Falta de controles sanitarios en alimentos para ganado puede afectar a los productos de consumo humano

En 2004, el Centro de Producción, Recría y Comercialización de “Los Zabaleta”, de la familia con el mismo nombre, contaba con 7 machos, 60 hembras para la producción lechera y 120 animales de reemplazo. Sin embargo, un año después murieron súbitamente cuarenta (40) hembras adultas en plena producción y dos (2) de los machos reproductores.

Según María Zabaleta, propietaria del centro ganadero, la muerte del ganado Caprino se produjo por la contaminación del alimento “Cabrarina”. En consecuencia, Zabaleta realizó una demanda ante el juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario por daños y perjuicios contra la empresa Protinal, C.A.

“Antes de la muerte de los animales, un estudio técnico en Los Zabaleta del Ingeniero Agrónomo Gustavo Maldonado Dupuy concluyó que las condiciones para el ganado caprino estaban por encima de los niveles óptimos para el desarrollo”, aseveró Zabaleta. Además el alimento fue subministrado bajo las instrucciones e indicaciones del veterinario de la familia.

La justicia no termina de responder
Con dos sentencias a favor la familia Zabaleta todavía no ha recibido indemnización. Justamente, en 2007 los tribunales dictaminaron una sentencia a favor de Los Zabaleta. Sin embargo, los abogados de la empresa fabricante del producto “Cabrarina apelaron la decisión.

La causa pasó al Tribunal Superior Cuarto Agrario. En febrero de 2010, esta instancia falló a favor de María Zabaleta, sin embargo, la decisión que fue apelada nuevamente por la empresa.

La agraviada acude al Tribunal Supremo de Justicia desde mediados de Junio de este año, pues fuentes personales le informaron que ya el dictamen estaba listo. No obstante, hasta los momentos no ha obtenido una respuesta. “El tribunal ya decidió pero a la fecha no han hecho pública la sentencia”, declaró.

Caso con interés colectivo
El ganado de Los Zabaleta murió por alimentos contaminados con alta dosis de aflatoxinas. El nombre no suena común, pero en el país ya existe un precedente: en 1997 murieron cientos de perros y mascotas por la contaminación con este hongo, el conocido caso Perrarina.

En esta oportunidad, la gravedad se centra en que estos animales forman parte de la cadena alimenticia del consumo humano. Por consiguiente, la existencia de animales consumiendo altas dosis de aflatoxinas condiciona la calidad de los mismos para el uso humano y puede afectar la salud de las personas.

En este sentido, la familia denuncia que existen irregulares en la supervisión de la elaboración y comercialización de alimentos para animales. Por consiguiente, piensan que deben investigarse las irregularidades en los permisos, estudios de laboratorios y composición de dichos productos. Así como la actuación de organismos públicos de higiene, como el Indepabis y el Ministerio de la Salud.

Prensa Provea

CIVICUS: El Gobierno venezolano debe proteger, no perseguir, a los defensores de derechos humanos

Un grupo de organizaciones de sociedad civil de distintas partes del mundo han expresado su seria preocupación por las sistemáticas restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión de la sociedad civil en Venezuela, que incluyen amenazas a los defensores de derechos humanos.

El 14 de julio, el Presidente Chávez solicitó una investigación penal a organizaciones de defensa de derechos humanos acusadas de recibir fondos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica con el propósito de desestabilizar al gobierno de Venezuela. El llamado a realizar una investigación “a fondo” acerca de las fuentes de financiamiento de las ONG venezolanas es visto como la más reciente de una serie de restricciones a la vigencia de los derechos humanos, en particular los que se refieren a la libertad de expresión.
Tácticas de hostigamiento, que incluyen amenazas públicas y la apertura de procesos judiciales, son utilizadas regularmente por el gobierno de Venezuela para silenciar las voces críticas y socavar el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas.

A principios de este año, un miembro de la oposición política, Oswaldo Álvarez Paz, fue arrestado bajo el cargo de “conspiración contra el gobierno” por opinar acerca de la participación de Venezuela en el tráfico de drogas. Por esta acusación podría recibir una sentencia de dos a dieciséis años de cárcel. El 11 de junio, el periodista Francisco Pérez recibió una sentencia de prisión de 3 años y 9 meses, se le despojó de su licencia profesional y se le ordenó pagar una multa equivalente a US$ 20.000 por publicar un artículo sobre la corrupción del gobierno local de la ciudad de Valencia. Informes acerca de las amenazas, hostigamiento y abusos se han hecho cotidianas, mientras activistas y miembros de la prensa se han visto forzados a operar en condiciones peligrosas.

La última de las medidas gubernamentales busca obstaculizar el acceso de las ONG a importantes recursos de la cooperación internacional, al calificar esta actividad como una violación a la autonomía y soberanía venezolanas. La cooperación internacional ha sido utilizada para servir a la población venezolana por más de veinte años y es un recurso esencial para la protección de los derechos humanos y para el fortalecimiento de la sociedad civil. El derecho a recibir recursos de la cooperación internacional está claramente establecido en el artículo 13 de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de defensores de derechos humanos, y establecido de manera integral como parte de los mecanismos necesarios para la protección de los derechos humanos en la Resolución 53/144 de la Asamblea General.

Muchas organizaciones venezolanas de defensa de los derechos humanos no podrían continuar haciendo su trabajo sin la cooperación y el financiamiento internacional. Al restringir el acceso a la cooperación internacional, el gobierno de Venezuela estaría no solo actuando en contra de sus propias obligaciones internacionales y de la protección a la libertad de expresión consagrada en la Constitución venezolana, sino además afectando seriamente a la población venezolana al privarla de recursos invalorables.
Urgimos al gobierno de Venezuela a proteger los derechos civiles de sus ciudadanos, poniendo en práctica inmediatamente los siguientes correctivos:

Reconocer y aceptar el valor de la cooperación internacional y del trabajo en derechos humanos, como una manera de proteger los derechos civiles y la estabilidad;

Poner fin a las acciones de hostigamiento, persecución y amenaza hacia los defensores y defensoras de derechos humanos, demostrando su compromiso con la protección de los derechos humanos y con las garantías de seguridad personal para todos los ciudadanos;

Acabar con las prácticas de descrédito hacia las organizaciones de derechos humanos, poniendo fin a las acusaciones e investigaciones penales en contra de organizaciones que reciben cooperación internacional; y

4) No aprobar el Proyecto de Ley de Cooperación, que restringiría aún más las libertades civiles y la vigencia de los derechos humanos.

Nosotros, como representantes de la sociedad civil, nos oponemos firmemente a cualquier tipo de política oficial de hostigamiento, así como a las deficiencias del Estado en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos.

Las organizaciones de sociedad civil que suscriben este documento son:
Artículo 19, Organización independiente de defensa de los derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión.

CIVICUS, Alianza Mundial para la participación Ciudadana, es un movimiento global de la sociedad civil, con miembros y aliados en más de 100 países. El Observatorio de Sociedad Civil es un programa de CIVICUS que hace seguimiento a las amenazas a las libertades de expresión, asociación y reunión en todo el mundo.

El Intercambio de Servicios para el Desarrollo (Development Services Exchange) es una organización paraguas de las Islas Salomón, establecida en 1984, con el objetivo de facilitar y coordinar servicios de desarrollo para las ONG y sus aliados.

La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (NANGO) es una comunidad de ONG de Zimbabwe, comprometida con el fortalecimiento, la representación y la coordinación del trabajo de las ONG en Zimbabwe.

La red de Organizaciones de Nigeria (NNNGO) es la primera institución de miembros de la sociedad civil de Nigeria, que facilita el activismo efectivo para lograr cambios en temas de pobreza y otros relacionados con el desarrollo. Fue creada en 1992 y agrupa a más de 800 organizaciones, que van desde grupos pequeños que trabajan en el nivel local, hasta redes más grandes que trabajan a nivel nacional.

La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo (RNDDL), es una organización paraguas dedicada a la promoción del desarrollo local incluyente en Nicaragua, con base en la equidad de género, oportunidades para personas de todas las edades y el multiculturalismo.

El Consejo Escocés de Organizaciones de Voluntariado (SVCO) es una asociación nacional de sociedad civil de Escocia.

Sinergia, es la Asociación Venezolana de organizaciones de sociedad civil, que tiene como centro de su acción la promoción y defensa de los derechos de libre asociación y de participación.

www.civicus.org

Provea: Presidente Chávez, en la Venezuela bolivariana sí hay sindicalistas asesinados

En su columna impresa semanal “Las líneas de Chávez”, correspondiente al pasado domingo 1 de agosto de 2010, el primer mandatario nacional escribió: “Debe entender el pueblo colombiano, que en la Venezuela bolivariana no tenemos ni sindicalistas asesinados, ni desplazados, ni fuerzas insurgentes a lo largo y ancho del país; no tenemos grupos paramilitares, ni importantes extensiones de tierra al servicio de la producción de drogas, ni bases militares estadounidenses, ni fosas comunes ahítas de cadáveres. Nadie puede ignorar que estos sí son elementos definitorios de la realidad colombiana”. Acerca de la primera afirmación, lamentamos contradecir al presidente: En nuestro país sí tenemos sindicalistas asesinados y, al igual que en Colombia, la mayoría de estos asesinatos han quedado impunes debido a la omisión del Estado venezolano.

Si bien el asesinato de sindicalistas, mayoritariamente en conflictos relacionados con la obtención de puestos de trabajo, han ocurrido en toda la década de gobierno del presidente Chávez, sólo transcribiremos la lista de los líderes gremiales asesinados entre junio de 2008 y marzo del 2010, datos recopilados por la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

1) José Gabriel Brito, Valencia, asesinado el 30.06.08
2) Rafael Antonio Itriago Aricaguan, Valencia, asesinado el 30.06.08
3) Freddy Fernández Montaño, Valencia, asesinado el 30.06.08
4) Carlos Abreu, Municipio Ravenga de Aragua, asesinado el 04.07.08
5) Nestor Condat, El Consejo de Aragua, asesinado el 11.07.08
6) Luis Fernando Mosquera Linares, Ocumare del Tuy, asesinado el 01.08.08
7) Jose Gregorio Villegas Jimenez, Ocumare del Tuy, asesinado el 02.08.08 cuando se dirigía al funeral de Luis Mosquera
Juan Carlos Gerdel Oliveros, Ocumare del Tuy, asesinado el 02.08.08 cuando se dirigía al funeral de Luis Mosquera
9) Robert Antonio Jiménez Vitriago, Aguas Calientes de Carabobo, asesinado el 23.08.08
10) Regulo Castillo, San Félix, asesinado el 21.09.08 en un estadio, tras lo cual sus guardaespaldas dispararon contra los sicarios, asesinando a su vez a dos espectadores
11) José Rafael Lugo Colinas, Charallave, asesinado el 27.11.08
12) Jesús Ramón Matiguan, Charallave, asesinado el 27.11.08
13) Richard Gallardo, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
14) Luis Hernández, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
15) Carlos Requena, La Encrucijada de Aragua, asesinado el 28.11.08
16) Nelson Jaramillo, Sucre, asesinado el 17.01.09
17) Jean Carlos Miguens, Maracay, asesinado el 06.10.09
18) David Alexander Zambrano, San Félix, asesinado el 07.02.09
19) Ricardo López, Autopista Regional del Centro en Carabobo, asesinado el 20.01.09
20) Emilio Celestino Sánchez Pericana, Barcelona, asesinado el 21.01.09
21) José Javier Marcano Hurtado, Barcelona, asesinado por funcionarios policiales el 21.01.09
22) Pedro Jesús Suárez, Barcelona, asesinado por funcionarios policiales el 21.01.09
23) Ramón Montilla Sandoval, Ciudad Guayana, asesinado el 03.02.09
24) Ysaac Caldera Carrillo, La Concepción de Zulia, asesinado el 02.02.09
25) Ramón Suárez, El Tigre, asesinado el 26.02.09
26) Ilian Antonio González, San Félix, asesinado el 27.02.09]
27) Wilfredo Rafael Marquez, Puerto Ordaz, asesinado el 14.03.09
28) José Gregorio Torres Bautista, Los Teques, asesinado el 27.04.09
29) Germán Rosalino Herrera, Barcelona, asesinado el 29.04.09
30) Keller Orangel Maneiro García, Puerto Ordaz, asesinado el 04.04.09
31) Argenis Vasquez Marcano, Cumaná, asesinado el 05.05.09
32) Wilmer Bermúdez López, Carayaca de Vargas, asesinado el 06.05.09
33) Sergio Bladimir Devis, Ciudad Guayana, asesinado el 06.05.09
34) Argenis Alemán, Ciudad Guayana, asesinado el 18.05.09
35) Carlos Chacón, Avejales de Táchira, asesinado el 19.05.09
36) Alcides Rafael Alcazar Barreto, San Félix, asesinado el 21.06.09
37) Wilfredo Rafael Hernández Aviles, El Tigre, asesinado el 24.06.09
38) Jesús Argenis Guevara, El Tigre, asesinado el 24.06.09
39) Jesús Alberto Hernández, El Tigre, asesinado el 24.06.09
40) Felipe Alejandro Mata, Charallave, asesinado el 25.06.09
41) Reinaldo Hernández Berroterán, Charallave, asesinado el 25.06.09
42) José Enriquez, Los Teques, asesinado el 26.06.09
43) Jhon José Portillo Mora, Maracaibo, asesinado el 10.07.09
44) Eduardo Bolívar, Municipio Zamora de Aragua, asesinado el 10.07.09
45) José Antonio López Ibarra, Municipio Zamora de Aragua, asesinado el 10.07.09
46) Eduardo José Trias Delgado, Barcelona, asesinado el 20.07.09
47) Giovanny Gabriel Díaz, Municipio Urdaneta de Miranda, asesinado el 23.07.09
48) Juan Carlos Waldrop, Caracas, asesinado el 03.08.09
49) Endrick Esteban Millan Leal, Maracaibo, asesinado el 05.08.09
50) José Angleminir Mejias, Barcelona, asesinado el 11.08.09
51) Alberto José Mejias Sotomayor, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 29.08.09
52) Alexander Machado Díaz, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 29.08.09
53) Ricardo Buenaventura, Villa de Cura, asesinado el 30.09.09
54) Enjojar Moya, Porlamar, asesinado el 30.09.09
55) David Alexander Zambrano, Santa Teresa del Tuy, asesinado el 29.10.09
56) Freddy Miranda, Santa Teresa del Tuy, asesinado el 29.10.09
57) Alexander Morales, Valencia, asesinado el 11.12.09
58) Jose Luis Gomez, Santa Lucía de Miranda, asesinado el 20.11.09
59) Anderson José Torres Brito, Naguanagua, asesinado el 10.12.09
60) Franklin Jesús Morales, Maracaibo, asesinado el 02.12.09
61) Jesús David Velisario Salazar, Ciudad Bolívar, asesinado el 17.12.09
62) Hector Ramón López Montaño, San Félix, asesinado el 23.12.09
63) José Martínez, Puerto La Cruz, asesinado el 03.01.10
64) Vilma Jenitza Zambrano, Caracas, asesinada el 09.03.10
65) Rafael Antonio García, Caracas, asesinado el 09.03.10

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)

CIDH demandó al Estado ante la Corte por abusos policiales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado venezolano ante la Corte Interamericana, por impunidad en los presuntos abusos cometidos por agentes de la Policía contra la familia Barrios, varios de cuyos miembros fueron asesinados.

"El caso Familia Barrios, Venezuela, fue presentado el 26 de julio de 2010 por la persecución por parte de agentes de la Policía del estado Aragua contra los miembros de la familia", indicó la Comisión en un comunicado difundido ayer. "Como parte de esta persecución, cinco miembros de la familia Barrios han sido asesinados, uno de ellos siendo aún niño", señaló la CIDH, que afirmó que estos crímenes "permanecen en la impunidad".

Los abusos contra la familia han continuado a pesar de que la CIDH pidió desde 2004 medidas de protección al Gobierno venezolano.

La familia Barrios comenzó a sufrir los abusos luego de que denunciara en 2004 el asesinato de Narciso Barrios, presuntamente a manos de policías de Aragua. Ese mismo año, dos miembros más de la familia fueron asesinados.

En enero de 2005 también lo fue otro miembro de la familia, de 15 años, y otro más en noviembre de 2009.

El grupo, además, ha sido objeto de detenciones, allanamientos, amenazas y hostigamiento, según la Comisión.

La Comisión destacó que varios miembros de la familia siguen en situación de riesgo. Estos hechos "se enmarcan en el contexto más general de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela por parte de las fuerzas policiales regionales".

El Universal

Lusbi Portillo: “vamos a la CorteIDH a demandar al gobierno por violación de los derechos indígenas”

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió la decisión sobre el Amparo Constitucional introducido el 25.02.10, el máximo representante judicial negó la posibilidad que Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero sean juzgados por leyes indígenas.

En el documento publicado en la página Web del TSJ, en el apartado V Decisión, “declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida -conjuntamente con medida cautelar innominada- por el abogado Ricardo Antonio Colmenares Olivar, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos SABINO ROMERO IZARRA y ALEXANDER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ”.

Para Lusbi Portillo, coordinador de Homo et Natura, el fallo atenta con la constitución y contra los derechos de los pueblos indígenas, además, de presentar un retardo injustificable de 5 meses.

El coordinador de la ONG agrega “en ningún momento nos atendieron, no nos dieron la audiencia que se solicitó. Por la página Web del Tribunal Supremo de Justicia los abogados se enteraron que el pronunciamiento es inadmisible, no se admite el amparo”.

Al respecto de la tardanza en la respuesta expresó “eso lo tuvieron que decir en febrero y no desgastarnos”.

“A estas alturas nos dicen que es inadmisible, como ya cubrimos todas las instancias regionales y nacionales, nos vamos ahora a nivel internacional, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a demandar al gobierno por violación de los derechos indígenas, por violar la constitución, por violar leyes y acuerdos internacionales que se ha firmado que tienen rango constitucional” explicó.

Para Portillo la decisión del TSJ, al igual que el infructuoso proceso de demarcación de tierra, es otro capítulo de la negación de los derechos al pueblo indígena agrega “está reconocido pero no se acepta el goce de esos derechos, el derecho a la justicia indígena”.

“Esto es un Estado colonial, solo tienen derecho los criollos (…) pero los pueblos indígena, los 36 pueblos indígenas no tienen derecho a ser juzgados por su propia justicia, a gozar de su propia justicia, porque el Estado lo prohíbe” acotó.

Rueda de Prensa

El integrante de Homo et Natura realizó una llamado a los medios de comunicación para que asistan mañana a las 10:00 am a la sede del TSJ, en la plaza Manuela Sanz, para una rueda de prensa.

Los Yukpas y representantes de las distintas organizaciones que acompañaron a los manifestantes anunciarán cuáles serán las acciones que se realizarán para solicitar justicia en el caso de Sabino Romero y expresarán sus impresiones sobre el fallo del máximo tribunal.

Sobre la acciones a seguir como complemento a la demanda que se interpondrá ante la CorteIDH Portillo explicó “lo que queda es denunciar esta decisión (…) denunciar a un Estado con instituciones burguesas (…) por todos los medios posibles”.

Provea.com

Derechos Humanos en peligro

El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y DDHH presenta su informe 2010. Se estima que 98% de los tratos crueles por parte de funcionarios no han sido sentenciados

“A pesar de que se mantiene el presupuesto nacional del sistema de justicia, que es de 2%, no es suficiente porque se están considerando los ingresos petroleros muy por debajo de los ingresos reales. Además, dentro del dinero que aprueba la Asamblea Nacional por créditos nacionales debería estar una parte destinada a la justicia”, destaca Alfredo Ruiz, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una de las once organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.

Esa red defensora de DDHH presentó el informe anual con el fin de “realizar una veeduría social sobre la justicia en Venezuela y generar propuestas y recomendaciones para disminuir la impunidad, los retardos, los abusos policiales y la violencia, así como incentivar la participación ciudadana para optimizar la administración de justicia en el país”.

En el estudio se destacó la dificultad de acceder a informaciones públicas sobre la administración de justicia y la debilidad de las instituciones en la recopilación y difusión de estadísticas que permitan identificar problemas, logros y deficiencias de instituciones públicas.

También se dio a conocer el déficit de funcionarios del Poder Judicial, sobre todo en los estados Aragua y Carabobo.

“El promedio nacional es de 3 jueces penales por cada 100 mil habitantes, mientras que en esos estados no llega a 1,5. Si tomamos en cuenta las cifras anuales de delito, divulgadas por el Cicpc, notamos que cada juez debe atender aproximadamente 300 casos y, en Aragua y Carabobo, deben encargarse de más de 800 casos”, explica Ruiz.
A juicio del representante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, esta situación es consecuencia de que aún no se ha instalado la Comisión Nacional del Sistema Judicial que debió ponerse en marcha el año pasado, luego de que se aprobara la Ley del Sistema Judicial.

“El retardo es de la Asamblea Nacional, pues al aprobarse una ley tiene un plazo de 30 días para convocar a todas las instituciones del sistema de administración de justicia y crear esa comisión”, añade.

TORTURAS EN AUMENTO: En el informe también se destacó el incremento de las denuncias de tratos crueles por parte de funcionarios públicos, razón por la cual los defensores de DDHH recomiendan que se apruebe una ley contra tortura.

Ruiz explica que la disposición cuarta de la Constitución establece que la AN tenía hasta el año 2001 para crear una ley contra la tortura. Como no se ha promulgado, "no se están aplicando las sanciones adecuadas a los funcionarios responsables de estos actos, no hay programas de atención médica, psicológica ni de rehabilitación para las víctimas de la tortura. Tampoco se ha creado un fondo de indemnización para las víctimas de abusos policiales y militares en general".

El vocero de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz añade que "Venezuela está en mora con su propia Constitución y con los reglamentos internacionales", pues también están aprobadas la Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada el 26 de junio de 1991).

Asimismo, señala que el Ministerio Público registró en 2008 un total de 22 casos de sentencia condenatoria contra funcionarios responsables de violación de DDHH y, en 2009, fueron 57 casos. “Con respecto a las denuncias, es menos de 2%, por lo que todavía 98% de las violaciones de DDHH por parte de funcionarios no han sido sentenciadas”.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos propone la participación ciudadana y obtención de datos a partir de las experiencias de los individuos.

Las once organizaciones que conforman dicha red funcionan como “un espacio abierto al diálogo y formación dentro de la comunidad”, y tiene por finalidad “dar seguimiento a la actuación del sistema de administración de justicia penal ante denuncias de violaciones a DDHH, capacitar a la comunidad y brindar acompañamiento a organizaciones comunitarias para la atención de víctimas de torturas de funcionarios públicos”.

Tal Cual Digital

Jueza tras las rejas por fallo contrario al Gobierno venezolano contó su historia

Para la jueza María Lourdes Afiuni, el presidente Chávez pidió 30 años de cárcel. Aún no tiene fecha para su juicio. Afiuni todavía es jueza de la República Bolivariana de Venezuela, aunque está con varias mujeres que ella misma mandó a encarcelar por haber cometido, más que una falta, una especie de "pecado revolucionario".

En teoría, el hombre -de nombre Eligio Cedeño- coadyuvó a la adquisición ilegal de 27 millones de dólares del sistema de control cambiario, pero se comenta que el desprecio oficial se lo habría ganado por haber ayudado a fugarse al ex sindicalista y líder del paro petrolero Carlos Ortega.
Cedeño, quien ya llevaba tres años preso sin juicio culminado (la ley venezolana establece que a los dos años sin juicio, la persona debe ser liberada), hoy se encuentra en Estados Unidos. Afiuni, en cambio, paga una cárcel que hasta el propio presidente Hugo Chávez exigió que alcanzara la pena máxima de 30 años, por supuesta corrupción y abuso de autoridad. Todavía no se le prueba el delito, pero ella sigue presa, a pesar de los llamados de atención hechos por Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y decenas de asociaciones de abogados de América Latina.

A través de un breve cuestionario escrito y una corta llamada, EL TIEMPO pudo contactarla en la cárcel, desde donde asegura que su prisión busca doblegar al resto del sistema judicial. Todavía no le han asignado fecha de juicio.

¿Antes de ordenar la libertad de Cedeño, pensó que podría sufrir alguna represalia?
Todos los operadores de justicia teníamos conocimiento de que era un caso problemático. Se sabía que el juez que tuviese esa causa podía tener represalias si no tomaba las decisiones de las personas interesadas.

¿Entonces por qué decidió hacerlo, consciente de esa circunstancia?
Cuando uno ejerce la función de juez y lo hace por convicción, por carrera judicial, uno puede tomar decisiones de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestros tratados internacionales. Me parece increíble que la norma sea lo contrario. El expediente de Cedeño tenía hasta una resolución de la ONU donde me instaba a darle una medida cautelar.
Si esa decisión estuvo ajustada a derecho ¿por qué le ha costado tan caro?
Porque definitivamente el señor Eligio Cedeño era un preso político. Qué te puedo decir, él venía preso arbitrariamente desde sus inicios, yo lo que hice fue aplicar la ley como cualquier otro caso. Me ha costado porque me convertí yo en la presa política del caso y a la vez puedo decir que es un amedrentamiento a todos los jueces de Venezuela. Muchos abogados que me vienen a visitar me dicen que la justicia se convirtió en antes y después de mi detención. Ningún juez quiere tomar una decisión, por más mínima que sea, por temor a que se tomen represalias en su contra. En 23 años de ejercicio judicial no había visto este desastre que estoy viendo ahora.

Con esa radiografía y en vista de que todas las acciones ejercidas por sus abogados han sido rechazadas ¿qué expectativa tiene sobre su caso?
Desde el punto de vista jurídico procesal, por como están las cosas en Venezuela, yo no espero absolutamente nada. A mí en febrero me salió una bolita en la axila, pero hasta la semana pasada no hubo manera de que me llevaran a un especialista. Si ni siquiera autorizaban a que un médico me viera ¿cree que voy a esperar que se va a hacer justicia conmigo?

Además de esto que me narra ¿ha ocurrido algún otro episodio? ¿le han amenazado? Se dijo que usted tiene dos heridas por armas blancas.
Estoy bajo resguardo en una celda de 2x3, de la que no es que yo no quiera salir, es que no puedo, porque tengo un candado en el pasillo donde me encuentro. ¿Amenazas? Me han amenazado verbalmente. En cuanto a las lesiones físicas que haya podido haber sufrido eso me lo reservo para las actas. Me mandaron a hacer un reconocimiento físico, tengo el resultado verbal de los médicos forenses y cuando lo tenga por escrito, que yo esté convencida que lo que está colocado allí fue lo que me vieron, se harán las gestiones que sean necesarias. Por ahora puedo decir que desde que ingresé aquí en diciembre estoy rodeada de internas que he condenado y que he procesado. Muchas me han ayudado, pero también muchas están llenas de resentimiento, porque uno representa su detención.

¿Cómo debió haber sido su caso?
Yo estoy facultada para dictar medidas privativas, para dictar medidas de libertad y para dictar medidas cautelares (provisionales), y también para modificar esas medidas. En el caso de Cedeño, la Constitución venezolana y nuestro código nos dice que si una persona pasa más de dos años detenida y no se le ha culminado su juicio que no sea por culpa de él se le debe dar su inmediata libertad. Además, encontré en el expediente una resolución emanada de la ONU donde instaba al Fiscal, al juez del caso e incluso al canciller del país que a ese señor se le juzgara en libertad, pues tenía más de tres años preso.
Los jueces anteriores cometieron irregularidades y yo no iba a ser cómplice de eso. Entonces criminalizaron la medida cautelar diciendo que yo lo favorecí para que él se fugara, que abusé de mi autoridad y por último dijeron que era corrupción, que obtuve un beneficio o una promesa a cambio de algún acto que yo ejecutara. En mi audiencia, el fiscal, a viva voz, reconoció que yo no había recibido dinero y por eso es que estoy detenida: por corrupción sin dinero, por supuesto abuso de autoridad y por favorecer la evacuación de un señor que salió por la puerta principal del Palacio de Justicia.

¿Qué sintió cuando el presidente Chávez pidíó la pena máxima de cárcel para usted?
Tuve conocimiento de esas dos cadenas nacionales creo que tres o cuatro días después de la detención, y al escuchar lo que el Presidente había manifestado confirmé que ese señor era un preso político.

¿Cree que la salida del país de Cedeño la ha perjudicado aún más?
A pesar de que no me beneficia el hecho de que se haya ido, tampoco considero que me haya perjudicado. Si él se hubiera quedado estaríamos los dos detenidos, eso es un hecho. No debemos olvidar que mi detención es para que los demás no hagan lo que hice yo. De hecho, hay una tercera "cadena" en la que el Presidente está en un acto de graduación de abogados de la Universidad Bolivariana donde él les dice: "Espero que ustedes no vayan a hacer lo que hizo esa jueza en estos días".

Me dice que está en una celda 2x3 con candado ¿cuál es su rutina?
El candado estuvo en la celda de mi puerta al principio, ahora está puesto en el pasillo. Igual yo no salgo de mi celda porque en el pasillo hay 7 celdas y en todas hay internas. ¿Qué te puedo decir de una rutina 24 horas al día en una celda? Bueno, es imposible mantener una rutina aquí, se lee, se reza, se recibe a los abogados cuando te lo permiten, se conversa con dos o tres internas del pasillo, y se la pasa uno mucho tiempo sola. Pero todo cansa, llega un momento en que dices ¿y ahora qué hago?
¿Qué mensaje daría sobre lo que está pasando en Venezuela a nivel de Poder Judicial?
Los que estudiamos derecho sabemos que la justicia es la base, el corazón de una nación independiente. Una nación sin justicia no es nación, menos independiente. Porque todas las instituciones giran alrededor de ella, y sin justicia, todo falla. Es duro, mi mensaje es que se mantengan alerta, porque Venezuela no es un Estado de Derecho, menos social y de justicia. Es nefasto.

VALENTINA LARES MARTIZ CORRESPONSAL DE EL TIEMPO CARACAS