viernes, 17 de junio de 2011

CIDH condena muertes en El Rodeo I

El organismo exigió al Estado que se reduzca la sobrepoblación y el hacinamiento, se decomise y controle el ingreso de armas y drogas, se separen los reos procesados de los condenados, se asigne suficiente custodia a las cárceles y se investiguen los hechos de violencia en los penales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó este jueves los asesinatos en el penal El Rodeo I y urgió al Estado a tomar acciones para proteger la vida de los reos.

Esta comisión recordó que la Corte Interamericana dictó medidas provisionales sobre este penal en el año 2008, ratificadas en 2009, en las que se ordenaba al Estado la adopción de medidas para proteger a los reclusos.

La CIDH indicó en un comunicado que se han realizado en su sede cinco audiencias relativas a la "preocupante situación" que viven los reos en las cárceles venezolanas.

En estas citas, se han reportado las altas cifras de violencia en los penales. Al respecto, la CIDH destacó que estos lugares son "controlados por organizaciones criminales y no por el Estado".

Igualmente, se dejó constancia de la colaboración de la Guardia Nacional para facilitar armas de fuego a los reclusos, la extorsión a los reos por parte de las bandas que controlan los penales, el hacinamiento, la falta de atención médica y el retardo procesal.

Anteriormente, la CIDH se ha dirigido al Estado respecto a este tema en seis comunicados de prensa emitidos entre 2009 y 2010, y se le dedicó un capítulo en el informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.

El ente exige que se reduzca la sobrepoblación y el hacinamiento, se decomise y controle el ingreso de armas y drogas, se separen los reos procesados de los condenados, se asigne suficiente custodia a las cárceles y se investiguen los hechos de violencia en los penales.

El Nacional

jueves, 16 de junio de 2011

"TSJ irrespetó a electores al negar recurso de Mazuco"

La coordinadora de la comisión de DDHH de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, definió como un nuevo golpe del TSJ a la soberanía popular y a los electores de José Sánchez, la decisión de negar el recurso de casación solicitado por la defensa.

La diputada al Parlamento Latinoamericano y coordinadora de la comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, calificó como un irrespeto a la soberanía popular la decisión de Tribunal Supremo de Justicia de negar el recurso de casación solicitado por los abogados del diputado José Sánchez.

La diputada considera que con esta decisión, el TSJ se coloca al margen de la Constitución y del país, al sentenciar de acuerdo a los intereses políticos del gobierno que finaliza en enero de 2013 y no de acuerdo a las leyes y a la imparcialidad de la justicia, que es lo que el país espera y exige.

"La Unidad rechaza esta decisión que vulnera la justicia e irrespeta, de nuevo, a los electores que votaron por José Sánchez" dijo en nota de prensa.

"Mientras el país contempla con sorpresa e indignación cómo a los responsables de la violencia en Guayana -que ya suma varios obreros fallecidos- se les otorgan medidas que no significan privación de libertad, el TSJ vuelve a irrespetar a la soberanía popular al negar el recurso de casación solicitado por los abogados del diputado José Sánchez, quién ha sido condenado en un juicio viciado; con tecnicismos jurídicos, el TSJ oculta que no es un tribunal imparcial y que obedece a los dictados de Miraflores" afirmó Solórzano.

Solórzano explicó que el Tribunal Supremo de Justicia ignoró que los testigos presentados por la Fiscalía para sentenciar a Sánchez, fueron testigos encapuchados, técnica que emplean los gobiernos autoritarios, así como obvió que Sánchez fue traído a Caracas y secuestrado en Fuerte Tiuna, con visitas restringidas.

Asimismo, la diputada expresó su solidaridad con el comisario Lázaro Forero, y demandó de la Fiscal General, que emita de inmediato el traslado de este a un centro asistencial, a fin de que sea atendido ante el delicado cuadro de salud que presenta.

"Ratificamos nuestra solidaridad con los presos políticos y sus familiares. Ratificamos nuestro trabajo y nuestra voluntad para cambiar las cosas, y para producir en diciembre de 2012 un nuevo gobierno que cumpla con el anhelo de toda la sociedad: que cumpla con las leyes, que no amenace ni abuse del poder, y que sea capaz de impartir justicia, que es lo que el TSJ no es capaz de hacer, subordinado a Miraflores como está en la actualidad" finalizó la dirigente de Un Nuevo Tiempo.

El Universal