No podemos seguir aguantando”, reclamaba uno de los afectados.

Ojeda señaló que el 30% de los empleados ha decidido buscar empleo en otras empresas. “Hay gente que no puede esperar. Imagínate que te dejen de pagar ¿cómo haces? Tenemos compromisos que cumplir”

Provea Venezuela